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Cinco palabras que podrían llevarte a la cárcel

Escribir las siguientes cinco palabras podrían, en el futuro, ser motivo suficiente para terminar en la cárcel: “En Argentina hubo 9.000 desaparecidos”.

Si la propuesta de un exfuncionario de la Cámara de Diputados y adlátere del papa Francisco llega a convertirse en una realidad, cuestionar la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar será considerado un delito castigado con la prisión. Además, para los funcionarios públicos además será causal de destitución o juicio político.

La iniciativa llega luego de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien en una una entrevista para BuzzFeed el pasado 10 de agosto afirmó desconocer el número exacto de desaparecidos. “No tengo idea [si fueron 30.000]. Es un debate que no voy a entrar si son 9.o0o, 30.000, si son los que están anotados en un muro o si son mucho más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido”, dijo Macri.

La iniciativa es de Juan Manuel Valdés, hijo del exembajador en el Vaticano y ferviente militante kirchnerista. “Es necesario crear herramientas jurídicas que pongan en blanco sobre negro la dimensión de la tragedia sufrida por nuestro país entre 1976 y 1983”, escribió Váldes en una nota publicada. en Página/12Allí cita como antecedente las declaraciones del ahora ex ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, quien a principios de año sostuvo que la la cifra de 30.000 “se arregló en una mesa cerrada” para “conseguir subsidios”.

Mientras que el presidente no quiere entrar en el debate, Valdés prefiere directamente criminalizarlo.

Países que prohiben la negación del Holocausto (Fuente: Wikimedia)

Países que prohiben la negación del Holocausto (Fuente: Wikimedia)

Los fundamentos de los que se vale el dirigente del Espacio Reconquista para proponer restringir la libertad de expresión no son muy elaborados. Solamente se limita a asimilar la discusión en torno al número de desaparecidos con la negación del Holocausto y cita a un puñado de países europeos en los que se ha prohibido sugerir que no existió la Solución Final o que no murieron 6 millones de judíos. Los ejemplos no son los mejores. Francia, República Checa, Polonia, Rumania (¡dos veces!), Hungría o Alemania son algunos de los países que prohibieron el negacionismo, y sin embargo partidos populistas tanto de izquierda y derecha, con un fuerte tinte antisemita, son las estrellas ascendentes de la política. Prohibir no sirve para nada.

Anular la libertad de expresión para aquellos con lo que disentimos trae varios problemas. El más obvio es que el derecho a expresarse libremente pierde sentido si solo es permitido ejercerlo cuando se está de acuerdo con lo que se dice. El escritor Christopher Hitchens incluso sugirió que los discursos más repudiables  son los que deben tener una mayor protección:

Esa persona no tiene solo el derecho a hablar, el derecho a hablar de esa persona debe recibir protección extra. Porque le debe haber tomado cierto tiempo pensar en lo que tiene para decir, puede que contenga una pizca de verdad histórica, puede en última instancia hacer que la gente se cuestione por qué saben lo que creen que saben. ¿Cómo sé que se esto, apare de que siempre me lo enseñaron y nunca escuché otra cosa?

Este tipo de legislación además alimenta teorías conspirativas sobre el tema que es retirado del debate. ¿Por qué no permiten mencionar el tema? ¿Tan endebles son sus razones que no se permite la discusión? Y así terminamos en la falacia de Galileo: si una idea provocadora para el establishment es demonizada o prohibida, seguro que tenemos razón. Galileo fue objeto de escarnio cuando tenía razón, pero no todas las ideas minoritarias perseguidas gozan de la misma verdad. Al final del día, con la prohibición, esas ideas quedan sin ser contestadas y terminan adquiriendo mayor trascendencia de que la que merecen.

Cuando se prohíben ciertos temas el debate se muda de ámbito. Los 30.000 (o 9.000, o el número que sea) desaparecidos dejan de ser un hecho histórico y pasan a integrar un dogma que se impone mediante la inquisición estatal. No es casual la estrecha relación entre Valdés y Francisco. La prohibición reemplaza la ciencia por la religión.

Sin debate muchos datos nunca hubieran salido a la luz. El número de 30.000 desaparecidos, reconoció el exmontonero Luis Labraña en una entrevista con el diario Perfil, se trató de una cifra arbitraria para asegurarse de recibir subsidios del estado. Según esta versión, Lopérfido estaba diciendo la verdad. Las posturas alternativas van desde los 8.000 hasta los 45.000 y los cuestionamientos sobre la santa cifra abarcan a todo el espectro ideológico. Prohibir el disenso nos obliga a dejar de lado los argumentos y dejar la verdad en manos de la fe.

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La guerra contra el efectivo de Federico Sturzenegger

Publicado originalmente en Infobae el 24 de julio de 2016

¿Fue el corralito de 2001 —una bancarización forzada de la economía— un presagio de lo que nos deparará para el futuro? Si tomamos en serio las intenciones del presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, la respuesta es “sí”.

La nueva serie de billetes con animales autóctonos, a la que se sumarán los nuevos billetes de 200 y 1.000 pesos en el transcurso del próximo año, son, desde el punto de vista del BCRA, un parche que soluciona un problema circunstancial: durante los últimos nueve años de inflación desenfrenada, los billetes perdieron su poder adquisitivo, lo que dificulta el abastecimiento de los cajeros automáticos y encarece los costos de impresión. Para el futuro, sin embargo, el BCRA tiene planes abismalmente diferentes.

En el acto de lanzamiento del nuevo billete de 500 pesos, celebrado el 29 de junio, Sturzenegger brindó un discurso autocomplaciente que pasó en gran parte desapercibido por los medios. Casi como si se tratara de un acto de disculpas por lanzar este billete, al comenzar su disertación, Sturzenegger aclaró que la visión estratégica del Banco Central es “la eliminación del efectivo”. Una frase que debería alertar a la población sobre el futuro de la economía.

Incluso antes de saber que Mauricio Macri iba a ganar las elecciones y designarlo como titular del BCRA, en la cabeza de Sturzenegger pululaba un plan de acción para llevar a cabo su idea de desterrar el efectivo de la economía. En una artículo publicado en 2015, el entonces diputado nacional del PRO sugería: “Obligar a que todos los individuos tengan una cuenta bancaria gratuita” y “obligar a su uso, haciendo que ciertos pagos deban hacerse por este mecanismo”. La misma idea la reafirmó cuando asumió en funciones, casi un año después, al sostener su visión ideal sobre la economía: “Una economía sin circulante”.

La explicación oficial para proponer la eliminación del efectivo es que facilita “la corrupción, la informalidad, la evasión impositiva y el narcotráfico”. Sin efectivo, siguiendo esta lógica, no habría corrupción, informalidad ni narcotráfico. Un argumento pueril. Las cárceles, donde el dinero en efectivo está prohibido, ya nos ofrecen un vistazo de cómo el efectivo puede ser reemplazado fácilmente. Los presos usan su propia moneda, como los cigarrillos o las tarjetas telefónicas, que en su vida diaria funcionan como medio de cambio para acceder al mercado negro de los penales. Nada indica que para los que están fuera de las cárceles la situación sería distinta.

Mientras tanto, los ciudadanos obedientes de la ley quedarían bajo el estricto escrutinio de los ojos estatales. Esta es la clave para entender la motivación real de Sturzenegger de una bancarización total de la economía. Lejos de afectar a los que usan el efectivo para actividades ilegales, el Estado, y en especial los recaudadores de impuestos, se asegurarían un escenario ideal para controlar todos los aspectos económicos de la vida cotidiana de quienes no son narcotraficantes, ni terroristas, ni corruptos.

El dinero físico cuenta con grandes ventajas frente a los pagos electrónicos tradicionales. El efectivo es un sistema descentralizado que permite efectuar transacciones anónimas, sin posibilidad de ser rastreadas y sin la necesidad de recurrir a intermediarios. En otras palabras, permite resguardar la privacidad y llevar a cabo intercambios sin la necesidad de la participación de terceros.

La privacidad financiera no es una demanda exclusiva de aquellos que actúan por fuera de la ley, como suelen sostener los que descartan la importancia de la privacidad. Los mismos que invocan esos argumentos probablemente no accederían a publicar en las redes sociales sus estados de cuenta y sus resúmenes de tarjeta de crédito. Es comprensible, siempre hay cuestiones que las personas prefieren mantener al margen del ojo curioso de terceros. Y si de la actividad económica estamos hablando, esta puede ser muy reveladora. Cuestiones tan personales como los hábitos alimenticios, la orientación política o la identidad sexual pueden ser deducidas con facilidad de un resumen de la tarjeta de crédito o débito. En una economía totalmente bancarizada, no quedaría refugio para el ciudadano común alguno ante el Gran Hermano.

En una economía sin efectivo, todas las transacciones quedan documentadas y registradas, y el Gobierno (cualquiera sea su afiliación partidaria) obtendría una herramienta poderosa para llevar adelante experimentos de ingeniera social. Por ejemplo, ante el problema de la obesidad podrían imponerse límites máximos al consumo de comida chatarra, al ordenar a los bancos el bloqueo de transacciones una vez superado el cupo mensual. De la misma forma, podría implementarse fácilmente la prohibición de la venta de literatura sobre determinada ideología, o establecerse con facilidad las relaciones personales de cada individuo. El potencial es peligroso.

El efectivo, además, es el único medio de subsistencia para millones de personas que sobreviven gracias a la tan demonizada economía informal. Los evasores fiscales y quienes operan fuera de los registros del Estado lo hacen mayormente por una sencilla razón: de cumplir con todas las exigencias legales estarían condenados a cesar sus actividades y caer aún más en la pobreza. Un control absoluto, total, de la economía informal sería una sentencia de muerte para aquellos que comen gracias a ella.

Sería absurdo negar las ventajas de los pagos electrónicos. Facilitan la vida en muchísimos aspectos, al igual que el efectivo en otras situaciones. Eliminar esa alternativa sólo le otorgaría al Estado un poder desmesurado para ejercer un control total sobre la economía. Y el control total no es compatible con una sociedad libre, más bien una característica propia del totalitarismo.

Proliferan las tiendas para el cultivo de marihuana en Buenos Aires

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 15 de enero de 2016.

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Los cambios culturales muchas veces son imperceptibles, hasta que el mercado se adapta a las nuevas circunstancias. En Buenos Aires y sus alrededores, la aparición de decenas de grow shops en los últimos dos años dan cuenta de esa situación. Estas son tiendas especializadas que venden tierra, fertilizantes, sustratos y pesticidas que son utilizados en una sola especie vegetal: la marihuana.

Ignacio Goyret, fundador de Basta de Lobby, una tienda de cultivo ubicada en Palermo —uno de los barrios donde más se concentran estos comercios— destaca el potencial económico del sector y señala a Chile, donde la ley no pena la venta de semillas. “En la Argentina no podemos avanzar por las leyes que nos privan de poder trabajar al 100%, porque dentro de mi negocio 99% es legal y 1%, que es la semilla, es ilegal”, reclama Goyret.

“La percepción de la gente, en relación con los grow shops, cada vez tiene menos prejuicios”, explica Nelson Díaz, encargado de uno de los locales de Cultivo Urbano Grow, que cuenta con seis sucursales. Como señala Goyret, aunque la sociedad ha comenzado a normalizar el cultivo de marihuana, no hay indicios de una reforma legislativa que anticipe un cambio en la regulación del cannabis.

En los últimos años, la difusión de la llamada “cultura cannábica” ha comenzado a derrumbar los prejuicios en torno a la marihuana, lo que amplió el perfil de los clientes de los grow shops. El público es “realmente muy variado”, señala Díaz. “Tenemos [clientes] de todas las edades y profesiones, así como un surgimiento cada vez mayor de cultivadores nuevos que nunca habían cultivado y se animan a empezar a producir lo que consumen”, agregó. Por su parte, Goyret indica, “hasta los que ni te imaginas entran algrow. Tus abuelos también. Y para las nuevas generaciones somos parte de la sociedad y su cultura”.

Sin embargo, los cambios en la sociedad no fueron acompañados por reformas a la ley. La Ley de Estupefacientes argentina, sancionada en 1989, impone una pena de prisión de cuatro a 15 años a quien “siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes”.  La ley anterior, aprobada en 1974, estuvo vigente durante 15 años, antes de ser modificada.  La actual ya lleva más de 26 años de vigencia y no ha sufrido grandes cambios.

En 2009, un fallo de la Corte Suprema declaró inconstitucional los artículos que penan la tenencia de drogas en baja cantidad para consumo personal y en ámbitos privados. “No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea”, afirma la sentencia.

Pese a las adversidades que plantea la ley, cada vez hay mayor interés en cultivar la planta, según se aprecia en los grow shops. El kit completo para cultivar en interiores cuesta entre AR$8.000 y AR$13.000 (entre US$600 y US$970). El precio incluye la carpa, turbina, ventiladores y lámparas, entre otros implementos necesarios para el cultivo. Conseguir las semillas, sin embargo, es tarea del cultivador.

Aunque el cultivo de marihuana es ilegal en Argentina —y por eso los grow shops no venden semillas— este rubro está en franco crecimiento, gracias a la mayor aceptación social que tiene la planta y por el aumento del consumo.

De acuerdo con el Observatorio Argentino de Drogas, 3,2% de los argentinos entre 16 y 65 años afirmó que había consumido marihuana durante el último año. Ese número, sin embargo, se dispara cuando sólo se analiza a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde alcanza casi 10%, según un informe correspondiente a 2014.

La aceptación está impulsada, en parte, por el reconocimiento de la propiedades medicinales que esta planta tiene. Goyret señala que la gente ahora empieza a “darse cuenta que es una planta que se usa hace miles de años” y que su uso “permite ayudar al enfermo a llevar mejor su tratamiento o a reducir los ataques de epilepsia en los chicos”.

En cuanto a participar en un eventual mercado legal de marihuana, las opiniones están divididas. Grow shops como Basta de Lobby se concentran en el cultivo, tal como lo refleja su eslogan “Todo para mi Reina”. En cambio, Cultivo Urbano Grow ve la oportunidad de expandir su oferta, especialmente en el sector de la marihuana medicinal.  “Si la ley lo permitiera, estaríamos muy interesados en contribuir con el mercado medicinal en la producción de semillas, aceites, cremas y cursos informativos”, señala.

Uber se prepara para una difícil batalla en Buenos Aires

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 12 de enero de 2016.

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El desembarco de Uber en Buenos Aires es inminente. La compañía detrás de la aplicación que une pasajeros con conductores ha iniciado la búsqueda de cubrir varios puestos gerenciales en Argentina. Finalmente los habitantes de Buenos Aires podrán unirse a los de Bogotá, Rio de Janeiro, Santiago, y otras 15 ciudades en América Latina y más de 300 en todo el mundo.

Pero no será fácil. En todo el mundo Uber ha sido resistido por Gobiernos, sindicatos y taxistas al poner en riesgo el modelo monopólico del que han usufructuado durante décadas. Un servicio con mejores autos, tarifas más bajas, mayor seguridad y una atención personalizada es percibido como una amenaza por todos los privilegiados que se han beneficiado.

La llegada de Uber a Argentina presenta problemas adicionales. El modelo de negocios de la compañía con sede en San Francisco es una ataque directo al corazón de un sector que ha sido gobernado por el modelo fascista. Y en Argentina, donde el fascismo fue adoptado en 1946 y es aún celebrado, es mucho decir.

Los taxis son el mejor ejemplo de ese modelo fascista. Los dueños de los vehículos lo son en los papeles, pero no tienen ningún poder de decisión sobre ellos. El color del que están pintados, el horario de trabajo, las tarifas y el equipamiento son, todas, decisiones que toma el Gobierno. Y es el Gobierno el que decide quien puede trabajar otorgando licencias por las que cobra jugosas cantidades de dinero (una licencia de taxi puede costar US$25.000, más que el vehículo).

Los taxistas y el Gobierno odian la competencia y son especialistas en reprimir la posibilidad de elegir. Ya ocurrió en agosto del año pasado cuando una persona dedicada a revolver la basura y reciclar cartones para sobrevivir decidió comprarse una bicicleta y ofrecer el servicio de bicitaxi, por el cual cobraba una tarifa fija por 10 cuadras y luego un adicional por cuadra. Pese a que el público se benefició del servicio, las autoridades sacaron de circulación el bicitaxi por ser “ilegal”. Finalmente le permitieron continuar ofreciendo el servicio, pero sin poder cobrar una tarifa fija sino “a voluntad”.

EasyTaxi y SaferTaxi, dos compañías que permiten pedir taxis a través de una aplicación, también sintieron el rigor del Gobierno en carne propia. Esos servicios fueron prohibidos la semana pasada en Buenos Aires porque la ley solo contempla solicitar taxis por teléfono o pararlos en la vía pública. Una petición en Change.org para que no lo prohíban ya tiene más de 7.000 firmantes, y sigue creciendo.

El temor de los taxistas es comprensible. La irrupción de Uber a los taxis es lo mismo que fue la irrupción de los autos a las carretas, o de la electricidad y la lámpara eléctrica a los vendedores de velas. Los sindicatos que ven sus privilegios amenazados ya están en acción. Según un usuario de un foro en internet que reúne taxistas, la empresa que verifica y regula el funcionamiento de los taxis en Buenos Aires, Sacta, utilizaba EasyTaxi para solicitar viajes y multar a los choferes con 15 días de suspensión y 4.000 fichas, unos US$500.

Beneficios para todos, privilegios para pocos

Uber llega para romper un modelo que se asemeja más al de los gremios del medioevo que al de una economía de mercado. Las ventajas no solo se limitan a viajes más cómodos y baratos, sino que además permiten tomar taxis en zonas donde habitualmente no pasan, o los tiempos de espera para que llegue uno son interminables. Además, el pago con tarjeta de crédito reduce los riesgos que implica manejar efectivo, tanto para el conductor como el pasajero.

La revolución de Uber es tecnológica, pero también económica. Permite a los usuarios que se inscriben como conductores convertir sus bienes de consumo en bienes de capital. Los empodera, para utilizar una palabra que está bastante de moda. Uber, y servicios similares como Airbnb, permiten la creación de más capital productivo, y de más capitalistas, como señala el economista Don Boudreaux.

“Las intervenciones del Gobierno contra Uber”, continúa Boudreaux, “son, entonces, intervenciones que no solo apuntan a proteger el capital existente (y a los capitalistas establecidos), también son obstáculos a las fuerzas de mercado que mejoran el acceso de los consumidores a bienes y servicios”.

Así como el Gobierno anuló las posibilidades de un cartonero de convertirse en capitalista con su bicicleta, el Gobierno y los sindicatos eliminan las oportunidades de poder convertirse en sus propios jefes a miles de personas. La batalla no es por la seguridad, ni por los “puestos de trabajo”, como suelen decir los taxistas, sino por los privilegios que se derivan de un sistema enfrentado con la modernidad. Tampoco es contra Uber, sino contra los millones de consumidores que se beneficiarán de un servicio como este.

A Buenos Aires le esperan meses de enfrentamiento. Al igual que en otras ciudades, probablemente se registren hechos de violencia entre taxistas que amedrentan a conductores de Uber. Por un lado estarán aquellos que se empeñarán en defender un modelo fascista, por el otro aquellos a favor de la libertad de elegir. No será un camino fácil de transitar, pero Uber en todas las ciudades que opera contó con una ventaja adicional: los consumidores están de su lado y son los primeros en defender la libertad de elegir.

Tribunal de Buenos Aires instaura la “presunción de sospecha”

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 7 de enero de 2016.

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El 14 de abril de 2014 Lucas Abel Vera se encontraba deambulando en la estación de Constitución —valga la paradoja—, una de las principales terminales de trenes de la ciudad de Buenos Aires. A las 3:20 p.m. un policía se le acercó: “Documento, por favor. Estamos realizando un operativo de prevención”, probablemente le dijo el oficial. Vera, visiblemente nervioso, le explicó al policía que estaba armado. En la cintura poseía un arma con cuatro cartuchos en el cargador, sin la autorización correspondiente. La revelación llevó a los oficiales a detener a Vera, quien quedó detenido.

En el proceso judicial posterior, su abogado cuestionó el procedimiento. Según el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la capital de Argentina, la defensa argumentó que “ese proceder constituye una privación de la libertad ambulatoria”, y que sólo podría haberse realizado “cuando mediara un supuesto de sospecha, que en el caso no se dio”. Mientras que un tribunal de apelaciones consideró válidos esos argumentos, los jueces del máximo tribunal opinaron de forma diferente.

Los magistrados consideraron que el proceso era legítimo y ajustado a las leyes vigentes. Para hacerlo se respaldaron en un viejo decreto del año 1958, dictado unos meses antes de que el régimen militar que gobernó entre 1955 y ese año dejara el poder. La norma, entre otras cosas, faculta a la policía a llevar un “registro de vecindad en la Capital de la Nación (…) hasta donde sea necesario, a los fines de seguridad de los mismos”. La exigencia de mostrar el documento nacional de identidad (DNI), sostuvo la jueza Inés Weinberg, está contemplada dentro “facultades implícitas” de los cuerpos policiales.

Sin privacidad ni libertad

¿Y las garantías de la Constitución? Bien, gracias. Con su fallo, los jueces decidieron desconocer por lo menos dos derechos individuales básicos: a la privacidad y a la libertad ambulatoria. Dicho de otro modo, es el derecho a poder transitar libremente sin ser molestado y sin tener que dar a explicaciones a nadie, mientras uno no actúe de forma contraria a la ley y a la presunción de inocencia.

“¿Y la seguridad?”, se preguntan muchos que tienen una legítima preocupación: viven en la capital del país con más robos reportados de América, según Naciones Unidas. “Los únicos que deberían preocuparse son los que tienen algo que ocultar, los ciudadanos que no violan la ley no deberían tener problema en mostrar su documento, cuando se lo requieren”, suelen afirmar.

Pero este argumento es falaz, todos tenemos algo que esconder, y no tiene necesariamente porque ser algo ilegal. ¿Y si uno inventó un viaje para no asistir a una tediosa reunión familiar? Una “detención al azar por averiguación de antecedentes” dejaría expuesta la falsa excusa. Incluso, si alguien no tiene nada que esconder lo asiste el derecho a transitar libremente sin ser molestado. O como señaló Edward Snowden: “Argumentar que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que esconder no es diferente a decir que no te importa la libertad de expresión porque no tiene nada que decir”

Por supuesto, las tareas de prevención son una parte fundamental del trabajo policial. Si la policía sospecha o tiene información de que se producirá un asesinato, esperar a que se produzca para entrar en acción sería absurdo, y frustraría la función básica de ese cuerpo, que es proveer seguridad. Pero esta decisión va mucho más allá de eso. La juez Ana María Conde escribe en su voto que los “procedimientos identificatorios de personas al azar en lugares públicos o de acceso público (…) no es, per se, violatorio de ninguna garantía constitucional”.

El fallo, en esencia, invierte el criterio fijado en otros tribunales. Los “indicios vehementes de culpabilidad”, el “estado de sospecha” y la “flagrancia” ya no serán requisitos para que exigir el DNI, sino que ahora todos — “al azar”— podrán ser sometidos a esa exigencia. La presunción de inocencia es reemplazada por la presunción de sospecha: todos somos sospechosos a menos que demostremos lo contrario.

En caso de que una persona no pueda acreditar su identidad, porque decidió salir a la calle sin su DNI, el problema es aún mayor. Según la legislación vigente, no contar con el DNI o negarse a mostrarlo habilita a la policía a detener a la persona por un máximo de 10 horas en la ciudad de Buenos Aires, para llevar adelante una “averiguación de antecedentes”. De esta manera, uno —sin ninguna causa que lo justifique— podría terminar detenido (en los hechos, un secuestro) por ser “obligado a hacer lo que no manda la ley”, en una abierta contradicción a la Constitución.

Azar predeterminado

El fallo judicial echa por tierra cualquier requisito para que un funcionario policial demande una identificación, y lo reemplaza por “el azar”, o en otras palabras por un régimen del “vale todo”. El azar policial, además, sufre de demasiada arbitrariedad. Los “criterios aleatorios” que —según el TSJ— debería utilizar la policía están predeterminados, en general, por el color de piel, la vestimenta, la edad o el lugar de residencia de la persona. Si antes la arbitrariedad para este tipo de procedimientos era una cuestión de todos los días, ahora será peor.

Es posible que la situación sea imperceptible para una parte de la población que no suele ser sometida estos controles, pero entre aquellos que cumplen las condiciones para que el azar policial los seleccione suele generar un verdadero incordio. Una persona que nunca en su vida cometió un delito podría ser sujeta a averiguaciones de identidad varias veces por semana, e incluso por día, anulando cualquier noción de libertad.

Con su decisión, los magistrados del TSJ han extirpado a la libertad ambulatoria y a la privacidad de su rango de derechos. Ahora el derecho es de los policías, y los nuestros son simples privilegios que dependen —sin restricciones legales— de la autoridad policial. Virtualmente estamos todos bajo estado de sospecha.

Conozca al restaurante que quiere eliminar la cocina de su casa

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 4 de enero de 2016.

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Desde el ascenso del smartphone y la popularización de internet, la tecnología ha estado cada vez más presente en nuestra vida diaria. Ya sea poniendo en jaque a estructuras de la economía tradicional o facilitando actividades cotidianas. Lentamente el mundo transita los primeros pasos para entrar de lleno al siglo XXI. Vivimos en la antesala de un evento de destrucción creativa masiva, diría el economista Joseph Schumpeter.

En la vorágine de emprendimientos que aspiran ser parte de ese salto tecnológico, aunque lejos de su epicentro en Silicon Valley, en Argentina, una startup aspira cambiar la forma en la que hoy preparamos nuestros alimentos. “Competimos con cocinarte para vos mismo”, dice Nicolás Parziale, programador y cofundador de HoyPido, que es lo que ellos definen como “un restaurante en la nube” (nota: el autor de este artículo es asiduo cliente).

“La idea del restaurant en la nube es que tu tienes un chef y una cocina disponible en tu teléfono. Aprietas un botón y aparece la comida”, explica en diálogo con PanAm Post. “Nuestra misión es ser la manera más conveniente de producir, distribuir y vender comida”.

Su funcionamiento es sencillo: “todos los días hay tres opciones distintas, creadas por nuestro chef, el encargado de diseñar nuestras recetas. Tu sólo entras al sitio, que te muestra el menú, eliges lo que quieres y te olvidas”.

El emprendimiento surgió ante un problema habitual en las oficinas a la hora del almuerzo. “Todos los días teníamos que pensar de dónde ibamos a pedir comida, ponernos de acuerdo entre todos, y hay una persona que pierde una hora tomando ese pedido”, plantea Parziale. “Se pierde un montón de tiempo. No es enriquecedor para la cultura del equipo, se generan discusiones innecesarias”, agrega.

Creada a mediados de 2014 por Parziale, junto con dos socios —una egresada de Bellas Artes y el otro un licenciado en Administración de Empresas, con experiencia en gastronomía—, HoyPido acepta desde sus inicios la moneda digital bitcoin, cuya relación es muy cercana.

Parziale explica que al comienzo la proporción de pedidos con la moneda digital era “mucho más alta” porque sólo cubrían cinco cuadras en el barrio de Retiro, donde está ubicado el Espacio Bitcoin, sede de muchas de las empresas locales vinculadas a esa moneda. “Hace tres meses estábamos sólo disponibles en dos barrios, ahora estamos disponibles en 13 barrios” de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, afirma.

Más allá del impulso que recibió en un primer momento por la estratégica ubicación, Parziale reconoce que el crecimiento de las operaciones con bitcoin “es muy gradual”. Los pedidos se concentran en los barrios de “San Telmo, Belgrano, y Palermo, pero el fuerte es en la zona de Retiro”, enumera

Coordinando las fuerzas gastronómicas

¿Una app detrás de un restaurant o al revés? Difícil decirlo. Pero lo cierto es que la tecnología está detrás de cada uno de los eslabones del negocio: “cocinero, repartidor, y cliente”. “Cada uno tiene un modelo de rentabilidad distinto, pero todos consumen nuestro software”, dice Parziale. “El restaurant está intervenido tecnológicamente, con apps para la cocina, para el operador del nodo, y para los repartidores”.

“Los repartidores saben que por nuestra tecnología pueden repartir más que en otro lugar; su modelo de rentabilidad es mejor en nuestro sistema que fuera de él”, sostiene el fundador de la aplicación. “Tenemos una tecnología de punta que determina cuál es la mejor ruta posible, estima cuánto tiempo va a tardar en entregarla y por eso podemos programarlo.”, agrega.

“Ya tenemos más de 250 comidas testeadas”, afirma Parziale. Los clientes pueden revisar su historial de pedidos y además la plataforma brinda estadísticas para saber qué alimentos consume uno con más frecuencia. “Puedes tener más información de tu dieta. La mayoría de la gente no registra lo que come todos los días. Puedes tener un registro de tu dieta mucho más transparente para vos, y para nosotros que queremos ayudarte que tu dieta sea variada”, continúa.

¿El final de las cocinas hogareñas?

Desde HoyPido no sienten que la competencia sean los servicios de entrega a domicilio de los restaurantes tradicionales, donde las pizzas, empanadas o el sushi son las estrellas ocasionales de la cena. Por el contrario, Parziale explica que buscan optimizar lo que para algunos se trata de una tarea engorrosa, aunque indispensable para mantenerse con vida: cocinar.

“Ofrecemos platos que la gente ni sabe que existen. Ni pienso en qué cocinar, estoy trabajando, tengo 200 e-mails sin responder, no quiero perder media hora en el elegir que comer en undelivery tradicional, no saber si va a llegar en cinco minutos o en dos horas”, plantea.

Según el empresario “la otra opción es cocinar: tener dos horas para ir al supermercado, saber qué comprar, saber cocinar, poder cocinar variado, saber los ingredientes que se necesitan, etc.”

El objetivo en el largo plazo es que comprar comida a través de HoyPido sea más barato que cocinar en casa. “Por el tiempo que recuperas en tu vida sin tener que ir al supermercado, no tener que cocinarte, no tener que pensar en que cocinarte, podes ser mucho más productivo en un montón de cosas”, afirma Praziale.

Hoy la cocina es una parte elemental de las viviendas, aunque Parziale vaticina que en “un futuro ideal ese espacio no va a estar ahí”. ¿Se convertirán las cocinas en ambientes de lujo reservados para los amantes del arte culinario? A medida que nos adentremos en el siglo XXI tendremos la respuesta.

 

Bitcoin llega a 100 millones de transacciones y sigue creciendo

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 22 de diciembre de 2015.

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La moneda digital bitcoin se dirige a superar esta semana la marca de las 100 millones de transacciones desde que fue lanzada en 2009, de acuerdo con los registros de blockchain.info.

“Sin lugar a dudas, Bitcoin fue la moneda digital más fuerte y con mayor crecimiento en 2015”, señala Sebastián Serrano, CEO y cofundador del procesador de pagos en bitcoin BitPagos, que cuenta con más de 2.000 empresas y comercios argentinos, así como también en varios países de América Latina y Europa adheridos a su plataforma.

El crecimiento de la moneda descentralizada e independiente de cualquier Gobierno fue notable. Mientras que las primeras 50 millones de transacciones ocurrieron en el transcurso de seis años, las segundas 50 millones tuvieron lugar en apenas 365 días. El 26 de noviembre el volumen de transacciones tocó su máximo cuando cambiaron de manos más 2,86 millones Btc., más de US$1.000 millones según la cotización de ese día.

Para Nubis Bruno, emprendedor y director de producto del mercado de compra y venta de bitcoin en tiempo real Bitex.la, la moneda digital más utilizada sigue “la curva de adopción de otras tecnologías disruptivas en cuanto a difusión”, sin embargo, advierte que existe “un desfasaje en los casos particulares entre el momento en que descubren el bitcoin y finalmente pueden o se animan a usarlo”.

Bruno, además, destaca que “los emprendimientos que ofrecen servicios sobre la red bitcoin ya tuvieron tiempo de madurar sus ofertas y los entes reguladores, de a poco, van dando certezas sobre el tratamiento del bitcoin”.

En un claro gesto de respaldo a la criptomoneda, la bolsa de Nueva York (NYSE) lanzó en mayo de este año un índice de referencia del precio del bitcoin, una señal que fortalece la reputación de la moneda digital. “Utilizaremos nuestro nombre, reputación y estatura como proveedor global de índices para ofrecer valores del bitcoin que el resto del mercado pueda mirar”, dijo en ese entonces el presidente del NYSE, Tom Farley.

Este es un factor clave para el éxito de la moneda, explica Serrano, “al ser una moneda que no depende de ninguna entidad bancaria o estatal, la mayor aceptación y confianza de sus usuarios es la que vuelve más sólida a la red”.

Lluvia de dinero

Pero no solo el volumen de transacciones refleja el auge de la criptodivisa. Durante el 2015, las compañías del ecosistema bitcoin recibieron una inyección de capitales por más de $1.000 millones, casi triplicando los $350 millones del año anterior. Empresas como el banco español BBVA, Goldman Sachs, la fabricante de semicoundctores Qualcomm, American Express y Master Card fueron algunos de los protagonistas de más alto perfil en rondas de inversión de este año.

En enero, la proveedora servicios para almacenar e intercambiar bitcoins Coinbase anunció que en en diciembre de 2014 logró recaudar unos U$75 millones en una ronda de inversión.

Sin embargo, el récord quedó rápidamente desactualizado cuando el startup 21 Inc.obtuvo $116 millones de capitales de riesgo. La empresa en septiembre presentó la Computadora Bitcoin 21, la primera preparada para soportar el protocolo bitcoin.

Furor por la cadena

La gran protagonista del año, no obstante, fue la tecnología detrás del bitcoin. La blockchain (o cadena de bloques) funciona como un libro contable abierto y descentralizado en el que se registran todas las operaciones con bitcoin, donde son verificadas por una red de computadoras que verifica la legitimidad de la transacción. Esta red de computadoras está compuesta por los llamados “mineros”, quienes reciben bitcoins como recompensa por poner a disposición de la red el poder de computo esencial para su funcionamiento.

La blockchain fue objeto este año de un encendido debate hacia adentro de la comunidad bitcoiner sobre el límite de transacciones por segundo que puede procesar la red. Para Bruno, el debate fue el hecho más relevante relacionado con el bitcoin este año. “Se pudo abordar un tema económico, político, técnico-informático de una forma que nunca antes se había hecho”, sostiene.

Los ojos de los insiders no fueron los únicos que se posaron sobre esta tecnología. Grandes jugadores del sector bancario mostraron interés en adoptar la cadena de bloques como herramienta para procesar las transacciones habituales que llevan a cabo. Algunos de los bancos más grandes del planeta, entre los que se encuentran JP Morgan, Credit Suisse y el Royal Bank of Scotland, decidieron sumergirse de lleno en el asunto. El pasado mes de septiembre, las entidades financieras anunciaron una alianza para discutir sobre la creación de una “blockchain privada”, ajena al ecosistema bitcoin.

“En muchas áreas parece que la cadena de bloques funcionará y es fácil observar cómo podría revolucionar el mundo de las finanzas”, dijo Rhomaios Ram, jefe de desarrollo de producto en la división de transacciones bancarias globales del Deutsche Bank dijo al Financial Times. “La velocidad de ejecución es mucho más rápida para la liquidación de valores. Puedes ver como eso reducirá el capital que los bancos deben poseer para respaldar las transacciones”, señaló el experto.

Además, la aceleradora de proyectos del banco británico Barclays seleccionó tres empresas emergentes, vinculadas con esta tecnología, que recibieron $20.000 en financiamiento, soporte para conformar una red de contactos y entrenamiento.

“La existencia de conceptos contradictorios como los “blockchains privadas” o “blockchain sin bitcoin” son en parte resultado de la búsqueda de un lugar común por parte de las entidades financieras”, opina Bruno, quien sugiere que las empresas vinculadas al bitcoin deberían “tender puentes y presentarlo como un factor de transformación beneficiosa para toda la industria”.

Aunque este debate recién comienza, el potencial de la blockchain promete revolucionar mucho más que el mundo de las finanzas. Honduras, por ejemplo, optó por comenzar a adaptar su registro de propiedad para que funcione en la cadena de bloques, pero también la materialización de contratos inteligentes y la inscripción de nacimientos y matrimonios dan cuenta del potencial que tiene la tecnología.

¿Para qué necesita Argentina una nueva Ley de Medios?

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 14 de diciembre de 2015.

Cambiar una ley por otra no es la solución a los problemas que hereda el Gobierno de Mauricio Macri de la familia Kirchner. Sancionar más leyes tampoco. En Argentina, sin embargo, el manual de corrección política indica que la intervención estatal —camuflada bajo la idea más agradable de “presencia del Estado”— es un factor necesario, si no fundamental, para el desarrollo de cualquier actividad.

Un ejemplo grotesco fue la excusa invocada por Daniel Scioli, excandidato presidencial del Frente para la Victoria, partido de la expresidenta Cristina Kirchner. Antes de la primera vuelta electoral, cuando las encuestas vaticinaban que Scioli estaba cerca de asegurar un triunfo que le evitara el balotaje, el candidato oficialista fue el único que no asistió a un debate presidencial. La razón era que no existía una ley que lo regulara. “Creemos que tiene que haber una ley que regule [los debates]”, dijo en ese momento Alberto Pérez, vocero de la campaña de Scioli y su jefe de Gabinete en la provincia de Buenos Aires.

La obsesión de que todo esté regulado por leyes es una característica que compartida a lo largo del arco político. Por ejemplo, en agosto de este año, una nota en el diario Clarín lamentaba la “pobreza de la tarea parlamentaria” por la poca actividad del Congreso en época de elecciones. También están quienes afirman que la ley no será la mejor, pero  hay que respetarla por el solo hecho de ser la ley. Dos fundamentalismos obsesionados de las imposiciones del Estado escondidas en leyes, decretos y resoluciones entre las páginas de los anuncios que publica todos los días el Boletín Oficial.

La fijación por las leyes, en su sentido más burocrático, es una de las herencias del peronismo que ha quedado incorporada en el ideario popular. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, sostenía entonces Juan Domingo Perón, en una versión sudamericana de la frase inmortalizada por Benito Mussolini: “todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.

El kirchnerismo no solo no estuvo exento de este defecto, sino que lo exacerbó hasta su máxima expresión. La campaña entre 2008 y 2009 para sancionar una Ley de Medios y las subsecuentes disputas judiciales por ella fueron un caso paradigmático.

Policía malo, policía bueno

En 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner planteó la necesidad de una nueva ley que regulara el espectro radioeléctrico y los contenidos de los medios de comunicación. Con el característico tono épico que apuntaba más a las emociones que a la lógica, el Gobierno sostenía que había sido sancionada durante la última dictadura (1976-1983) y debía ser reemplazada. Utilizando la lógica del policía bueno y policía malo, el proyecto de ley era contrapuesto como una regulación “buena” frente a la regulación “mala” vigente en ese entonces.

Una vez aprobada, la flamante ley se utilizó para intentar desmantelar al multimedio más grande del país, Grupo Clarín, además recurrir a diferentes herramientas para beneficiar los contenidos de los canales paraoficiales sostenidos con publicidad oficial. Con el nuevo Gobierno estás prácticas deberían interrumpirse, sin embargo, eran la idea detrás de la sanción de una nueva Ley de Medios.

Ese fue uno de los primeros anuncios políticos del Gobierno de Macri. Las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, sobre lo que el kirchnerismo alguna vez bautizó —inspirándose en Saddam Hussein— como “la madre de todas las batallas” revelaron parte de los planes oficiales en cuanto a los medios. En declaraciones por radio, Aguad señaló que la actual Ley de Medios “no subsistirá” y agregó que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

Policía malo, policía bueno

En 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner planteó la necesidad de una nueva ley que regulara el espectro radioeléctrico y los contenidos de los medios de comunicación. Con el característico tono épico que apuntaba más a las emociones que a la lógica, el Gobierno sostenía que había sido sancionada durante la última dictadura (1976-1983) y debía ser reemplazada. Utilizando la lógica del policía bueno y policía malo, el proyecto de ley era contrapuesto como una regulación “buena” frente a la regulación “mala” vigente en ese entonces.

Una vez aprobada, la flamante ley se utilizó para intentar desmantelar al multimedio más grande del país, Grupo Clarín, además recurrir a diferentes herramientas para beneficiar los contenidos de los canales paraoficiales sostenidos con publicidad oficial. Con el nuevo Gobierno estás prácticas deberían interrumpirse, sin embargo, eran la idea detrás de la sanción de una nueva Ley de Medios.

Ese fue uno de los primeros anuncios políticos del Gobierno de Macri. Las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, sobre lo que el kirchnerismo alguna vez bautizó —inspirándose en Saddam Hussein— como “la madre de todas las batallas” revelaron parte de los planes oficiales en cuanto a los medios. En declaraciones por radio, Aguad señaló que la actual Ley de Medios “no subsistirá” y agregó que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

Prostitutas argentinas reclaman por el derecho a explotar su cuerpo

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 1 de diciembre de 2015.

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Con el Congreso Nacional como telón de fondo (algunos dicen que allí trabajan sus hijos), y bajo un sol abrasante que calienta Buenos Aires, un grupo de alrededor de 10 mujeres se refugia a la sombra de un árbol mientras esperan que comience la segunda jornada de protestas y concientización. Ellas se consideran trabajadoras, y reclaman ser reconocidas como tales. Otros creen que son víctimas de circunstancias adversas que las empujaron a esa realidad. “Muchos usan las manos, otros la cabeza, nosotras usamos la vagina” para trabajar, afirma Mónica Lencina, dirigente de Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), el sindicato argentino de la prostitutas.

Algunos curiosos se acercan a tomar fotos, principalmente atraídos por la vagina de tela que marca el ingreso a la carpa donde se desarrollan algunas de las actividades. Otros, de camino al trabajo, miran de reojo algo ruborizados, quizás un signo de que aún persisten los tabúes frente a la “profesión más antigua del mundo”. De cualquier manera, ellas dicen que continuarán con el reclamo hasta lograr el objetivo.

Desde el pasado lunes y hasta el próximo miércoles, representantes de la agrupación montan una carpa en reclamo de una ley que les permita acceder a los mismos beneficios que hoy gozan el resto de los trabajadores autónomos. Charlas, debates y hasta la puesta en escena de un cabaret autogestionado tienen como objetivo concientizar al público acerca de la “importancia de que las mujeres trabajadores sexuales tengan un marco legislativo”, dice Lencina.

“Somos mujeres mayores de edad que decidimos por nuestra propia cuenta ejercer el trabajo sexual autónomo”, afirma, quien trabaja en la provincia de San Juan, en el interior profundo de Argentina. “Cuando vos pedís una compensación por algo que estás haciendo es trabajo”.

La ley argentina no prohíbe la prostitución, aunque cada provincia la regula de una forma diferente. En la mayoría de los casos, la regulación es tan estricta que la oferta de servicios sexuales queda prohibida en la práctica. Por ejemplo, en San Juan, el Código de Faltas sanciona con hasta 20 días de prisión el ofrecimiento de sexo a cambio de dinero. Esta situación las deja vulnerables ante abusos policiales. “Mis compañeras pueden ser detenidas hasta 25 días al mes”, afirma Lencina.

Desde Ammar denuncian que la supuesta zona gris en la que se encuentra su actividad las ha convertido en carne de cañon de las fuerzas de seguridad, que muchas veces están involucradas en los casos de feminicidios contra trabajadoras sexuales. Entre julio de 1996 y noviembre de 2015, Ammar registró 41 casos, de los cuales solo tres resultaron en condenas para los responsables.

Para Georgina Orellano, secretaria general de la agrupación a nivel nacional, el listado de víctimas evidencia “gravísimas violaciones de los derechos humanos para quienes ejercemos esta labor, y demuestran que el estigma y la violencia institucional son los principales causantes de estas muertes”. Muchas veces, la legislación impulsada por quienes afirman querer protegerlas termina teniendo el efecto contrario.

Entre la trata y la prostitución

La secretaria general de Ammar en Santiago del Estero, Mariana Contreras, reconoce que entre la prostitución y la trata de blancas “hay un hilo muy delgado”, aunque advierte que el tráfico de personas es muchas veces invocado como excusa para luchar contra las mujeres que ejercen la prostitución como actividad laboral.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mas de 9.000 mujeres fueron “rescatadas” entre abril de 2008 y agosto de 2015, 90% de ellas mayores de edad. Las estadísticas, sin embargo, es probable que no reflejen la realidad y estén sesgadas por la visión dominante en el Gobierno nacional. Según Contreras, las estadísticas consideran a todas las trabajadoras sexuales como víctimas de la trata de blancas.

“Por mas que yo diga que ejerzo trabajo sexual porque quiero o porque me gusta, ellos lo toman como trata”, dice Contreras, oponente de la corriente legal llamada “abolicionista”, que niega cualquier posibilidad de consentimiento en una relación entre la prostituta y su cliente. Esta postura, afirma, las ha empujado a una mayor desprotección. “Ellos dicen que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, que no podemos decidir explotar nuestro cuerpo”, denuncia.

En 2012, la presidenta argentina Cristina Kirchner prohibió por decreto la publicación de avisos con ofertas sexuales en los medios gráficos. La medida fue anunciada en un contexto particular. El Gobierno estaba inmerso en una guerra abierta con el multimedios Clarín; así lo privaba de jugosos ingresos. “El rubro 59 le deja pingües ganancias a los diarios que hacen negocios con esta oferta”, señaló Kirchner en aquella ocasión. Las trabajadoras sexuales, sin embargo, consideran que fueron ellas las perjudicadas.

“A combatir la trata no ayudó. Fue criminalizarnos mas a nosotras, a empujarnos hacia la clandestinidad. Nos sacó un medio muy útil para publicar nuestro servicio”, dice Lencina. “Es como tapar el sol con la mano”.

Privadas de consentimiento

Aunque la sanjuanina afirma que la transacción entre ella y sus clientes es voluntaria, los partidarios de la corriente abolicionista consideran que ese consentimiento “está viciado”. Para agrupaciones como la Fundación La Alameda la idea de que un grupo de mujeres alquile un departamento y “se junten a trabajar en una especie de cooperativa” —como lo describe Lencina— es una posibilidad lejana de la realidad.

“El cuentapropismo casi no existe en Argentina, el sometimiento de las mafias es mucho más fuerte que lo que puede hacer una sola persona”, afirma Luchas Schaerer, dirigente de La Alameda, dedicada al combate del trabajo infantil, talleres clandestinos, narcotráfico y la trata de mujeres. Su director, Gustavo Vera, además de ser legislador de la ciudad de Buenos Aires, es una figura muy cercana al papa Francisco.

“No es un trabajo. Una whiskería, un prostíbulo, lo regenta una mafia. Los regentes son de gran peso”, dice Schaerer, quien recuerda el caso del entonces juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, adherente a la corriente abolicionista y, al mismo tiempo, propietario de tres departamentos en el que trabajaban prostitutas. Las meretrices, por el otro lado, lo consideran el “cierre de puestos de trabajo”. Aunque aclaran, el Gobierno debería actuar contra el proxenetismo.

El grupo de mujeres planea continuar reclamando por una ley que las visibilice, las ponga en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores y termine con la persecución que sufren todos los días en su actividad laboral.

“El único delito que cometen es salir a laburar para llevarles el sustento a sus familias”, concluye Lencina.

La política de drogas de Argentina enfrentará una encrucijada en 2016

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 13 de octubre de 2015.

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Mientras en el continente americano se comienzan a discutir e implementar políticas alternativas a la prohibición de las drogas, Argentina, como en muchos otros aspectos, se ha mantenido estancada en este tema.

“Argentina llega retrasada al debate”, diagnostica Juan Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en Buenos Aires, y autor de varios libros sobre el narcotráfico. “La discusión más política y efectista ha estado centrada en dirimir si somos un país de tránsito, un país de tránsito con consumo o con consumo y algo de procesamiento”, señala.

“El retraso en la calidad del debate público” está definido por dos tres elementos, dice el académico. Por un lado “falta un diagnostico actualizado” respecto a la evolución del narcotráfico en Argentina. Las estadísticas sobre consumo y comercio de drogas no escapan a los problemas generales que afectan al país en materia de indicadores. “Desde el Indec, los datos no coincidentes en el levantamiento de información de las distintas policías provinciales, hasta una ausencia de estadísticas actualizadas, públicas, de algunos ministerios, como el de Seguridad,” afectan la calidad de la información sobre la cual debatir.

A diferencia de otros países como México o Colombia, Argentina “no ha estado en el corazón de los problemas vinculados a la violencia ligada al narcotráfico”, dice Tokatlian. “El país no ha vivido marcadamente influido por esa cuestión. En general, se la ha visto como algo distante (…) lejos de Argentina”.

Para Tokatlian el tercer elemento obedece a la postura del país en los foros interamericanos y globales sobre el asunto de las drogas. En especial, en vistas a la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas en abril de 2016, que revisará la política global sobre el abordaje a ciertas sustancias psicoactivas. “Argentina no ha buscado una coalición de países en la región que compartiera un diagnostico y que llevara a una posición compartida”, afirma.

El sociólogo con un PhD. en Relaciones Internacionales de la Universidad John Hopkins fue uno los autores del documento “Drogas: Una Iniciativa para el Debate“, presentado en septiembre pasado, junto con una centena de académicos, donde hacen un llamado a una política sensata sobre el tema.

“En otros países, donde el problema es más severo y está relacionado con una historia de conflictividad, y está a un nivel más alto del radar de la comunidad internacional, los debates han sido más intensos y más fecundos”, dice, en entrevista con PanAm Post.

Narcotráfico de campaña

Las propuestas de campaña de los principales candidatos a la presidencia de Argentina indican que continuarán con la actual estrategia frente a las drogas. De hecho, los tres principales aspirantes han escogido la lucha contra el narcotráfico como una de las prioridades en un eventual Gobierno.

“Han aparecido niveles de violencia relativamente inusitados para los parámetros generales de Argentina”, explica Tokatlian. Aunque lejos de las tasas de homicidios de países como Colombia, México, u Honduras, “la violencia vinculada estrechamente al fenómeno del narcotráfico no se había expresado”.

La ciudad de Rosario, a unos 250 kilómetros de Buenos Aires, es uno de los puntos más calientes en la penetración del narcotráfico, allí la tasa de homicidios en 2014 resultó entre tres y cuatro veces más grande que la media nacional. Rosario no es el único foco de violencia. Los grandes conglomerados urbanos, como Buenos Aires o Córdoba son testigos de “manifestaciones cada vez más elocuentes de violencia,” sostiene Tokatlian. “Aunque no son dramáticas en como en otros casos, si uno lo desagrega en el plano urbano y específico de estas grandes urbes va a encontrar tasas por arriba del promedio general del país”.

“La inseguridad ha cambiado en Argentina”, afirma, siempre con algún informe o estadística en mente que respalda los datos. Según la Encuesta de Victimización del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la UTDT, en 2004, 26% de los encuestados afirmaron haber sido víctima de un delito; nueve años después, la cifra es de 35%, señala Tokatlian.