La inmoralidad del proteccionismo

Publicado originalmente en Fundación Libertad  y Progreso el 15 de junio de 2011

Supongamos  que los beneficios [12345, y más] sobre los que insistimos que trae el libre comercio no son tales. De repente se descubre que la doctrina de “vivir con lo nuestro” difundida por el ambassadeur Aldo Ferrer era correcta y el verdadero progreso y la generación de riqueza se obtienen mediante el establecimiento de rigurosas barreras comerciales que tienen como objetivo impedir la invasión foránea de bienes, logrando de esta manera, frenar los constantes ataques contra la integridad de la industria nacional. Asumiendo por unos minutos esto como cierto, este artículo debería estar dedicado a rectificar el error y admitir nuestra equivocación en cuanto a la defensa del librecomercio. Pero esto no es así  aún con toda la evidencia imaginaria en contra, mi posición seguiría siendo la misma, seguiría oponiéndome al proteccionismo, por una razón igual o más importante que el progreso económico o cualquier otro criterio materialista: el proteccionismo es inmoral.

Todos los días, desde la mañana hasta la noche, realizamos intercambios con otras personas para satisfacer nuestros deseos y necesidades. En la mayoría de estos intercambios nos encontramos en la parte compradora, aunque indefectiblemente para poder comprar a veces tenemos que estar en la parte vendedora (básicamente, cuando trabajamos), está claro que cuando vendemos nuestros servicios como cuando compramos productos las reglas son las mismas. Estas reglas del juego son iguales para todos, esto no nos dice nada sobre si son  justas o no, sino que sabemos que en el kiosco el paquete de Halls (negros) lo venden a $2, el atado de Marlboro  a $7 (según me dijeron), la Sprite de 600 a $5 y $0,25 cada palito de la selva, seas alto o bajo, morocho o rubio, rico o pobre, argentino o extranjero vas a pagar ese precio. No existe una diferenciación de precio para diferentes etnias, nacionalidades, o para gente de distinto poder adquisitivo, de haberlo el mismo mercado, tanto consumidores como competidores, se ocuparían de denunciar estas deleznables prácticas para desalentar al negocio que las aplica que de continuar haciéndolo seguiría generándoles pérdidas hasta llevarlos a la quiebra. Incluso más, esta práctica está prohibida por ley. El artículo 8 bis  de la Ley de Defensa de Consumidor dice que está prohibido: “ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice” es decir la ley hace especial hincapié en proteger a los extranjeros de una discriminación de precios a la hora de la compra de productos, una verdadera contradicción  de las políticas aplicadas desde el gobierno que en breve vamos a analizar. Por último, desde la lógica económica se presenta otro problema, más allá del moral, en cuanto a la discriminación de precios.

Dicho esto, vemos como en los intercambios comerciales cotidianos no existe ninguna traba sobre con quién hacer los mismos, da igual su nacionalidad o cualquier otro aspecto que defina la personalidad del individuo para determinar el tipo de servicio o precio que se ofrece, incluso como lo vimos recién hasta una ley plantea la ilicitud de venderle  a un extranjero a un precio distinto que a un argentino (sin importar que luego el estado aplique estas prácticas en sus Parques Nacionales, por ejemplo, discriminando entre locales, argentinos, y extranjeros).

Si pasamos al plano internacional  esta convivencia pacífica y armónica que podemos apreciar en los intercambios locales queda anulada por completo cuando nos damos cuenta del enjambre de tarifas arancelarias, controles burocráticos formales y no formales para dilatar el proceso de importación, licencias no automáticas, cuotas o contingentes, salvaguardias, controles fitosanitarios, controles de etiquetado y calidad, subvenciones a la producción, medidas anti-dumping, control de cambios, impuestos al consumo de bienes importados, exigencias de exportación para poder importar, medidas no formales (a la Moreno), y la más extrema de todas, la prohibición de importaciones son aplicadas.

El gobierno mediante todas estas medidas mencionadas anteriormente impone un obstáculo para que dos individuos que se encuentran en distintos países puedan intercambiar libremente productos y servicios. No existe ninguna justificación (ni del tipo moral ni del tipo utilitario) como para permitir la obstrucción de una relación voluntaria entre dos personas en donde no haya ninguna agresión contra un tercero. Creer que un beneficio económico justifica interponerse entre dos personas realizando un acuerdo pacifico es una afrenta contra la dignidad humana.

Esto último se puede ver de manera más clara si extrapolamos la situación que se da en el comercio internacional a una situación local. Asumamos, como lo venimos haciendo, que aplicar estas trabas al comercio no es fruto de un nacionalismo irracional. Asumamos que no estamos perjudicando a la sociedad entera y beneficiando a un puñado de parásitos, si no promoviendo una medida que beneficia a todos los argentinos. Por lo tanto, parecería factible de ser aplicada en la economía interna, pero ¿cómo sería vivir en un país donde el proteccionismo también se haga a nivel interno?

Cada vez que un boliviano quiera hacer una venta en su frutería, un empleado tiene que hacer un trámite ante el SENASA para verificar la calidad de los productos vendidos. Por supuesto, el costo se elevaría exorbitantemente al igual que los tiempos de demora. Las fruterías manejadas por argentinos no tendrían ningún problema en competir.
Los chinos estarían obligados a vender a un precio no inferior que sus contrapartes nacionales por el hecho de incurrir en el dumping y por ende competir de manera desleal. Es decir, no podrían competir con mejores precios. La venta de bijouterie por parte de inmigrantes africanos estaría prohibida, o solo podrían vender 40 piezas por mes. El ingreso a las tintorerías japonesas para llevar un traje o un vestido estaría supeditado a una autorización que se debe requerir con 48 horas de antelación de asistir al local y  que puede ser expedida hasta 60 días más tarde, una licencia no automática.

Sin duda, la gran mayoría de los que defienden medidas proteccionistas, se opondría de saber que lo que se está haciendo es básicamente replicar estos ejemplos pero a gran escala. Los  trasladamos a nivel local y nos impactan, tacharíamos esas medidas de xenófobas y racistas, sin embargo esto se da constantemente en el ámbito internacional. Lo más lamentable de todo es que la sociedad ha aceptado sin ningún cuestionamiento que limitar las relaciones comerciales basándose en la nacionalidad de los involucrados no es un acto injusto. Todo esto sucede al mismo tiempo en el que estamos dejando atrás de un siglo signado por guerras que dejaron millones de muertes a causa de los nacionalismos. De aplicarse las políticas que revisamos, en un nivel local, el gobierno argentino sería objeto de denuncias de organismos internacionales de derechos humanos, se organizarían boicots y se lo señalaría como al nuevo apartheid.

En conclusión, aún de comprobarse algún beneficio económico que provenga del proteccionismo (algo sobre lo que seriamente dudo) no defendemos este tipo de medidas por tratarse de un bloqueo a los intercambios voluntarios realizados por individuos cuya única diferencia frente al resto de los intercambios es que se encuentran en dos países diferentes. El proteccionismo es inmoral aún antes de analizar las consecuencias del mismo, una vez determinados los perjuicios que le generan este tipo de políticas a la sociedad, la cantidad de argumentos morales contra las mismas se multiplican. Una inmoralidad que produce no sólo una injusticia contra aquellos que venden y viven en otros países sino contra los mismos argentinos, que según el relato imperante se deberían ver beneficiados, pero que en la realidad se ven perjudicados y condenados a una calidad de vida inferior.

 

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