Excusas para regular Internet

Publicado originalmente en Infobae.com el 22 de enero de 2014

Cuando los autodenominados activistas de derechos humanos locales organizan manifestaciones o emiten declaraciones en solidaridad con el régimen de los hermanos Castro que gobierna Cuba hace más de 54 años, deciden deliberadamente ignorar las violaciones a los derechos humanos y especialmente la legislación draconiana que regula la vida en la isla.  Por ejemplo, el Código Penal de la dictadura socialista establece sanciones para aquellos que sin haber cometido delito alguno tengan una “especial proclividad (…) para cometer delitos demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. Esto quiere decir que los cubanos pueden ser detenidos y encarcelados sin haber cometido ningún delito. El único requisito para que esto suceda es que el gobierno juzgue que un individuo tiene una proclividad para cometer delitos, la cual se evidencia violando las normas de la moral socialista. Algo inadmisible para cualquier sistema penal que pretenda mostrarse como respetuoso de las libertades individuales.

Este tipo de legislación llamada “de peligro” convierte intenciones y pensamientos en delitos estableciendo penas de manera arbitraria sin considerar los hechos que realmente acontecen. En otras palabras, le permite al Estado aplicar una sanción juzgando intenciones, incluso antes de que se produzca una conducta que dañe los derechos de un tercero. A pesar de violar garantías constitucionales básicas, Argentina no está exenta de este tipo de legislación. Uno de los ejemplos más notables es la ley antigrooming, aprobada a finales del año pasado y que en la última semanatuvo a su primer acusado.

La ley 26.904 -o ley  antigrooming- incorpora al Código Penal la siguiente figura delictiva: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”. Esta pieza legislativa fue impulsada por Argentina Cibersegura, la ONG de la empresa de seguridad informática ESET, y por varias asociaciones de padres con preocupaciones acerca de la seguridad de sus hijos en Internet.

La ley tiene tantas palabras como problemas. Además de convertir en delito un propósito (un hecho de por sí de constitucionalidad dudosa), fija una pena desproporcionada al equiparar el grooming con el abuso sexual, estableciendo para ambos casos una pena de seis meses a cuatro años de prisión. La ley es poco clara. Según la legislación vigente en el país, una persona de 20 años puede mantener relaciones sexuales con un menor de 17; sin embargo, según la ley antigrooming, si el primero entabla una relación online con el menor podría ser perseguido bajo el argumento de que fue realizado “con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual”.

Hay todavía un aspecto más preocupante. A diferencia de los demás delitos contra la integridad sexual que son considerados de instancia privada, en los que la víctima, sus padres o tutores deben denunciarlo para que se inicie una investigación, el grooming se considera un delito de instancia pública. Esto abre la puerta para justificar intrusiones a la privacidad bajo esta nueva figura. Es decir, el monitoreo de las actividades de la gente en internet podría ser una herramienta legítima para el combate del grooming.

Los problemas no terminan ahí. Hay varias preguntas que quedan sin resolver: ¿por qué la misma conducta en la vía pública no está penada?, ¿cómo se prueba fehacientemente la intención del acusado?, ¿cuáles son los límites del Poder Ejecutivo para prevenir e investigar este delito de instancia pública?

Detrás de la ley antigrooming hay un nuevo avance del gobierno para regular la libertad en Internet. Si no, no se puede entender por qué los senadores y diputados demostraron tanta euforia cuando el proyecto se convirtió en ley, incluida una de las principales impulsoras del proyecto que al mismo tiempo celebraba la aprobación  y admitía las graves falencias  en la incorporación del grooming como delito en el Código Penal.

Es que internet es -todavía- un espacio libre de intervención gubernamental, o por lo menos es casi imperceptible en comparación a lo que sucede fuera de la red. En parte, esto se debe a que entre los usuarios de Internet existe un componente que milita fervientemente por la libertad en la red. Iniciativas que pretendían regular diferentes aspectos de la red, como los intentos de las leyes SOPA o PIPA, terminaron siendo desactivadas por una fuerte acción liderada por usuarios, agrupaciones que defienden una internet libre y grandes empresas del sector.

No obstante, los gobiernos persisten con sus intentos de regular internet. Pero justamente, debido al ciberactivismo, una regulación burda de internet podría ser descartada de plano. Basta con con observar la reacción que generó la absurda iniciativa de un legislador entrerriano de regular las redes sociales para evitar la organización de saqueos. Es por esto que los gobiernos se las ingenian para camuflar el avance sobre internet bajo otros pretextos: terrorismo, derechos de propiedad intelectual, seguridad de los menores, son algunos de ellos.

En Argentina, hubo ya varios proyectos para regular Internet. El primer antecedente es un proyecto de 2006 del ahora Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. En 2009 el senador Guillermo Jenefes proponía establecer un régimen para eliminar el anonimato, y multar a buscadores y proveedores por el contenido presente en la red. En 2011, el diputado de PRO Federico Pinedo pretendió sancionar una disposición similar.  Afortunadamente, para la libertad en la red, ninguno de esos proyectos prospero.

A nivel internacional, Internet también corre peligro. A finales de 2012, en la reunión de la International Telecommunications Union, organismo de las Naciones Unidas destinado a la regulación de las telecomunicación, se trató un documento que pretendía regular internet. Se trataba de un documento que le permitiría a los países que suscribieran, arbitrar las medidas necesarias para proteger a las personas de los contenidos online indeseados. La posición Argentina coincidió con la de China y Rusia, países que no representan ningún ejemplo en materia de derechos individuales. La justificación había cambiado pero las intenciones eran las mismas.

La belleza y atracción que tiene internet es justamente su libertad. La innovación, la explosión de creatividad, y las posibilidades que ofrece la red desaparecerían de un plumazo en cuanto los gobiernos comiencen a tener la oportunidad de intervenir la red, al igual que lo hacen fuera de ella.

 

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