Cliven Bundy tiene razón y está equivocado al mismo tiempo

Publicado originalmente en el PanAm Post el 29 de abril de 2014

An English version of this article is available here.

Durante las primeras semanas de abril, Cliven Bundy, un granjero de 68 años de Clark County, Nevada, fue protagonista de una disputa con la Oficina de Administración de Tierras (BLM, según sus siglas en inglés) cuando se resistió a agentes federales fuertemente armados que intentaban despojarlo de su ganado. Los funcionarios de la BLM, organismo encargado de administrar más de 10 millones de hectáreas bajo dominio del gobierno federal, pretendían ingresar al rancho de Bundy con apoyo de vehículos blindados, 200 agentes de equipos SWAT y “cowboys contratados”. Su objetivo era confiscar las 900 cabezas de ganado que posee Bundy argumentando que el pastoreo en esa zona está prohibido.

Las tierras en las que pastorean las vacas de Bundy, son las mismas en las que a finales de la década de 1870 se asentó su familia, pero también, al igual que más del 80% de la superficie de Nevada, son tierras federales. En 1993 la BLM, creada casi 70 años después de que la familia Bundy tomara posesión del territorio en disputa, decidió modificar los permisos de pastoreo en esa área estableciendo límites a la actividad ganadera, invocando que se debía proteger a la “tortuga del desierto”, una especie que habita en el suroeste americano. Bundy después decidió dejar de pagar la tasa de pastoreo y comenzaron los problemas.

Después de más de 20 años de procesos judiciales, el operativo para expropiar el ganado de Bundy, tan espectacular como una producción cinematográfica de Hollywood, se encontró con la resistencia de decenas de personas que se habían solidarizado con el ranchero oriundo de Nevada en la defensa de su propiedad.

Sin dudarlo, Harry Reid, líder de la mayoría Demócrata en el Senado, calificó a Bundy como un “terrorista doméstico”, mientras que la prensa se sumó al coro que lo señalaba como un hombre con una percepción alterada de la realidad, un libertario de extrema derecha que desconocía las normas básicas de la vida en sociedad. Bundy fue víctima de la estigmatización de aquellos que no deciden plegarse al pensamiento único de idolatrar el poder del gobierno federal, y culpado por defender sus derechos.

Distinto hubiese sido el caso si Cliven Bundy, en vez de ser un granjero blanco, mormón, de 68 años, fuese un integrante de una tribu nativa al que buscaban despojar de las tierras en las que vivió y trabajó, de forma pacífica, y en las que había introducido mejoras de todo tipo por casi 130 años. Desafortunadamente para él, los mismos que se opondrían al tratamiento injusto que reciben los indios americanos, confinados a reservas, y cuyas condiciones fueron arbitrariamente modificadas por el gobierno en varias oportunidades, decidieron mirar para otro lado.

“El gobierno federal le ha incautado la soberanía a Nevada… le incautaron las leyes a Nevada y sus tierras públicas. No tenemos acceso a nuestras tierras públicas y eso es solo una pequeña parte de ello”,dijo Bundy en una entrevista a CNN. Bundy reconoce que él no es el propietario de esas tierras, y que debe pagarle una tasa al gobierno por su uso. Su principal problema es que esas tierras están bajo dominio federal, y no se encuentra conforme con su administración ni el destino de los fondos que debe pagar. Sin embargo, no tiene ningún problema con que las tierras sean públicas mientras sean propiedad del estado de Nevada y no del gobierno federal, y sea al gobierno estatal al que deba pagarle las tasas de pastoreo.

Cliven Bundy tiene razón, y al mismo tiempo, está equivocado. Las acciones intimidatorias del gobierno –que incluyeron la matanza de parte de su ganado y el uso de una pistola paralizante contra su hijo– constituyen una innecesaria demostración de fuerza del gobierno federal. Sin embargo, Bundy no llega al fondo de la cuestión en cuanto a la posesión estatal de las tierras.

El oeste americano se caracteriza por tener grandes extensiones de tierras fiscales. En efecto, el 47% de esa región se encuentra bajo control federal, un 93% del total de las tierras que administra el gobierno. La propiedad estatal siempre acarrea controversias acerca de quién y cómo debe ser usada. La ausencia de un valor de mercado nos impide conocer cuál sería la mejor asignación de esos recursos, reemplazando los intercambios voluntarios y las valoraciones subjetivas por la amenaza o las demostraciones de fuerza que el gobierno decida hacer como método para determinar su uso más eficiente. Mientras tanto, la falta de incentivos generado por el carácter estatal de la propiedad –que es de todos y simultáneamente no es de nadie– afecta la calidad de las tierras y pone en peligro la fauna que las habita, la conocida tragedia de los comunes.

La privatización, además, llevaría a su fin a polémicas como la de Cliven Bundy, o la Rebelión de Sagebrush. La existente tensión entre los “dueños” de la tierra, es decir el gobierno federal basado en Washington D.C. a unos 3.300 km de Nevada, y los granjeros que la han trabajado por generaciones ya no tendría razón de ser. Su uso ya no sería determinado por actos de extorsión y bullying estatal, sino por quién más valora la tierra. La privatización y la asignación de derechos de propiedad legítimos no solo aliviarían la tensión, sino que además podría ser un paso importante en el saneamiento de las finanzas del gobierno de Estados Unidos, cuya deuda alcanza los US$17 trillones.

A pesar de tener varios fallos judiciales de una corte federal en su contra, Bundy seguirá resistiendo frente a lo que él considera un exceso de la jurisdicción federal. Sin importar si su caso legal tiene sustento o no, de lo que podemos estar seguro es que el gobierno no tiene derecho a ingresar a su propiedad con 200 agentes armados hasta los dientes para secuestrarle su propiedad. Las embestidas federales en Ruby Ridge y Waco nos dejaron importantes lecciones acerca de las imprudencias y los abusos incentivados por la sensación de omnipotencia estatal. Esta vez el rancho en el rancho de Clark County se evitó una tragedia, aunque nada nos asegura que el conflicto no se reactive. Mientras tanto, esperemos que el caso de Cliven Bundy inicie un debate acerca de la administración centralizada de tierras, y sus negativas consecuencias sobre el desarrollo económico y la protección ambiental.

 

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