El plan suicida de Honduras de importar la guerra contra las drogas

Publicado originalmente en PanAm Post el 21 de julio de 2014

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La noche de San Pedro Sula, en Honduras, no es como la de cualquier otra ciudad. Incluso los viajeros más experimentados que llevaban recorriendo la región durante más de seis meses dudaban acerca de salir esa noche a comprar comida en alguna de las cadenas cercanas al hostal.

En la expedición por conseguir algo para comer, después de varias horas de viaje, se podía percibir que algo andaba mal en esa ciudad. Eran apenas las nueve de la noche, y en la ciudad más peligrosa del mundo las calles estaban desoladas, solo habitadas por policías con armas largas, intimidantes para cualquiera que no esté acostumbrado. Este panorama se repite en mayor o menor medida en todo el territorio hondureño.

Es que Honduras está herida de muerte. El país se encuentra al borde del abismo, y su presidente demasiado mareado para evitar empujar a la sociedad hondureña a una caída libre. La aceleración en el ritmo migratorio de mujeres y niños oriundos de El Salvador, Honduras y Guatemala hacia Estados Unidos disparó una crisis. La inminente deportación —que ya comenzó— de miles de niños que emigraron en búsqueda de más oportunidades esconde un problema aún mayor: La guerra contra las drogas.

La gran mayoría de los migrantes que buscan llegar al norte del Río Grande provienen de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Según estadísticas del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos en el último año se duplicó la cantidad de detenciones de niños menores de 18 años provenientes de esos países, mientras que entre las familias detenidas la cifra explotó.

En los últimos nueve meses se produjeron más de 110.000 detenciones frente a las 30.000 del año 2013, según el calendario fiscal estadounidense (de octubre de 2012 a octubre de 2013). Durante ese período, patrullas fronterizas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la agencia federal más grande del país, detuvieron a más de 55.000 familias, lo que representa un aumento del 500% respecto al año anterior.

Entre los menores, de los más de 57.000 detenidos sin acompañantes adultos, más de 16.000 provienen de Honduras, un incremento del 145% interanual. Puestos en perspectiva, los números son escalofriantes: La cantidad de niños y familias que escapan de Centro América sobrepasa la población de la gran mayoría de pueblos y ciudades centroamericanas.

Cantidad de detenciones de niños migrantes sin compañía

Las crisis requieren soluciones, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo sabe. Lo que no sabe es que su diagnóstico está equivocado.

En la última semana Hernández se reunió en Tegucigalpa con siete congresistas estadounidenses a los cuales les solicitó que el gobierno estadounidense diseñe “un plan de apoyo para combatir el narcotráfico”. Para el mandatario hondureño, la clave de la violencia que acecha a su país está en el narcotráfico. Él considera que la expansión de los cárteles mexicanos hacia el sur de Centro América fue consecuencia del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, las operaciones antidrogas llevadas adelante en Colombia y México en cooperación con Estados Unidos. De esta manera grupos narcotraficantes que antes se ubicaban en territorio mexicano y colombiano, hoy se asientan en Honduras, trayendo violencia y muerte a un país en el que ya abundaban ambas.

Hernández responsabiliza a Estados Unidos —como enseña el manual político latinoamericano— por las altas tasas de violencia que se viven en el país. Honduras es el país más violento del mundo, según las últimas cifras oficiales correspondientes a 2012. Ostenta una tasa de 90,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra 30 veces más alta que la de Chile, el país latinoamericano que muestra el mejor indicador. “Honduras vive una ola criminal que a diario deja un promedio de 15 muertos” afirman las propias autoridades hondureñas.

En este contexto, el sentido común indica que la postura de Hernández de solicitarle un plan antidrogas a Estados Unidos parece adecuada. Si el incremento de la violencia se debe al narcotráfico, implementar un plan similar al que se aplicó en México y Colombia parece ser una estrategia que resuelva el problema de la violencia. Sin embargo, el hondureño olvida un hecho innegable: El despliegue de planes antidrogas diseñados y financiados en parte por Estados Unidos solo incrementa los niveles de violencia y no resuelve ningún problema.

El Plan Colombia fracasó, y la Iniciativa Mérida, en acción desde finales de 2006, ya dejó más de 80.000 muertos. “80.000 personas fueron asesinadas en México durante la guerra contra las drogas en los últimos ocho años. Durante la intervención de Estados Unidos en Vietnam, 58.000 estadounidenses fueron asesinados en 10 años”, compara Daniel Gómez, exagente de la DEA, la agencia federal antinarcóticos de Estados Unidos. En Honduras, con menos de una décima parte de la población mexicana, fueron asesinadas 46.450 personas entre 2000 y el 2011. Una versión hondureña de la Iniciativa Mérida podría ser el componente que detone un conflicto de magnitudes calamitosas.

La corrupción —la connivencia omnipresente entre los grupos narcotraficantes y las autoridades— convierte a Honduras en un terreno fértil para convertirla en una nueva tragedia mexicana. Las consecuencias de un eventual operativo podrían ser de magnitudes catastróficas. Si ya la violencia es incontenible, una escalada dejaría una profunda cicatriz en la sociedad hondureña.

Las actuales condiciones carcelarias en Honduras pueden dar un indicio del impacto que podrían tener los deseos de Hernández. La sobrepoblación en las prisiones hondureñas alcanza el 65%: entre 13.000 y 14.000 reclusos viven hacinados en un sistema penal con 8.300 vacantes disponibles. Y si por algo se caracteriza la guerra contra las drogas es por un aumento exponencial en la población carcelaria, que en México entre 2007 y 2012 se multiplicó casi cinco veces, y en Estados Unidos el salto fue de un 430% en los últimos 30 años.

Además, el problema de la violencia se extiende a las cárceles. La sobrepoblación no es el único problema. Las trifulcas entre pandilleros dentro de las cárceles son algo de todos los días, y las noticias de masacres en los distintos centros de detención no sorprenden. Ya en 2012 la ONG defensora de derechos humanos Human Rights Watch alertaba sobre la situación. La descripción que hace José Luis Sanz, periodista del periódico salvadoreño El Faro, retrata con frialdad varias de las masacres:

Un rondín cerró con candado la celda 6, en la que se habían refugiado 25 personas, incluida una mujer y una niña que habían entrado de visita poco antes de la balacera, colocó cartones y colchones sobre la puerta de reja, los roció con combustible y les prendió fuego. Los policías que le vieron hacerlo no movieron un dedo.

El presidente Hernández está decidido a obtener la asistencia estadounidense. En mayo de este año el país extraditó por primera vez a un narcotraficante a Estados Unidos, luego de la aprobación de un paquete de medidas en 2012, mientras que el pasado junio el Departamento de Estado de EE.UU. destacó los esfuerzos de Honduras en materia de tráfico de personas.

Hernández debería escuchar más a su par guatemalteco Otto Pérez Molina, uno de los críticos más vociferantes de la guerra contra las drogas. Precisamente, es esta política la responsable de la violencia que se vive en la región. La prohibición, lejos de tornar inaccesible el acceso a las sustancias ilícitas, permite el surgimiento de un mercado negro controlado por el crimen organizado. Los altos índices de violencia y encarcelamiento, son consecuencia de este conflicto artificial de rápida resolución.

La profundización de una política cuyo fracaso es evidente significaría agravar, no disminuir, el problema. La solución no está en combatir con aún más fuerza a un enemigo dinámico que muta y se adapta con rapidez a las nuevas reglas de juego. Para extinguir la violencia del crimen organizado es necesario adoptar una política compatible con la evidencia y los derechos individuales que termine de una vez por todas con la prohibición.

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