Una reforma a la ley de drogas

Publicado originalmente en Infobae el 16 de agosto de 2014

Dentro de algunos años la política de prohibición de drogas pasará a ser estudiada con la misma lupa que hoy se ocupa de las peores violaciones a los derechos individuales. Afortunadamente, el experimento que se fue expandiendo a lo largo del globo a partir del primer cuarto del siglo pasado y que se vigorizó a partir de la década de 1970, está llegando a su fin. Los resultados adversos de la política mundial prohibicionista son el motor que comienza a impulsar la relegalización de drogas en todo el mundo.

Nuestro país no es ajeno a esta tendencia. En 2009 la Corte Suprema dio un primer paso en este sentido con el fallo Arriola, en el cuál el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de una parte del artículo 14 de la ley 23.7373 —la ley de drogas— que pena la tenencia de sustancias ilícitas para consumo personal. Aunque a diferencia de lo que muchos creen, este fallo no implicó que el artículo haya quedado derogado y la tenencia para consumo personal legalizada. En nuestro derecho los efectos de las sentencias solamente alcanzan a las partes involucradas en la decisión judicial  y solo el Congreso tiene la facultad de derogar las leyes.

Ante la colisión entre la ley de drogas y el texto constitucional, legisladores de diversos partidos han presentado proyectos de ley que buscan adecuar la legislación vigente a los criterios del fallo Arriola. Los intentos fueron en vano, la falta de voluntad política por parte del oficialismo condenó a una eventual reforma al olvido, por lo menos hasta ahora. Pero esto podría cambiar, ya que la Casa Rosada dio luz verde para avanzar con una reforma a la ley 23.737.

Los ochos proyectos de ley presentados en 2011 y 2012 ofrecen una muestra de la reforma que podría sancionarse antes de terminar el año. El denominador común de todos ellos es la derogación del delito de “tenencia de drogas para consumo personal”, el mismo que consideró inconstitucional la Corte Suprema. La propuesta más ambiciosa es la de la diputada Victoria Donda que no solo busca derogar la tenencia para consumo personal, sino que además modera la pena para la “tenencia simple”, la figura penal que alcanza a los vendedores minoristas. Para la diputada ellos también son “víctimas del narcotráfico”.

La reforma a la ley drogas, sino su completa derogación, es una tarea pendiente. La eliminación del delito de tenencia de sustancias para consumo personal es un avance en el respeto por los derechos individuales. La persecución contra personas inocentes que deciden ingerir una sustancia no autorizada por el gobierno –una actividad pacifica que no daña los derechos de terceros— es un crimen. Hoy, un 38% de las causas judiciales abiertas por delitos federales. Es decir, cuatro de cada diez causas que se abren corresponden a personas detenidas con tenencia de sustancias para consumo personal. Un paso en este sentido disminuiría la superpoblación carcelaria y la carga en los tribunales, desafectando los recursos que hoy están destinados a perseguir delitos sin víctima.

Sin embargo, los legisladores dejarán vigentes los aspectos más dañinos y de mayor impacto de la legislación. La violencia en torno al narcotráfico, de la cual los argentinos son testigos en su propio país, tiene su origen en la prohibición del comercio de drogas. Los altos márgenes de ganancia que deja la actividad ilegal funcionan como un imán para las mafias y bandas de criminales que buscan una porción de la torta de un negocio lucrativo. El resultado será una ley que libera la demanda de drogas –aunque esto no implique necesariamente un aumento en la demanda—pero que mantenga el negocio en manos del narcotráfico.

Otro de los aspectos ignorados es respecto de la calidad y las dosis de las drogas. El origen incierto de las sustancias, elaboradas en laboratorios caseros, con materias primas de baja calidad, y la incertidumbre acerca del contenido de las drogas seguirá existiendo. Los narcotraficantes pueden decir que están vendiendo marihuana, cocaína o metanfentaminas, sin embargo, es muy probable que el producto incluya otros ingredientes químicos cuyos efectos pueden ser aún más dañinos que lo que dicen estar vendiendo.

Las reformas implementadas en Uruguay, Colorado y Washington, si bien se limitan a la marihuana adoptan un modelo mucho más viable. Especialmente  en el caso de los estado de Colorado y Washington, donde la relegalización admite la producción y comercialización de marihuana. Los resultados de ese proceso ya se pueden comprobar en la realidad: la legalización de la marihuana debilitó a los carteles mexicanos, los principales proveedores del mercado de drogas estadounidense.

Lamentablemente, las perspectivas de una relegalización total están lejos de nuestro contexto. Es comprensible, para entender los efectos de la prohibición de drogas es necesario conocer la teoría económica algo que, por desconocimiento o ignorancia, los legisladores no conciben. La Asociación Civil Intercambios le preguntó a 15 candidatos su postura sobre las drogas, y casi todos ellos coincidieron en un mismo punto: el rechazo al lucro. Son las mismas barreras mentales presentes en la clase política que han logrado que una de las economías más importantes del mundo a comienzo del siglo pasado se convirtiera en una economía más cercana a las africanas que a las del primer mundo.

Mientras sea este el paradigma vigente en la clase política argentina, las mafias se seguirán enquistando en la sociedad, la violencia se incrementará, y la sociedad seguirá desprotegida ante la avanzada narco avalada por los políticos.

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