El feminismo triunfa en la nueva ley electoral chilena

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 20 de enero de 2015.

An English version of this article is available.

En nombre de la igualdad, la democracia en Chile terminará por ser más desigual. Con la próxima aprobación de la reforma electoral, el país que gobierna Michelle Bachelet se sumará a otros 85 que imponen cuotas de género para privilegiar el acceso de las mujeres a los órganos legislativos.

Los reclamos contra la supuesta discriminación que sufren las mujeres para acceder a cargos políticos están por lados.

Los defensores de imponer cupos de género para promover el acceso de las mujeres a la política sostienen que ellas están subrepresentadas: la presencia de las mujeres en el Congreso no es proporcional a la población total de mujeres, afirman. “La participación en materia de representación política y acceso a los cargos de decisión pública exhibe una evidente desigualdad de género”, sostiene un informe de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile.

El proyecto de ley, aprobado esta semana por el Senado chileno, incorpora, entre otras modificaciones, una limitación a la hora de confeccionar la lista de los candidatos. La nueva norma —que será transitoria y se aplicará en las elecciones de los años 2017, 2021, 2025 y 2029— dispone que “ningún género podrá superar el 60% del total de candidaturas presentadas”, es decir, como mínimo un 40% del total de los candidatos en una lista deberán ser mujeres.

Chile ostenta una de las cifras más bajas de integrantes femeninas en el Senado. En la actualidad, 15,8% de las bancas de ambas cámaras está ocupado por mujeres. Ese número queda lejos del promedio continental, 24,8%, y del 21% mundial. Chile está relegada, pero ¿en qué?

La idea de que las mujeres están subrepresentadas en el Congreso obedece a una noción perversa de la política, según la cual, los distintos sectores de la sociedad deben tener una representación en el Congreso porque están allí para defender sus intereses.

Según este razonamiento, además de las mujeres, los indígenas, los sindicatos y los maestros, todos deben tener una representación proporcional. Y a pesar de que Chile se vanagloria de ser una democracia liberal, esta explicación solo puede enmarcarse dentro del corporativismo.

Es el resultado del pensamiento colectivista, en el cual desaparecen las individualidades y los rasgos singulares de cada personas quedan diluidos en favor de una masa abstracta que comparte alguna características común (en este caso el órgano genital). De esta manera, los rasgos únicos de cada mujer quedan subsumidos a simplemente una categoría de género. Al final, las mujeres terminan siendo despreciadas por su potencial individual y enaltecidas por un hecho de naturaleza.

Si hay mujeres que son incluidas en una lista de candidatos porque son mujeres, quiere decir que hay hombres que son excluidos en una lista de candidatos por el hecho de ser hombres. Es discriminación, y los partidarios de las cuotas lo reconocen y, sin embargo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) los ampara.El tratado incentiva este tipo de  “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer” y aclara que ellas “no se considerará discriminación” según está definida allí.

Pero aunque la letra de la Convención pretenda ignorarla, la realidad está allí. Las mujeres no acceden a las candidaturas por mérito sino mediante una ley que insinúa que necesitan de la imposición del Estado para lograr sus objetivos. Esta idea resulta degradante para el género femenino, incluso considerando los argumentos de los defensores de las cuotas. Si existe una discriminación estructural contra las mujeres, entonces, con la inclusión de cupos serán doblemente discriminadas. Porque a pesar de ser llamada discriminación positiva, no dejar de ser discriminación.

¿Por qué es necesario un cupo mínimo de mujeres en el Congreso? Desde el centro de la discusión emerge la “desigualdad de género”, la sobrerepresentación de los hombres sobre las mujeres. Dejando de lado esta quimera feminista, las razones para justificar la imposición de cupos son más difíciles.

Las cuotas de género son presentadas como una herramienta para reparar los males del pasado, cuando las mujeres tenían vedada la participación política. Allí existía una verdadera desigualdad de género, una ley que autorizaba a los hombres a votar, pero no a las mujeres, por considerarlas poco preparadas o incapaces para hacerlo. Las circunstancias cambiaron, en los últimos 50 años las mujeres han emergido como lideres mundiales y ello no ha sido garantía de mejores gestiones. Las restricciones en cuanto a su participación política desaparecieron y su compromiso político aumentó en forma constante durante las últimas décadas. No se puede reparar una injusticia con otra injusticia.

Tras las próximas elecciones, con la reforma electoral ya vigente, es probable que en el próximo Congreso aumenten las polleras y disminuyan las corbatas. Aunque el cambio será solo estético: los políticos seguirán siendo políticos. Su apetito por regular, legislar y gravar será el mismo, independientemente de su género, y mientras el debate sobre el género de los legisladores domina la agenda, cuestiones más impotantes como por ejemplo qué y cómo votan los legisladores quedan desatendidas.

Las cuotas de género no solo serán para el Legislativo chileno. La presidenta del Senado, Isabel Allende Bussi, publicó un artículo en el que anticipa un sistema de cuotas similar para los directorios de empresas estatales. No obstante, frente a este intento, la solución es mucho más simple: privatizar.

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