Prostitutas argentinas reclaman por el derecho a explotar su cuerpo

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 1 de diciembre de 2015.

An English version of this article is available. 

Con el Congreso Nacional como telón de fondo (algunos dicen que allí trabajan sus hijos), y bajo un sol abrasante que calienta Buenos Aires, un grupo de alrededor de 10 mujeres se refugia a la sombra de un árbol mientras esperan que comience la segunda jornada de protestas y concientización. Ellas se consideran trabajadoras, y reclaman ser reconocidas como tales. Otros creen que son víctimas de circunstancias adversas que las empujaron a esa realidad. “Muchos usan las manos, otros la cabeza, nosotras usamos la vagina” para trabajar, afirma Mónica Lencina, dirigente de Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), el sindicato argentino de la prostitutas.

Algunos curiosos se acercan a tomar fotos, principalmente atraídos por la vagina de tela que marca el ingreso a la carpa donde se desarrollan algunas de las actividades. Otros, de camino al trabajo, miran de reojo algo ruborizados, quizás un signo de que aún persisten los tabúes frente a la “profesión más antigua del mundo”. De cualquier manera, ellas dicen que continuarán con el reclamo hasta lograr el objetivo.

Desde el pasado lunes y hasta el próximo miércoles, representantes de la agrupación montan una carpa en reclamo de una ley que les permita acceder a los mismos beneficios que hoy gozan el resto de los trabajadores autónomos. Charlas, debates y hasta la puesta en escena de un cabaret autogestionado tienen como objetivo concientizar al público acerca de la “importancia de que las mujeres trabajadores sexuales tengan un marco legislativo”, dice Lencina.

“Somos mujeres mayores de edad que decidimos por nuestra propia cuenta ejercer el trabajo sexual autónomo”, afirma, quien trabaja en la provincia de San Juan, en el interior profundo de Argentina. “Cuando vos pedís una compensación por algo que estás haciendo es trabajo”.

La ley argentina no prohíbe la prostitución, aunque cada provincia la regula de una forma diferente. En la mayoría de los casos, la regulación es tan estricta que la oferta de servicios sexuales queda prohibida en la práctica. Por ejemplo, en San Juan, el Código de Faltas sanciona con hasta 20 días de prisión el ofrecimiento de sexo a cambio de dinero. Esta situación las deja vulnerables ante abusos policiales. “Mis compañeras pueden ser detenidas hasta 25 días al mes”, afirma Lencina.

Desde Ammar denuncian que la supuesta zona gris en la que se encuentra su actividad las ha convertido en carne de cañon de las fuerzas de seguridad, que muchas veces están involucradas en los casos de feminicidios contra trabajadoras sexuales. Entre julio de 1996 y noviembre de 2015, Ammar registró 41 casos, de los cuales solo tres resultaron en condenas para los responsables.

Para Georgina Orellano, secretaria general de la agrupación a nivel nacional, el listado de víctimas evidencia “gravísimas violaciones de los derechos humanos para quienes ejercemos esta labor, y demuestran que el estigma y la violencia institucional son los principales causantes de estas muertes”. Muchas veces, la legislación impulsada por quienes afirman querer protegerlas termina teniendo el efecto contrario.

Entre la trata y la prostitución

La secretaria general de Ammar en Santiago del Estero, Mariana Contreras, reconoce que entre la prostitución y la trata de blancas “hay un hilo muy delgado”, aunque advierte que el tráfico de personas es muchas veces invocado como excusa para luchar contra las mujeres que ejercen la prostitución como actividad laboral.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mas de 9.000 mujeres fueron “rescatadas” entre abril de 2008 y agosto de 2015, 90% de ellas mayores de edad. Las estadísticas, sin embargo, es probable que no reflejen la realidad y estén sesgadas por la visión dominante en el Gobierno nacional. Según Contreras, las estadísticas consideran a todas las trabajadoras sexuales como víctimas de la trata de blancas.

“Por mas que yo diga que ejerzo trabajo sexual porque quiero o porque me gusta, ellos lo toman como trata”, dice Contreras, oponente de la corriente legal llamada “abolicionista”, que niega cualquier posibilidad de consentimiento en una relación entre la prostituta y su cliente. Esta postura, afirma, las ha empujado a una mayor desprotección. “Ellos dicen que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, que no podemos decidir explotar nuestro cuerpo”, denuncia.

En 2012, la presidenta argentina Cristina Kirchner prohibió por decreto la publicación de avisos con ofertas sexuales en los medios gráficos. La medida fue anunciada en un contexto particular. El Gobierno estaba inmerso en una guerra abierta con el multimedios Clarín; así lo privaba de jugosos ingresos. “El rubro 59 le deja pingües ganancias a los diarios que hacen negocios con esta oferta”, señaló Kirchner en aquella ocasión. Las trabajadoras sexuales, sin embargo, consideran que fueron ellas las perjudicadas.

“A combatir la trata no ayudó. Fue criminalizarnos mas a nosotras, a empujarnos hacia la clandestinidad. Nos sacó un medio muy útil para publicar nuestro servicio”, dice Lencina. “Es como tapar el sol con la mano”.

Privadas de consentimiento

Aunque la sanjuanina afirma que la transacción entre ella y sus clientes es voluntaria, los partidarios de la corriente abolicionista consideran que ese consentimiento “está viciado”. Para agrupaciones como la Fundación La Alameda la idea de que un grupo de mujeres alquile un departamento y “se junten a trabajar en una especie de cooperativa” —como lo describe Lencina— es una posibilidad lejana de la realidad.

“El cuentapropismo casi no existe en Argentina, el sometimiento de las mafias es mucho más fuerte que lo que puede hacer una sola persona”, afirma Luchas Schaerer, dirigente de La Alameda, dedicada al combate del trabajo infantil, talleres clandestinos, narcotráfico y la trata de mujeres. Su director, Gustavo Vera, además de ser legislador de la ciudad de Buenos Aires, es una figura muy cercana al papa Francisco.

“No es un trabajo. Una whiskería, un prostíbulo, lo regenta una mafia. Los regentes son de gran peso”, dice Schaerer, quien recuerda el caso del entonces juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, adherente a la corriente abolicionista y, al mismo tiempo, propietario de tres departamentos en el que trabajaban prostitutas. Las meretrices, por el otro lado, lo consideran el “cierre de puestos de trabajo”. Aunque aclaran, el Gobierno debería actuar contra el proxenetismo.

El grupo de mujeres planea continuar reclamando por una ley que las visibilice, las ponga en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores y termine con la persecución que sufren todos los días en su actividad laboral.

“El único delito que cometen es salir a laburar para llevarles el sustento a sus familias”, concluye Lencina.

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