¿Para qué necesita Argentina una nueva Ley de Medios?

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 14 de diciembre de 2015.

Cambiar una ley por otra no es la solución a los problemas que hereda el Gobierno de Mauricio Macri de la familia Kirchner. Sancionar más leyes tampoco. En Argentina, sin embargo, el manual de corrección política indica que la intervención estatal —camuflada bajo la idea más agradable de “presencia del Estado”— es un factor necesario, si no fundamental, para el desarrollo de cualquier actividad.

Un ejemplo grotesco fue la excusa invocada por Daniel Scioli, excandidato presidencial del Frente para la Victoria, partido de la expresidenta Cristina Kirchner. Antes de la primera vuelta electoral, cuando las encuestas vaticinaban que Scioli estaba cerca de asegurar un triunfo que le evitara el balotaje, el candidato oficialista fue el único que no asistió a un debate presidencial. La razón era que no existía una ley que lo regulara. “Creemos que tiene que haber una ley que regule [los debates]”, dijo en ese momento Alberto Pérez, vocero de la campaña de Scioli y su jefe de Gabinete en la provincia de Buenos Aires.

La obsesión de que todo esté regulado por leyes es una característica que compartida a lo largo del arco político. Por ejemplo, en agosto de este año, una nota en el diario Clarín lamentaba la “pobreza de la tarea parlamentaria” por la poca actividad del Congreso en época de elecciones. También están quienes afirman que la ley no será la mejor, pero  hay que respetarla por el solo hecho de ser la ley. Dos fundamentalismos obsesionados de las imposiciones del Estado escondidas en leyes, decretos y resoluciones entre las páginas de los anuncios que publica todos los días el Boletín Oficial.

La fijación por las leyes, en su sentido más burocrático, es una de las herencias del peronismo que ha quedado incorporada en el ideario popular. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, sostenía entonces Juan Domingo Perón, en una versión sudamericana de la frase inmortalizada por Benito Mussolini: “todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.

El kirchnerismo no solo no estuvo exento de este defecto, sino que lo exacerbó hasta su máxima expresión. La campaña entre 2008 y 2009 para sancionar una Ley de Medios y las subsecuentes disputas judiciales por ella fueron un caso paradigmático.

Policía malo, policía bueno

En 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner planteó la necesidad de una nueva ley que regulara el espectro radioeléctrico y los contenidos de los medios de comunicación. Con el característico tono épico que apuntaba más a las emociones que a la lógica, el Gobierno sostenía que había sido sancionada durante la última dictadura (1976-1983) y debía ser reemplazada. Utilizando la lógica del policía bueno y policía malo, el proyecto de ley era contrapuesto como una regulación “buena” frente a la regulación “mala” vigente en ese entonces.

Una vez aprobada, la flamante ley se utilizó para intentar desmantelar al multimedio más grande del país, Grupo Clarín, además recurrir a diferentes herramientas para beneficiar los contenidos de los canales paraoficiales sostenidos con publicidad oficial. Con el nuevo Gobierno estás prácticas deberían interrumpirse, sin embargo, eran la idea detrás de la sanción de una nueva Ley de Medios.

Ese fue uno de los primeros anuncios políticos del Gobierno de Macri. Las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, sobre lo que el kirchnerismo alguna vez bautizó —inspirándose en Saddam Hussein— como “la madre de todas las batallas” revelaron parte de los planes oficiales en cuanto a los medios. En declaraciones por radio, Aguad señaló que la actual Ley de Medios “no subsistirá” y agregó que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

Policía malo, policía bueno

En 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner planteó la necesidad de una nueva ley que regulara el espectro radioeléctrico y los contenidos de los medios de comunicación. Con el característico tono épico que apuntaba más a las emociones que a la lógica, el Gobierno sostenía que había sido sancionada durante la última dictadura (1976-1983) y debía ser reemplazada. Utilizando la lógica del policía bueno y policía malo, el proyecto de ley era contrapuesto como una regulación “buena” frente a la regulación “mala” vigente en ese entonces.

Una vez aprobada, la flamante ley se utilizó para intentar desmantelar al multimedio más grande del país, Grupo Clarín, además recurrir a diferentes herramientas para beneficiar los contenidos de los canales paraoficiales sostenidos con publicidad oficial. Con el nuevo Gobierno estás prácticas deberían interrumpirse, sin embargo, eran la idea detrás de la sanción de una nueva Ley de Medios.

Ese fue uno de los primeros anuncios políticos del Gobierno de Macri. Las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, sobre lo que el kirchnerismo alguna vez bautizó —inspirándose en Saddam Hussein— como “la madre de todas las batallas” revelaron parte de los planes oficiales en cuanto a los medios. En declaraciones por radio, Aguad señaló que la actual Ley de Medios “no subsistirá” y agregó que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

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