Escribir las siguientes cinco palabras podría, en el futuro, ser motivo suficiente para terminar en la cárcel: «En Argentina hubo 9.000 desaparecidos».
Si la propuesta de un exfuncionario de la Cámara de Diputados y adláteres del papa Francisco llega a convertirse en una realidad, cuestionar la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar será considerado un delito castigado con la prisión. Para los funcionarios públicos, además, será causal de destitución o juicio político.
La iniciativa llega luego de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien en una entrevista para BuzzFeed el pasado 10 de agosto afirmó desconocer el número exacto de desaparecidos. «No tengo idea [si fueron 30.000]. Es un debate que no voy a entrar si son 9.000, 30.000, si son los que están anotados en un muro o si son mucho más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido», dijo Macri.
La iniciativa es de Juan Manuel Valdés, hijo del exembajador en el Vaticano y ferviente militante kirchnerista. «Es necesario crear herramientas jurídicas que pongan en blanco sobre negro la dimensión de la tragedia sufrida por nuestro país entre 1976 y 1983», escribió Valdés en una nota publicada. en Página/12. Allí cita como antecedente las declaraciones del ahora ex ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, quien a principios de año sostuvo que la la cifra de 30.000 «se arregló en una mesa cerrada» para «conseguir subsidios».
Mientras que el presidente no quiere entrar en el debate, Valdés prefiere directamente criminalizarlo.
Países que prohiben la negación del Holocausto (Fuente: Wikimedia)
Los fundamentos de los que se vale el dirigente del Espacio Reconquista para proponer restringir la libertad de expresión no son muy elaborados. Solamente se limita a asimilar la discusión en torno al número de desaparecidos con la negación del Holocausto y cita a un puñado de países europeos en los que se ha prohibido sugerir que no existió la Solución Final o que no murieron 6 millones de judíos. Los ejemplos no son los mejores. Francia, República Checa, Polonia, Rumania (¡dos veces!), Hungría o Alemania son algunos de los países que prohibieron el negacionismo, y sin embargo partidos populistas tanto de izquierda y derecha, con un fuerte tinte antisemita, son las estrellas ascendentes de la política. Prohibir no sirve para nada.
Anular la libertad de expresión para aquellos con lo que disentimos trae varios problemas. El más obvio es que el derecho a expresarse libremente pierde sentido si solo es permitido ejercerlo cuando se está de acuerdo con lo que se dice. El escritor Christopher Hitchens incluso sugirió que los discursos más repudiables son los que deben tener una mayor protección:
Esa persona no tiene solo el derecho a hablar, el derecho a hablar de esa persona debe recibir protección extra. Porque le debe haber tomado cierto tiempo pensar en lo que tiene para decir, puede que contenga una pizca de verdad histórica, puede en última instancia hacer que la gente se cuestione por qué saben lo que creen que saben. ¿Cómo sé que se esto, apare de que siempre me lo enseñaron y nunca escuché otra cosa?
Este tipo de legislación además alimenta teorías conspirativas sobre el tema que es retirado del debate. ¿Por qué no permiten mencionar el tema? ¿Tan endebles son sus razones que no se permite la discusión? Y así terminamos en la falacia de Galileo: si una idea provocadora para el establishment es demonizada o prohibida, seguro que tenemos razón. Galileo fue objeto de escarnio cuando tenía razón, pero no todas las ideas minoritarias perseguidas gozan de la misma verdad. Al final del día, con la prohibición, esas ideas quedan sin ser contestadas y terminan adquiriendo mayor trascendencia de que la que merecen.
Cuando se prohíben ciertos temas el debate se muda de ámbito. Los 30.000 (o 9.000, o el número que sea) desaparecidos dejan de ser un hecho histórico y pasan a integrar un dogma que se impone mediante la inquisición estatal. No es casual la estrecha relación entre Valdés y Francisco. La prohibición reemplaza la ciencia por la religión.
Sin debate muchos datos nunca hubieran salido a la luz. El número de 30.000 desaparecidos, reconoció el exmontonero Luis Labraña en una entrevista con el diario Perfil, se trató de una cifra arbitraria para asegurarse de recibir subsidios del estado. Según esta versión, Lopérfido estaba diciendo la verdad. Las posturas alternativas van desde los 8.000 hasta los 45.000 y los cuestionamientos sobre la santa cifra abarcan a todo el espectro ideológico. Prohibir el disenso nos obliga a dejar de lado los argumentos y dejar la verdad en manos de la fe.
Diario de un drapetomano 