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Cinco palabras que podrían llevarte a la cárcel

Escribir las siguientes cinco palabras podrían, en el futuro, ser motivo suficiente para terminar en la cárcel: “En Argentina hubo 9.000 desaparecidos”.

Si la propuesta de un exfuncionario de la Cámara de Diputados y adlátere del papa Francisco llega a convertirse en una realidad, cuestionar la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar será considerado un delito castigado con la prisión. Además, para los funcionarios públicos además será causal de destitución o juicio político.

La iniciativa llega luego de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien en una una entrevista para BuzzFeed el pasado 10 de agosto afirmó desconocer el número exacto de desaparecidos. “No tengo idea [si fueron 30.000]. Es un debate que no voy a entrar si son 9.o0o, 30.000, si son los que están anotados en un muro o si son mucho más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido”, dijo Macri.

La iniciativa es de Juan Manuel Valdés, hijo del exembajador en el Vaticano y ferviente militante kirchnerista. “Es necesario crear herramientas jurídicas que pongan en blanco sobre negro la dimensión de la tragedia sufrida por nuestro país entre 1976 y 1983”, escribió Váldes en una nota publicada. en Página/12Allí cita como antecedente las declaraciones del ahora ex ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, quien a principios de año sostuvo que la la cifra de 30.000 “se arregló en una mesa cerrada” para “conseguir subsidios”.

Mientras que el presidente no quiere entrar en el debate, Valdés prefiere directamente criminalizarlo.

Países que prohiben la negación del Holocausto (Fuente: Wikimedia)

Países que prohiben la negación del Holocausto (Fuente: Wikimedia)

Los fundamentos de los que se vale el dirigente del Espacio Reconquista para proponer restringir la libertad de expresión no son muy elaborados. Solamente se limita a asimilar la discusión en torno al número de desaparecidos con la negación del Holocausto y cita a un puñado de países europeos en los que se ha prohibido sugerir que no existió la Solución Final o que no murieron 6 millones de judíos. Los ejemplos no son los mejores. Francia, República Checa, Polonia, Rumania (¡dos veces!), Hungría o Alemania son algunos de los países que prohibieron el negacionismo, y sin embargo partidos populistas tanto de izquierda y derecha, con un fuerte tinte antisemita, son las estrellas ascendentes de la política. Prohibir no sirve para nada.

Anular la libertad de expresión para aquellos con lo que disentimos trae varios problemas. El más obvio es que el derecho a expresarse libremente pierde sentido si solo es permitido ejercerlo cuando se está de acuerdo con lo que se dice. El escritor Christopher Hitchens incluso sugirió que los discursos más repudiables  son los que deben tener una mayor protección:

Esa persona no tiene solo el derecho a hablar, el derecho a hablar de esa persona debe recibir protección extra. Porque le debe haber tomado cierto tiempo pensar en lo que tiene para decir, puede que contenga una pizca de verdad histórica, puede en última instancia hacer que la gente se cuestione por qué saben lo que creen que saben. ¿Cómo sé que se esto, apare de que siempre me lo enseñaron y nunca escuché otra cosa?

Este tipo de legislación además alimenta teorías conspirativas sobre el tema que es retirado del debate. ¿Por qué no permiten mencionar el tema? ¿Tan endebles son sus razones que no se permite la discusión? Y así terminamos en la falacia de Galileo: si una idea provocadora para el establishment es demonizada o prohibida, seguro que tenemos razón. Galileo fue objeto de escarnio cuando tenía razón, pero no todas las ideas minoritarias perseguidas gozan de la misma verdad. Al final del día, con la prohibición, esas ideas quedan sin ser contestadas y terminan adquiriendo mayor trascendencia de que la que merecen.

Cuando se prohíben ciertos temas el debate se muda de ámbito. Los 30.000 (o 9.000, o el número que sea) desaparecidos dejan de ser un hecho histórico y pasan a integrar un dogma que se impone mediante la inquisición estatal. No es casual la estrecha relación entre Valdés y Francisco. La prohibición reemplaza la ciencia por la religión.

Sin debate muchos datos nunca hubieran salido a la luz. El número de 30.000 desaparecidos, reconoció el exmontonero Luis Labraña en una entrevista con el diario Perfil, se trató de una cifra arbitraria para asegurarse de recibir subsidios del estado. Según esta versión, Lopérfido estaba diciendo la verdad. Las posturas alternativas van desde los 8.000 hasta los 45.000 y los cuestionamientos sobre la santa cifra abarcan a todo el espectro ideológico. Prohibir el disenso nos obliga a dejar de lado los argumentos y dejar la verdad en manos de la fe.

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Edward Snowden: Cuando la ley y la moral toman caminos diferentes

El responsable de revelar el programa de vigilancia masiva llevado adelante por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, junto con el periodista Glenn Greenwald y la cineasta y periodista Laura Poitras participaron de la sección Ask Me Anything en reddit el pasado lunes 23 de febrero.

El usuario mansondog13 les preguntó cómo hacer para que la vigilancia masiva sea uno de los temas principales en las próximas elecciones estadounidenses programadas para 2016.

Esto contestó Snowden:

Esta es una buena pregunta, y aquí van algunas respuestas tradicionales. Organizarse es importante. El activismo es importante.

Al mismo tiempo, debemos recordar que los Gobiernos no se reforman a sí mismos. Uno de los argumentos en un libro que leí recientemente (Bruce Schneier, Data and Goliath) es que el cumplimiento perfecto de la ley suena como algo bueno, pero no siempre es el caso. El final de crimen suena bastante convincente, ¿No? ¿Entonces cómo puede ser?

Bueno, cuando miramos la historia podemos ver que el progreso de la civilización Occidental y los derechos humanos están realmente basados en la violación de la ley. Estados Unidos por supuesto nació de una revolución violenta que fue una descarada traición a la corona y al orden establecido de aquellos días. La historia muestra que la corrección de errores históricos frecuentemente surge de actos de criminalidad impenitentes. La esclavitud. La protección de los judíos perseguidos.

Pero incluso en temas menos extremos podemos encontrar ejemplos similares. ¿Qué tal la prohibición del alcohol? ¿El matrimonio gay? ¿La marihuana?

¿Dónde estaríamos ahora si el Gobierno, disfrutando los poderes de la vigilancia y cumplimiento perfectos, hubiese —totalmente dentro de la ley— detenido, encarcelado y avergonzado a todos los infractores de la ley?

En última instancia, si la gente pierde su voluntad para reconocer que hay tiempos en nuestra historia cuando lo legal y lo moral son cuestiones diferentes, no solo estaremos cediendo nuestros el control de nuestros derechos a un Gobierno, sino que también nuestra capacidad para determinar nuestro futuro.

¿Cómo se relaciona con la política? Bueno, yo sospecho que los Gobiernos hoy están más preocupados por la pérdida de su capacidad para controlar y regular el comportamiento de sus ciudadanos que con el descontento de ellos.

¿Cómo podemos convertir esto en una ventaja para nosotros? Podemos idear medios, mediante la aplicación y sofisticación de la ciencia, para recordarle a los Gobiernos que si no son responsables en la custodia de nuestros derechos, nosotros el pueblo implementaremos los sistemas que garanticen los medios para no solo defender nuestros derechos, sino también eliminar la capacidad de los Gobiernos para interferir con esos derechos.

Pueden ver los comienzos de esa dinámica hoy en las declaraciones de funcionarios gubernamentales quejándose sobre la adopción de [sistemas] encriptados que están llevando adelante los principales proveedores de tecnología. La idea aquí no es lanzarnos hacia la anarquía y eliminar el Gobierno, sino recordarle al Gobierno que siempre debe haber un equilibrio de poder entre los gobernantes y los gobernados, y que a medida que progresa la ciencia empodera a comunidades e individuos, habrá más y más áreas de nuestros vidas donde —si el Gobierno insiste con su comportamiento deplorable y un cruel desprecio por el ciudadano— podemos encontrar maneras de reducir o eliminar sus poderes sobre un nuevo —y permanente— fundamento.

Nuestros derechos no son garantizados por los Gobiernos. Son inherentes a nuestra naturaleza. Pero es todo lo contrario para los Gobiernos: sus privilegios son exactamente iguales a los que sufrimos para que disfruten.

No hemos tenido que pensar sobre eso mucho en las últimas décadas porque la calidad de vida ha estado aumentando en casi todos los aspectos de una manera significativa, y eso ha llevado a una cómoda complacencia. Pero ahora y antes, a lo largo de la historia, nos cruzamos con períodos donde los Gobiernos piensan más sobre “poder” hacer que sobre lo que “deberían” hacer, y lo que es legal es cada vez más distinto de lo que es moral.

En esos tiempos, debemos recordar que al final del día la ley no nos defiende; nosotros defendemos la ley. Y cuando eso se convierte en lo contrario a nuestra moral, tenemos tanto el derecho como la responsabilidad de reequilibrarlo hacia fines justos.

Una travesía por dos aeropuertos

Así se ve una frontera:

Por supuesto, si yo no mencionara que se trata del límite entre dos países (y si no estuviesen los límites que indica Google) pasaría desapercibido. La tierra no se detiene, no se quiebra, o cambia de color. Los cultivos que crecen de un lado, en general, crecen del otro sin problemas. Incluso la propia delimitación artificial se torna en muchos casos absurda.

Frente a la tranquilidad que reina en el dominio de la naturaleza, los Gobiernos —el ejemplo de lo antinatural por excelencia— destinan un sinnúmero de recursos para desvirtuar aquel equilibro. Así surgen aduanas, “controles de seguridad”,  medidas arancelarias,  pasaportes y visados; todas ellas herramientas respaldadas con la violencia: cualquier otro argumento es accesorio al fusil.
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¿Es Cliven Bundy un racista?

Cliven Bundy, una figura polémica

Cliven Bundy, una figura polémica

Publicado también en PanAm Post el 28 de abril de 2014

Cuando Cliven Bundy decidió enfrentarse al gobierno federal, los biempensantes de siempre comenzaron a saborear el festín que se iban a dar con sus críticas. El caso Bundy es el típico que exalta a la mayoría de los progresistas, que siempre buscan chivos expiatorios y estereotipos para hacer gala de su supuesto vanguardismo intelectual y su supuesta superioridad moral. Por supuesto, al final del día, este tipo de actitudes es una demostración más de la arrogancia que los caracteriza, la arrogancia que los lleva a creerse capaces de poder controlar las decisiones económicas de las personas, o imponer ciertas conductas en nombre del bien común.

Sin embargo, el clímax llegó cuando el New York Times publicó un artículo sbre Bundy en el que se le cita diciendo:

‘Quiero decirte una cosa más que sé sobre sobre los negros’, dijo. El Sr. Bundy recordó haber pasado por un edificio de vivienda pública mientras conducía por el norte de Las Vegas, ‘y delante del edificio, la puerta por lo general estaba abierta y las personas mayores y los niños ‒y siempre hay por lo menos una media docena de personas sentadas en el porche‒ estaban ahí sin nada que hacer. Sus hijos no tenían nada que hacer. Sus niñas pequeñas no tenían nada que hacer.

‘Y básicamente vivían del subsidio del gobierno, por lo que ahora, ¿qué hacen?’, se preguntó. ‘Abortan a sus hijos, sus jóvenes terminan en la cárcel, porque nunca aprendieron a recoger algodón. Y yo me pregunto, ¿estrían mejor como esclavos, recogiendo algodón y con una vida familiar y haciendo cosas, o están mejor con el subsidio del gobierno? No consiguieron más libertad. Ahora tienen menos libertad’.

Ahora Bundy no solo era un granjero desquiciado asociado a la extrema derecha o un “terrorista doméstico”, sino que también se había convertido en un racista, ¡bingo!

Inmediatamente, personalidades que habían expresado su apoyo hacia Bundy, como el senador por Kentucky Rand Paul, o el conductor televisivo y comentarista político Sean Hannity, optaron por unirse al coro de la corrección política:

Bundy puede ser culpable de haber escogido mal sus palabras y de hacer comparaciones exageradas entre la esclavitud y el estado de bienestar; definitivamente es mejor granjero que comunicador. Sin embargo, frente a sus declaraciones, los políticamente correctos se limitaron a lanzarle epítetos como “racista”, a esgrimir argumentos contra su persona y no contra sus opiniones. Porque en el fondo, sus conceptos son acertados.

Walter Williams, economista y profesor de la universidad George Mason, que casualmente es afro-americano, y autor del libro La raza y la economía: ¿Hasta qué punto podemos echarle la culpa a la discriminación?, dedicó varios años de su vida a estudiar el impacto del estado de bienestar sobre la población afro-americana de los Estados Unidos.

Williams sostiene que el estado de bienestar ha perjudicado a la población afro-americana en áreas donde la esclavitud no lo hizo. Por ejemplo, en cuanto a la estructura de las familias, dice lo siguiente:

Hoy, apenas el 30% de los niños negros viven en familias con dos padres. Históricamente, desde 1870 y hasta la década del 40, y dependiendo de la ciudad, entre el 75% y 90% de los niños negros vivían en familias con dos padres. La tasa de ilegitimidad es hoy de alrededor de un 70% entre la población negra, un número sin precedentes.

Y el fenómeno no tiene nada que ver con la raza:

Pero esto no tiene nada que ver con el aspecto racial. Suecia es la madre del estado de bienestar y la tasa de ilegitimidad en ese país alcanza un 54%.

Por otra parte, un informe del Pew Research Center concluye que desde los años 50, la tasa de desempleo de la población negra ha duplicado sistemáticamente a la de los blancos:

En 1954, el primer año para el que la Oficina de Estadística Laboral tiene datos de desempleo según la raza, la tasa de desempleo de los blancos promedió un 5% y la de los negros un 9,9%. [En septiembre de 2013] la tasa de desempleo entre los blancos era de un 6,6%; entre los negros un 12,6%. Durante ese período, la tasa de desempleo para los negros fue en promedio 2,2 veces más alta que la de los blancos.

En este caso lo que observamos son los resultados de la legislación del salario mínimo. Las regulaciones sobre el precio del trabajo impactan fuertemente a los afro-americanos. Art Carden, profesor de economía de la universidad de Samford, en Alabama, y becario de investigación en el Independent Instituteexplica como estas leyes no solo afectan a los menos capacitados, sino que además facilitan las conductas discriminatorias:

Cuando no se permite a las personas competir en base a precio, cantidad y calidad, las empresas pueden discriminar en base a algo más que la productividad.

Un empleador racista sufriría una pérdida (beneficios más bajos que sus competidores) si insistiese en “darse el gusto de discriminar” en un mercado competitivo. Cuando los precios están controlados y las condiciones de trabajo se establecen legalmente, ese mismo empleador puede satisfacer sus preferencias racistas sin recibir la merecida penalidad que le impondría el sistema capitalista.

El sistema de esclavitud institucionalizada ha sido uno los peores episodios de la historia americana, y de la historia del mundo. No creo que sea posible realizar comentarios positivos o establecer comparaciones favorables respecto al salvajismo que significó el esclavismo. A pesar de ello, y salvando las distancias, no se puede ignorar que aun hoy, en pleno siglo XXI, siguen vigentes leyes y actitudes que son más consistentes con el sentimiento de superioridad de un grupo de personas respecto a otras, y con la manera de pensar de los que creen tener derecho a controlar y disponer de la vida de los demás, que con las instituciones de una sociedad libre.

“El arroz me constipa un poco”, la eterna confusión de los políticos

El jueves por la mañana Belén Marty hacía una compilación sobre las declaraciones insólitas de los presidentes latinoamericanos. Entre ellas se encontraban algunas frases que pasarán a la historia, como la de Evo Morales, presidente de Bolivia, en la que afirmaba que la ingesta de pollos engordados con hormonas generaba “desviaciones sexuales”.  El viernes, menos de 24 horas después de aquél post, Cristina Kirchner logró dejarlo desactualizado. “Me encanta el arroz, aunque me constipa un poco”, dijo el viernes, mientras aunciaba un “convenio en las cadenas de producción”, un eufemismo de los acuerdos corporativistas con los que suele beneficiar a los empresarios argentinos amantes de las prebendas:

En su programa radial, Jorge Lanata, señaló que esas declaraciones daban cuenta de la confusión de la presidenta de lo que es la esfera pública y su vida privada.

Lanata acertó con su comentario, sin embargo, no era necesario escuchar como CFK ventilaba sus intimidades para saber que confundía la vida pública con la privada. Sus confusiones son constantes. Las políticas de Cristina Kirchner confunden constantemente lo  público y privado. En el mismo sentido, el mes pasado, durante una transmisión por cadena nacional, dijo que se sentía la madre de todo el país y de los 40 millones de argentinos.

Las políticas de Cristina Kirchner siempre confunden lo público y lo privado. Por ejemplo, con el cepo cambiario, pretende imponer cuál debe ser la moneda en la que los argentinos tienen que ahorrar, la Ley de Medios, establece los contenidos que los canales de TV deben transmitir, las políticas comerciales proteccionistas, dictaminan con quienes podemos comerciar y con quienes no o en el mejor de los casos el precio de la extorsión que hay que pagar. Otros organismos, como la AFIP están dedicados a hurgar en la vida privada de las personas, a pesar de que a su titular Ricardo Echegaray le moleste que se metan en su vida privada.

Los gobiernos desde hace tiempo han eliminado cualquier límite entre lo público y lo privado. Su función fundamental para los que fueron creados, es decir la provisión de seguridad y justicia, ha sido reemplazada por la interferencia en todos los aspectos de la vida de la gente.

Alguna vez a los políticos se los consideraba “mandatarios” de la gente que los votaba, ellos eran los que estaban subordinados a los demás. Ahora está claro que los ciudadanos hemos pasado a ser súbditos, los servidores de los políticos que todos los días confunden lo público y lo privado.

Internet bajo ataque, una vez más

Anonimato en Internet, en vías de extinción.

Anonimato en Internet, en vías de extinción.

 

Dos legisladores provinciales del Chaco, que responden al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, propusieron una ley que obligue a los usuarios que comentan en sitios web a identificarse con su nombre real, DNI y domicilio. De aprobarse la medida regirá para los portales cuyo dominio figure registrado en esa provincia. De esta manera, los legisladores peronistas pretenden otorgarle al gobierno una herramienta para controlar quién y qué comentan los chaqueños, o cualquiera que busque dejar su opinión en algún sitio registrado con domicilio en el Chaco.

En un país en el cual que es necesario mostrar el DNI hasta para hacer una pequeña transacción bancaria o pagar con tarjeta de crédito, la medida no es tan sorprendente.

Esta iniciativa, que deberá enfrentar mucha resistencia para prosperar, trae reminiscencias a una resolución aprobada por la Legislatura de Entre Ríos que buscaba otorgarle al gobierno el poder de intervenir y bloquear el acceso a las redes sociales. En ese entonces se estaban produciendo saqueos en todo el país y Entre Ríos no era la excepción. Fue el ministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Baez, quien creyó que la medida ayudaría aplacar la situación en la provincia. La relevancia nacional que tomó la noticia, junto a la presión efectuada desde las redes sociales, llevaron al ministro Baez a sugerirle al gobernador que vete esa resolución. La norma nunca llegó a estar vigente.

El anonimato es un factor fundamental de la cultura de Internet y la libertad de expresión. Si bien después de las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa mundial de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense la única certeza que tenemos sobre la privacidad es que ese concepto ya no existe, la necesidad de dificultar la facilidad con la que los gobiernos puedan entrometerse en aspectos privados de las personas es de vital importancia.

Durante gran parte de mi vida online participé en foros y blogs bajo distintos seudónimos y heterónimos. Esta situación me permitía mantener separada mi identidad online y mi identidad IRL (in real life). Como sabemos, toda nuestra actividad en Internet puede quedar documentada en buscadores que indexan la información y van generando un archivo perpetuo sobre los usos que le damos a la web. A los 14, 15, o 17 años no me parecía una buena idea que mi nombre quedara asociado a actividades o ideas que sostenía durante mi adolescencia y que hoy, son parte de mi pasado. La idea resultó, rasatrear mi vida online anterior al 2010 es casi una misión imposible, nadie sabrá si en mi juventud fui un militante neo-nazi o un escritor sobre loros y gaviotas (para los curiosos, no fui ninguna de las dos).

Los críticos del uso de seudónimos sostienen que poder esconderse detrás de un nickname le otorga a los comentaristas un halo de impunidad. Es el caso de los famosos trolls–una de las especies más detestables del mundo online– especializados en generar irritación en los demás comentaristas y provocar caos en los foro de discusión mediante la publicación de comentarios ofensivos, incendiarios o que promueven la discusión con malos argumentos.

Pero el pseudonimato también puede promover un debate de mayor calidad. Por ejemplo, desconocer cualquier tipo de dato de nuestros interlocutores, como su nombre, sexo, religión, o etnia, colabora con un debate más objetivo, libre de prejuicios. Además, la posibilidad ocultar nuestra identidad garantiza poder ofrecer una opinión con mayor libertad, realizar denuncias a entidades más poderosas que uno, evitar eventuales represalias del gobierno por una opinión disidente, etc.

Hoy la idea del anonimato en Internet es una ilusión. Los legisladores chaqueños con su iniciativa simplemente facilitarán la tarea para aquellos que busquen dar con las identidades reales de comentaristas online. La idea no es nueva. Sin necesidad de una ley, y por motivos similares a la legislación impulsada en el Chaco, el diario argentino La Nación requería enviar un fax con una copia del DNI al diario para ser habilitado a comentar. Pocos se registraron, y rápidamente dejaron de lado este requisito que la gente consideraba demasiado invasivo. Imaginemos la reacción si ya no es un diario sino el gobierno el que impone este requisito.

Los gobiernos avanzan

Los gobiernos siguen buscando la forma de avanzar sobre Internet. En Brasil, el recientemente aprobado Marco Civil da Internet, promovido por el gobierno de Dilma Rousseff es visto por los activistas de la web como un desarrollo positivo para proteger los derechos en Internet. Su artículo más polémico, el número 16, denunciado por el Movimiento Mega, un movimiento brasileño enfocado en las políticas culturales, obligaba a los proveedores de Internet a almacenar los registros de la actividad online de los usuarios por el plazo de 5 años. Finalmente, los datos deberán ser resguardados durante 6 meses.

Pese a las repercusiones positivas de la “Constitución brasileña de Internet” las implicancias y perspectivas de una legislación sobre la red no pueden ser auspiciosas. La regulación sobre Internet, y no de delitos que cometan las personas mientras la utilizan, por más benevolente que pretenda ser siempre despierta dudas. Abre la puertas a la intervención gubernamental en un sector que antes no se encontraba intervenido. La legislación, hoy vista con buenos ojos, podrá ser –y en algún momento será– modificada habilitando la restricción de libertades y derechos que antes se encontraban fuera de peligro.

La iniciativa brasileña pasa a ser el inicio de una tendencia regional. En nuestro país, la agencia oficial de noticias Telam anunció la creación de la Comisión Argentina de Políticas de Internet, “que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y elaborará un Reglamento de Funcionamiento Interno a fin de articular la participación de los distintos actores y diseñar una estrategia nacional sobre Internet y su gobernanza”. ¿Qué sucedió para que de repente sea necesario dictaminar un “Reglamento de Funcionamiento Interno” para Internet, que funciona muy bien sin él? Podemos sospechar que se trata de un nuevo avance del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre la libertad de expresión, esta vez online, uno de los pocos aspectos que había dejado sin regular la controvertida Ley de Medios sancionada en el 2009.

Solo Internet salvará a Internet

Más allá de la legislación vigente y de los programas de espionaje que acechan nuestra privacidad, la preocupación por buscar una Internet libre de intrusión gubernamental fue y es una de las principales prioridades de los ciberactivistas. Frente al avance del Estado, han surgido diversas herramientas que permiten preservar la privacidad que se ha visto tan afectada en estos últimos tiempos. Estas aplicaciones buscan dejar el menor rastro posible de las actividades online.

La red Tor es una de ellas. Tor es más conocida como el portal de acceso a la deep web, o Internet oculta, un grupo de sitios web difíciles de localizar y únicamente accesibles a través de la navegación anónima. Sin embargo, una de sus principales características es que las actividades desarrolladas con este navegador son casi secretas, haciendo muy difícil su rastreo.

Otro de los casos paradigmáticos es el de Bitcoin, la moneda virtual fue creada como respuesta al monopolio que mantienen los gobiernos sobre la emisión monetaria, pero esa no es su única ventaja. Su carácter totalmente anónimo permite llevar a cabo transacciones comerciales sin que puedan ser rastreados el origen ni el destino de los fondos. Para algunos, una herramienta que puede devolverle privacidad a la vida comercial, para otros la panacea para el lavado de dinero producto del narcotráfico, terrorismo y otras actividades ilegales.

En el campo de los buscadores la utilización de DuckDuckGo es una alternativa a Google o Bing. Se presenta como “el buscador que no te rastrea” y en sus políticas de privacidad aclara que, a diferencia de otros buscadores, no recolectan información personal. Una opción para los usuarios que no tienen nada que ocultar, pero tampoco desean que su vida virtual quede archivada en servidores lejos de su control.

Mientras los gobiernos siguen pensando como aumentar el control sobre Internet, los hackers ya están desarrollando aplicaciones y sistemas para eludir los controles y defender sus derechos online. No será el activismo político offline, ni los congresos o convenciones que realicen declamaciones sobre la libertad en Internet los que la resguarden del avance del Gran Hermano. El operativo para una Internet libre ya está en marcha, son líneas de código, programas, y protocolos pensados para saltar cada valla y cada muro. Es que los políticos parecen no haberse enterado de una cosa: en el mundo virtual no hay muro de Berlín que valga.

 

¿Guerra contra las drogas? Un debate pendiente

El siguiente artículo fue escrito a raíz de una polémica que surgió con Martín Siracusa, en ese momento presidente de la agrupación juvenil Nueva Generación del partido Unión por Todos, agrupación que había organizado una charla-debate con el Dr. Enrique L. de Rosa Alabaster celebrado en mayo de 2012. El texto fue publicado originalmente el 14 de noviembre de 2012 en esta web

El debate promueve el ejercicio intelectual, y pone a prueba las ideas propias. Debatir con alguien que piensa diferente implica salir de la zona de confort, y sacrificar esa comodidad en pos de recibir nuevos abordajes y enfoques sobre la cuestión planteada, es poder conocer que opina el otro. El debate es importante y un fundamental, entre aquellos que no seguimos dogmas inmaculados, entre los que no argumentamos en base de la fe y la pasiones. Convertirse en “abogado del diablo”, como dice Benegas Lynch (h)  a sus alumnos, es una buena forma de testear ideas de las que uno está convencido, pero mucho mejor es involucrarse en una discusión con aquellos que piensan totalmente diferente.

Esta introducción viene a colación de una charla-debate a a la que asistí a comienzos de este año titulado “Drogas: distintos enoques en torno al tema de la legalización de drogas”, organizada por Nueva Generación, la agrupación juvenil del partido Unión por Todos. En el intercambio de ideas que se suscitó una vez terminada la extensa disertación del psiquiatra Dr. Enrique de Rosa, se produjo un fructífero, aunque por momentos caótico, debate entre aquellos que nos postulábamos por la derogación de la legislación prohibicionista, los menos, y aquellos que promovían en mayor o menor medida, lo que el Dr. Thomas Szasz* llama un estatismo terapéutico

Así y todo, y salvo algunos desubicados que proferían chistes ante argumentos válidos sobre los efectos de la prohibición, el debate se llevó adelante con respeto y buena fe. Uno de los argumentos que más me llamó la atención fue esgrimido por el presidente de la agrupación, Martin Siracusa, quién era el organizador de la charla-debate, al afirmar que “era imposible hablar de que las drogas estén prohibidas, ya que hoy cualquier persona tenía acceso a las sustancias declaradas ilegales, y lo que era necesario era implementar políticas efectivas que nieguen el acceso a esas drogas”.

Respecto del argumento propuesto por Siracusa, vale conceder que coincidimos en la realidad sobre el estado actual de cosas. Hoy por hoy, las drogas son de relativamente fácil acceso(no tan fácil como los fideos, sin embargo), adquirir paco, cocaína, marihuana, y otras sustancias no requiere un esfuerzo sublime. Partiendo de esta situación, sobre la que no hay ninguna controversia en cuanto a su veracidad, creo que es necesario para verificar la tesis en discusión, preguntarnos: ¿Se han destinado los recursos necesarios para eliminar el fácil acceso a las drogas?

En primer lugar, podemos referirnos a nuestro país, aunque no creo que se pueda llegar a una respuesta concluyente. En Argentina la prohibición se sostiene en tres pilares. Por un lado, está vigente legislación prohibicionista que persigue desde el productor hasta el simple tenedor de determinadas sustancias (ley 27.737), además en el ámbito administrativo hay una Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico(SEDRONAR – creada por el Decreto 271/89), y el tercer pilar son los recursos destinados a las fuerzas de seguridad (PFA, Policía de la Provincia de BA, Gendarmería, PSA, etc.) para la investigación y detención de todo sujeto cuya conducta quede comprendida en los artículos de la ley mencionada, y el decomiso de la mercadería ilegal.  No obstante de las medidas mencionadas, cabe dar lugar al beneficio de la duda, ya que la inexistencia de estadísticas fiables en materia de consumo de drogas no nos permite afirmar que la legislación sea ejecutada eficientemente, al no existir datos en cuanto a los recursos destinados al combate de llamada Guerra Contra las Drogas. Teniendo en cuenta estos,  no podemos llegar a una conclusión determinante acerca de la efectividad.

Me propongo entonces, y con el fin de llegar al fondo de la cuestión, analizar el caso más paradigmático de la Guerra Contra las Drogas, el del país que ha liderado la cruzada contra las mismas (aunque como bien aclara el profesor Don Boudreaux la guerra es contra los usuarios de gente que pacíficamente ha optado por utilizar sustancias prohibidas por el estado). Me refiero a Estados Unidos, que desde principios del siglo XX ha llevado adelante una consistente proscripción de la venta y uso de determinadas sustancias, comenzando con la obligación a licenciar a vendedores de cocaína y opiáceos mediante la Harrison Narcotics Act 1914, la creación del Federal Bureau of Narcotic en 1930 bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, siguiendo con la Marihuana Tax Act de 1937 (legislación a nivel federal, estatal y variados convenios multilaterales se aprobaron en el ínterin), hasta que en 1970, mientras varios Estados comenzaban a revertir las leyes que prohibían, por ejemplo, el consumo de marihuana, se promulgó la Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act. Así comenzó la Guerra Federal contra las Drogas, tal como hoy la conocemos, lo que implicó un aumento exponencial en los recursos destinados a perseguir a usuarios, productores y comerciantes de las sustancias ahora prohibidas.

Está avanzada puede ser abordada desde distintos enfoques, la prohibición de drogas (que recordemos Martín Siracusa niega su existencia) ha tenido consecuencias económicas, políticas, sociales, raciales y de género, entre otras. Con tan solo mencionar algunas podemos vislumbrar si esos efectos han sido positivos o negativos, considerando que el objetivo de la prohibición es eliminar la libre disponibilidad de las drogas que se encuentran bajo ese régimen.

En Estados Unidos en el 2010, se han gastado 15 mil millones de dólares a nivel federal en la política anti-drogas [1], a los que hay que sumarle 25 mil millones adicionales a nivel estatal [2], es decir 50 mil millones de dólares en un solo año [3], todo esto sin tener en cuenta otros costos como el mantenimiento adicional de las fuerzas de seguridad, o la manutención del sistema penitenciario. En cuarenta años de política anti-drogas ese número asciende a 1 billón de dólares [4]

Desde otro punto de vista, la Guerra contra las Drogas producto de la prohibición, , ha logrado un aumento en el porcentaje de población encarcelada en ese país, pasando de una cifra correspondiente al periodo 1880-1980 que oscilaba entre 100 y 200 convictos cada 100.000 ciudadanos, a 754 cada 100.000, en 2008 [5].  Un cuarto de ellos, por delitos no-violentos vinculados a las drogas. Este aumento, según el estudio que hace de Rugy [5*], no se debe a un aumento en los delitos violentos a partir de la década de 1980, sino a más personas detenidas por delitos relacionados con las drogas.

El daño al tejido social que provoca la aplicación de las leyes anti-drogas es monteariamente inconmensurable, pues es sabido y una variedad de estudios lo confirman, que aquellas personas que pasan por la cárcel se hallan con mayores dificultades para reintroducirse en la vida social y conseguir un trabajo al salir de prisión [6]. Una cuestión aparte, y sobre la que se puede encontrar extensa literatura sobre la misma [7] [8] [9], es el impacto desigual que ha tenido la persecución de delitos relacionados con las drogas sobre la población negra, lo que ha significado una desventaja adicional para su desarrollo, crecimiento y prosperidad, en general, en la sociedad americana.. Lo mismo se puede decir para las mujeres víctimas de la persecución promovida por la política anti-drogas, volviendo fugazmente al ámbito local, podemos mencionar como las mujeres y extranjeros son mayoría a la hora de enumerar los presos por delitos relacionados con drogas [9*]

En caso de que los factores económicos-sociales no sean suficientes para probar la existencia y al mismo tiempo el fracaso de la Guerra contra las Drogas, el análisis de las cifras de la evolución del consumo de diferentes drogas puede ayudarnos a llegar a una conclusión final. Las estimaciones de consumo hecha por Naciones Unidas, nos arrojan los siguientes números [10]: el aumento de opiáceos entre 1998 y 2008 fue del 34,5%; el aumento del consumo de cocaína fue en torno al 27% y por último, el cannabis pasó de ser consumido por 147 millones de personas, a 160 millones, un aumento del 8,5%. Los números que ofrece la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delito, no son alentadores [11] para aquellos que defienden la prohibición.

La prohibición además acarrea otros efectos [13] en el mercado de drogas, similares a los que se dieron en la Prohibition Era de 1920 a 1933 cuando estuvo prohibido el alcohol en Estados Unidos, como un aumento en el poder de las drogas, una baja en la calidad tornándola más peligrosa, incertidumbre acerca de los contenidos, incertidumbre sobre la dosis consumida, el surgimiento de drogas fruto de la prohibición como el paco o el crack, la aparición de mafias que controlan los mercados de drogas, la violencia entre mafias y las mafias con las fuerzas gobierno [14] (y las víctimas inocentes que quedan atrapadas en el medio),  y un aumento en el precio de las drogas que genera una necesidad de deliniquir para aquellos que sufren de una adicción, no tienen recursos suficientes para satisfacer la misma, y deciden apelar al delito.

Por último, la guerra contra las drogas es mencionada en 11.200.000 en una búsqueda en Google [15], y existe una vasta literatura a favor y en contra de la misma. Negar su existencia, o negar que la prohibición existe es negar la realidad. Asimismo las estadísticas brindadas nos llevan a concluir que a pesar de la extensión de los recursos destinados a perseguir a los consumidores de sustancias declaradas ilegales por el gobierno, no se ha demostrado una disminución significativa en el uso de drogas, más bien todo lo contrario. Se puede decir que la legislación anti-drogas ha causado más muertes y ha destruido más familias que las propias drogas.

Más allá de la cuestión política de las drogas, nunca es necesario dejar de lado la causa primordial por la que la Guerra contra las Drogas representa una injusticia, y esto es, que se trata de una política que ha generado tanto gasto, violencia, y muerte, intentando eliminar una actividad en la que no hay una agresión a un tercero, donde no hay víctimas. El usuario de drogas toma decisiones sobre que sustancia introducir en su propio cuerpo, y no está forzando a nadie a hacerlo. Así como algunos optan por el alcohol, el colesterol, los azucares,  u otras sustancias, se ha destinado una infinidad de recursos contra un pequeño grupo que ha decidido optar por consumir ciertos químicos que los gobiernos han decretado su prohibición, y a partir de ello han generado consecuencias desastrosas.

La cuestión de drogas merece un debate extenso, y sin intereses creados. Es un debate sobre derechos individuales y sobre el respeto de los planes de vida personales, pero fundamentalmente sobre la efectividad de las leyes de antidrogas. Que la prohibición haya fracasado, que los miles de millones (o millón de millones) de dólares,  las armas y el uso de la fuerza no hayan podido eliminar la oferta y demanda de drogas es un asunto a tener en cuenta, o mejor dicho, es él asunto a tener en cuenta, un debate que no comprenda estos efectos es un debate infructuoso, como al que asistí y me llevó a escribir este artículo. Por eso mismo creo necesario un nuevo debate, sin dejar de lado el quid de la cuestión.

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[0] Sobre el tema Nuestro derecho a las drogas [Libro] / aut. Szasz Thomas. – Barcelona : Editorial Anagrama , 2001.

 

[1] Según la Office of National Drug Policy [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/Fact_Sheets/fy2010_accounting_of_drug_control_funds_report_and_letters_june_2011.pdf]

 

[2] Jeffrey A. Miron & Kathrine Waldock: “The Budgetary Impact of Drug Prohibition,” 2010. CATO Institute. [http://www.cato.org/pubs/wtpapers/DrugProhibitionWP.pdf]

 

[3] Para tener una mangitud del precio, a la Argentina ingresarán en 2012 alrededor de 8.100 millones de dólares por ingresos fiscales de la soja o la facturación anual de Google ha sido de 40 mil millones de dólares en 2011.

 

[4] Un billón de dólares, en inglés a trillion (1.000.000.000.000). [http://www.foxnews.com/world/2010/05/13/ap-impact-years-trillion-war-drugs-failed-meet-goals/]

 

[5] John Schmitt, Kris Warner, y Sarika Gupta “The high budgetary cost of incarceration” Junio 2010. Center for Economic and Policy Research. [http://www.cepr.net/documents/publications/incarceration-2010-06.pdf]

 

[5*] Veronique De Rugy. Prison Math. Reason Mag. Julio 2011 [http://reason.com/archives/2011/06/08/prison-math]

 

[6] Becky Pettit & Bruce Western.  Mass Imprisonment and the Life Course: Race and Class Inequality in US incarceration. American Sociological Association [http://www.asanet.org/images/members/docs/pdf/featured/ASRv69n2p.pdf]

 

[7] Kenneth B. Nunn, Race, Crime and the Pool of Surplus Criminality: or Why the ‘War on Drugs’ Was a ‘War on Blacks’, 6 Journal of Gender, Race and Justice [http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/jgrj6&div=19&id=&page=]

 

[8] Males, Mike, “Misdemeanor marijuana arrests are skyrocketing and other California marijuana enforcement disparities,” Center on Juvenile and Criminal Justice (San Francisco, CA: November 2011), p. 6. [http://cjcj.org/files/Misdemeanor_marijuana_arrests.pdf]

 

[9] Jacob G. Hornberger.  Racism and the Drug War. The Future Freedom Foundation. [http://www.fff.org/comment/com0303e.asp]

 

[9*] En: http://www.diaadia.com.ar/argentina/70-detenidos-drogas-es-consumidor [

 

[10] Global Commission on Drug Policy. Report of the Global Commission on Drug Policiy. Pág. 4 2011.  [http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Spanish.pdf]

 

[11] Situación del consumo, la producción y el tráfico de drogas ilícitas a nivel mundial. Resumen Ejecutivo. UNDOC [http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/ExSum-translations/WDR_-_2011_-_SP.pdf]

[13] Para un estudio detallado de los mismos referirse a: Economics of Prohibition / aut. Thornton Mark. – Salt Lake City : University of Utah Press, 1991. [http://mises.org/books/prohibition.pdf]

 

[14] Adam Dubove. ¿Un paso en falso en el debate sobre drogas?. Partido Liberal Libertario. Marzo 2012 [http://liberallibertario.org/home/index.php/articulos/todos-los-articulos/354-un-paso-en-falso-en-el-debate-sobre-drogas]

 

[15] Usando: [https://www.google.com.ar/search?num=100&hl=es&q=%22war+on+drugs%22&oq=%22war+on+drugs%22&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_l=serp.3..0l10.2899.5270.0.5382.18.15.1.0.0.1.292.1660.7j3j3.13.0…0.0.kxv9LFMtrGc]