“Me gusta el arte”: el video que nos recuerda sobre la libertad en internet

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 15 de octubre de 2015.

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Durante meses era imposible en Buenos Aires mantener una conversación sin que alguien haga una referencia a Juan Sánchez. “Me gusta el arte“. “No lo sé, todavía no soy grande, voy a esperar”. En 2014, Juan protagonizó una de esas notas de color que suelen publicar los noticieros en épocas de vacaciones. Un año más tarde, el peculiar timbre de su voz y la manera de expresarse —más parecida a la de un adulto que a la de un niño— lo catapultaron hacia una fama no correspondida. El video —y las docenas de parodias que surgieron— suman en conjunto millones de visitas. Y ahora puede sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión en Argentina.

El miércoles por la tarde, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires —por un pedido de la familia de Sánchez— solicitó  a YouTube remover todos los videos relacionados con aquella entrevista. Horas más tarde la compañía cumplió con el pedido y bloqueó el acceso a cualquiera de esos videos desde Argentina. “Este contenido no se encuentra disponible en el dominio de este país debido a un reclamo legal del Gobierno. Lo sentimos”, aparece en el lugar donde se debía reproducir el video.

Según el organismo, la publicación del video “afecta su intimidad, imagen, dignidad y honor, por los cuales padece un sistemático hostigamiento a través de las redes sociales”.

“El hecho por el cual el joven sufre —desde hace meses— hostigamiento a través del amplio abanico de redes sociales, se dio luego de una nota televisiva donde el adolescente aparece y habla ocasionalmente y que disparó a cientos de personas a ridiculizarlo en videos, imágenes, graffitis y hasta imprimir merchandising con su cara”, afirma el comunicado emitido por la Defensoría.

En el comunicado, además, aclaran que “aunque el daño ya fue causado y el sufrimiento del adolescente no se puede reparar”, la manera en que la web representa a este niño “ejerce un profundo impacto a nivel social y personal”.

Derecho a forzar a que los demás olviden

La remoción del video se apoya en el llamado “derecho al olvido“, la idea de que uno puede solicitarle a los buscadores que no incluyan enlaces a sitios web con información que preferirían que no esté al alcance de un click. En realidad no estamos ante el “derecho al olvido”, más bien es el derecho a forzarle a los demás que olviden algo. Borrar el pasado, como en la novela 1984.

El derecho al olvido es inoperante. Una persona no es dueña de su honor, imagen o reputación; estos son construcciones abstractas que hacen los demás sobre uno. Mi reputación e imagen no es mía, sino que la conforman la suma de opiniones que tienen los demás sobre mí. Entonces, ¿si la reputación no es mía, que derechos puedo tener sobre ella? Son cuestiones fuera del control de uno.

El control sobre la reputación e imagen propia está fuera de nuestro alcance, es inevitable. No es difícil darse cuenta de ello, todos vamos construyendo en forma constante en nuestras cabezas la imagen y reputación de los demás. El temor es a que la gente revele esas opiniones —siempre que sean negativas— y ni hablar si son publicadas en internet y pasan a a la posterioridad.

Por eso la Defensoría también se equivoca al afirmar que el daño lo causa “la manera en que la web representa a este niño”. No se trató de una cámara oculta, ni una campaña de desprestigio, era solo Juan siendo Juan. El video era inofensivo, el daño, en todo caso, lo causó la reacción en las redes sociales, las parodias, los memes, y todo el material que surgió en torno al video.

Estamos ante un supuesto derecho que, para implementarlo, es necesario limitar la libertad de expresión. Tu prestigio es mi opinión. Mientras tanto, la legislación priva a millones de conocer (o de acceder con facilidad) a una parte del pasado al privilegiar el deseo de un individuo que prefiere que la gente no tenga acceso a esa información.

En el caso de Juan Sánchez, son sus padres quienes deberían haber velado por la integridad de su hijo y asesorarlo sobre su aparición en televisión. Es verdad, nadie podía saber que se iba a convertir en semejante fenómeno, pero la vida a veces nos juega una mala pasada. Y al final, no todo salió tan mal para Juan, quien tuvo la oportunidad de encontrarse con el dibujante Liniers, que en la entrevista viralizada lo menciona como uno de sus favoritos, además de leer comentarios destacando su educación y amabilidad.

Google indica que remueve contenidos “inadecuados, irrelevantes o ya no relevantes, o excesivos”. Otra vez ante el mismo problema, lo que no es relevante para uno puede serlo para los demás. A la hora de escudriñar un potencial empleado, un socio comercial, un candidato político o a un médico de cabecera los buscadores proveen una herramienta fundamental para formarnos una primera imagen de esa persona.

Mientras los legisladores esperan la creación de Lacuna Inc., la compañía que brindaba el servicio de borrado de recuerdos en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, podrían ir pensando en una ley para que la gente piense dos veces antes de hacer algo, quizás así no sea tan necesario reclamar por un “derecho al olvido”.

 

Nueva ley de calorías alimenta el paternalismo en Argentina

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 28 de septiembre de 2015.

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Legisladores argentinos vienen llevando adelante una guerra contra las decisiones personales de la gente. Disgustados de que opten por hábitos alimenticios que consideran insanos, pretenden obligar a los restaurantes a exhibir en sus menús la cantidad de calorías que contienen los alimentos que venden. Con mayor información, afirman, los clientes podrán tomar decisiones más “saludables” a la hora de comer.

Según la iniciativa, “los restaurantes de comida elaborada o rápida” deberán “informar tanto en la cartelera de promoción, como en las cartas de menús, el valor calórico que posee cada plato (…) con el mismo tamaño de letra que el nombre del mismo, fácilmente visible”.

En una demostración de que la arrogancia y la necedad no conocen de banderas políticas —al menos no en Argentina— todos los diputados presentes alzaron sus manos al unísono. Por unanimidad, la Cámara baja dio media sanción al proyecto el pasado 23 de septiembre y en los próximos días será el turno del Senado convertirlo en ley.

De esta manera “se pueden torcer (sic) los hábitos de los individuos hacia conductas nutricionales saludables, ayudando de esta manera a reducir los factores de riesgo de la obesidad al mínimo”, afirma el texto que acompaña a los nueve artículos que componen el proyecto.

Desde sus púlpitos, los diputados pregonan hábitos saludables. Como si su escaño les otorgara una sabiduría especial, fuera del alcance del ciudadano ordinario, están seguros de que con mayor información la gente tomará decisiones más racionales, en este caso ingerir menos calorías.

Por el momento, parecen quedar atrás (a veces) los días del paternalismo puro y duro, cuando los legisladores hubiesen propuesto directamente imponer un tope máximo en las calorías que contiene una comida o prohibir algunos tipos de alimentos para preservar a las personas de sus propias decisiones equivocadas, de su falta de autocontrol, o de la elección de estilos de vida que la mayoría observamos con horror: obesos, drogadictos o imprudentes que manejan sin casco.

En su lugar, la idea del llamado “paternalismo suave” o “paternalismo libertario” adquiere mayor preponderancia entre los encargados de diseñar políticas públicas.

Los profesores estadounidenses Cass Sunstein y Richard Thaler esbozaron esta idea en el libro Nudge, donde sostienen que con pequeños cambios, los individuos están más inclinados a tomar las “decisiones correctas” que de otra manera —influidos por sesgos cognitivos y los incentivos incorrectos— no tomarían. Así, la incorporación de la cantidad de calorías en los menús “empujaría” a uno a optar comidas con menos calorías, o por lo menos a llevar una cuenta de ellas y tomar conciencia acerca de la ingesta calórica diaria.

Entre gustos e incentivos

La idea podría funcionar para quienes tienen un par de kilos extras (ok, tenemos) y pretenden ponerse en forma para el venidero verano. La información adicional podría contribuir a llevar con más precisión un control sobre la cantidad de calorías que consumen con cada comida. Sin embargo, mi intuición me dice que en aquellos casos más graves de sobrepeso y obesidad, la inclusión del número de calorías al lado de la deliciosa descripción de un flan con dulce de leche o de la imagen de una hamburguesa doble, con queso cheddar y tocino, no generará súbitamente hábitos más saludables entre la gente.

Según estudios publicados en los últimos años, tras la experiencia en el estado de Nueva York, donde las calorías aparecen en los menús desde 2008, mi intuición parece estar en lo correcto.

Por ejemplo, un estudio de la Universidad Carnegie Mellon, publicado en el American Journal of Public Health, reveló que incluso con mayor información sobre el contenido calórico de las comidas, la gente continúa optando por lo que les gusta, y no por lo que se supone que es más sano.

Julie Downs, una de las autoras del estudio, considera que este tipo de medidas son poco realistas. Señala que los legisladores cuando diseñan estas medidas no tienen en cuenta el proceso de pensamiento de los demás: “ellos piensan mucho sobre lo que comen. Piensan: ‘No voy a comer una hamburguesa gigante, papas fritas, y un batido para almorzar’”, afirma. Pero no todos tienen los mismos valores ni las mismas prioridades.

Otro estudio, publicado en 2011 en la Revista Internacional de la Obesidad, muestra que tras incorporar el número de calorías a los menús, la cantidad de calorías ingeridas no se modificó. Solo 9% de los consumidores tomaron en cuenta la información adicional a la hora de tomar decisiones alimenticias.

“Se pretende que el consumidor sepa qué cantidad de calorías se estarían ingiriendo”, afirman los fundamentos del proyecto de ley. Claro que el diputado olvidó considerar que a quienes les importa un bledo tener una dieta más sana, les seguirá importando un bledo cuántas calorías están ingiriendo.

La evidencia abunda.

Menos diversidad

Pero ¿a quién podría dañar más información a la hora de sentarse comer? En primer lugar, a los restaurantes. No solo deberán reimprimir sus menús y rearmar sus carteleras para incluir la nueva información, sino que además deberán someterse a mayores trámites burocráticos a la hora de elaborar un nuevo plato para ofrecer al público. Antes de lanzar una nueva creación culinaria (o agregarle unas rebanadas más de tocino a la hamburguesa) deberán someter al nuevo producto a costos tests en laboratorios nutricionales para poder determinar la cantidad de calorías que contiene cada comida y así brindar información precisa al público, como lo demanda la ley.

Menos diversidad

Pero ¿a quién podría dañar más información a la hora de sentarse comer? En primer lugar, a los restaurantes. No solo deberán reimprimir sus menús y rearmar sus carteleras para incluir la nueva información, sino que además deberán someterse a mayores trámites burocráticos a la hora de elaborar un nuevo plato para ofrecer al público. Antes de lanzar una nueva creación culinaria (o agregarle unas rebanadas más de tocino a la hamburguesa) deberán someter al nuevo producto a costos tests en laboratorios nutricionales para poder determinar la cantidad de calorías que contiene cada comida y así brindar información precisa al público, como lo demanda la ley.

Académicos argentinos instan a un debate “serio” sobre el narcotráfico

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 23 de septiembre de 2015.

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El narcotráfico se ha convertido en uno de los temas más recurrentes en la campaña presidencial argentina, y los candidatos a presidente ya han expresado sus ideas para la luchar contra ese flagelo. Sin embargo, intelectuales argentinos de diversas disciplinas y signos políticos consideran que las actuales propuestas solo empeorarán el problema; y convocaron a “una discusión seria” sobre la política de drogas.

En un documento publicado en el blog La Cuestión Drogas en Argentina, que suscribieron más de un centenar de académicos argentinos, advierten que en el debate sobre el narcotráfico “ha prevalecido la presunción, la intuición y la improvisación”.

“Nos motiva únicamente la convicción de que es hora de discutir seriamente sobre el tema, pues la negación o tergiversación del mismo solo alienta a los que, con una agenda preconcebida basada en el temor, la ignorancia y la ampulosidad, pretenden instaurar una estrategia de guerra, en la que tendrían un lugar protagónico las Fuerzas Armadas, en contraposición con la legislación vigente”, sostiene el documento, publicado el pasado 16 de septiembre.

El texto afirma que “los efectos socialmente más dañosos del problema de las drogas”—entre los que enumera a la “extrema violencia asociada a la apropiación y el control del negocio ilegal” y a la “corrupción y descomposición de instituciones públicas”— son resultado de “los fallidos intentos represivos dirigidos a eliminar esos mercados ilícitos”.

Los autores sugieren que el enfoque de militarizar la lucha contra las drogas “solo puede deparar los desgraciados resultados en términos de violencia y abusos que se observan en otros países de América Latina”, como es el caso de México.

Allí, la ofensiva federal contra el narcotráfico que lanzó a finales de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón resultó en la muerte de más de 60.000 personas y la desaparición de otras 26.000 durante los siguientes seis años.

“La experiencia de los países de la región que han apelado a las fuerzas militares para enfrentar este problema, muestra una dudosa eficacia respecto al control de la oferta de narcóticos, pero invariablemente ha provocado un aumento en los niveles de corrupción, violencia e irrespeto por los derechos humanos”, afirma el texto.

Finalmente destacan “los logros alcanzados en materia de control, prevención y tratamiento en los mercados y en el consumo de alcohol y nicotina”, que sugieren que podrían alcanzarse también respecto a “otras sustancias”.

Militarización, agencias federales y derribos de aviones

A lo largo de la campaña presidencial antes de las elecciones del 25 de octubre, el candidato opositor Sergio Massa, un peronista disidente que integra el frente Unidos por una Nueva Argentina, ha sido el más agresivo en su discurso en cuanto al narcotráfico.

Sus propuestas incluyen una ley de derribo de aviones, la militarización de barrios humildes donde los grupos narcos penetran con mayor facilidad, y la utilización de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico.

“El narcotráfico para la Argentina es un riesgo de seguridad nacional”, sostuvo el candidato en una visita a un barrio humilde en las afueras de Buenos Aires el mes pasado.

Para Massa es necesario un “programa de seguridad ampliada” que incluye a “la Gendarmería, acompañada por el Ejército” para realizar un desembarco logístico en los barrios”. Prometió “dar combate y tomar control de los territorios que hoy están tomados por los narcos”.

En la coalición opositora Cambiemos, que lleva a Mauricio Macri como candidato presidencial, el narcotráfico también está entre sus prioridades. En un acto el pasado 12 de septiembre, el intendente de Buenos Aires aseguró que “vencer el narcotráfico” será uno de sus “tres desafíos de Gobierno”.

“Hay que derrotar al narcotráfico porque está poniendo en crisis nuestra cultura, nuestras familias. También está corrompiendo nuestras instituciones, comprando política, Justicia, policías, funcionarios y hay que pararlo hoy. Por eso, vamos a ser el primer Gobierno que mire de frente este tema y le dé batalla desde el primer día”, manifestó el candidato.

El asesor de Cambiemos en materia de narcotráfico y coautor de Poder Narco, Eugenio Burzaco, sostiene que es necesaria una “profunda reingeniería” del “sistema de seguridad interior” para restablecer “la prevención y el control primario de la seguridad en las provincias y sus policías”.

Macri, al igual que Massa, también es partidario de una ley para derribar avionetas sospechosas de trasladar drogas ilícitas.

Por su parte, el candidato del gobernante Frente para la Victoria, Daniel Scioli, quien también gobierna la provincia de Buenos Aires desde 2007, apuesta a la creación de policías locales para combatir la venta minorista de drogas.

Ademas aspira a triplicar, en cuatro años, la cantidad de efectivos de la Gendarmería y la Prefectura Naval, y establecer una fuerza militarizada urbana para contribuir a la lucha contra el narcotráfico.

El año pasado Sciolí sugirió reevaluar “el rol de las fuerzas armadas” en relación al narcotráfico “porque evidentemente es un problema de seguridad interior”.

La ley que regula la actividad de los militares veda las actividades para combatir la delincuencia dentro del territorio nacional, excepto “en aquellos casos excepciones en el que el sistema de seguridad interior le resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación”.

Los tres candidatos coinciden en la creación de una agencia federal destinada a la investigación de delitos relacionados con las drogas que unificaría los departamentos de investigación de las fuerzas federales bajo un comando central.

Narcotráfico en Argentina

Macri y Massa también coinciden con que Argentina se convirtió en un país de consumo, tránsito y producción de drogas.

Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no considera al país como productor de drogas, pero sí de tránsito.

“Brasil (especialmente desde 2010) y Argentina son los países de tránsito más mencionados en las confiscaciones más importantes de droga”, afirma el Informe Mundial sobre las Drogas 2015, que elabora anualmente el organismo.

De acuerdo con el informe, entre 2005 y 2014, Argentina fue mencionada 2.101 veces como un punto en tránsito de cargamentos de drogas, un 18% que Brasil, el segundo más mencionado.

Aunque las condiciones ambientales en Argentina no son propicias para el cultivo de coca y no se han registrado plantaciones, la cercanía de las provincias norteñas de Salta y Jujuy con Bolivia —uno de los mayores productores de cocaína del mundo— y Paraguay —el principal productor de marihuana en América del Sur— las convierten en un campo fértil para que los narcotraficantes desarrollen sus actividades.

Mientras tanto, la percepción del tráfico y consumo de drogas va en aumento. Un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa sobre en el país indica que ocho de cada 10 argentinos consideran al narcotráfico —y al abuso de drogas— como un problema”muy grave” para el país. La mitad de los encuestados, además, creen que son necesarias “leyes más duras” para luchar contra el narcotráfico.

En otro estudio sobre el tema, la Universidad Católica Argentina señaló que entre 2010 y 2014 se produjo un incremento de 50% en la percepción sobre la existencia de venta de drogas en los barrios.

Hacking Team hizo contactos en Argentina para vender software espía

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 13 de julio de 2015.

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Hacking Team cuenta decenas de clientes alrededor del mundo; en su mayoría son Gobiernos de países donde los líderes autoritarios pueden trabajar con tranquilidad. A diferencia de los casos de México, Panamá, Honduras, Ecuador y Chile, incluidos en la lista de clientes de Hacking Team, Argentina aún no figura entre ellos.

Sin embargo, dos empresarios argentinos dedicados a la venta de equipos de seguridad y vigilancia iniciaron contactos, a comienzos de año, entre la empresa con sede en Milán, Italia, con la aspiración de celebrar reuniones con diversos organismos de inteligencia y defensa argentinos, como Gendermería o la recién creada Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y poder venderle las soluciones informáticas de la compañía italiana.

La información se desprende de la filtración de más de 400 gigabytes de datos correspondientes a la compañía italiana Hacking Team, proveedora de soluciones de espionaje y vigilancia a varios de los Gobiernos más autoritarios del mundo. Llamada “enemigos de internet” por Reporteros sin Fronteras, la compañía italiana que vende un sistema que promete “evadir cualquier encriptación” recibió una dosis de su propia medicina cuando el pasado 5 de julio se divulgó la información.

Si bien hasta el momento no hay pruebas concretas de que alguna agencia del Gobierno argentino haya adquirido tecnología de la compañía, los correos electrónicos revelan que una delegación de la compañía italiana se reunirá en Buenos Aires con autoridades de la Gendarmería Nacional, y probablemente la AFI y el Ministerio Público Fiscal, entre otras.

Hacking Team se ha convertido en proveedor global precisamente gracias a una herramienta que facilita a los Gobiernos —solo hace negocios con ellos, afirma su política de clíentes— la posibilidad de interferir comunicaciones de todo tipo. La perla se llama Remote Control System Galileo, un software que permite infiltrar a distancia a cualquier tipo de dispositivo, fijo o móvil, y evadir cualquier mecanismos de protección como la criptografía o los antivirus, según el anuncio promocional.

Alejandro “Alex” Lawson es CEO de Global Interactive Group SRL, una compañía destinada proveer equipamiento de vigilancia, espionaje y contraespionaje, es uno de los vínculos que mantiene Hacking Team con agencias argentinas. Es una modalidad habitual para la empresa italiana trabajar con socios locales que los pongan en contacto con agencias gubernamentales de todo el mundo. Hasta el momento, Chile es el país que celebró el contrato más importante con Hacking Team, por US$2,85 millones.

Lawson, quien aparentemente conoció a representantes de Hacking Team durante la edición 2015 de la feria brasileña LAAD de seguridad, se comunicó por primera vez mediante correo electrónico el 21 de abril con la compañía italiana y le ofrece tentadoras ofertas de concertar reuniones con el Ejército, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de las diferentes provincias y la AFI.

Lo que Lawson todavía no sabía es que unas semanas antes Nicolás Ruggiero, dueño de Tamce S.A., competidora en el mismo sector que Global Interactive Group, ya había comenzado las negociaciones para acercar al director de la AFI, Oscar Parrili —uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta, Cristina Kirchner— con representantes de Hacking Team.

En marzo, Ruggiero se puso en contacto con los italianos para presentarle la oportunidad de hacer negocios con la AFI, que había sido creada dos meses antes tras las guerras intestinas en el organismo y la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Para esa fecha, la presidenta ya había sido cuestionada por nombrar a espías activistas progobierno tras una filtración publicada por la revista argentina Noticias.

Tras la visita de Ruggiero a la AFI, el empresario argentino reporta a la agencia la situación actual. El nombre de Pegasus, un sistema que compite con Galileo producido por la israelíNSO Group, ya recorre los pasillos de la AFI. Sin embargo, asegura que su presentación fue recibida con con interés, especialmente porque hizo énfasis en que la procedencia italiana de la compañía; “donde nuestros servicios de inteligencia tienen afinidad”, en contraposición a los de Alemania, Estados Unidos e Israel, agrega.

Ruggiero afirma que “lleva años” haciendo negocios con los Gobiernos, y promete: “voy a comenzar a averiguar para ver qué ventaja podemos sacar, que tan relacionado [el competidor] están a Presidencia de la Nación, que ahí es donde se definen ‘estos temas’ y nosotros tenemos buenos amigos ahí dentro”.

Finalmente Philippe Vinci, vicepresidente de Desarrollo de Negocios en Hacking Team, coordina un viaje a Argentina, en el cual también visitará Chile, para hacer presentaciones sobre sus productos de espionaje ante los organismos que les presenten Ruggiero y Lawson. Hasta el momento, Lawson confirmó que un presunto comandante de Gendarmería, Jorge Antonio Dominguez, ya dio el visto bueno para que los italianos ofrezcan una demostración de lo alcances de la tecnología.

Además, entre ambos argentinos esperan concretar reuniones para comercializar Galileo a otros organismos como el Ejército, la AFI, y el Ministerio Público Fiscal, el organismo responsable de las escuchas telefónicas ordenadas judicialmente, luego de la reforma de enero.

Las fuerzas de seguridad han sido cuestionadas en el pasado por la extralimitación de sus funciones y el desarrollo de inteligencia interna, algo que está prohibido por la ley. No es casualidad que sea Gendarmería el organismo más ansioso para reunirse con Hacking Team; la fuerza de naturaleza militar fue noticia en el 2012 cuando se reveló la existencia de un programa de vigilancia a unidades dirigentes sindicales no peronistas, piqueteros, y otros activistas opositores al Gobierno. Aunque no es el único caso.

No sería su primera visita. En 2012, representantes de Hacking Team se reunieron con autoridades de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Unidad de Investigaciones complejas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En ese momento el interlocutor era Carlos Zoratto, un expolicía que tras su salida de las fuerzas de seguridad abrió una empresa vinculada con su antiguo rubro.

Tanto Ruggiero como Lawson ya se reunieron en las oficinas de Hacking Team en Milán durante el mes de junio. Separados por unos días de distancia, ambos concurrieron a Europa por motivos diferentes. Hasta ahora la única certeza es que en septiembre tenían planificado aterrizar en Buenos Aires para llevar adelante demostraciones de las capacidades de sus programas de espionaje.

La segunda guerra fría está cerca y no será nada parecida a la primera

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 8 de julio de 2015.

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Los avances tecnológicos han puesto al planeta frente a una nueva “guerra fría”. Desde el futuro, estudiarán aquel conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como una nota al pie en comparación con lo que se aproxima. Pero los protagonistas ya no serán Estados con una obsesión de ganar carreras espaciales, armamentistas o científicas. Ya no hay tiempo para eso: la tecnología ha dejado en evidencia a los Estados, convirtiéndolos cada vez más en apéndices obsoletos cuyas funciones vitales están en decadencia. Los indicios son claro.

En Estados Unidos no deja de caer la cantidad de cartas que se envían cada año, a través de Servicio de Correo Postal. Entre 2006 y 2012, el volumen de correos de los que “llevan estampilla (pagos de facturas, correspondencia personal, tarjetas), y otras cartas, se hundió 47%. Ya comienza a quedar obsoleto uno de los estandartes del Gobierno de un país que incluye la creación de un correo entre las facultades del Estado , dentro de la Constitución.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos autorizó a Amazon para que probara parcialmente los drones con los que planea entregar paquetes, a través de su programa Prime Air. Incluso dos australianos ya han diseñado redes para que los drones entreguen la carga.

En otros ámbitos, la rebelión también está en marcha. Es el caso de Uber, la aplicación móvil que permite conectar pasajeros con los conductores no profesionales registrados en su red. En Buenos Aires, a comienzos de año, los sindicatos de propietarios y choferes de taxis protestaron cuando se descubrió que la compañía estaba buscando personal en la capital de Argentina, a través de la red social LinkedIn.

Las protestas se repiten en México —donde el servicio funciona desde el 2014—. En Colombia, taxistas reaccionaron agresivamente, luego de que en marzo la compañía con sede en San Francisco ofreciera una promoción especial en un festival comercial, y los espectadores eligieran Uber. “Una app no sustituye al taxi, pero finalmente es un monopolio de taxis, y no les gusta que se los rompan. Pero es competencia saludable”, aseguró el director general de Uber en México, Rodrigo Arévalo.

Hay sitios web, como Airbnb, que permiten poner en alquiler temporario una casa, un cuarto o una cama en alguna ciudad del mundo —hay verdaderas joyas— sin intermediarios, y con un sistema de reputación que garantiza menores tasas de disconformidad.

Los Gobiernos ya saben que deben defender los intereses hoteleros, y lanzaron una serie de medidas que regulan el alquiler temporario. “No tenemos propiedades suficientes para los parisinos”, se quejó Ian Brossat, alcalde adjunto de París, una de las ciudades europeas que implementó recientemente regulaciones para limitar el alquiler temporario.

Fue justamente en Paris donde arrestaron el 30 de junio al director general de Uber para Francia, Thibaud Simphal, y al director de la compañía para Europa Occidental, Pierre-Dimitri Gore-Coty, por facilitar el servicio de taxis con conductores no profesionales. Para quienes les resulta difícil empatizar con las decenas de miles de personas encarceladas por delitos no violentos, relacionados con las drogas, quizás lo logren con el arresto, por una noche, de dos ejecutivos que son líderes en una compañía que busca brindar alternativas al monopolio legal del servicio de taxis.

La moneda digital bitcoin es una revolución en sí misma. Una moneda no gubernamental, descentralizada, convierte en obsoletos a los banco centrales que han sido cómplices desaqueos institucionalizados. Los bancos tradicionales también cambiarán radicalmente. Pero el aspecto más remarcable es la tecnología blockchain, la red que procesa las transacciones en la moneda digital. “Debería ser considerado un invento a la altura de la maquina de vapor o del motor a combustión”, señala un artículo de una publicación del banco francés BNP Paribas.

Ecuador ha sido uno de los pioneros en prohibir bitcoin, y lanzar su propia moneda digital que garantizaría al Estado, en el mediano plazo, un monopolio sobre los medios de pago, y ninguna privacidad para los individuos. Todos los gastos bajos estricta vigilancia estatal, que es lo opuesto al bitcoin.

El economista y precandidato a vicepresidente de uno de los principales frentes opositores sugirió, por Twitter, la posibilidad de implementar “un dinero más práctico por celular”. Aunque describe un método que, asegura, garantiza el anonimato, también dice que “combate la evasión“. La reacción de los defensores de bitcoin fue inmediata. Del bitcoin, dijo que es la “moneda más inestable del planeta”.

Finalmente, las impresiones 3D también enfrentan un desafío. Descentralizadora en su escencia, promete volver a transformar los procedimientos de fabricación vigentes hasta el momento. Los Gobiernos ya están preocupados por la impresión de armas y han comenzado a impulsar regulaciones para intentar limitarlas. Una situación que podría escalar rápidamente.

La tecnología del lado oscuro

Los Gobierno no son ajenos a los avances tecnológicos. Por supuesto, la poca capacidad de reacción, y una dinámica aletargada por los bajos de índices productividad que caracterizan a los trabajadores estatales, los ha privado de tomar la iniciativa en la guerra fría del siglo XXI. Sin embargo, en algunos casos, los avances tecnológicos han impactado negativamente sobre la población.

Los sistemas de información biométrica son uno de ellos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo que Argentina “tiene el régimen de vigilancia más agresivo de la región”. El Informe sobre Políticas de Biometría en la Argentina, publicado este martes por la Asociación de Derechos Civiles, advierte sobre los diversos mecanismos de registros que amenazan la privacidad de los ciudadanos.

Las innovaciones tecnológicas facilitan la vigilancia fronteriza, la construcción de muros más eficientes y con vigilancia aérea, que frustran los sueños desesperados por un futuro mejor. El progreso tecnológico le permite, por ejemplo, al Gobierno venezolano implementar un sistema de votación de baja confiabilidad, similar al que estrenó la capital Argentina el pasado domingo, en las elecciones municipales. Un arma de doble filo.

Punto de no retorno

El embate de la economía 2.0 está en marcha. Los Gobiernos, y el corporativismo que impulsan, están amenazados por una expansión de las oportunidades de elegir, con la opción de evadir monopolios impuesto, con base en privilegios para grupos especiales. Las nuevas tecnologías le han dado una importante ventaja al bando descentralizador. Los privilegios se hacen insostenibles ante la presión de mayor competencia. Desde Khan Academy y Courserahasta Couchsurfing, ofrecen ángulos novedosos de modelos de negocios, que quedaron detenidos en el tiempo por la presión estatal.

Los tambores de guerra retumban. Aquella predicción borgeana parece que está cada vez más cerca de ser una realidad: “¿Qué sucedió con los Gobiernos? —pregunta Jorge Luis Borges— Según la tradición, fueron cayendo gradualmente en desuso”.

Femicidios: el feminismo consolida su agenda en Argentina

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 5 de junio de 2015.

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“¿No vamos a levantar la voz? Nos están matando”, tuiteó a comienzos de mayo la periodista argentina Marcela Ojeda. El mensaje era dirigido a las mujeres. Una ola de espeluznantes asesinatos en Argentina, ocurridos en los últimos meses, cuyas víctimas eran mujeres y los victimarios hombres, reavivaron lo que aparenta ser una “tensión de género”. Una guerra de los sexos que nadie ha declarado.

“Uno más, pero fue la gota que rebosó el vaso”, explicó Fabiana Túñez, fundadora de La Casa del Encuentro, un asociación civil que promueve un “feminismo popular entre todas las mujeres y con la sociedad” al diario español El Pais. Se refería al brutal asesinato de Chiara Páez, una adolescente de 14 años, recientemente embarazada, y asesinada a golpes por su novio de 16 años. Un femicidio, término que ha ganado notoria popularidad en las últimas semanas.

Aquella iniciativa derivó en una manifestación de la que nadie quiso quedarse por fuera. Un grupo de periodistas lanzaron desde la red social Twitter una convocatoria que reunió a 150.000 personas, según la policía (según ellas, el doble). Agrupados bajo el hashtag #NiUnaMenos, la convocatoria atrajo la atención de actores, escritores, y figuras de la televisión que brindaron un impulso definitivo para que la tuviera un éxito rotundo. ¿Quién se opondría al pedido de detener la violencia contra las mujeres, y repudiar terribles asesinatos?

La agenda feminista

La manifestación contó con la asistencia de políticos del oficialismo y la oposición. A dos meses de las elecciones primarias, los candidatos se mostraron en la plaza para elevar al máximo su perfil. Una excelente oportunidad para que se mostraran comprometidos con una causa justa, inocua, en una teatralizada genuflexión. Aunque desde la organización desaconsejaban portar banderas políticas, eso no impidió la posibilidad de observar algunas insignias partidarias.

Ninguna marcha, sin embargo, puede mantenerse al margen de motivaciones políticas e ideológicas. Y esta, desde un comienzo, buscaba ir más allá del objetivo declarado de combatir la violencia contra las mujeres. Ya ante la sola presencia del término “femicidio” estamos frente una agenda completamente distinta a la que pretende mostrarse.

“Femicidio” es un término “político”, según explica el sitio web de La Casa del Encuentro, “es la denuncia de la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista (…) es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera su propiedad”. Es decir: el hombre en abstracto, como si estuviese representando a todos los individuos de sexo masculino, somete a la mujer, en representación de todos los individuos de sexo femenino, en un régimen similar al que mantenían los esclavistas con los esclavos.

En 2014, Argentina registró 277 femicidios, según La Casa del Encuentro, que calcula estadísticas de asesinatos de mujeres basándose en diarios y agencias de noticias. Para contabilizar los casos de femicidio, sin embargo, no parece un requisito averiguar si detrás del homicidio existe la intención de reafirmar la noción de propiedad sobre la mujer. En Argentina no hay estadísticas oficiales de este tipo de delitos.

El número de asesinatos de mujeres —de femicidios— es preocupante, tanto como el incremento en un 16% en la tasa de homicidios entre 2012 y 2013. Según la Asociación para Políticas Pública, Argentina duplicó los niveles de violencia respecto a Chile, al alcanzar los 8,8 homicidios por cada 100.000 habitante. Mientras que la inmensa provincia de Buenos Aires lidera el ranking con 1.556 homicidios en 2013, la provincia de Santa Fe, tercera en cantidad de habitantes, lleva la corona de distrito más violento del país, con 13,2 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El problema con los homicidios en Argentina no solo se limita a la violencia de género. Esto no implica que no deba ser combatida, ni que los derechos individuales —que gozan de ceguera de género— de las mujeres puedan ser vulnerados. El problema es que la agenda detrás de la manifestación termina por socavar estos mismos principios que contemplan la defensa de todos los seres humanos. Y los actos consentidos entre adultos son los próximos objetivos en la agenda feminista: la prostitución y la pornografía.

Femicidio: un concepto colectivista

“Hoy las mujeres tienen más posibilidades de morir en manos de parejas o exparejas, que en la calle”, dice Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, al diario argentino La Nación. Probablemente otra de las frases que alimentó la histeria colectiva de las últimas semanas. En 2012 murieron 1.797 mujeres en accidentes de tránsito, según estadísticas de la asociación civil Luchemos por la Vida. Afortunadamente para ellas, hay ambientes más peligrosos que la propia casa.

De igual manera, la situación es grave. Pero también es grave que el intento de solucionar un problema devenga en excesos, y en un nuevo desequilibrio de la balanza. Esta vez para el otro lado. La presión por asuntos de violencia de género, por ejemplo, ha llevado a situaciones disparejas, donde el afán de la Justicia por proteger a la mujer termina incurriendo en excesos y vulnerando derechos de los hombres, de los seres humanos.

Esta situación quedó retratada en el documental Borrando a Papáaunque de escasa difusión, ya que un juez decidió censurarlo al tratar la violencia de género incorrecta. El filme refleja como los hombres quedan muchas veces marginados por jueces sesgados. Ante las denuncias de violencia de género, los jueces dictan de forma expedita, incluso si la denuncia es falsa. Una estrategia muchas veces utilizada por madres para obstruir el vínculo con sus hijos.

La idea de femicidio, como dicen las feministas, es un término político, pero por sobre todas las cosas es retrograda. Nos devuelve al derecho primitivo, donde la responsabilidad era colectiva, y el castigo también. Todos los integrantes del clan eran responsabilizados por una acción individual. Así, los femicidas son los hombres que subyugan a las mujeres bajo un sistema patriarcal. Y las mujeres solo un objeto de propiedad para el sexo masculino.

Mientras algunos aprovechan tragedias para manipular a un sector de la sociedad y avanzar su propia agenda, los nombres de Lola, Chiara, Melina, y otras tantas mujeres asesinadas, seguirán resonando en búsqueda de justicia.

Con poco optimismo, Argentina reclama legalización de la marihuana

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 3 de mayo de 2015.

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El humo de marihuana envolvió al corazón político de la capital argentina el sábado 2 de mayo cuando más de 100.000 personas al grito de “autocultivo” y “legalización” marcharon por las calles de Buenos Aires.

La manifestación que, según los organizadores, convocó a alrededor de 150.000 personas —al igual que el año anterior—, es parte de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM) que se ha celebrado en simultáneo en más de 849 ciudades y 76 países desde 1999.

“Pedimos la legalización y regulación de todo el cannabis, para todos sus usos: médicos, industriales y lúdicos”, explicó al PanAm Post Nicolás Breg, representante de la Asociación de Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA), una de las agrupaciones que organizó la convocatoria.

La Plaza de Mayo —sede de los acontecimientos más relevantes de la historia argentina— se convirtió en el mediodía del sábado en una suerte de feria cannábica donde vendedores, ambulantes o con puesto fijo, vendían desde remeras y libros sobre la marihuana, hasta accesorios para fumarla, artesanías, y comida. Especialmente comida, con y sin cannabis. La venta de brownies “mágicos” que supuestamente contenían cannabis competían con alimentos orgánicos, pan relleno, hamburguesas, y el infaltable sandwich choripán.

El clima festivo estuvo equilibrado con una dosis de activismo por parte de los manifestantes más involucrados en la causa; desde las carpas instaladas en uno de los extremos de la plaza repartían información. Los mensajes variaban de acuerdo a la agrupación.

“No más presos por cultivar cannabis. ¡Autocultivo ya!”, se leía en el panfleto de la AACA, que hace hincapié en las propiedades analgésicas y broncodilatadoras.

“No hay verdadera lucha contra el narcotráfico, ni combate a la inseguridad, si no se parte de reconocer la complicidad entre las fuerzas de seguridad”, dice uno de los panfletos que repartían integrantes del partido Izquierda Socialista, una de las agrupaciones políticas presentes.

A pesar del pesado humo de marihuana que se elevaba en el aire porteño, la Policía Federal solo se limitó a desviar el tránsito de las calles. La multitud comenzó a movilizarse a través de la pintoresca Avenida de Mayo con destino al Congreso de la Nación, donde se montó un escenario y hablaron algunos de los organizadores locales de la marcha, además de Gonzalo, un activista que contó su experiencia de aprovechar los usos médicos de la marihuana para mitigar su enfermedad.

La policía hizo la vista gorda sobre lo que ocurría frente a sus ojos, como si el consumo de marihuana ya hubiese sido legalizado en el país. La ley de drogas argentina, vigente desde 1989, prohíbe la tenencia de marihuana —conocida como “tenencia simple”— y lo pena con uno a seis años de prisión, o de uno a dos años si un juez determina que la hierba era para consumo personal.

Un asistente que sostenía un cartel reclamando “Libertad a María” contó al PanAm Post que viene “desde siempre” a la marcha y lo hace porque considera que la actual ley es “injusta” y “se tiene que legalizar de alguna forma”. “Lamentablemente la sociedad no la va a admitir si no es regularizada por el Gobierno”, pronostica, en referencia al proceso legalización de la marihuana en Uruguay, donde el Estado asume un rol central en la producción y distribución de la droga.

La experiencia uruguaya parece haber cambiado el punto de vista de un sector de los activistas cannábicos que en ocasiones anteriores demostraban rechazo por la idea de permitir la comercialización de la marihuana. “Permitiendo la venta ingresas al sistema capitalista”, decía en un tono despectivo una activista en 2011.

“[El] cambio impulsado por Uruguay ha fijado un piso en este tema en América Latina, al igual que Chile que lo está haciendo desde lo medicinal”, dice Breg, consultado por este cambio de perspectiva. “Aquel que accede porque necesita por razones médicas que acceda desde ese lugar, y el que quiera para experimentar en su propia vida como un adulto responsable que acceda también”, agrega.

La manifestación fue de claro tinte político, y aunque las banderas partidarias escasearon, los organizadores no ven alentadoras las posibilidades para una posible reforma en el corto plazo. “Nuestra expectativa es seguir con esta lucha, por ahora ningún partido político en este año electoral ha sentado una posición clara sobre la legalización del cannabis”, afirma Breg.

Los tres principales precandidatos presidenciales para las elecciones de octubre no han sugerido cambios en este sentido y todos proponen escalar la lucha contra el narcotráfico.”Se acepta mucho, se habla poco, y se hace poco”, dice Breg, con algo de pesimismo, mientras los últimos oradores frente al Congreso de la Nación terminaban de dar sus discursos.

Alrededor del mundo

La movilización de Buenos Aires se replicó en varias ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Uruguay, y en muchas ciudades canadienses y estadounidenses así como también europeas. En Asia, Indonesia, Japón e Israel celebraron la MMM, mientras que Sudáfrica fue el único país del continente africano que se manifestó por la legalización del cannabis.

En Guayaquil, Ecuador, más de 200 personas se congregaron en el Parque Kennedy para sumarse por primera vez a la iniciativa mundial. “La guerra contra las drogas es una guerra perdida y es injusto que se encarcelen personas solo por consumir, plantar o estar en posesión de marihuana”, dijo a PanAm Post Milica Pandžić, integrante del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad.

En Asunción, Paraguay, una marcha de 250 personas que recorrió calles del centro capitalino enfocó sus consignas en torno al narcotráfico, evocando casos de políticos presuntamente vinculados al negocio. Plantearon la legalización y el autocultivo como solución, y exigieron “no más presos por fumar”.

Editado por Daniel Duarte. 

Por qué Argentina libra una batalla contra el Citibank

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 13 de abril de 2105.

La fecha clave era el 1 de enero de 2015. Ese día venció la famosa cláusula RUFO que según el Gobierno argentino le impedía negociar con los acreedores que se habían mantenido al margen de los procesos de 2005 y 2010 para reestructurar del default más grande de la historia: US$100 mil millones. Las especulaciones indicaban que en los primeros meses del 2015 el Gobierno de Cristina Kirchner iba a alcanzar un acuerdo con los llamados fondos buitre, resolvería el conflicto judicial que se ventila en Nueva York y recuperaría el acceso al mercado internacional de capitales, lo cual le permitiría hacerse de la tan necesitada moneda verde.

Pero más de 90 días después del “día D” aquel escenario luce distante. Argentina sigue sumida en cesación de pagos luego de que el juez estadounidense le ordenara al Gobierno pagarle holdouts antes de continuar pagando la deuda reestructurada. La negociación con los fondos buitre no es parte de la agenda oficial. Por el contrario, los funcionarios kirchneristas no dudaron en lanzar epítetos contra el mediador designado por el tribunal neoyorquino: “es un buitre más”, apuntó en febrero el viceministro de Economía, Emanuel Alvarez Agis.

Desde la declaración del default del año pasado, los fondos buitre se han convertido en uno de los principales protagonistas de los discursos de Kirchner. Ante el inminente fin de ciclo —el actual mandato presidencia concluirá el próximo 10 de diciembre— el Gobierno ha convertido el enfrentamiento por la deuda en una causa nacional: “Patria o Buitres”, rezaba una campaña desplegada el año pasado en las calles de Buenos Aires.

Efectos colaterales

El fallo del juez estadounidense Thomas Griesa impide desde mediados del año pasado que Argentina continúe pagando los nuevos bonos emitidos en 2005 y 2010 si no salda antes sus obligaciones con los holdouts, como lo indica la interpretación de la cláusula pari passu: todos los acreedores deben ser tratados con igualdad. Esta situación ha llevado al Gobierno de Kirchner a recurrir a diversas estrategias para eludir la decisión del juez estadounidense.

Desde entonces, el banco estadounidense Citibank, uno de los agentes encargados de distribuir el pago de los bonos en dólares gobernados por la ley local, ha debido buscar un equilibrio entre cumplir con sus compromisos en Argentina y respetar el fallo dictado en los tribunales de donde se encuentra su casa matriz.  Hasta ese momento, la tensión cedía cuando Griesa autorizaba a la entidad bancaria a girar los pagos. En tres oportunidades el juez autorizó “por única vez” al Citibank a cumplir sus compromisos.

Sin embargo, el vencimiento del pasado 31 de marzo colocó al gigante financiero entre la espada y la pared.  Si complacía al Gobierno argentino y transfería el pago de US$3,7 millones correspondientes al próximo vencimiento de la deuda se hubiese puesto en la incómoda posición de desobedecer el fallo de Griesa. En cambio, si acataba la resolución se arriesgaba al cierre de sus operaciones en Argentina.

Los abogados del Citibank parecían haber encontrado una salida elegante: solicitarle al juez que autorizara los próximo dos pagos, a cambio de no apelar la resolución que establece que los bonos emitidos bajo ley argentina están alcanzados por la cláusula pari passu. Pero no todo salió como lo esperaba.

Acuerdo del Citibank; desacuerdo del Gobierno

El acuerdo se consumó el pasado 22 de marzo y el juez autorizó el pago de los próximo vencimientos del 31 de marzo y 30 de junio, aunque detonó un iracunda reacción oficial que acusó al banco de “violar la ley argentina”. “Es un principio de estafa a los tenedores de bonos que confiaron en el Citibank, van a dejar abajo del tren a los tenedores de bonos”, apuntó el ministro de Economía Axel Kicillof.

El banco ya había anticipado que renunciaría a continuar funcionando como agente de pagos de la deuda por verse en medio de un “conflicto de leyes internacionales sin precedentes”, pero el Gobierno ya ha demostrado que hará todo los posible para hacerle pagar al Citibank lo que considera una traición.

La embestida, encabezada por el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA), comenzó cuando designó el 20 de marzo un veedor del Gobierno que supervise el pago que debía ocurrir 11 días despúes; y siguió con la con la suspensión de la operaciones de la entidad financiera en el mercado de capitales local el pasado 27 de marzo. Aunque el punto más álgido de la confrontación llegaría unos días más tarde.

Suspensión y conflicto interno

El 30 de marzo, el BCRA resolvió suspender al presidente de Citibank Argentina para desempeñarse al frente de la entidad. “Esta decisión de gravísimas consecuencias afecta injustamente a uno de sus asociados y a su representante legal”, replicó la Asociación de Bancos de Argentina, ampliando las repercusiones al plano local. La organización consideró que “no se han respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio ya que la misma se adoptó sin permitir a los interesados realizar el descargo correspondiente”.

Una semana más tarde el BCRA incrementó la presión sobre el banco rebelde. El pasado lunes 6 de abril envió a inspectores para que realicen “supervisión integral” para “garantizar el normal funcionamiento del banco”, indicó el titular de la autoridad monetaria, Alejandro Vanoli. “Queremos saber si dada la situación de acefalía que atraviesa [la filial argentina del Citibank], el banco cuenta con representantes legales que garanticen que no haya problemas con los clientes y los trabajadores”, agregó.

Una historia sin final

El Gobierno está decidido a desarticular el acuerdo firmado por el Citibank. Para lograrlo, el pasado miércoles 8 de abril denunció a la entidad ante un tribunal argentino para que anule el acuerdo con el juez Griesa. “El pacto que está aplicando el Citibank es irse del negocio”, dijo Kicillof. “Abandonaron un negocio que les daba $17 millones por año. Les ocasionó un perjuicio, pero en lugar de plantarse, acuerdan en Nueva York y toman el camino del abandono. Los han abandonado de la Argentina los buitres”.

El banco negó estar violando la ley argentina y explicó que “la orden [de Griesa] no exige a Citibank NA que su sucursal en Argentina abandone el negocio de custodia”. Pero desde el banco ya saben que su salida no será nada fácil y aún queda mucho tiempo para concretarla. En la impredecible Argentina todo puede pasar.

Derribar narcoaviones no garantizará el éxito en la lucha antidrogas

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 12 de marzo de 2015.

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El 20 de abril de 2001, Veronica y Jim Bowers surcaban junto con sus hijos los cielos del Amazonas peruano a bordo de un avión privado. El matrimonio se dirigía a la ciudad norteña de Iquitos, donde vivía, cuando un avión de vigilancia de la CIA —que brindaba soporte al programa de derribo de aviones civiles— identificó al monomotor como un presunto narcoavión utilizado para transportar cocaína. “No se si es bandito o amigo”, dice uno de los agentes que observaba las imágenes producidas por un avión de vigilancia.

Tras una situación confusa, agravada por complicaciones idiomáticas, los aviones militares peruanos abrieron fuego contra la nave que transportaba a los Bowers, que se precipitó al rio Amazonas. “Creo que estamos cometiendo un error”, se escucha decir a uno de los agentes estadounidenses. Ya era demasiado tarde: una bala atravesó el pecho de Veronica y se alojó en el cráneo de Charity, la hija de apenas siete meses de la pareja.

Por supuesto, el matrimonio misionero, oriundo de Michigan, Estados Unidos, no trasladaba drogas en el avión. Estados Unidos reconoció que el programa de derribos —vigente desde 1995— estuvo “plagado de errores” y quedó desarticulado. Un programa similar en Colombia también fue desmantelado. “El desempeño de la comunidad [de inteligencia] en cuanto a la rendición de cuentas ha sido inaceptable. Estos eran estadounidenses que fueron asesinados con la colaboración de su Gobierno; la comunidad lo encubrió y demoraron la investigación”, concluyó el por entonces (1993-2011) congresista Republicano por el Estado de Michigan Pete Hoekstra.

Los derribos regresan a Perú

Catorce años más tarde los legisladores peruanos han retomado la idea de reinstaurar el derribo de aviones civiles. Por cierto, una pésima idea. Un proyecto de ley acaba de sortear con éxito el primer paso en la Comisión de Defensa del Congreso y todo parece indicar que los jets militares peruanos podrán, una vez más, abatir naves que se consideren sospechosas de transportar drogas.

El caso peruano no es una singularidad: en Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, Uruguay y Colombia existe legislación que autoriza el derribo de naves civiles. En los hechos, estos países han legalizado las ejecuciones extrajudiciales y han reimplantado la pena de muerte, incluso contradiciendo su propia legislación y los tratados internacionales que suscribieron.

Un estado de guerra es la única explicación para delegar en las fuerzas armadas la autoridad para expedir sentencias de muerte sin el debido proceso, sin la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, ignorando cualquier otra salvaguardia contra la autoridad estatal. Y ese es justamente el argumento con el cual los legisladores peruanos pretenden sancionar la ley: Perú está en guerra.

El campo de batalla peruano no está plagado de artefactos explosivos improvisados, trincheras o puntos de control, sino de cultivos de planta de coca, precursora de la cocaína. Desde 2012, Perú ostenta el dudoso honor de ser el mayor productor de hojas de coca. Pese al descenso del 17,5% de la superficie sembrada experimentado en 2013 respecto al año anterior, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción total bajó solamente 5,8%.

Esta discordancia obedece a la alta capacidad que poseen los narcotraficantes para adaptarse a nuevos contextos. Así, la implementación del derribo de aviones logró estimular la creatividad de los distribuidores, tal como la acción del gobierno peruano para reducir la superficie de los cultivos de coca empujó a los productores a hacer uso más intensivo de tecnología, recurrir a agroquímicos y perfeccionar las técnicas de cultivo.

Colombia: Otra experiencia fallida

Colombia, que reanudó su programa de derribo de narcoaviones en 2003 —dos años después de la tragedia de los Bowers, en Perú— ofrece un ejemplo de la ineficacia de los esfuerzos antidroga. En un testimonio ante el Congreso estadounidense en 2010, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental destacó que en 2008 la agencia “reportó que narcotraficantes utilizaban habitualmente lanchas rápidas y buques pesqueros para contrabandear cocaína desde Colombia a América Central y México en ruta hacia Estados Unidos”. Incluso, se ha informado de submarinos como alternativa para evitar el vigilado espacio aéreo.

Los resultados tampoco son alentadores. Entre diciembre de 2003 y julio de 2005, la Fuerza Aérea Colombiana identificó 48 aeronaves sospechosas. Solo 14 fueron interceptadas, y en un único caso se confiscaron drogas. Mientras, el supuesto éxito peruano durante la década de 1990 —cuando se redujo la producción de coca—, solo implicó una transferencia de cultivos hacia Colombia, donde paralelamente aumentó. Más tarde el proceso se revirtió, la producción disminuyó en Colombia mientras aumentaba en Perú.

Al igual que en el proyecto de ley peruano, Estados Unidos y Colombia desarrollaron nuevos procedimientos para evitar el derribo de aviones que llevaran inocentes a bordo. Sin embargo, esos procedimientos ya existían en 2001, y la Fuerza Aérea Peruana los ignoró, según acusación de Estados Unidos. Es más, la nueva iniciativa de Perú podría aumentar la discrecionalidad de los militares peruanos que, esta vez y por lo que se conoce hasta el momento, no contarán con colaboración estadounidense.

Ya no importa la Constitución

Aunque la Constitución peruana prohíbe la pena capital —excepto en casos de terrorismo y traición a la Patria— el derribo de aviones es virtualmente la imposición de una pena de muerte, o, en el mejor de los casos, el castigo corporal como pena. Además, ninguno de los ocupantes de la nave derribada tiene posibilidad de consultar con un abogado, ser juzgado por un juez imparcial. El debido proceso para los narcotraficantes se convierte en un privilegio.

El caso del derribo de aviones obliga a repensar si la “guerra contra las drogas” no debería ser renombrada. La “guerra” es lanzada contra el Estado de Derecho y los consumidores que escogen determinados estilos de vida. Incluso, es difícil concebirla como una guerra. No estamos ante dos bandos beligerantes: mientras los gobiernos emprenden una batalla contra los narcotraficantes, estos se dedican a comerciar.

Las leyes antidrogas son las principales responsables de la violencia. La legalización de la marihuana en Estados Unidos ha demostrado que las mafias son desplazadas del negocio cuando se legaliza, en Colorado los empresarios, y no los mafiosos, abastecen ese mercado. Pero los gobiernos difícilmente tengan interés en comprenderlo: “La guerra es la salud del Estado”.

“Creemos que la gente tiene derecho a consumir marihuana”

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 6 de marzo de 2015.

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Uruguay es el primer país de América Latina en legalizar la producción y comercialización de la marihuana. El expresidente José Mujica (2010-2015) impulsó el proyecto de ley que no estuvo exento de polémicas. Tras un año y medio de debate parlamentario, en diciembre de 2013, la legalización se convirtió en ley, pero la aplicación de la norma avanza con letargo.

Más aún, el flamante presidente Tabaré Vázquez nunca ha estado del todo cómodo con la ley e incluso, esta semana, ordenó postergar la venta de marihuana en farmacias, un aspecto primordial de la legislación.

Diego Pieri, integrante de la ONG Proderechos, una de las organizaciones que desde 2006 impulsa una reforma en la política de drogas uruguaya, señaló en entrevista con PanAm Post los altos y bajos de la ley 19.172 y  su actual estado de ejecución. Cree que la prohibición es dañina, pero que debe ser el Estado el que controle un mercado lícito de drogas.

Una lenta implementación

“La principal virtud [de la Ley] es la integralidad, que cubre desde cáñamo para usos industriales, alimenticios o medicinales, y el acceso para usuarios por tres vías: farmacias, clubes y autocultivos”, indica Pieri.  Hasta el momento, la última de las alternativas esta totalmente implementada. Desde noviembre de 2014, aquellos que pretendan cultivar hasta seis plantas de cannabis pueden registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) para ser autorizado a ello. El interesado “se inscribe en una oficina de correo y a los 30 días recibe una habilitación del Ircca, y con eso la persona ya está habilitada para cultivar en su casa”, explica Pieri.

En los clubes sociales de cannabis, sus socios reciben hasta 40 gramos mensuales a través del pago de una cuota —tampoco pueden ser creados con ánimo de lucro. Crear una asociación cannabica, sostiene, es “un poco complicado y muy burocrático”. También Pieri apunta que la limitación a 45 plantas que les impone la ley representa uno de los “problemas”.

Pero considera que todavía falta “el más importante” de los medios de acceso, el de venta en farmacias. “El 80% de la marihuana legal podría venir por ahí”, calcula el integrante de Proderechos.

En Uruguay se plantarán “entre una y dos toneladas” de marihuana en terrenos del Estado. El gobierno de Mujica inició la adjudicación que ya se encuentra en su etapa final. Serán “entre tres y cinco empresas” que abastecerán a farmacias seleccionadas en todo Uruguay —habrá un cupo máximo. La licitación, que según explica Pieri avanza y ya está en su última etapa, aunque se retrasó en el mes de noviembre de 2014 por una discrepancia en el precio de expendio en farmacias, otro factor determinado por el gobierno.

Solo son uruguayos o residentes en Uruguay los que acceden a la marihuana legal. Esta limitación podría generar “una especie de mercado gris” en los sitios más turísticos del país, reconoce.”Gente que saca licencia […]  para comprar en la farmacia, y luego se la revende a los turistas”.

El ojo del Estado

Para poder acceder al mercado legal de marihuana, en todas sus variantes, será necesario registrarse ante el Ircca. Pieri defiende este aspecto y remarca que los datos son de “carácter confidencial” y solo podrá accederse a ellos mediante “una orden judicial bajo una sospecha que lo amerite”, debido a que los datos estarán amparados bajo una ley de datos sensibles, e incluirán información biométrica, como las huellas dactilares, para poder validar la identidad de los usuarios al momento de comprar la marihuana en farmacias, según explica el activista.

Frente a este registro que el gobierno uguayo aspira a utilizar para controlar la cantidad consumida individualmente, Pieri aclara que preferiría “que sea un tema dejado a la responsabilidad de los usuarios” y ejemplifica: “en general, los autocultivadores lo hacen para su propio consumo y se maneja con responsabilidad”.

Pieri no prevé cambios drásticos en la norma, aunque al momento de hacer la entrevista (antes de la asunción del poder de Vázquez) anticipaba que podría haber cambios en la reglamentación del Ejecutivo que podrían incidir en su funcionamiento, como de hecho se postergó la venta de marihuana en farmacias.

Mercado libre para las drogas, o control estatal

“El problema con el narcotráfico y los mercados de la drogas es la prohibición”, afirma Pieri. “Hay gente que le interesaría que nadie compre marihuana, nosotros creemos [que eso] está mal, que la gente tiene derecho” a consumir marihuana, dice.

Sin embargo, el integrante de Proderechos ve la legalización de la marihuana como el primer paso para un “mercado regulado de drogas”, porque considera que el resto de las sustancias que suelen ser ilegales “son de uso más marginal”, por lo que en Uruguay no representan un problema urgente.  Cree que es necesaria una regulación parecida a la del tabaco que “fue reglamentado y está siendo fuertemente controlado”.

La legalización de las drogas, comenzando por la marihuana, parece ser un hecho inevitable en América Latina y gran parte del planeta. Los daños que ha generado la prohibición están a la vista de todos, y Piere coincide: “A la larga, en América Latina la prohibición […] ha generado problemas graves como los que se vivieron en Colombia en la década de 1980 y 1990, que ahora se trasladó a México”. Ahora, solo resta discutir si se avanzará con un modelo burocrático como el uruguayo, o se promoverá uno con mayor libertad.

Editado por Elisa Vásquez.