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El feminismo triunfa en la nueva ley electoral chilena

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 20 de enero de 2015.

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En nombre de la igualdad, la democracia en Chile terminará por ser más desigual. Con la próxima aprobación de la reforma electoral, el país que gobierna Michelle Bachelet se sumará a otros 85 que imponen cuotas de género para privilegiar el acceso de las mujeres a los órganos legislativos.

Los reclamos contra la supuesta discriminación que sufren las mujeres para acceder a cargos políticos están por lados.

Los defensores de imponer cupos de género para promover el acceso de las mujeres a la política sostienen que ellas están subrepresentadas: la presencia de las mujeres en el Congreso no es proporcional a la población total de mujeres, afirman. “La participación en materia de representación política y acceso a los cargos de decisión pública exhibe una evidente desigualdad de género”, sostiene un informe de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile.

El proyecto de ley, aprobado esta semana por el Senado chileno, incorpora, entre otras modificaciones, una limitación a la hora de confeccionar la lista de los candidatos. La nueva norma —que será transitoria y se aplicará en las elecciones de los años 2017, 2021, 2025 y 2029— dispone que “ningún género podrá superar el 60% del total de candidaturas presentadas”, es decir, como mínimo un 40% del total de los candidatos en una lista deberán ser mujeres.

Chile ostenta una de las cifras más bajas de integrantes femeninas en el Senado. En la actualidad, 15,8% de las bancas de ambas cámaras está ocupado por mujeres. Ese número queda lejos del promedio continental, 24,8%, y del 21% mundial. Chile está relegada, pero ¿en qué?

La idea de que las mujeres están subrepresentadas en el Congreso obedece a una noción perversa de la política, según la cual, los distintos sectores de la sociedad deben tener una representación en el Congreso porque están allí para defender sus intereses.

Según este razonamiento, además de las mujeres, los indígenas, los sindicatos y los maestros, todos deben tener una representación proporcional. Y a pesar de que Chile se vanagloria de ser una democracia liberal, esta explicación solo puede enmarcarse dentro del corporativismo.

Es el resultado del pensamiento colectivista, en el cual desaparecen las individualidades y los rasgos singulares de cada personas quedan diluidos en favor de una masa abstracta que comparte alguna características común (en este caso el órgano genital). De esta manera, los rasgos únicos de cada mujer quedan subsumidos a simplemente una categoría de género. Al final, las mujeres terminan siendo despreciadas por su potencial individual y enaltecidas por un hecho de naturaleza.

Si hay mujeres que son incluidas en una lista de candidatos porque son mujeres, quiere decir que hay hombres que son excluidos en una lista de candidatos por el hecho de ser hombres. Es discriminación, y los partidarios de las cuotas lo reconocen y, sin embargo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) los ampara.El tratado incentiva este tipo de  “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer” y aclara que ellas “no se considerará discriminación” según está definida allí.

Pero aunque la letra de la Convención pretenda ignorarla, la realidad está allí. Las mujeres no acceden a las candidaturas por mérito sino mediante una ley que insinúa que necesitan de la imposición del Estado para lograr sus objetivos. Esta idea resulta degradante para el género femenino, incluso considerando los argumentos de los defensores de las cuotas. Si existe una discriminación estructural contra las mujeres, entonces, con la inclusión de cupos serán doblemente discriminadas. Porque a pesar de ser llamada discriminación positiva, no dejar de ser discriminación.

¿Por qué es necesario un cupo mínimo de mujeres en el Congreso? Desde el centro de la discusión emerge la “desigualdad de género”, la sobrerepresentación de los hombres sobre las mujeres. Dejando de lado esta quimera feminista, las razones para justificar la imposición de cupos son más difíciles.

Las cuotas de género son presentadas como una herramienta para reparar los males del pasado, cuando las mujeres tenían vedada la participación política. Allí existía una verdadera desigualdad de género, una ley que autorizaba a los hombres a votar, pero no a las mujeres, por considerarlas poco preparadas o incapaces para hacerlo. Las circunstancias cambiaron, en los últimos 50 años las mujeres han emergido como lideres mundiales y ello no ha sido garantía de mejores gestiones. Las restricciones en cuanto a su participación política desaparecieron y su compromiso político aumentó en forma constante durante las últimas décadas. No se puede reparar una injusticia con otra injusticia.

Tras las próximas elecciones, con la reforma electoral ya vigente, es probable que en el próximo Congreso aumenten las polleras y disminuyan las corbatas. Aunque el cambio será solo estético: los políticos seguirán siendo políticos. Su apetito por regular, legislar y gravar será el mismo, independientemente de su género, y mientras el debate sobre el género de los legisladores domina la agenda, cuestiones más impotantes como por ejemplo qué y cómo votan los legisladores quedan desatendidas.

Las cuotas de género no solo serán para el Legislativo chileno. La presidenta del Senado, Isabel Allende Bussi, publicó un artículo en el que anticipa un sistema de cuotas similar para los directorios de empresas estatales. No obstante, frente a este intento, la solución es mucho más simple: privatizar.

Chile: Diputados aspiran a acabar con el anonimato en internet

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 9 de enero de 2015.

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Hay una persona que afirma en internet que me violaron. Esta persona escribe bajo un seudónimo, y se escuda en él para lanzar todo tipo de acusaciones sin respaldo. Dice que un hombre determinado me violó como parte del rito de iniciación de una secta.  No voy a enlazarlo y hacerle publicidad. Ese blog está poblado de historias delirantes que no tienen ningún sustento, pero que utilizan algunos datos extraídos de la realidad para difamar y darle un halo de verdad a la irreverente ficción.

Su autor tiene la oportunidad de difamar. La obtuvo gracias al anonimato. Los opositores a las publicaciones anónimas en internet —o bajo seudónimo— dirán que prohibir el anonimato es fundamental para evitar este tipo de acosos. Si siguiésemos su consejo nos privaríamos de mucho más que de la imaginativa y, por momentos, perversa narrativa en la que me involucran (el protagonista es un exjefe del servicio de inteligencia argentino). Denuncias, opiniones, memes, y otras publicaciones anónimas en internet serían enterradas junto con el anonimato. ¡Hasta artículos en el PanAm Post!

En un esfuerzo conjunto del oficialismo y la oposición, dos sigilosos proyectos de ley avanzan por el Congreso chileno. Chile pretende implementar una reforma a la oscura “ley de prensa” que podría matar a la libertad de expresión en internet. Las propuestas convertirían a usuarios de Facebook , de otras redes sociales, a blogueros, y a microblogueros, en  “medios escritos”. Todos ellos estarían obligar a inscribirse en un registro gubernamental y a exhibir en sus espacios el nombre de su propietario.

La iniciativa es impulsada por diputados de todo el espectro político. Tanto diputados del partido conservador Unión Demócrata Independiente, como integrantes de la coalición oficialista Nueva Mayoría aparecen como coautores de las propuestas. Si son aprobadas, todas las publicaciones digitales que sean actualizadas cuatro días por semana deberán cumplir los mismos requisitos que las publicaciones impresas.

La ley, entre otros requisitos, impone a los medios registrar el nombre de su propietario y su domicilio, exhibir el nombre del propietario en la publicación, y definir a un director responsable que no puede estar beneficiado por inmunidad judicial por otros cargos. En el caso de las publicaciones en español. es necesario tener un domicilio en Chile, mientras que para las sociedades comerciales “su presidente y sus administradores o representantes legales deberán ser chilenos”.

Con la reforma , el ámbito de aplicación de la ley alcanzará a cuentas en redes sociales como Facebook o Twitter, un blog, o un sitio web con memes, “con tal que se haga cuatro veces a la semana”, explica Rayén Campusano, encargada de políticas públicas en la ONG chilena Derechos Digitales, cuya misión es defender la libertad en internet.

La norma, en su esencia, significa para los chilenos el final del anonimato en internet. No, no es verdad. Gran parte de nuestra actividad en internet —por lo menos la que interactúa con servidores en Estados Unidos— , sin importar el país desde el que esté leyendo esto, está siendo vigilada en este momento. Según Francisco Vera, director de Proyectos de la ONG Derechos Digitales, en Chile, agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) “pueden solicitar ordenes judiciales sin reportarla, igual que los de la Agencia de Seguridad Nacional [en Estados Unidos]”.

Entonces la reforma pone al alcance de los políticos locales el poder para terminar con el anonimato digital. En los últimos días, la norma despertó la reacción de los chilenos en las redes sociales, también recibió críticas del Colegio de Perioidistas y de la Federación de Medios chilena. Y hasta NIC Chile, la autoridad regulatoria de la asignación de dominios “.cl”,  dependiente de la Universidad de Chile,  advirtió que “no tiene sentido exigir la inscripción de un nombre de dominio, ni que esta sea bajo un dominio” radicado en Chile, como lo exigiría uno de los proyectos que están siendo analizados.

El anonimato es esencial

El anonimato nunca garantiza la impunidad como podrían afirmar los opositores al anonimato en internet, por la sencilla razón de que solamente expresarse nunca debería ser un delito. El anonimato permite evadir las repercusiones que pueden traer consigo ciertas declaraciones a las que alguien no quisiese exponerse bajo su identidad real. De esta manera, opositores políticos podrían criticar sin temer represalias de cualquier Gobierno; personal del sector público y privado podrían filtrar documentos confidenciales de interés público sin ser identificados; o personas hacer consultas sin ser vistas como ridículas. El anonimato ofrece libertad.

Esa libertad tiene sus riesgos, por ejemplo que lo señalen a uno como víctima de una violación en internet. Pero al mismo tiempo ofrece en algunos casos la posibilidad de evitar consecuencias, especialmente cuando se busca eludir represalias de poderosos.

Otros lo aprovechan incluso con malas intenciones, para difamar, agredir, o acosar gente. Pero son casos individuales para los que no es necesario una ley, ya sea porque estas ya existen, o porque no haga falta regular esta materia.

Los legisladores chilenos deberían tomar nota de sus propias limitaciones antes de regular las expresiones de los demás.

Editado por Elisa Vásquez