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Expandiendo el debate político

Publicado originalmente en Infobae.com el 18 de diciembre de 2012.

Es habitual que los programas de análisis político entrevisten a funcionarios, políticos, y lideres de opinión provenientes de distintos sectores. También, allí, se suelen ver debates que tratan sobre los temas que predominan en la agenda de la semana. Así, conductores y productores creen ofrecerle al público un abanico de opiniones diferentes sobre el tema que está siendo tratado.

Sin embargo, esta diversidad es muchas veces una simple ilusión. Opiniones que a simple vista parecen encontrarse en las antípodas, en realidad están mucho más cerca entre sí de lo que uno cree. Hay opiniones que parecen plantear diferencias irreconciliables, pero un análisis más detallado nos muestra que no lo son. Todo depende de la distancia desde donde se las mire.

Todos los que protagonizan el debate político argentino parten del la misma pregunta para comenzar a abordar los problemas que están siendo discutidos: “¿Qué es lo que debe hacer el Estado?”. Salvo contadas excepciones, se trata de una práctica generalizada. Las alternativas que se plantean en la discusión pública se fundamentan todas en una solución estatal. Esto es, puesto en otros términos, discutir acerca de que color pintar un pared pero limitar la elección al verde ceniza, verde oliva o verde militar, ignorando el resto de los colores. Estamos ante un conjunto de opciones acotadas, una falsa diversidad, en la que la solución debe provenir del Estado o del Estado.

La consecuencia más grave de esta situación es que se deja de lado la posibilidad de discutir acerca de los asuntos de fondo y el debate se termina centrando en las diferencias más bien superficiales que mantienen los políticos de diferentes signos partidarios. De esta forma, muchas veces nos encontramos dando vueltas sobre un mismo punto, perdiendo de vista otras posibles soluciones que no están relacionadas con la postura que por defecto adoptan los políticos: “el Estado tiene que ocuparse del tema, tenemos que hacer algo”. Su arrogancia, y su desmedida ambición de poder los lleva siempre a la misma conclusión, incluso cuando los resultados anteriores demuestran que ese camino es el incorrecto.

Un ejemplo claro de esto es el caso del desempleo juvenil, que en la Ciudad de Buenos Aires duplica al promedio en general. La reacción habitual del político a este problema es “hay que hacer algo”: crear un programa estatal de empleo joven, eliminar la desocupación mediante el establecimiento de cupos en grandes empresas, la organización de ferias de empleo joven, o promover becas para la contratación de los recién egresados de la secundaria, entre otras alternativas posibles. Todas ellas comparten la característica que mencionábamos, en cada propuesta hay un papel activo para el Estado.

¿Pero si acaso este fuera un enfoque equivocado? ¿Y si el Estado es parte del problema y no de la solución? Esa no parece ser una línea de acción que los políticos estén dispuestos a tomar. Es verdad, explicar que el desempleo joven es consecuencia de la intervención estatal, y más específicamente de la existencia del salario mínimo, puede sonar antipático. Poder desarrollar, de forma sencilla, la lógica de por qué el salario mínimo funciona como una barrera de ingreso al mercado laboral para aquellos con menos experiencia y menor preparación representa un verdadero desafío. Todo esto, sin dejar atrás la importancia de comunicar que además el salario mínimo es una transferencia forzosa de recursos desde aquellos menos preparados para ingresar en el mercado laboral hacía los más preparados. A pesar de tratarse de todos hechos comprobados, esta respuesta no requiere de la actividad de los funcionarios y frustra la posibilidad de hacer anuncios pomposos de soluciones mágicas, que en los oídos de la gente suena agradable, pero que en la realidad no solucionan nada.

En materia de política jubilatoria, la situación es similar. Posterior a la estatización de los fondos de las AFJP, conceptualmente defendida desde todos los sectores, la discusión se centró en cómo el Estado debía administrar ese dinero. Ningún político tuvo las agallas para considerar que las decisiones acerca del futuro de la gente debían quedar en manos de ellos. Todos defendían de una forma u otra la idea de que debía haber ciertas imposiciones sobre la planificación individual de la vida de cada uno. La postura mayoritaria sugería que los fondos destinados a sustentar a todas las personas en la última etapa de su vida debían quedar en manos de un grupo de hombres y mujeres, empleados por el Estado, que se encontraban más capacitados para gestionarlos que los propios interesados. Otros, la postura minoritaria, consideraban que lo correcto era imponerle a la gente destinar una parte de su sueldo a un selecto grupo de empresas, que además de cobrar comisiones exorbitantes, dispuestas por el Estado, debían invertir en instrumentos que el propio gobierno dictaba, en su mayoría deuda estatal. En ningún momento se contempló la posibilidad de que en un marco de libertad, surgiesen propuestas desde el sector privado como los planes de retiro, o incluso desde los sindicatos, en un contexto de libertad sindical, por mencionar algunas de las posibilidades entre las cientos que podrían emerger si se hubiese abierto una puerta para poner en funcionamiento la creatividad y en el diseño de sistemas alternativos jubilatorios, una tarea que terminó siendo reservada exclusivamente para los burócratas.

Estas dos situaciones ejemplifican de forma clara la falsas antinomias que presenta el debate político. Los supuestos sobre los que se manejan las diferentes propuestas políticas son iguales. Las únicas diferencias se encuentran en la forma de la presentación, y el modo de utilizar el poder del Estado para realizar las imposiciones que los políticos tienen en mente, pero con imposiciones al fin. Una solución que radique en permitirle a los individuos tomar sus propias decisiones acerca de su presente y su futuro no está dentro de los planes de los políticos que predominan en la escena hoy.

Ya lo advirtió el economista y ensayista liberal francés Frédéric Bastiat, “los planes difieren, los planificadores son todos iguales“.

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