derechos individuales

La guerra contra el efectivo de Federico Sturzenegger

Publicado originalmente en Infobae el 24 de julio de 2016

¿Fue el corralito de 2001 —una bancarización forzada de la economía— un presagio de lo que nos deparará para el futuro? Si tomamos en serio las intenciones del presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, la respuesta es “sí”.

La nueva serie de billetes con animales autóctonos, a la que se sumarán los nuevos billetes de 200 y 1.000 pesos en el transcurso del próximo año, son, desde el punto de vista del BCRA, un parche que soluciona un problema circunstancial: durante los últimos nueve años de inflación desenfrenada, los billetes perdieron su poder adquisitivo, lo que dificulta el abastecimiento de los cajeros automáticos y encarece los costos de impresión. Para el futuro, sin embargo, el BCRA tiene planes abismalmente diferentes.

En el acto de lanzamiento del nuevo billete de 500 pesos, celebrado el 29 de junio, Sturzenegger brindó un discurso autocomplaciente que pasó en gran parte desapercibido por los medios. Casi como si se tratara de un acto de disculpas por lanzar este billete, al comenzar su disertación, Sturzenegger aclaró que la visión estratégica del Banco Central es “la eliminación del efectivo”. Una frase que debería alertar a la población sobre el futuro de la economía.

Incluso antes de saber que Mauricio Macri iba a ganar las elecciones y designarlo como titular del BCRA, en la cabeza de Sturzenegger pululaba un plan de acción para llevar a cabo su idea de desterrar el efectivo de la economía. En una artículo publicado en 2015, el entonces diputado nacional del PRO sugería: “Obligar a que todos los individuos tengan una cuenta bancaria gratuita” y “obligar a su uso, haciendo que ciertos pagos deban hacerse por este mecanismo”. La misma idea la reafirmó cuando asumió en funciones, casi un año después, al sostener su visión ideal sobre la economía: “Una economía sin circulante”.

La explicación oficial para proponer la eliminación del efectivo es que facilita “la corrupción, la informalidad, la evasión impositiva y el narcotráfico”. Sin efectivo, siguiendo esta lógica, no habría corrupción, informalidad ni narcotráfico. Un argumento pueril. Las cárceles, donde el dinero en efectivo está prohibido, ya nos ofrecen un vistazo de cómo el efectivo puede ser reemplazado fácilmente. Los presos usan su propia moneda, como los cigarrillos o las tarjetas telefónicas, que en su vida diaria funcionan como medio de cambio para acceder al mercado negro de los penales. Nada indica que para los que están fuera de las cárceles la situación sería distinta.

Mientras tanto, los ciudadanos obedientes de la ley quedarían bajo el estricto escrutinio de los ojos estatales. Esta es la clave para entender la motivación real de Sturzenegger de una bancarización total de la economía. Lejos de afectar a los que usan el efectivo para actividades ilegales, el Estado, y en especial los recaudadores de impuestos, se asegurarían un escenario ideal para controlar todos los aspectos económicos de la vida cotidiana de quienes no son narcotraficantes, ni terroristas, ni corruptos.

El dinero físico cuenta con grandes ventajas frente a los pagos electrónicos tradicionales. El efectivo es un sistema descentralizado que permite efectuar transacciones anónimas, sin posibilidad de ser rastreadas y sin la necesidad de recurrir a intermediarios. En otras palabras, permite resguardar la privacidad y llevar a cabo intercambios sin la necesidad de la participación de terceros.

La privacidad financiera no es una demanda exclusiva de aquellos que actúan por fuera de la ley, como suelen sostener los que descartan la importancia de la privacidad. Los mismos que invocan esos argumentos probablemente no accederían a publicar en las redes sociales sus estados de cuenta y sus resúmenes de tarjeta de crédito. Es comprensible, siempre hay cuestiones que las personas prefieren mantener al margen del ojo curioso de terceros. Y si de la actividad económica estamos hablando, esta puede ser muy reveladora. Cuestiones tan personales como los hábitos alimenticios, la orientación política o la identidad sexual pueden ser deducidas con facilidad de un resumen de la tarjeta de crédito o débito. En una economía totalmente bancarizada, no quedaría refugio para el ciudadano común alguno ante el Gran Hermano.

En una economía sin efectivo, todas las transacciones quedan documentadas y registradas, y el Gobierno (cualquiera sea su afiliación partidaria) obtendría una herramienta poderosa para llevar adelante experimentos de ingeniera social. Por ejemplo, ante el problema de la obesidad podrían imponerse límites máximos al consumo de comida chatarra, al ordenar a los bancos el bloqueo de transacciones una vez superado el cupo mensual. De la misma forma, podría implementarse fácilmente la prohibición de la venta de literatura sobre determinada ideología, o establecerse con facilidad las relaciones personales de cada individuo. El potencial es peligroso.

El efectivo, además, es el único medio de subsistencia para millones de personas que sobreviven gracias a la tan demonizada economía informal. Los evasores fiscales y quienes operan fuera de los registros del Estado lo hacen mayormente por una sencilla razón: de cumplir con todas las exigencias legales estarían condenados a cesar sus actividades y caer aún más en la pobreza. Un control absoluto, total, de la economía informal sería una sentencia de muerte para aquellos que comen gracias a ella.

Sería absurdo negar las ventajas de los pagos electrónicos. Facilitan la vida en muchísimos aspectos, al igual que el efectivo en otras situaciones. Eliminar esa alternativa sólo le otorgaría al Estado un poder desmesurado para ejercer un control total sobre la economía. Y el control total no es compatible con una sociedad libre, más bien una característica propia del totalitarismo.

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Tribunal de Buenos Aires instaura la “presunción de sospecha”

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 7 de enero de 2016.

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El 14 de abril de 2014 Lucas Abel Vera se encontraba deambulando en la estación de Constitución —valga la paradoja—, una de las principales terminales de trenes de la ciudad de Buenos Aires. A las 3:20 p.m. un policía se le acercó: “Documento, por favor. Estamos realizando un operativo de prevención”, probablemente le dijo el oficial. Vera, visiblemente nervioso, le explicó al policía que estaba armado. En la cintura poseía un arma con cuatro cartuchos en el cargador, sin la autorización correspondiente. La revelación llevó a los oficiales a detener a Vera, quien quedó detenido.

En el proceso judicial posterior, su abogado cuestionó el procedimiento. Según el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la capital de Argentina, la defensa argumentó que “ese proceder constituye una privación de la libertad ambulatoria”, y que sólo podría haberse realizado “cuando mediara un supuesto de sospecha, que en el caso no se dio”. Mientras que un tribunal de apelaciones consideró válidos esos argumentos, los jueces del máximo tribunal opinaron de forma diferente.

Los magistrados consideraron que el proceso era legítimo y ajustado a las leyes vigentes. Para hacerlo se respaldaron en un viejo decreto del año 1958, dictado unos meses antes de que el régimen militar que gobernó entre 1955 y ese año dejara el poder. La norma, entre otras cosas, faculta a la policía a llevar un “registro de vecindad en la Capital de la Nación (…) hasta donde sea necesario, a los fines de seguridad de los mismos”. La exigencia de mostrar el documento nacional de identidad (DNI), sostuvo la jueza Inés Weinberg, está contemplada dentro “facultades implícitas” de los cuerpos policiales.

Sin privacidad ni libertad

¿Y las garantías de la Constitución? Bien, gracias. Con su fallo, los jueces decidieron desconocer por lo menos dos derechos individuales básicos: a la privacidad y a la libertad ambulatoria. Dicho de otro modo, es el derecho a poder transitar libremente sin ser molestado y sin tener que dar a explicaciones a nadie, mientras uno no actúe de forma contraria a la ley y a la presunción de inocencia.

“¿Y la seguridad?”, se preguntan muchos que tienen una legítima preocupación: viven en la capital del país con más robos reportados de América, según Naciones Unidas. “Los únicos que deberían preocuparse son los que tienen algo que ocultar, los ciudadanos que no violan la ley no deberían tener problema en mostrar su documento, cuando se lo requieren”, suelen afirmar.

Pero este argumento es falaz, todos tenemos algo que esconder, y no tiene necesariamente porque ser algo ilegal. ¿Y si uno inventó un viaje para no asistir a una tediosa reunión familiar? Una “detención al azar por averiguación de antecedentes” dejaría expuesta la falsa excusa. Incluso, si alguien no tiene nada que esconder lo asiste el derecho a transitar libremente sin ser molestado. O como señaló Edward Snowden: “Argumentar que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que esconder no es diferente a decir que no te importa la libertad de expresión porque no tiene nada que decir”

Por supuesto, las tareas de prevención son una parte fundamental del trabajo policial. Si la policía sospecha o tiene información de que se producirá un asesinato, esperar a que se produzca para entrar en acción sería absurdo, y frustraría la función básica de ese cuerpo, que es proveer seguridad. Pero esta decisión va mucho más allá de eso. La juez Ana María Conde escribe en su voto que los “procedimientos identificatorios de personas al azar en lugares públicos o de acceso público (…) no es, per se, violatorio de ninguna garantía constitucional”.

El fallo, en esencia, invierte el criterio fijado en otros tribunales. Los “indicios vehementes de culpabilidad”, el “estado de sospecha” y la “flagrancia” ya no serán requisitos para que exigir el DNI, sino que ahora todos — “al azar”— podrán ser sometidos a esa exigencia. La presunción de inocencia es reemplazada por la presunción de sospecha: todos somos sospechosos a menos que demostremos lo contrario.

En caso de que una persona no pueda acreditar su identidad, porque decidió salir a la calle sin su DNI, el problema es aún mayor. Según la legislación vigente, no contar con el DNI o negarse a mostrarlo habilita a la policía a detener a la persona por un máximo de 10 horas en la ciudad de Buenos Aires, para llevar adelante una “averiguación de antecedentes”. De esta manera, uno —sin ninguna causa que lo justifique— podría terminar detenido (en los hechos, un secuestro) por ser “obligado a hacer lo que no manda la ley”, en una abierta contradicción a la Constitución.

Azar predeterminado

El fallo judicial echa por tierra cualquier requisito para que un funcionario policial demande una identificación, y lo reemplaza por “el azar”, o en otras palabras por un régimen del “vale todo”. El azar policial, además, sufre de demasiada arbitrariedad. Los “criterios aleatorios” que —según el TSJ— debería utilizar la policía están predeterminados, en general, por el color de piel, la vestimenta, la edad o el lugar de residencia de la persona. Si antes la arbitrariedad para este tipo de procedimientos era una cuestión de todos los días, ahora será peor.

Es posible que la situación sea imperceptible para una parte de la población que no suele ser sometida estos controles, pero entre aquellos que cumplen las condiciones para que el azar policial los seleccione suele generar un verdadero incordio. Una persona que nunca en su vida cometió un delito podría ser sujeta a averiguaciones de identidad varias veces por semana, e incluso por día, anulando cualquier noción de libertad.

Con su decisión, los magistrados del TSJ han extirpado a la libertad ambulatoria y a la privacidad de su rango de derechos. Ahora el derecho es de los policías, y los nuestros son simples privilegios que dependen —sin restricciones legales— de la autoridad policial. Virtualmente estamos todos bajo estado de sospecha.

Prostitutas argentinas reclaman por el derecho a explotar su cuerpo

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 1 de diciembre de 2015.

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Con el Congreso Nacional como telón de fondo (algunos dicen que allí trabajan sus hijos), y bajo un sol abrasante que calienta Buenos Aires, un grupo de alrededor de 10 mujeres se refugia a la sombra de un árbol mientras esperan que comience la segunda jornada de protestas y concientización. Ellas se consideran trabajadoras, y reclaman ser reconocidas como tales. Otros creen que son víctimas de circunstancias adversas que las empujaron a esa realidad. “Muchos usan las manos, otros la cabeza, nosotras usamos la vagina” para trabajar, afirma Mónica Lencina, dirigente de Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), el sindicato argentino de la prostitutas.

Algunos curiosos se acercan a tomar fotos, principalmente atraídos por la vagina de tela que marca el ingreso a la carpa donde se desarrollan algunas de las actividades. Otros, de camino al trabajo, miran de reojo algo ruborizados, quizás un signo de que aún persisten los tabúes frente a la “profesión más antigua del mundo”. De cualquier manera, ellas dicen que continuarán con el reclamo hasta lograr el objetivo.

Desde el pasado lunes y hasta el próximo miércoles, representantes de la agrupación montan una carpa en reclamo de una ley que les permita acceder a los mismos beneficios que hoy gozan el resto de los trabajadores autónomos. Charlas, debates y hasta la puesta en escena de un cabaret autogestionado tienen como objetivo concientizar al público acerca de la “importancia de que las mujeres trabajadores sexuales tengan un marco legislativo”, dice Lencina.

“Somos mujeres mayores de edad que decidimos por nuestra propia cuenta ejercer el trabajo sexual autónomo”, afirma, quien trabaja en la provincia de San Juan, en el interior profundo de Argentina. “Cuando vos pedís una compensación por algo que estás haciendo es trabajo”.

La ley argentina no prohíbe la prostitución, aunque cada provincia la regula de una forma diferente. En la mayoría de los casos, la regulación es tan estricta que la oferta de servicios sexuales queda prohibida en la práctica. Por ejemplo, en San Juan, el Código de Faltas sanciona con hasta 20 días de prisión el ofrecimiento de sexo a cambio de dinero. Esta situación las deja vulnerables ante abusos policiales. “Mis compañeras pueden ser detenidas hasta 25 días al mes”, afirma Lencina.

Desde Ammar denuncian que la supuesta zona gris en la que se encuentra su actividad las ha convertido en carne de cañon de las fuerzas de seguridad, que muchas veces están involucradas en los casos de feminicidios contra trabajadoras sexuales. Entre julio de 1996 y noviembre de 2015, Ammar registró 41 casos, de los cuales solo tres resultaron en condenas para los responsables.

Para Georgina Orellano, secretaria general de la agrupación a nivel nacional, el listado de víctimas evidencia “gravísimas violaciones de los derechos humanos para quienes ejercemos esta labor, y demuestran que el estigma y la violencia institucional son los principales causantes de estas muertes”. Muchas veces, la legislación impulsada por quienes afirman querer protegerlas termina teniendo el efecto contrario.

Entre la trata y la prostitución

La secretaria general de Ammar en Santiago del Estero, Mariana Contreras, reconoce que entre la prostitución y la trata de blancas “hay un hilo muy delgado”, aunque advierte que el tráfico de personas es muchas veces invocado como excusa para luchar contra las mujeres que ejercen la prostitución como actividad laboral.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mas de 9.000 mujeres fueron “rescatadas” entre abril de 2008 y agosto de 2015, 90% de ellas mayores de edad. Las estadísticas, sin embargo, es probable que no reflejen la realidad y estén sesgadas por la visión dominante en el Gobierno nacional. Según Contreras, las estadísticas consideran a todas las trabajadoras sexuales como víctimas de la trata de blancas.

“Por mas que yo diga que ejerzo trabajo sexual porque quiero o porque me gusta, ellos lo toman como trata”, dice Contreras, oponente de la corriente legal llamada “abolicionista”, que niega cualquier posibilidad de consentimiento en una relación entre la prostituta y su cliente. Esta postura, afirma, las ha empujado a una mayor desprotección. “Ellos dicen que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, que no podemos decidir explotar nuestro cuerpo”, denuncia.

En 2012, la presidenta argentina Cristina Kirchner prohibió por decreto la publicación de avisos con ofertas sexuales en los medios gráficos. La medida fue anunciada en un contexto particular. El Gobierno estaba inmerso en una guerra abierta con el multimedios Clarín; así lo privaba de jugosos ingresos. “El rubro 59 le deja pingües ganancias a los diarios que hacen negocios con esta oferta”, señaló Kirchner en aquella ocasión. Las trabajadoras sexuales, sin embargo, consideran que fueron ellas las perjudicadas.

“A combatir la trata no ayudó. Fue criminalizarnos mas a nosotras, a empujarnos hacia la clandestinidad. Nos sacó un medio muy útil para publicar nuestro servicio”, dice Lencina. “Es como tapar el sol con la mano”.

Privadas de consentimiento

Aunque la sanjuanina afirma que la transacción entre ella y sus clientes es voluntaria, los partidarios de la corriente abolicionista consideran que ese consentimiento “está viciado”. Para agrupaciones como la Fundación La Alameda la idea de que un grupo de mujeres alquile un departamento y “se junten a trabajar en una especie de cooperativa” —como lo describe Lencina— es una posibilidad lejana de la realidad.

“El cuentapropismo casi no existe en Argentina, el sometimiento de las mafias es mucho más fuerte que lo que puede hacer una sola persona”, afirma Luchas Schaerer, dirigente de La Alameda, dedicada al combate del trabajo infantil, talleres clandestinos, narcotráfico y la trata de mujeres. Su director, Gustavo Vera, además de ser legislador de la ciudad de Buenos Aires, es una figura muy cercana al papa Francisco.

“No es un trabajo. Una whiskería, un prostíbulo, lo regenta una mafia. Los regentes son de gran peso”, dice Schaerer, quien recuerda el caso del entonces juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, adherente a la corriente abolicionista y, al mismo tiempo, propietario de tres departamentos en el que trabajaban prostitutas. Las meretrices, por el otro lado, lo consideran el “cierre de puestos de trabajo”. Aunque aclaran, el Gobierno debería actuar contra el proxenetismo.

El grupo de mujeres planea continuar reclamando por una ley que las visibilice, las ponga en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores y termine con la persecución que sufren todos los días en su actividad laboral.

“El único delito que cometen es salir a laburar para llevarles el sustento a sus familias”, concluye Lencina.

Nueva ley de calorías alimenta el paternalismo en Argentina

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 28 de septiembre de 2015.

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Legisladores argentinos vienen llevando adelante una guerra contra las decisiones personales de la gente. Disgustados de que opten por hábitos alimenticios que consideran insanos, pretenden obligar a los restaurantes a exhibir en sus menús la cantidad de calorías que contienen los alimentos que venden. Con mayor información, afirman, los clientes podrán tomar decisiones más “saludables” a la hora de comer.

Según la iniciativa, “los restaurantes de comida elaborada o rápida” deberán “informar tanto en la cartelera de promoción, como en las cartas de menús, el valor calórico que posee cada plato (…) con el mismo tamaño de letra que el nombre del mismo, fácilmente visible”.

En una demostración de que la arrogancia y la necedad no conocen de banderas políticas —al menos no en Argentina— todos los diputados presentes alzaron sus manos al unísono. Por unanimidad, la Cámara baja dio media sanción al proyecto el pasado 23 de septiembre y en los próximos días será el turno del Senado convertirlo en ley.

De esta manera “se pueden torcer (sic) los hábitos de los individuos hacia conductas nutricionales saludables, ayudando de esta manera a reducir los factores de riesgo de la obesidad al mínimo”, afirma el texto que acompaña a los nueve artículos que componen el proyecto.

Desde sus púlpitos, los diputados pregonan hábitos saludables. Como si su escaño les otorgara una sabiduría especial, fuera del alcance del ciudadano ordinario, están seguros de que con mayor información la gente tomará decisiones más racionales, en este caso ingerir menos calorías.

Por el momento, parecen quedar atrás (a veces) los días del paternalismo puro y duro, cuando los legisladores hubiesen propuesto directamente imponer un tope máximo en las calorías que contiene una comida o prohibir algunos tipos de alimentos para preservar a las personas de sus propias decisiones equivocadas, de su falta de autocontrol, o de la elección de estilos de vida que la mayoría observamos con horror: obesos, drogadictos o imprudentes que manejan sin casco.

En su lugar, la idea del llamado “paternalismo suave” o “paternalismo libertario” adquiere mayor preponderancia entre los encargados de diseñar políticas públicas.

Los profesores estadounidenses Cass Sunstein y Richard Thaler esbozaron esta idea en el libro Nudge, donde sostienen que con pequeños cambios, los individuos están más inclinados a tomar las “decisiones correctas” que de otra manera —influidos por sesgos cognitivos y los incentivos incorrectos— no tomarían. Así, la incorporación de la cantidad de calorías en los menús “empujaría” a uno a optar comidas con menos calorías, o por lo menos a llevar una cuenta de ellas y tomar conciencia acerca de la ingesta calórica diaria.

Entre gustos e incentivos

La idea podría funcionar para quienes tienen un par de kilos extras (ok, tenemos) y pretenden ponerse en forma para el venidero verano. La información adicional podría contribuir a llevar con más precisión un control sobre la cantidad de calorías que consumen con cada comida. Sin embargo, mi intuición me dice que en aquellos casos más graves de sobrepeso y obesidad, la inclusión del número de calorías al lado de la deliciosa descripción de un flan con dulce de leche o de la imagen de una hamburguesa doble, con queso cheddar y tocino, no generará súbitamente hábitos más saludables entre la gente.

Según estudios publicados en los últimos años, tras la experiencia en el estado de Nueva York, donde las calorías aparecen en los menús desde 2008, mi intuición parece estar en lo correcto.

Por ejemplo, un estudio de la Universidad Carnegie Mellon, publicado en el American Journal of Public Health, reveló que incluso con mayor información sobre el contenido calórico de las comidas, la gente continúa optando por lo que les gusta, y no por lo que se supone que es más sano.

Julie Downs, una de las autoras del estudio, considera que este tipo de medidas son poco realistas. Señala que los legisladores cuando diseñan estas medidas no tienen en cuenta el proceso de pensamiento de los demás: “ellos piensan mucho sobre lo que comen. Piensan: ‘No voy a comer una hamburguesa gigante, papas fritas, y un batido para almorzar’”, afirma. Pero no todos tienen los mismos valores ni las mismas prioridades.

Otro estudio, publicado en 2011 en la Revista Internacional de la Obesidad, muestra que tras incorporar el número de calorías a los menús, la cantidad de calorías ingeridas no se modificó. Solo 9% de los consumidores tomaron en cuenta la información adicional a la hora de tomar decisiones alimenticias.

“Se pretende que el consumidor sepa qué cantidad de calorías se estarían ingiriendo”, afirman los fundamentos del proyecto de ley. Claro que el diputado olvidó considerar que a quienes les importa un bledo tener una dieta más sana, les seguirá importando un bledo cuántas calorías están ingiriendo.

La evidencia abunda.

Menos diversidad

Pero ¿a quién podría dañar más información a la hora de sentarse comer? En primer lugar, a los restaurantes. No solo deberán reimprimir sus menús y rearmar sus carteleras para incluir la nueva información, sino que además deberán someterse a mayores trámites burocráticos a la hora de elaborar un nuevo plato para ofrecer al público. Antes de lanzar una nueva creación culinaria (o agregarle unas rebanadas más de tocino a la hamburguesa) deberán someter al nuevo producto a costos tests en laboratorios nutricionales para poder determinar la cantidad de calorías que contiene cada comida y así brindar información precisa al público, como lo demanda la ley.

Menos diversidad

Pero ¿a quién podría dañar más información a la hora de sentarse comer? En primer lugar, a los restaurantes. No solo deberán reimprimir sus menús y rearmar sus carteleras para incluir la nueva información, sino que además deberán someterse a mayores trámites burocráticos a la hora de elaborar un nuevo plato para ofrecer al público. Antes de lanzar una nueva creación culinaria (o agregarle unas rebanadas más de tocino a la hamburguesa) deberán someter al nuevo producto a costos tests en laboratorios nutricionales para poder determinar la cantidad de calorías que contiene cada comida y así brindar información precisa al público, como lo demanda la ley.

Académicos argentinos instan a un debate “serio” sobre el narcotráfico

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 23 de septiembre de 2015.

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El narcotráfico se ha convertido en uno de los temas más recurrentes en la campaña presidencial argentina, y los candidatos a presidente ya han expresado sus ideas para la luchar contra ese flagelo. Sin embargo, intelectuales argentinos de diversas disciplinas y signos políticos consideran que las actuales propuestas solo empeorarán el problema; y convocaron a “una discusión seria” sobre la política de drogas.

En un documento publicado en el blog La Cuestión Drogas en Argentina, que suscribieron más de un centenar de académicos argentinos, advierten que en el debate sobre el narcotráfico “ha prevalecido la presunción, la intuición y la improvisación”.

“Nos motiva únicamente la convicción de que es hora de discutir seriamente sobre el tema, pues la negación o tergiversación del mismo solo alienta a los que, con una agenda preconcebida basada en el temor, la ignorancia y la ampulosidad, pretenden instaurar una estrategia de guerra, en la que tendrían un lugar protagónico las Fuerzas Armadas, en contraposición con la legislación vigente”, sostiene el documento, publicado el pasado 16 de septiembre.

El texto afirma que “los efectos socialmente más dañosos del problema de las drogas”—entre los que enumera a la “extrema violencia asociada a la apropiación y el control del negocio ilegal” y a la “corrupción y descomposición de instituciones públicas”— son resultado de “los fallidos intentos represivos dirigidos a eliminar esos mercados ilícitos”.

Los autores sugieren que el enfoque de militarizar la lucha contra las drogas “solo puede deparar los desgraciados resultados en términos de violencia y abusos que se observan en otros países de América Latina”, como es el caso de México.

Allí, la ofensiva federal contra el narcotráfico que lanzó a finales de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón resultó en la muerte de más de 60.000 personas y la desaparición de otras 26.000 durante los siguientes seis años.

“La experiencia de los países de la región que han apelado a las fuerzas militares para enfrentar este problema, muestra una dudosa eficacia respecto al control de la oferta de narcóticos, pero invariablemente ha provocado un aumento en los niveles de corrupción, violencia e irrespeto por los derechos humanos”, afirma el texto.

Finalmente destacan “los logros alcanzados en materia de control, prevención y tratamiento en los mercados y en el consumo de alcohol y nicotina”, que sugieren que podrían alcanzarse también respecto a “otras sustancias”.

Militarización, agencias federales y derribos de aviones

A lo largo de la campaña presidencial antes de las elecciones del 25 de octubre, el candidato opositor Sergio Massa, un peronista disidente que integra el frente Unidos por una Nueva Argentina, ha sido el más agresivo en su discurso en cuanto al narcotráfico.

Sus propuestas incluyen una ley de derribo de aviones, la militarización de barrios humildes donde los grupos narcos penetran con mayor facilidad, y la utilización de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico.

“El narcotráfico para la Argentina es un riesgo de seguridad nacional”, sostuvo el candidato en una visita a un barrio humilde en las afueras de Buenos Aires el mes pasado.

Para Massa es necesario un “programa de seguridad ampliada” que incluye a “la Gendarmería, acompañada por el Ejército” para realizar un desembarco logístico en los barrios”. Prometió “dar combate y tomar control de los territorios que hoy están tomados por los narcos”.

En la coalición opositora Cambiemos, que lleva a Mauricio Macri como candidato presidencial, el narcotráfico también está entre sus prioridades. En un acto el pasado 12 de septiembre, el intendente de Buenos Aires aseguró que “vencer el narcotráfico” será uno de sus “tres desafíos de Gobierno”.

“Hay que derrotar al narcotráfico porque está poniendo en crisis nuestra cultura, nuestras familias. También está corrompiendo nuestras instituciones, comprando política, Justicia, policías, funcionarios y hay que pararlo hoy. Por eso, vamos a ser el primer Gobierno que mire de frente este tema y le dé batalla desde el primer día”, manifestó el candidato.

El asesor de Cambiemos en materia de narcotráfico y coautor de Poder Narco, Eugenio Burzaco, sostiene que es necesaria una “profunda reingeniería” del “sistema de seguridad interior” para restablecer “la prevención y el control primario de la seguridad en las provincias y sus policías”.

Macri, al igual que Massa, también es partidario de una ley para derribar avionetas sospechosas de trasladar drogas ilícitas.

Por su parte, el candidato del gobernante Frente para la Victoria, Daniel Scioli, quien también gobierna la provincia de Buenos Aires desde 2007, apuesta a la creación de policías locales para combatir la venta minorista de drogas.

Ademas aspira a triplicar, en cuatro años, la cantidad de efectivos de la Gendarmería y la Prefectura Naval, y establecer una fuerza militarizada urbana para contribuir a la lucha contra el narcotráfico.

El año pasado Sciolí sugirió reevaluar “el rol de las fuerzas armadas” en relación al narcotráfico “porque evidentemente es un problema de seguridad interior”.

La ley que regula la actividad de los militares veda las actividades para combatir la delincuencia dentro del territorio nacional, excepto “en aquellos casos excepciones en el que el sistema de seguridad interior le resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación”.

Los tres candidatos coinciden en la creación de una agencia federal destinada a la investigación de delitos relacionados con las drogas que unificaría los departamentos de investigación de las fuerzas federales bajo un comando central.

Narcotráfico en Argentina

Macri y Massa también coinciden con que Argentina se convirtió en un país de consumo, tránsito y producción de drogas.

Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no considera al país como productor de drogas, pero sí de tránsito.

“Brasil (especialmente desde 2010) y Argentina son los países de tránsito más mencionados en las confiscaciones más importantes de droga”, afirma el Informe Mundial sobre las Drogas 2015, que elabora anualmente el organismo.

De acuerdo con el informe, entre 2005 y 2014, Argentina fue mencionada 2.101 veces como un punto en tránsito de cargamentos de drogas, un 18% que Brasil, el segundo más mencionado.

Aunque las condiciones ambientales en Argentina no son propicias para el cultivo de coca y no se han registrado plantaciones, la cercanía de las provincias norteñas de Salta y Jujuy con Bolivia —uno de los mayores productores de cocaína del mundo— y Paraguay —el principal productor de marihuana en América del Sur— las convierten en un campo fértil para que los narcotraficantes desarrollen sus actividades.

Mientras tanto, la percepción del tráfico y consumo de drogas va en aumento. Un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa sobre en el país indica que ocho de cada 10 argentinos consideran al narcotráfico —y al abuso de drogas— como un problema”muy grave” para el país. La mitad de los encuestados, además, creen que son necesarias “leyes más duras” para luchar contra el narcotráfico.

En otro estudio sobre el tema, la Universidad Católica Argentina señaló que entre 2010 y 2014 se produjo un incremento de 50% en la percepción sobre la existencia de venta de drogas en los barrios.

Con poco optimismo, Argentina reclama legalización de la marihuana

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 3 de mayo de 2015.

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El humo de marihuana envolvió al corazón político de la capital argentina el sábado 2 de mayo cuando más de 100.000 personas al grito de “autocultivo” y “legalización” marcharon por las calles de Buenos Aires.

La manifestación que, según los organizadores, convocó a alrededor de 150.000 personas —al igual que el año anterior—, es parte de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM) que se ha celebrado en simultáneo en más de 849 ciudades y 76 países desde 1999.

“Pedimos la legalización y regulación de todo el cannabis, para todos sus usos: médicos, industriales y lúdicos”, explicó al PanAm Post Nicolás Breg, representante de la Asociación de Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA), una de las agrupaciones que organizó la convocatoria.

La Plaza de Mayo —sede de los acontecimientos más relevantes de la historia argentina— se convirtió en el mediodía del sábado en una suerte de feria cannábica donde vendedores, ambulantes o con puesto fijo, vendían desde remeras y libros sobre la marihuana, hasta accesorios para fumarla, artesanías, y comida. Especialmente comida, con y sin cannabis. La venta de brownies “mágicos” que supuestamente contenían cannabis competían con alimentos orgánicos, pan relleno, hamburguesas, y el infaltable sandwich choripán.

El clima festivo estuvo equilibrado con una dosis de activismo por parte de los manifestantes más involucrados en la causa; desde las carpas instaladas en uno de los extremos de la plaza repartían información. Los mensajes variaban de acuerdo a la agrupación.

“No más presos por cultivar cannabis. ¡Autocultivo ya!”, se leía en el panfleto de la AACA, que hace hincapié en las propiedades analgésicas y broncodilatadoras.

“No hay verdadera lucha contra el narcotráfico, ni combate a la inseguridad, si no se parte de reconocer la complicidad entre las fuerzas de seguridad”, dice uno de los panfletos que repartían integrantes del partido Izquierda Socialista, una de las agrupaciones políticas presentes.

A pesar del pesado humo de marihuana que se elevaba en el aire porteño, la Policía Federal solo se limitó a desviar el tránsito de las calles. La multitud comenzó a movilizarse a través de la pintoresca Avenida de Mayo con destino al Congreso de la Nación, donde se montó un escenario y hablaron algunos de los organizadores locales de la marcha, además de Gonzalo, un activista que contó su experiencia de aprovechar los usos médicos de la marihuana para mitigar su enfermedad.

La policía hizo la vista gorda sobre lo que ocurría frente a sus ojos, como si el consumo de marihuana ya hubiese sido legalizado en el país. La ley de drogas argentina, vigente desde 1989, prohíbe la tenencia de marihuana —conocida como “tenencia simple”— y lo pena con uno a seis años de prisión, o de uno a dos años si un juez determina que la hierba era para consumo personal.

Un asistente que sostenía un cartel reclamando “Libertad a María” contó al PanAm Post que viene “desde siempre” a la marcha y lo hace porque considera que la actual ley es “injusta” y “se tiene que legalizar de alguna forma”. “Lamentablemente la sociedad no la va a admitir si no es regularizada por el Gobierno”, pronostica, en referencia al proceso legalización de la marihuana en Uruguay, donde el Estado asume un rol central en la producción y distribución de la droga.

La experiencia uruguaya parece haber cambiado el punto de vista de un sector de los activistas cannábicos que en ocasiones anteriores demostraban rechazo por la idea de permitir la comercialización de la marihuana. “Permitiendo la venta ingresas al sistema capitalista”, decía en un tono despectivo una activista en 2011.

“[El] cambio impulsado por Uruguay ha fijado un piso en este tema en América Latina, al igual que Chile que lo está haciendo desde lo medicinal”, dice Breg, consultado por este cambio de perspectiva. “Aquel que accede porque necesita por razones médicas que acceda desde ese lugar, y el que quiera para experimentar en su propia vida como un adulto responsable que acceda también”, agrega.

La manifestación fue de claro tinte político, y aunque las banderas partidarias escasearon, los organizadores no ven alentadoras las posibilidades para una posible reforma en el corto plazo. “Nuestra expectativa es seguir con esta lucha, por ahora ningún partido político en este año electoral ha sentado una posición clara sobre la legalización del cannabis”, afirma Breg.

Los tres principales precandidatos presidenciales para las elecciones de octubre no han sugerido cambios en este sentido y todos proponen escalar la lucha contra el narcotráfico.”Se acepta mucho, se habla poco, y se hace poco”, dice Breg, con algo de pesimismo, mientras los últimos oradores frente al Congreso de la Nación terminaban de dar sus discursos.

Alrededor del mundo

La movilización de Buenos Aires se replicó en varias ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Uruguay, y en muchas ciudades canadienses y estadounidenses así como también europeas. En Asia, Indonesia, Japón e Israel celebraron la MMM, mientras que Sudáfrica fue el único país del continente africano que se manifestó por la legalización del cannabis.

En Guayaquil, Ecuador, más de 200 personas se congregaron en el Parque Kennedy para sumarse por primera vez a la iniciativa mundial. “La guerra contra las drogas es una guerra perdida y es injusto que se encarcelen personas solo por consumir, plantar o estar en posesión de marihuana”, dijo a PanAm Post Milica Pandžić, integrante del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad.

En Asunción, Paraguay, una marcha de 250 personas que recorrió calles del centro capitalino enfocó sus consignas en torno al narcotráfico, evocando casos de políticos presuntamente vinculados al negocio. Plantearon la legalización y el autocultivo como solución, y exigieron “no más presos por fumar”.

Editado por Daniel Duarte. 

Derribar narcoaviones no garantizará el éxito en la lucha antidrogas

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 12 de marzo de 2015.

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El 20 de abril de 2001, Veronica y Jim Bowers surcaban junto con sus hijos los cielos del Amazonas peruano a bordo de un avión privado. El matrimonio se dirigía a la ciudad norteña de Iquitos, donde vivía, cuando un avión de vigilancia de la CIA —que brindaba soporte al programa de derribo de aviones civiles— identificó al monomotor como un presunto narcoavión utilizado para transportar cocaína. “No se si es bandito o amigo”, dice uno de los agentes que observaba las imágenes producidas por un avión de vigilancia.

Tras una situación confusa, agravada por complicaciones idiomáticas, los aviones militares peruanos abrieron fuego contra la nave que transportaba a los Bowers, que se precipitó al rio Amazonas. “Creo que estamos cometiendo un error”, se escucha decir a uno de los agentes estadounidenses. Ya era demasiado tarde: una bala atravesó el pecho de Veronica y se alojó en el cráneo de Charity, la hija de apenas siete meses de la pareja.

Por supuesto, el matrimonio misionero, oriundo de Michigan, Estados Unidos, no trasladaba drogas en el avión. Estados Unidos reconoció que el programa de derribos —vigente desde 1995— estuvo “plagado de errores” y quedó desarticulado. Un programa similar en Colombia también fue desmantelado. “El desempeño de la comunidad [de inteligencia] en cuanto a la rendición de cuentas ha sido inaceptable. Estos eran estadounidenses que fueron asesinados con la colaboración de su Gobierno; la comunidad lo encubrió y demoraron la investigación”, concluyó el por entonces (1993-2011) congresista Republicano por el Estado de Michigan Pete Hoekstra.

Los derribos regresan a Perú

Catorce años más tarde los legisladores peruanos han retomado la idea de reinstaurar el derribo de aviones civiles. Por cierto, una pésima idea. Un proyecto de ley acaba de sortear con éxito el primer paso en la Comisión de Defensa del Congreso y todo parece indicar que los jets militares peruanos podrán, una vez más, abatir naves que se consideren sospechosas de transportar drogas.

El caso peruano no es una singularidad: en Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, Uruguay y Colombia existe legislación que autoriza el derribo de naves civiles. En los hechos, estos países han legalizado las ejecuciones extrajudiciales y han reimplantado la pena de muerte, incluso contradiciendo su propia legislación y los tratados internacionales que suscribieron.

Un estado de guerra es la única explicación para delegar en las fuerzas armadas la autoridad para expedir sentencias de muerte sin el debido proceso, sin la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, ignorando cualquier otra salvaguardia contra la autoridad estatal. Y ese es justamente el argumento con el cual los legisladores peruanos pretenden sancionar la ley: Perú está en guerra.

El campo de batalla peruano no está plagado de artefactos explosivos improvisados, trincheras o puntos de control, sino de cultivos de planta de coca, precursora de la cocaína. Desde 2012, Perú ostenta el dudoso honor de ser el mayor productor de hojas de coca. Pese al descenso del 17,5% de la superficie sembrada experimentado en 2013 respecto al año anterior, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción total bajó solamente 5,8%.

Esta discordancia obedece a la alta capacidad que poseen los narcotraficantes para adaptarse a nuevos contextos. Así, la implementación del derribo de aviones logró estimular la creatividad de los distribuidores, tal como la acción del gobierno peruano para reducir la superficie de los cultivos de coca empujó a los productores a hacer uso más intensivo de tecnología, recurrir a agroquímicos y perfeccionar las técnicas de cultivo.

Colombia: Otra experiencia fallida

Colombia, que reanudó su programa de derribo de narcoaviones en 2003 —dos años después de la tragedia de los Bowers, en Perú— ofrece un ejemplo de la ineficacia de los esfuerzos antidroga. En un testimonio ante el Congreso estadounidense en 2010, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental destacó que en 2008 la agencia “reportó que narcotraficantes utilizaban habitualmente lanchas rápidas y buques pesqueros para contrabandear cocaína desde Colombia a América Central y México en ruta hacia Estados Unidos”. Incluso, se ha informado de submarinos como alternativa para evitar el vigilado espacio aéreo.

Los resultados tampoco son alentadores. Entre diciembre de 2003 y julio de 2005, la Fuerza Aérea Colombiana identificó 48 aeronaves sospechosas. Solo 14 fueron interceptadas, y en un único caso se confiscaron drogas. Mientras, el supuesto éxito peruano durante la década de 1990 —cuando se redujo la producción de coca—, solo implicó una transferencia de cultivos hacia Colombia, donde paralelamente aumentó. Más tarde el proceso se revirtió, la producción disminuyó en Colombia mientras aumentaba en Perú.

Al igual que en el proyecto de ley peruano, Estados Unidos y Colombia desarrollaron nuevos procedimientos para evitar el derribo de aviones que llevaran inocentes a bordo. Sin embargo, esos procedimientos ya existían en 2001, y la Fuerza Aérea Peruana los ignoró, según acusación de Estados Unidos. Es más, la nueva iniciativa de Perú podría aumentar la discrecionalidad de los militares peruanos que, esta vez y por lo que se conoce hasta el momento, no contarán con colaboración estadounidense.

Ya no importa la Constitución

Aunque la Constitución peruana prohíbe la pena capital —excepto en casos de terrorismo y traición a la Patria— el derribo de aviones es virtualmente la imposición de una pena de muerte, o, en el mejor de los casos, el castigo corporal como pena. Además, ninguno de los ocupantes de la nave derribada tiene posibilidad de consultar con un abogado, ser juzgado por un juez imparcial. El debido proceso para los narcotraficantes se convierte en un privilegio.

El caso del derribo de aviones obliga a repensar si la “guerra contra las drogas” no debería ser renombrada. La “guerra” es lanzada contra el Estado de Derecho y los consumidores que escogen determinados estilos de vida. Incluso, es difícil concebirla como una guerra. No estamos ante dos bandos beligerantes: mientras los gobiernos emprenden una batalla contra los narcotraficantes, estos se dedican a comerciar.

Las leyes antidrogas son las principales responsables de la violencia. La legalización de la marihuana en Estados Unidos ha demostrado que las mafias son desplazadas del negocio cuando se legaliza, en Colorado los empresarios, y no los mafiosos, abastecen ese mercado. Pero los gobiernos difícilmente tengan interés en comprenderlo: “La guerra es la salud del Estado”.

“Creemos que la gente tiene derecho a consumir marihuana”

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 6 de marzo de 2015.

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Uruguay es el primer país de América Latina en legalizar la producción y comercialización de la marihuana. El expresidente José Mujica (2010-2015) impulsó el proyecto de ley que no estuvo exento de polémicas. Tras un año y medio de debate parlamentario, en diciembre de 2013, la legalización se convirtió en ley, pero la aplicación de la norma avanza con letargo.

Más aún, el flamante presidente Tabaré Vázquez nunca ha estado del todo cómodo con la ley e incluso, esta semana, ordenó postergar la venta de marihuana en farmacias, un aspecto primordial de la legislación.

Diego Pieri, integrante de la ONG Proderechos, una de las organizaciones que desde 2006 impulsa una reforma en la política de drogas uruguaya, señaló en entrevista con PanAm Post los altos y bajos de la ley 19.172 y  su actual estado de ejecución. Cree que la prohibición es dañina, pero que debe ser el Estado el que controle un mercado lícito de drogas.

Una lenta implementación

“La principal virtud [de la Ley] es la integralidad, que cubre desde cáñamo para usos industriales, alimenticios o medicinales, y el acceso para usuarios por tres vías: farmacias, clubes y autocultivos”, indica Pieri.  Hasta el momento, la última de las alternativas esta totalmente implementada. Desde noviembre de 2014, aquellos que pretendan cultivar hasta seis plantas de cannabis pueden registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) para ser autorizado a ello. El interesado “se inscribe en una oficina de correo y a los 30 días recibe una habilitación del Ircca, y con eso la persona ya está habilitada para cultivar en su casa”, explica Pieri.

En los clubes sociales de cannabis, sus socios reciben hasta 40 gramos mensuales a través del pago de una cuota —tampoco pueden ser creados con ánimo de lucro. Crear una asociación cannabica, sostiene, es “un poco complicado y muy burocrático”. También Pieri apunta que la limitación a 45 plantas que les impone la ley representa uno de los “problemas”.

Pero considera que todavía falta “el más importante” de los medios de acceso, el de venta en farmacias. “El 80% de la marihuana legal podría venir por ahí”, calcula el integrante de Proderechos.

En Uruguay se plantarán “entre una y dos toneladas” de marihuana en terrenos del Estado. El gobierno de Mujica inició la adjudicación que ya se encuentra en su etapa final. Serán “entre tres y cinco empresas” que abastecerán a farmacias seleccionadas en todo Uruguay —habrá un cupo máximo. La licitación, que según explica Pieri avanza y ya está en su última etapa, aunque se retrasó en el mes de noviembre de 2014 por una discrepancia en el precio de expendio en farmacias, otro factor determinado por el gobierno.

Solo son uruguayos o residentes en Uruguay los que acceden a la marihuana legal. Esta limitación podría generar “una especie de mercado gris” en los sitios más turísticos del país, reconoce.”Gente que saca licencia […]  para comprar en la farmacia, y luego se la revende a los turistas”.

El ojo del Estado

Para poder acceder al mercado legal de marihuana, en todas sus variantes, será necesario registrarse ante el Ircca. Pieri defiende este aspecto y remarca que los datos son de “carácter confidencial” y solo podrá accederse a ellos mediante “una orden judicial bajo una sospecha que lo amerite”, debido a que los datos estarán amparados bajo una ley de datos sensibles, e incluirán información biométrica, como las huellas dactilares, para poder validar la identidad de los usuarios al momento de comprar la marihuana en farmacias, según explica el activista.

Frente a este registro que el gobierno uguayo aspira a utilizar para controlar la cantidad consumida individualmente, Pieri aclara que preferiría “que sea un tema dejado a la responsabilidad de los usuarios” y ejemplifica: “en general, los autocultivadores lo hacen para su propio consumo y se maneja con responsabilidad”.

Pieri no prevé cambios drásticos en la norma, aunque al momento de hacer la entrevista (antes de la asunción del poder de Vázquez) anticipaba que podría haber cambios en la reglamentación del Ejecutivo que podrían incidir en su funcionamiento, como de hecho se postergó la venta de marihuana en farmacias.

Mercado libre para las drogas, o control estatal

“El problema con el narcotráfico y los mercados de la drogas es la prohibición”, afirma Pieri. “Hay gente que le interesaría que nadie compre marihuana, nosotros creemos [que eso] está mal, que la gente tiene derecho” a consumir marihuana, dice.

Sin embargo, el integrante de Proderechos ve la legalización de la marihuana como el primer paso para un “mercado regulado de drogas”, porque considera que el resto de las sustancias que suelen ser ilegales “son de uso más marginal”, por lo que en Uruguay no representan un problema urgente.  Cree que es necesaria una regulación parecida a la del tabaco que “fue reglamentado y está siendo fuertemente controlado”.

La legalización de las drogas, comenzando por la marihuana, parece ser un hecho inevitable en América Latina y gran parte del planeta. Los daños que ha generado la prohibición están a la vista de todos, y Piere coincide: “A la larga, en América Latina la prohibición […] ha generado problemas graves como los que se vivieron en Colombia en la década de 1980 y 1990, que ahora se trasladó a México”. Ahora, solo resta discutir si se avanzará con un modelo burocrático como el uruguayo, o se promoverá uno con mayor libertad.

Editado por Elisa Vásquez.

Edward Snowden: Cuando la ley y la moral toman caminos diferentes

El responsable de revelar el programa de vigilancia masiva llevado adelante por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, junto con el periodista Glenn Greenwald y la cineasta y periodista Laura Poitras participaron de la sección Ask Me Anything en reddit el pasado lunes 23 de febrero.

El usuario mansondog13 les preguntó cómo hacer para que la vigilancia masiva sea uno de los temas principales en las próximas elecciones estadounidenses programadas para 2016.

Esto contestó Snowden:

Esta es una buena pregunta, y aquí van algunas respuestas tradicionales. Organizarse es importante. El activismo es importante.

Al mismo tiempo, debemos recordar que los Gobiernos no se reforman a sí mismos. Uno de los argumentos en un libro que leí recientemente (Bruce Schneier, Data and Goliath) es que el cumplimiento perfecto de la ley suena como algo bueno, pero no siempre es el caso. El final de crimen suena bastante convincente, ¿No? ¿Entonces cómo puede ser?

Bueno, cuando miramos la historia podemos ver que el progreso de la civilización Occidental y los derechos humanos están realmente basados en la violación de la ley. Estados Unidos por supuesto nació de una revolución violenta que fue una descarada traición a la corona y al orden establecido de aquellos días. La historia muestra que la corrección de errores históricos frecuentemente surge de actos de criminalidad impenitentes. La esclavitud. La protección de los judíos perseguidos.

Pero incluso en temas menos extremos podemos encontrar ejemplos similares. ¿Qué tal la prohibición del alcohol? ¿El matrimonio gay? ¿La marihuana?

¿Dónde estaríamos ahora si el Gobierno, disfrutando los poderes de la vigilancia y cumplimiento perfectos, hubiese —totalmente dentro de la ley— detenido, encarcelado y avergonzado a todos los infractores de la ley?

En última instancia, si la gente pierde su voluntad para reconocer que hay tiempos en nuestra historia cuando lo legal y lo moral son cuestiones diferentes, no solo estaremos cediendo nuestros el control de nuestros derechos a un Gobierno, sino que también nuestra capacidad para determinar nuestro futuro.

¿Cómo se relaciona con la política? Bueno, yo sospecho que los Gobiernos hoy están más preocupados por la pérdida de su capacidad para controlar y regular el comportamiento de sus ciudadanos que con el descontento de ellos.

¿Cómo podemos convertir esto en una ventaja para nosotros? Podemos idear medios, mediante la aplicación y sofisticación de la ciencia, para recordarle a los Gobiernos que si no son responsables en la custodia de nuestros derechos, nosotros el pueblo implementaremos los sistemas que garanticen los medios para no solo defender nuestros derechos, sino también eliminar la capacidad de los Gobiernos para interferir con esos derechos.

Pueden ver los comienzos de esa dinámica hoy en las declaraciones de funcionarios gubernamentales quejándose sobre la adopción de [sistemas] encriptados que están llevando adelante los principales proveedores de tecnología. La idea aquí no es lanzarnos hacia la anarquía y eliminar el Gobierno, sino recordarle al Gobierno que siempre debe haber un equilibrio de poder entre los gobernantes y los gobernados, y que a medida que progresa la ciencia empodera a comunidades e individuos, habrá más y más áreas de nuestros vidas donde —si el Gobierno insiste con su comportamiento deplorable y un cruel desprecio por el ciudadano— podemos encontrar maneras de reducir o eliminar sus poderes sobre un nuevo —y permanente— fundamento.

Nuestros derechos no son garantizados por los Gobiernos. Son inherentes a nuestra naturaleza. Pero es todo lo contrario para los Gobiernos: sus privilegios son exactamente iguales a los que sufrimos para que disfruten.

No hemos tenido que pensar sobre eso mucho en las últimas décadas porque la calidad de vida ha estado aumentando en casi todos los aspectos de una manera significativa, y eso ha llevado a una cómoda complacencia. Pero ahora y antes, a lo largo de la historia, nos cruzamos con períodos donde los Gobiernos piensan más sobre “poder” hacer que sobre lo que “deberían” hacer, y lo que es legal es cada vez más distinto de lo que es moral.

En esos tiempos, debemos recordar que al final del día la ley no nos defiende; nosotros defendemos la ley. Y cuando eso se convierte en lo contrario a nuestra moral, tenemos tanto el derecho como la responsabilidad de reequilibrarlo hacia fines justos.

Una travesía por dos aeropuertos

Así se ve una frontera:

Por supuesto, si yo no mencionara que se trata del límite entre dos países (y si no estuviesen los límites que indica Google) pasaría desapercibido. La tierra no se detiene, no se quiebra, o cambia de color. Los cultivos que crecen de un lado, en general, crecen del otro sin problemas. Incluso la propia delimitación artificial se torna en muchos casos absurda.

Frente a la tranquilidad que reina en el dominio de la naturaleza, los Gobiernos —el ejemplo de lo antinatural por excelencia— destinan un sinnúmero de recursos para desvirtuar aquel equilibro. Así surgen aduanas, “controles de seguridad”,  medidas arancelarias,  pasaportes y visados; todas ellas herramientas respaldadas con la violencia: cualquier otro argumento es accesorio al fusil.
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