economía

La guerra contra el efectivo de Federico Sturzenegger

Publicado originalmente en Infobae el 24 de julio de 2016

¿Fue el corralito de 2001 —una bancarización forzada de la economía— un presagio de lo que nos deparará para el futuro? Si tomamos en serio las intenciones del presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, la respuesta es “sí”.

La nueva serie de billetes con animales autóctonos, a la que se sumarán los nuevos billetes de 200 y 1.000 pesos en el transcurso del próximo año, son, desde el punto de vista del BCRA, un parche que soluciona un problema circunstancial: durante los últimos nueve años de inflación desenfrenada, los billetes perdieron su poder adquisitivo, lo que dificulta el abastecimiento de los cajeros automáticos y encarece los costos de impresión. Para el futuro, sin embargo, el BCRA tiene planes abismalmente diferentes.

En el acto de lanzamiento del nuevo billete de 500 pesos, celebrado el 29 de junio, Sturzenegger brindó un discurso autocomplaciente que pasó en gran parte desapercibido por los medios. Casi como si se tratara de un acto de disculpas por lanzar este billete, al comenzar su disertación, Sturzenegger aclaró que la visión estratégica del Banco Central es “la eliminación del efectivo”. Una frase que debería alertar a la población sobre el futuro de la economía.

Incluso antes de saber que Mauricio Macri iba a ganar las elecciones y designarlo como titular del BCRA, en la cabeza de Sturzenegger pululaba un plan de acción para llevar a cabo su idea de desterrar el efectivo de la economía. En una artículo publicado en 2015, el entonces diputado nacional del PRO sugería: “Obligar a que todos los individuos tengan una cuenta bancaria gratuita” y “obligar a su uso, haciendo que ciertos pagos deban hacerse por este mecanismo”. La misma idea la reafirmó cuando asumió en funciones, casi un año después, al sostener su visión ideal sobre la economía: “Una economía sin circulante”.

La explicación oficial para proponer la eliminación del efectivo es que facilita “la corrupción, la informalidad, la evasión impositiva y el narcotráfico”. Sin efectivo, siguiendo esta lógica, no habría corrupción, informalidad ni narcotráfico. Un argumento pueril. Las cárceles, donde el dinero en efectivo está prohibido, ya nos ofrecen un vistazo de cómo el efectivo puede ser reemplazado fácilmente. Los presos usan su propia moneda, como los cigarrillos o las tarjetas telefónicas, que en su vida diaria funcionan como medio de cambio para acceder al mercado negro de los penales. Nada indica que para los que están fuera de las cárceles la situación sería distinta.

Mientras tanto, los ciudadanos obedientes de la ley quedarían bajo el estricto escrutinio de los ojos estatales. Esta es la clave para entender la motivación real de Sturzenegger de una bancarización total de la economía. Lejos de afectar a los que usan el efectivo para actividades ilegales, el Estado, y en especial los recaudadores de impuestos, se asegurarían un escenario ideal para controlar todos los aspectos económicos de la vida cotidiana de quienes no son narcotraficantes, ni terroristas, ni corruptos.

El dinero físico cuenta con grandes ventajas frente a los pagos electrónicos tradicionales. El efectivo es un sistema descentralizado que permite efectuar transacciones anónimas, sin posibilidad de ser rastreadas y sin la necesidad de recurrir a intermediarios. En otras palabras, permite resguardar la privacidad y llevar a cabo intercambios sin la necesidad de la participación de terceros.

La privacidad financiera no es una demanda exclusiva de aquellos que actúan por fuera de la ley, como suelen sostener los que descartan la importancia de la privacidad. Los mismos que invocan esos argumentos probablemente no accederían a publicar en las redes sociales sus estados de cuenta y sus resúmenes de tarjeta de crédito. Es comprensible, siempre hay cuestiones que las personas prefieren mantener al margen del ojo curioso de terceros. Y si de la actividad económica estamos hablando, esta puede ser muy reveladora. Cuestiones tan personales como los hábitos alimenticios, la orientación política o la identidad sexual pueden ser deducidas con facilidad de un resumen de la tarjeta de crédito o débito. En una economía totalmente bancarizada, no quedaría refugio para el ciudadano común alguno ante el Gran Hermano.

En una economía sin efectivo, todas las transacciones quedan documentadas y registradas, y el Gobierno (cualquiera sea su afiliación partidaria) obtendría una herramienta poderosa para llevar adelante experimentos de ingeniera social. Por ejemplo, ante el problema de la obesidad podrían imponerse límites máximos al consumo de comida chatarra, al ordenar a los bancos el bloqueo de transacciones una vez superado el cupo mensual. De la misma forma, podría implementarse fácilmente la prohibición de la venta de literatura sobre determinada ideología, o establecerse con facilidad las relaciones personales de cada individuo. El potencial es peligroso.

El efectivo, además, es el único medio de subsistencia para millones de personas que sobreviven gracias a la tan demonizada economía informal. Los evasores fiscales y quienes operan fuera de los registros del Estado lo hacen mayormente por una sencilla razón: de cumplir con todas las exigencias legales estarían condenados a cesar sus actividades y caer aún más en la pobreza. Un control absoluto, total, de la economía informal sería una sentencia de muerte para aquellos que comen gracias a ella.

Sería absurdo negar las ventajas de los pagos electrónicos. Facilitan la vida en muchísimos aspectos, al igual que el efectivo en otras situaciones. Eliminar esa alternativa sólo le otorgaría al Estado un poder desmesurado para ejercer un control total sobre la economía. Y el control total no es compatible con una sociedad libre, más bien una característica propia del totalitarismo.

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Uber se prepara para una difícil batalla en Buenos Aires

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 12 de enero de 2016.

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El desembarco de Uber en Buenos Aires es inminente. La compañía detrás de la aplicación que une pasajeros con conductores ha iniciado la búsqueda de cubrir varios puestos gerenciales en Argentina. Finalmente los habitantes de Buenos Aires podrán unirse a los de Bogotá, Rio de Janeiro, Santiago, y otras 15 ciudades en América Latina y más de 300 en todo el mundo.

Pero no será fácil. En todo el mundo Uber ha sido resistido por Gobiernos, sindicatos y taxistas al poner en riesgo el modelo monopólico del que han usufructuado durante décadas. Un servicio con mejores autos, tarifas más bajas, mayor seguridad y una atención personalizada es percibido como una amenaza por todos los privilegiados que se han beneficiado.

La llegada de Uber a Argentina presenta problemas adicionales. El modelo de negocios de la compañía con sede en San Francisco es una ataque directo al corazón de un sector que ha sido gobernado por el modelo fascista. Y en Argentina, donde el fascismo fue adoptado en 1946 y es aún celebrado, es mucho decir.

Los taxis son el mejor ejemplo de ese modelo fascista. Los dueños de los vehículos lo son en los papeles, pero no tienen ningún poder de decisión sobre ellos. El color del que están pintados, el horario de trabajo, las tarifas y el equipamiento son, todas, decisiones que toma el Gobierno. Y es el Gobierno el que decide quien puede trabajar otorgando licencias por las que cobra jugosas cantidades de dinero (una licencia de taxi puede costar US$25.000, más que el vehículo).

Los taxistas y el Gobierno odian la competencia y son especialistas en reprimir la posibilidad de elegir. Ya ocurrió en agosto del año pasado cuando una persona dedicada a revolver la basura y reciclar cartones para sobrevivir decidió comprarse una bicicleta y ofrecer el servicio de bicitaxi, por el cual cobraba una tarifa fija por 10 cuadras y luego un adicional por cuadra. Pese a que el público se benefició del servicio, las autoridades sacaron de circulación el bicitaxi por ser “ilegal”. Finalmente le permitieron continuar ofreciendo el servicio, pero sin poder cobrar una tarifa fija sino “a voluntad”.

EasyTaxi y SaferTaxi, dos compañías que permiten pedir taxis a través de una aplicación, también sintieron el rigor del Gobierno en carne propia. Esos servicios fueron prohibidos la semana pasada en Buenos Aires porque la ley solo contempla solicitar taxis por teléfono o pararlos en la vía pública. Una petición en Change.org para que no lo prohíban ya tiene más de 7.000 firmantes, y sigue creciendo.

El temor de los taxistas es comprensible. La irrupción de Uber a los taxis es lo mismo que fue la irrupción de los autos a las carretas, o de la electricidad y la lámpara eléctrica a los vendedores de velas. Los sindicatos que ven sus privilegios amenazados ya están en acción. Según un usuario de un foro en internet que reúne taxistas, la empresa que verifica y regula el funcionamiento de los taxis en Buenos Aires, Sacta, utilizaba EasyTaxi para solicitar viajes y multar a los choferes con 15 días de suspensión y 4.000 fichas, unos US$500.

Beneficios para todos, privilegios para pocos

Uber llega para romper un modelo que se asemeja más al de los gremios del medioevo que al de una economía de mercado. Las ventajas no solo se limitan a viajes más cómodos y baratos, sino que además permiten tomar taxis en zonas donde habitualmente no pasan, o los tiempos de espera para que llegue uno son interminables. Además, el pago con tarjeta de crédito reduce los riesgos que implica manejar efectivo, tanto para el conductor como el pasajero.

La revolución de Uber es tecnológica, pero también económica. Permite a los usuarios que se inscriben como conductores convertir sus bienes de consumo en bienes de capital. Los empodera, para utilizar una palabra que está bastante de moda. Uber, y servicios similares como Airbnb, permiten la creación de más capital productivo, y de más capitalistas, como señala el economista Don Boudreaux.

“Las intervenciones del Gobierno contra Uber”, continúa Boudreaux, “son, entonces, intervenciones que no solo apuntan a proteger el capital existente (y a los capitalistas establecidos), también son obstáculos a las fuerzas de mercado que mejoran el acceso de los consumidores a bienes y servicios”.

Así como el Gobierno anuló las posibilidades de un cartonero de convertirse en capitalista con su bicicleta, el Gobierno y los sindicatos eliminan las oportunidades de poder convertirse en sus propios jefes a miles de personas. La batalla no es por la seguridad, ni por los “puestos de trabajo”, como suelen decir los taxistas, sino por los privilegios que se derivan de un sistema enfrentado con la modernidad. Tampoco es contra Uber, sino contra los millones de consumidores que se beneficiarán de un servicio como este.

A Buenos Aires le esperan meses de enfrentamiento. Al igual que en otras ciudades, probablemente se registren hechos de violencia entre taxistas que amedrentan a conductores de Uber. Por un lado estarán aquellos que se empeñarán en defender un modelo fascista, por el otro aquellos a favor de la libertad de elegir. No será un camino fácil de transitar, pero Uber en todas las ciudades que opera contó con una ventaja adicional: los consumidores están de su lado y son los primeros en defender la libertad de elegir.

Por qué Argentina libra una batalla contra el Citibank

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 13 de abril de 2105.

La fecha clave era el 1 de enero de 2015. Ese día venció la famosa cláusula RUFO que según el Gobierno argentino le impedía negociar con los acreedores que se habían mantenido al margen de los procesos de 2005 y 2010 para reestructurar del default más grande de la historia: US$100 mil millones. Las especulaciones indicaban que en los primeros meses del 2015 el Gobierno de Cristina Kirchner iba a alcanzar un acuerdo con los llamados fondos buitre, resolvería el conflicto judicial que se ventila en Nueva York y recuperaría el acceso al mercado internacional de capitales, lo cual le permitiría hacerse de la tan necesitada moneda verde.

Pero más de 90 días después del “día D” aquel escenario luce distante. Argentina sigue sumida en cesación de pagos luego de que el juez estadounidense le ordenara al Gobierno pagarle holdouts antes de continuar pagando la deuda reestructurada. La negociación con los fondos buitre no es parte de la agenda oficial. Por el contrario, los funcionarios kirchneristas no dudaron en lanzar epítetos contra el mediador designado por el tribunal neoyorquino: “es un buitre más”, apuntó en febrero el viceministro de Economía, Emanuel Alvarez Agis.

Desde la declaración del default del año pasado, los fondos buitre se han convertido en uno de los principales protagonistas de los discursos de Kirchner. Ante el inminente fin de ciclo —el actual mandato presidencia concluirá el próximo 10 de diciembre— el Gobierno ha convertido el enfrentamiento por la deuda en una causa nacional: “Patria o Buitres”, rezaba una campaña desplegada el año pasado en las calles de Buenos Aires.

Efectos colaterales

El fallo del juez estadounidense Thomas Griesa impide desde mediados del año pasado que Argentina continúe pagando los nuevos bonos emitidos en 2005 y 2010 si no salda antes sus obligaciones con los holdouts, como lo indica la interpretación de la cláusula pari passu: todos los acreedores deben ser tratados con igualdad. Esta situación ha llevado al Gobierno de Kirchner a recurrir a diversas estrategias para eludir la decisión del juez estadounidense.

Desde entonces, el banco estadounidense Citibank, uno de los agentes encargados de distribuir el pago de los bonos en dólares gobernados por la ley local, ha debido buscar un equilibrio entre cumplir con sus compromisos en Argentina y respetar el fallo dictado en los tribunales de donde se encuentra su casa matriz.  Hasta ese momento, la tensión cedía cuando Griesa autorizaba a la entidad bancaria a girar los pagos. En tres oportunidades el juez autorizó “por única vez” al Citibank a cumplir sus compromisos.

Sin embargo, el vencimiento del pasado 31 de marzo colocó al gigante financiero entre la espada y la pared.  Si complacía al Gobierno argentino y transfería el pago de US$3,7 millones correspondientes al próximo vencimiento de la deuda se hubiese puesto en la incómoda posición de desobedecer el fallo de Griesa. En cambio, si acataba la resolución se arriesgaba al cierre de sus operaciones en Argentina.

Los abogados del Citibank parecían haber encontrado una salida elegante: solicitarle al juez que autorizara los próximo dos pagos, a cambio de no apelar la resolución que establece que los bonos emitidos bajo ley argentina están alcanzados por la cláusula pari passu. Pero no todo salió como lo esperaba.

Acuerdo del Citibank; desacuerdo del Gobierno

El acuerdo se consumó el pasado 22 de marzo y el juez autorizó el pago de los próximo vencimientos del 31 de marzo y 30 de junio, aunque detonó un iracunda reacción oficial que acusó al banco de “violar la ley argentina”. “Es un principio de estafa a los tenedores de bonos que confiaron en el Citibank, van a dejar abajo del tren a los tenedores de bonos”, apuntó el ministro de Economía Axel Kicillof.

El banco ya había anticipado que renunciaría a continuar funcionando como agente de pagos de la deuda por verse en medio de un “conflicto de leyes internacionales sin precedentes”, pero el Gobierno ya ha demostrado que hará todo los posible para hacerle pagar al Citibank lo que considera una traición.

La embestida, encabezada por el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA), comenzó cuando designó el 20 de marzo un veedor del Gobierno que supervise el pago que debía ocurrir 11 días despúes; y siguió con la con la suspensión de la operaciones de la entidad financiera en el mercado de capitales local el pasado 27 de marzo. Aunque el punto más álgido de la confrontación llegaría unos días más tarde.

Suspensión y conflicto interno

El 30 de marzo, el BCRA resolvió suspender al presidente de Citibank Argentina para desempeñarse al frente de la entidad. “Esta decisión de gravísimas consecuencias afecta injustamente a uno de sus asociados y a su representante legal”, replicó la Asociación de Bancos de Argentina, ampliando las repercusiones al plano local. La organización consideró que “no se han respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio ya que la misma se adoptó sin permitir a los interesados realizar el descargo correspondiente”.

Una semana más tarde el BCRA incrementó la presión sobre el banco rebelde. El pasado lunes 6 de abril envió a inspectores para que realicen “supervisión integral” para “garantizar el normal funcionamiento del banco”, indicó el titular de la autoridad monetaria, Alejandro Vanoli. “Queremos saber si dada la situación de acefalía que atraviesa [la filial argentina del Citibank], el banco cuenta con representantes legales que garanticen que no haya problemas con los clientes y los trabajadores”, agregó.

Una historia sin final

El Gobierno está decidido a desarticular el acuerdo firmado por el Citibank. Para lograrlo, el pasado miércoles 8 de abril denunció a la entidad ante un tribunal argentino para que anule el acuerdo con el juez Griesa. “El pacto que está aplicando el Citibank es irse del negocio”, dijo Kicillof. “Abandonaron un negocio que les daba $17 millones por año. Les ocasionó un perjuicio, pero en lugar de plantarse, acuerdan en Nueva York y toman el camino del abandono. Los han abandonado de la Argentina los buitres”.

El banco negó estar violando la ley argentina y explicó que “la orden [de Griesa] no exige a Citibank NA que su sucursal en Argentina abandone el negocio de custodia”. Pero desde el banco ya saben que su salida no será nada fácil y aún queda mucho tiempo para concretarla. En la impredecible Argentina todo puede pasar.

La peligrosa trampa de los sindicatos: El salario mínimo

Publicado originalmente en PanAm Post el 10 de septiembre de 2014.

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Cada vez que leo alguna noticia relacionada con el salario mínimo –o los salarios definidos mediante el poder político, en contraposición con aquellos definidos por el mercado– me pregunto por qué las autoridades, sindicalistas, y los habituales biempensantes son tan poco ambiciosos.

Las personas necesitan alimentarse, vestirse, tener un cobijo y, por supuesto, distenderse. ¿Acaso creen que con un salario de US$15 por hora podrán cubrir todas sus necesidades? ¿Por qué no reclaman un salario de $20, $50, o $1000 por hora?

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) acaba de lanzar una campaña que busca subir a esa cifra el salario de los trabajadores del sector de comidas rápidas, quienes en la actualidad obtienen alrededor de $9 por hora.

El jueves 4 de septiembre, mediante cientos de protestas que tuvieron lugar a lo largo de Estados Unidos, una extraña –y para algunos, histórica— alianza entre trabajadores de las cadenas de “comida chatarra” y cuidadores de personas mayores y discapacitados reclamaron salarios más altos.

Miles de empleados que dejaron sus puestos de trabajo en 150 ciudades de EE.UU. buscaban una mejor paga, además de promover la sindicalización del sector. El impacto fue moderado: mientras que pocos restaurantes cerraron sus puertas, más de 400 manifestantes fueron arrestados, y la gran mayoría de los medios nacionales cubrieron la iniciativa. Y por supuesto, el salario no aumentó.

El salario mínimo crea más problemas de los que resuelve

“Tiene que haber desobediencia civil porque los trabajadores no ven ninguna otra manera de conseguir $15 por hora y un sindicato”, le dijo a USA Today Kendan Fells, director de Fast Food Forward, el grupo financiado por el SEIU detrás de las protestas del último jueves.

Muchos podrán señalar que Fells ignora principios básicos de economía y no comprende cómo se forman los salarios, pero la realidad dista mucho de eso.

El salario mínimo forma parte de una las banderas que habitualmente levantan los sindicatos. Sin embargo, lejos de contribuir a mejorar el bienestar de los estadounidenses, muchas veces alientan a los trabajadores a conspirar contra sí mismos. Es verdad, las uniones sindicales se verían beneficiadas ante un aumento de la remuneración mínima, incrementando sus cuentas bancarias, exponiendo esta “lucha” como un logro de su acción, e impulsando su capital político.

Pero al mismo tiempo, muchos trabajadores, alentados por los líderes sindicales, están cavando su propia tumba. Es que el salario mínimo genera desempleo, desincentiva la creación de nuevos puestos de trabajo, y afecta principalmente a los sectores más vulnerables de una sociedad. Aunque presentado muchas veces como un piso en el ingreso de los trabajadores, el salario mínimo es en realidad un techo que bloquea el acceso al mercado de trabajo a las minorías, los jóvenes, y los trabajadores menos capacitados.

Para comprender sus perniciosos efectos es necesario entender algunos conceptos básicos acerca de la formación de los salarios. Ningún empresario le pagará a un empleado más que su productividad: si lo que un trabajador produce en una hora valiera $10, cualquier salario por encima de ese número sería la ruina económica, y en consecuencia, los ingresos de esa persona pasarían a ser cero.

Los salarios, al igual que el resto de los precios en una economía, están determinados por las cambiantes relaciones entre la oferta y la demanda.

Existe un consenso acerca de que un aumento en los salarios de los trabajadores de locales de comida rápida impactará en los precios de los alimentos. Según un informe de la conservadora Fundación Heritage, de producirse el aumento exigido en las manifestaciones los precios en esas tiendas se elevarían en un 38% y las ganancias disminuirían en un 77%.

“La mayoría de los estadounidenses comen comida rápida porque quieren comer barato y rápido. Si los restaurantes de comida rápida elevaran sus precios, muchos clientes optarían por comer en sus casas o dirigirse a restaurantes más caros”.

Pero no todos ven esta situación como algo negativo. Olga Khazan en The Atlantic sostiene que un aumento en los precios de la comida rápida podría contribuir a resolver el “problema de obesidad” en EE.UU.

Khazan hace mención de varios estudios que arribaron a una conclusión similar: Un aumento del 10% en los precios disminuiría la cantidad demandada entre un 7,4 y un 10%. Menos gente consumiendo comidas con un alto contenido calórico implicaría un estilo de vida más saludable.

Los fundamentos de Khazan para promover un estilo de vida más saludable — sin ninguna consideración por las decisiones personales— son los mismos argumentos paternalistas que justifican la fijación artificial de los salarios por un órgano centralizado: los planificadores y tecnócratas están mejor capacitados para decidir por la gente que los propios individuos.

Además, la periodista olvida mencionar un pequeño detalle: la disminución en las ventas significaría el despido de miles de trabajadores que, con los salarios mínimos altos, tendrían mayores dificultades en ser contratados en otras empresas.

Así como las leyes salariales desplazan del mercado a los trabajadores que se encuentran en los márgenes de la productividad, también hacen lo propio con aquellos que buscan escapar la “esclavitud del salario” y abrir sus propios emprendimientos. Los estándares salariales son fijados para todas las empresas por igual, tanto para las corporaciones como para los microempresarios.

De esta manera, Wal-Mart o McDonald’s podrían afrontar un leve subida en los niveles salariales, pero para un microemprendimiento sin un amplio respaldo financiero esto podría frustrar las posibilidades de crecimiento y subsistencia, eliminando fuentes de trabajo y con eso oportunidades para los que más las necesitan.

La determinación de salarios por burócratas y legisladores destruyen oportunidades. Esto solo se suma a las decenas de restricciones que conspiran contra los que menos herramientas poseen, como escribió el vicepresidente de la Future of Freedom Foundation, Sheldon Richman:

Las licencias ocupacionales restringen el ingreso a muchos tipos de trabajo al elevar los costos de entrar a un mercado. Las restricciones de zonificación evitan que las personas utilicen sus hogares para fines comerciales. Las restricciones sobre la venta ambulante y los conductores de taxis reprimen los emprendimientos a pequeña escala. Las leyes de propiedad intelectual desalientan o acosan a aquellos cuyos productos puedan ser considerados como una violación a patentes o derechos de autor. La posesión de tierras por parte del Gobierno hacen más costosa la tierra. Los impuestos y las regulaciones imponen cargas más grandes sobre los potenciales emprendedores, más que sobre las empresas ya establecidas.

Mientras los progresistas, los sindicatos, los Demócratas, y algunos Republicanos continúen promoviendo un mayor interferencia estatal, los perjuicios que no se ven inmediatamente seguirán perjudicando a quienes ellos dicen querer proteger.

La demonización de los especuladores

Publicado originalmente en Infobae.com el miércoles 9 de julio de 2014

La polémica con los “fondos buitre” volvió a poner en el centro de la escena a la especulación económica. Las feroces críticas que han recibido los tenedores de la deuda pública argentina que no han decidido entrar a los canjes de deudas ofrecido por el gobierno nacional se fundamentan en que estamos ante un la despiadada especulación de un conjunto de individuos empecinados en perjudicar al país.

Un hombre de aspecto regordete, vestido de frac, con galera y monóculo, sentado en un sillón frente al calor del hogar mientras enciende un habano con un billete de cien dólares que probablemente lo obtuvo hundiendo a alguien en la pobreza. Esa es la imagen que muchos tienen de un especulador, el chivo expiatorio favorito de los últimos tiempos. Ya sea que estemos ante un aumento del precio de la carne, o intentando conseguir un alquiler accesible –una tarea imposible para muchos–, la especulación es señalada como la causa principal de los problemas que nos aquejan. La demonización de los especuladores es una de las habituales estrategias a la que recurren los políticos para deslindarse la responsabilidad por las malas decisiones que toman.

La mitología en torno a la especulación es abrumadora. Los especuladores no trabajan; obtienen beneficios de las desgracias ajenas; siempre salen ganando; su actividad es improductiva al no ofrecer ningún producto o servicio a la sociedad. Estos son algunos de los mitos más escuchados sobre esta actividad. “Lo que las brujas eran para el hombre medieval, los capitalistas para los socialistas y comunistas, el especulador lo es para la mayoría de los políticos y estadistas: la encarnación del mal”, decía el economista Hans Sennholz.

Aunque el bombardeo propagandístico lo haga difícil de creer, los denostados especuladores cumplen una función esencial en la economía en la que no solo se benefician a ello sino que, además, le ofrecen un servicio al resto. Incluso entre quienes los detestan.

El caso de los fondos buitre –los especuladores del momento— y sus esfuerzos por cobrar sus créditos con el Estado argentino nos ofrecen un excelente ejemplo de la ignorada función social que cumplen. Los tenedores de bonos se caracterizan por ser adversos al riesgo y los bonos suelen ser una de las opciones más seguras para invertir. Por eso, cuando el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá anunció el default de la deuda externa, la desesperación de los bonistas era comprensible. Pero allí estaban ellos, los famosos fondos buitre, ofreciendo comprar papeles sin valor, asumiendo el riesgo de no cobrar nada, y soportando los costos legales -bastante altos para el común de la gente- de hacer valer el contrato que Argentina dijo que no iba a honrar. Es decir, asumieron un riesgo que otras personas no estaban dispuestos a tomar. Otra cuestión es si el gobierno debe pagar o no la deuda. Para los libertarios, las razones para oponerse al pago de la deuda son independientes de las características de sus acreedores.

Pero mucho más escandalizadora financiera es la especulación con los alimentos. “Asesinos” es el epíteto más bondadoso que puede recibir alguien que especula con la comida. Pero al contrario de lo que se cree, la especulación alimentaria muchas veces nos asegura que podamos tener comida en nuestros platos. Los especuladores deciden asumir riesgos que los agricultores no están dispuestos a tomar asegurando la cosecha. Por ejemplo, al momento de sembrar maíz, la tonelada del grano se cotiza a $10, un precio aceptable para el productor que pretende vender su cosecha. Sin embargo el productor no sabe al momento de sembrar si ese precio se mantendrá estable, y tras largos meses de espera la cosecha puede ser su ruina económica. Para evitarla -y no poner en riesgo cosechas posteriores- los productores acuden al mercado de futuros donde venden las cosechas por adelantado, permitiéndoles fijar el precio y así garantizan la próxima siembra.

La lógica del especulador está definida por la siguiente máxima: “compra cuando los precios estén bajos, vende cuando los precios estén altos”. Si sus pronósticos son correctos, no solo él saldrá beneficiado, sino el resto de la sociedad. Son ellos los que corrigen los precios distorsionados, los que alivian la escasez y los que asumen riesgos que otros no están dispuestos a asumir. “No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses”, sostenía Adam Smith más de 200 años atrás, una afirmación que está siempre vigente.

Brasil y el temor a repetir el descalabro financiero de Sudáfrica 2010

Publicado originalmente en FortunaWeb el 12 de junio de 2014

El sonido de las vuvuzelas y la imagen del equipo español levantando el trofeo más anhelado en el mundo de fútbol parece ser parte de la historia antigua. Durante los 31 días en los que el centro neurálgico del mundo futbolístico se ubicó en Sudafrica, los estadios Peter Mokoba en Polokwane o el Soccer City en Johanesburgo, eran lugares con los que uno estaba tan familiarizado como si se encontrara en su propio barrio. Sin embargo, los campos de juego donde se disputaron los 64 partidos más importantes de ese año estaban destinados a quedar en el olvido. España se había quedado con el lugar más alto del podio y Argentina, una vez más, volvía con las manos vacías. Eso era lo único que importaba, excepto para los sudafricanos.

La organización del mundial en Sudáfrica requirió un desembolso total de casi 4 mil millones de dólares, de los cuales un tercio estuvo destinado a la construcción y renovación de 10 estadios de primera categoría. Cuatro años después, la mayoría de los escenarios en los que se jugaron los 64 partidos del mundial están envueltos en un silencio sepulcral y con los números en rojo.

El más emblemático de estos elefantes blancos es el Estadio de Ciudad del Cabo: con un costo de construcción de 600 millones de dólares —la obra más cara de todas— el escenario de la final nadie quiere usarlo. Hoy el estadio que se levanta en el coqueto barrio de Green Point es utilizado por el Ajax Cape Town, un equipo de futbol de la primera división que a duras penas puede convocar a 4.000 hinchas para que ocupen las 64.000 gradas disponibles. Mientras tanto, los equipos locales de cricket y rugby —dos deportes más populares que el futbol en ese país, especialmente entre la clase media blanca que vive en Ciudad del Cabo— se niegan a mudarse al nuevo complejo alegando los altos costos de alquiler e instalaciones incompatibles con las necesidades de esos deportes.

El estadio conocido popularmente como Green Point fue el resultado de las exigencias de la FIFA. Para el organismo, ninguno de las dos arenas ya construidas en la zona, el Newlands y el Athalone, estaban a la altura del evento, incluso con las renovaciones proyectadas. Un capricho de alto costo si se consideran los más de 7 millones de dólares por año que requiere la manutención del estadio, de los cuales son cubiertos apenas un 10% cada año. El desconcierto que genera la mole ubicada en el corazón de la ciudad -lejos de donde vive la mayoría de los fanáticos del futbol- llevó a que se evalúe convertirlo en un proyecto de viviendas y hasta se propuso su demolición.

En Durban, los partidos que AmaZulu disputa en su campo de juego parecen celebrarse a puertas cerradas, a los 3.000 hinchas que asisten todas las semanas al estadio Moses Mahbida, la capacidad de 54.000 personas les queda grande. Las pérdidas por cuatro millones de dólares que genera el estadio cada año son soportadas por los contribuyentes en un país en el que la pobreza y la deficiencia en infraestructura básica son las principales preocupaciones de la población.

En la misma situación está el Nelson Mandela Bay ubicado en Port Elizabeth, una ciudad que no tiene equipos de fútbol ni rugby disputando las ligas más importantes.

El rol de la FIFA. Las prácticas de la Federación Internacional de Futbol Asociado en la organización de los mundiales son señaladas como las responsables de los descalabros económicos que dejan como legado la organización de una copa del mundo. Lejos de ser un evento privado, los Estados se involucran de lleno con la organización trasladando gran parte de los costos a los contribuyentes, que miran con desconfianza y recelo los gastos en que incurren los funcionarios. Las promesas de beneficios y mejoras que suelen acompañar los argumentos a favor de organizar el torneo sólo se convierten en realidad para la FIFA, los políticos, y las empresas que obtienen las licitaciones.

Brasil quiere evitar seguir el camino de Sudáfrica. A pesar de ser el mundial más costoso de la historia —Brasil 2014 costará más que los últimos tres mundiales juntos— el ministro de Deportes Aldo Rebelo se ocupa de afirmar en cada conferencia de prensa que las “instalaciones construidas para esta Copa del Mundo no se convertirán en elefantes blancos”.

Los brasileños desconfían, y ya hicieron oír su disconformidad en las calles de Río, San Pablo, y otras ciudades. Algo de razón les asiste: los estadios de Cuiabá, Manaus y Brasilia, ubicados en ciudades sin tradición futbolera, son favoritos a emular el caso sudafricano.

Ahora es el turno del jogo bonito, Neymar y compañía intentarán lograr el hexacampeonato y darles a Brasil una razón para festejar. Pero en 31 días, una vez que deje de rodar la pelota, la incógnita acerca del legado económico se comenzará a develar, y lo más seguro es que no se traten de buenas noticias.

 

La jerarquía católica no deja de atacar al liberalismo: El Cardenal Maradiaga apuesta por los progresistas

Publicado originalmente en PanAm Post el 16 de junio de 2014

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El Cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga no es un cardenal más. Rodríguez Maradiaga es la mano derecha del Papa Francisco. Fue elegido por el pontífice para presidir el Consejo de Cardenales, el organismo creado por el propio Bergoglio para impulsar una reforma dentro de la Curia Romana.+

El cardenal favorito de Francisco se alinea con la posición papal a la hora de hacer su crítica. Su visión del libre mercado también está sesgada por las tragicómicas experiencias de las políticas latinoamericanas. Sus conclusiones acerca de la desigualdad comparten los mismos clichés a los que recurren los auto-denominados progresistas que deberían ser rebautizados comopobristas.+No es raro leer que los medios se refieran a él como un “vice-papa”. La semana pasada, Rodríguez Maradiaga participó en una conferencia titulada “Autonomía Errónea: El argumento católico contra elliberalismo libertario”, organizada por el Instituto para la Investigación de Políticas y Estudios Católicos de la Universidad Católica de América en Washington D.C. Allí, el cardenal ofreció su visión de la economía mundial, en gran parte basada en la encíclica papal Evangelii Gaudium. Dadas las últimas posturas de la Iglesia Católica hacia los mercados libres, los lugares comunes, los hombres de paja y los ataques infundados, como era de esperarse, estuvieron a la orden del día.+

Y por supuesto, ignora el hecho de que la violencia dirigida desde el Estado también es violencia. “La opinión de Francisco sería moldeada por la dura historia económica en Argentina”, señala el cardenal, y con razón. Pero Rodríguez Maradiaga y Francisco olvidan que la dura historia económica argentina fue moldeada por el constante crecimiento del tamaño del Estado, por una cultura filo-fascista cuya semilla fue plantada durante la década infame y consolidada por Juan Domingo Perón, no por el libertarismo.+

El cardenal Maradiaga destaca que el análisis económico del Papa es realizado “desde el punto de vista de los pobres”, pero al mismo tiempo mantiene un silencio cómplice con las élites políticas sobre en quienes debería recaer la máxima responsabilidad de las masacres, hambrunas y saqueos que empañaron y retrasaron los grandes avances del siglo XX.+

No fueron los libertarios los que estuvieron detrás de estos atropellos políticos, económicos y sociales, sino los propios políticos de los que Francisco tiene una “opinión favorable, mientras estén orientados a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común”. Casi es redundante aclarar que ninguno de los que instauraron e instauran las políticas de empobrecimiento lo hicieron en nombre del “beneficio personal” o del “individualismo ético”.

El “profundo conocimiento de la vida de los pobres” que el cardenal le atribuye a Francisco no le otorga conocimientos de economía, de geología o de astrofísica. No obstante, el diagnóstico que hace a continuación es preciso: “La eliminación de las causas estructurales de la pobreza es un asunto urgente que no puede ser pospuesto” y sus experiencias entre los que menos tienen pueden servirle de indicio.

¿Cuáles son los diseños institucionales que lograron sacar a más gente de la pobreza? A no ser que Rodríguez Maradiaga considere el continente africano y a América Latina como los mayores exponentes de la economía laissez faire, sus propias palabras se convierten en el mejor argumento para hacer tambalear su confundida visión del mundo.

Las confusiones del cardenal asoman a lo largo de toda la conferencia. Por ejemplo, al hacer una analogía que pretende explicar el estado de la economía actual, Rodríguez Maradiaga sostiene que “la adoración del becerro de oro hoy se demuestra por la idolatría del dinero y de la dictadura de una economía sin rostro humano, que carece de un propósito humano real”. Sin caer en la trampa de creer que el cardenal representa con honestidad la posición libertaria, un paralelismo más adecuado para la fábula bíblica es el de la idolatría del Estado.

Afortunadamente, gracias a los avances científicos pudimos dejar de lado las creencias mitológicas para explicar los fenómenos de la naturaleza, y en gran parte del planeta la religión ha perdido fuerza. Hoy, el poder de las instituciones religiosas es infinitesimal comparado con el que ostentaba algunos siglos atrás. Y a pesar de todo, en nuestros tiempos, presenciamos el ascenso de este nuevo dogma religioso, aunque de apariencia secular, que reemplaza a los dioses por el Estado, un ente considerado omnipotente y omnipresente. Son los bancos centrales —los templos del dinero— y las dictaduras con rostros humanos los que nos llevan por el camino de la pobreza y la exclusión.

Por el contrario, los libertarios promovemos el respeto por todos los planes de vida individuales y los intercambios voluntarios. La idea de que exista un rostro humano, la mano de un planificador, o un “propósito humano real” es inconcebible. Todos los propósitos son humanos y son reales mientras sean pacíficos, y no únicamente los que una autoridad central que se pretenda poseedora de la verdad revelada decrete aceptables.

No cabe duda de que no vivimos en un mundo donde predominen los principios libertarios, pero con certeza aquellos países que decidieron adoptar en mayor medida algunos de los principios básicos de una economía libre demostraron ofrecer niveles de vida nunca antes presenciados, una explosión de riqueza distribuida de forma desigual, pero que benefició a toda la sociedad y en especial a quienes se encontraban en una posición menos ventajosa.

Los resultados son evidentes: Aquellos bienes y servicios alguna vez considerados lujos reservados para pocos, están cada vez más al alcance de un mayor número de personas.

La disertación de Rodríguez Maradiaga pretende ser un golpe al libertarismo. Pese a ello, y más allá de la catarata de conceptos erróneos del cardenal, la celebración de una conferencia dedicada a atacar a los libertarios no deja de ser una buena noticia. Finalmente las ideas de los que promovemos una sociedad libre comienzan a incorporarse al debate público. Nos ladran Sancho, señal de que cabalgamos.+

El peligro de dar algunas cosas por sentadas

Publicado originalmente en Infobae.com el 19 de marzo de 2014

Se suele decir que “la pluma es más poderosa que la espada”. Es verdad que, a pesar de haberse convertido en un cliché aplicable a un sinfín de situaciones, la historia mundial nos demuestra como muchas veces fueron panfletos escritos y no las armas de algún general, los disparadores de cambios radicales en la historia mundial. Desde “Las 95 tesis” de Martín Lutero, hasta “Common Sense”, el panfleto escrito por Thomas Paine, inspirador de la Revolución Americana (1776), la pluma muchas veces ha servido como catalizadora de grandes cambios.

Sin embargo, muchas veces la pluma no es vista como una alternativa o un reemplazo a la espada, sino que cumple la misma función que la espada. Así como Clausewitz sentenció que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, podríamos decir que la pluma es el rifle de la política.

Cuando la pluma es sostenida por un presidente, un ministro, un legislador, o  cualquier persona con la capacidad de firmar en nombre del Estado, su función no es la de persuadir a través de argumentos, elaborar una prosa inspiradora, o describir el estado de las cosas. Una pluma en las manos de un político con poder es como una pistola en manos de un general que amenaza a su propio ejército, el cual pretende replegarse. El militar usa el arma para amenazar o matar, el político firma leyes, decretos, o resoluciones dirigidas a volcar todo el poderío del aparato estatal sobre la sociedad civil. Podemos encontrar un ejemplo en cada acto de gobierno, pero es posible ver la utilización de la pluma como espada en determinadas políticas. Es el caso de uno de los programas más relevantes para el gobierno de Cristina Kirchner, el régimen de control de precios denominado “precios cuidados”.

Por un lado está sobre quién recae la espada, algo que 600 años podía llegar a ser tildado de milagroso. Un lugar inconcebible en la mente de aquellos que vivieron hace apenas 200 años, y que recién se materializó a comienzos del siglo pasado. Estoy hablando de esas grandes superficies, en los que nos encontramos con decenas de miles de productos. Desde limpiadores de pisos hasta comida enlatada, desde verdura fresca hasta productos de higiene personal, desde elementos de jardinería hasta juguetes para chicos, desde los bienes más básicos e indispensables para llevar adelante nuestra vida diaria hasta productos que ni siquiera pensábamos comprar. Todos ellos ordenados en góndolas, disponibles en cualquier momento del día, como si nos estuviesen esperando y algún ser superior supiera que precisamos llevarlos a nuestras casas.

Pero un supermercado no es un establecimiento milagroso. Su existencia es el resultado final de una inconmensurable cantidad de procesos. Desde la extracción de las materias primas, pasando por la ingenería, la investigación y el desarrollo que posibilitan la producción de cada producto, su empaquetamiento, almacenamiento, distribución y logística, hasta los cálculos de stock y proyecciones de ventas, planes de marketing y publicidad. Infinitas tareas en las que están involucradas centenas de miles o millones de personas que no se conocen. Desde los gerentes de cada empresa que coloca sus productos en estos establecimientos, hasta los obreros de cada fábrica, los proveedores de las materias primas, los propios dueños de supermercados, sus empleados contables y administrativos, los repositores, el personal de las cajas, la lista es interminable. Esto es posible únicamente gracias a la existencia de derechos de propiedad y libertad de contratación. Derechos que dieron origen a un sistema de cooperación social totalmente descentralizado conocido habitualmente bajo el concepto de mercado.

Los supermercados son una de las tantas demostraciones de la armonía y cooperación que se obtiene en una economía que no se encuentra intervenida. Claro que no todos lo ven así. Por el contrario, estos ‘milagros’ de la economía de mercado son señalados con el dedo inquisidor del gobierno como explotadores, generadores de inflación, monstruos gigantes de magnitudes bíblicas que abusan de los consumidores desprotegidos, o sencillamente son tildados con el adjetivo favorito para denostar al adversario de turno: golpistas. Son el nuevo chivo expiatorio favorito de un gobierno, que los viene acumulando (para expiar sus culpas en otros que no sean ellos) como si se tratasen de ítems de colección.

Desde el gobierno sostienen que con los “precios cuidados” protegen al consumidor. Una afirmación que oscila entre lo cínico y el sadismo, más si se tiene en cuenta que nos referimos a un gobierno que se empeña en obstruir la libre competencia, eliminando así lo que resultaría la mejor protección para los consumidores.

Al mismo tiempo llaman “cuidar los precios” a la imposición de un sistema de vigilancia que pretende evitar la absurda idea de cobrar un precio al que ambas partes de una transacción acuerdan. Cuando un tercero impone a través de su pluma –que además cree que es todopoderosa– dictaminando el monto al que se puede vender y comprar ciertos productos, ya no podemos hablar de un precio sino de un acto de extorsión.

Esta pluma no solo convierte un acto voluntario en una extorsión, genera desabastecimiento y obliga al racionamiento de los bienes, inevitables consecuencias de las políticas de controles de precios. Pervierten el carácter cooperativo de la sociedad, al promover una sociedad de delatores, frene a una que se vale de los intercambios voluntarios para alcanzar sus fines. Siembran una cultura de la denuncia, en la cual convierten en algo cercano al delito al hecho de esperar que se pague un determinado precio por un producto. Incitando a ciudadanos a denunciarse mutuamente, convirtiendo un esquema de cooperación en un constante ambiente de sospechas. Como corolario de una política diseñada para asignar responsabilidades a quienes no las tienen y evitar enfrentarse a una solución, aquellos establecimientos en los que se sufran las consecuencias naturales de las políticas que se pretenden implementar son acompañados con sanciones. Multas y clausuras para las víctimas de la extorsión.

La pluma de los gobiernos está destinada a desarmar e irrumpir en la armonía y la cooperación que únicamente se dan entre individuos que, sin necesidad de ser amigos o caerse bien, pueden cooperar satisfaciendo mutuamente sus fines. Es la pluma que impone porque es utilizada para imponerse por fuerza, y es la pluma que ignora porque desconoce las causas y los pilares que hacen posible que hoy existan los supermercados, entre tantos otros resultados del mercado, que le han facilitado la vida, ahorrándole tiempo y dinero a miles de millones personas. Dar todo esto por sentado nos expone a permitir que con una sola firma sean capaces de devastar las creaciones humanas más complejas y redituables para nuestro bienestar en un abrir y cerrar de ojos.

 

¿Quién necesita al Indec?

Publicado originalmente en Infobae.com el 12 de febrero de 2014

El lanzamiento del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) devolverá a las primeras planas de los diarios el debate sobre la credibilidad de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La necesidad de que el Indec provea estadísticas confiables como requisito indispensable para combatir la inflación y terminar con el descalabro económico que lleva adelante el actual gobierno es una idea predominante entre economistas y políticos de la oposición.

No es casualidad que las modificaciones metodológicas introducidas al IPC fueran realizadas conjuntamente con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que aplicó el año pasado una “moción de censura” contra el país por su baja calidad estadística. Es que no podía ser de otra manera, desde sus orígenes la planificación centralizada de la economía fue la metodología adoptada por el FMI, y de ahí su interés en que las estadísticas argentinas resulten confiables.

Ya en 1963, cuando el organismo era una pieza fundamental del sistema monetario internacional, el periodista económicoHenry Hazlitt señalaba que el Acuerdo de Bretton Woods, que dio origen a la entidad multilateral, “ha demostrado ser, en la práctica, una gigantesca máquina de inflación mundial. En los casi 20 años de su existencia, cada vez mayores devaluaciones se han producido en las monedas nacionales que en cualquier período comparable”.

La función original del FMI fue un auténtico fracaso, pero no el único. Con la eliminación del sistema monetario de Bretton Woods, su misión se transformó en proveer asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo para fortalecer sus economías. No es necesario ahondar en los resultados que tuvo el organismo en esta nueva etapa, mucho menos para los que vivimos en esta parte del globo y conocemos las consecuencias de implementar sus recomendaciones. Comosostiene el economista William Easterly, la “función principal de hacer cumplir la disciplina financiera adolece de la mentalidad de un planificador intrusivo que establece arbitrariamente objetivos cuantitativos de los indicadores clave de la conducta de los gobiernos. Al igual que todos los planificadores, el FMI se ajusta a la compleja realidad de los sistemas económicos con un lecho de Procusto de los objetivos que poco tienen que ver con esa complejidad”.

Los liberales hemos rechazado históricamente la existencia del FMI. El gobierno de Cristina Kirchner busca obedecer a los dictámenes del FMI, para poder lograr reintroducir al país en los mercados de deuda internacionales, lo que sería repetir la historia.

La alternativa para resolver esta polémica sobre credibilidad de las estadísticas oficiales es sencilla, cerremos el Indec.

La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién necesita de las estadísticas que genera el Indec? Sin dudas, economistas y sociólogos se valen de los guarismos, pero son los políticos y los encargados de confeccionar políticas públicas sus principales destinatarios. En el sitio web del organismo fundado en 1968 por el dictador Juan Carlos Onganía destacan “la importancia de la estadística oficial para la decisión de políticas de desarrollo en el área económica, demográfica, social y ambiental”. Precisamente, esta es la razón principal por la cual el Indec es una fuerza perjudicial para el bienestar de los argentinos.

Las estadísticas oficiales les ofrecen a los políticos una falsa sensación de conocimiento sobre la realidad. Los grandes agregados de números generan la sensación de tener la información necesaria para delegar la toma de decisiones económicas en una autoridad central. Sin embargo, se deja de lado el conocimiento que se encuentra disperso y que es inaccesible para los Kicillof y los Capitanich de turno y para cualquiera que pretenda tenerlo. Como explica el economista austriaco F.A. Hayek en  “El uso del conocimiento en la sociedad”, “esto se debe a que los ‘datos’ referentes a toda la sociedad a partir de los cuales se origina el cálculo económico no son nunca ‘dados’ a una sola mente de modo que pueda deducir sus consecuencias y nunca, tampoco, pueden así ser dados.” La información que requieren los políticos es inasequible porque únicamente se obtiene “en la práctica”.

La política cambiaria, el proteccionismo, la distribución arbitraria de recursos, la manipulación de precios y documentos absurdos como los “204 objetivos y 272 metas” (que nada tienen que envidiarle a los planes quinquenales de la Unión Soviética) son algunas de las consecuencias que se derivan de esta arrogancia promovida por el acceso de los políticos a las estadísticas.

Solo los intervencionistas necesitan de estos números. La actividad de los empresarios tiene como base la prueba y error a partir de la estimación de costos, precios, y de las ganancias o pérdidas obtenidas. No requiere más que de eso y de su visión empresarial, aunque se trate de un conocimiento generalmente despreciado por la clase política, quizás por estar fuera del mercado. Por el otro lado, los consumidores se valen de sus experiencias de sus necesidades y deseos más urgentes para tomar sus decisiones. Las estadísticas son, como sostenía Murray Rothbard, los “ojos y oídos” de los ingenieros sociales.

Es verdad que para ciertas estadísticas que permiten tener una visión general del estado de cosas existe una demanda, pero lejos están de ser, por si solas, herramientas adecuadas para la toma decisiones como lo creen los intervencionistas de todos los partidos. A diferencia de lo que se cree, la ausencia de estadísticas oficiales no implicaría la inexistencia total de estadísticas. Ya lo vimos en los últimos años, que ante la falta de credibilidad del INDEC, el sector privado ha provisto datos cuantitativos fiables acerca de la inflación, con el agregado de que para producirlas no fue necesario requerir a la expoliación del contribuyente. Este mismo modelo se replicaría con aquellos indicadores para los que haya gente dispuesta a pagar por ellos de forma voluntaria.

Si podemos comprender que las causas de la debacle económica que está sufriendo el país, de forma casi ininterrumpida desde comienzos del siglo XX, y existe la voluntad de revertir este proceso, tenemos que empezar por quitarle al Estado una de las principales herramientas que le genera la confianza de poder hacer bien lo que indefectiblemente es incapaz de hacer. No será la panacea ni el fin de nuestros problemas, pero definitivamente estaríamos dando un paso en la dirección correcta.

El mito de la industria nacional

Publicado originalmente en Infobae.com el 5 de febrero de 2014

Algunas semanas atrás en el marco del anuncio de nuevas restricciones a las compras por Internet, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, justificaba las medidas argumentando que tenían como objetivo “defender la plata de los argentinos, [y] la industria nacional”. El argumento de que es necesario defender la industria nacional se repite en la boca de los políticos, casi sin importar su procedencia. Peronistas, radicales, socialistas, desarrollistas, socialdemócratas y comunistas comparten este mensaje.

Cada vez que los escucho me alarmo. Si algo necesita ser defendido entiendo que es porque está siendo atacado. Voy corriendo, entonces, a buscar noticias que den cuenta de los ataques. Espero encontrarme con terribles noticias, como bombardeos a complejos industriales, el secuestro de empleados fabriles, o matanzas de industrialistas. Pero nada. No hay señales de algún ataque en curso, o de de la posibilidad de que haya un ataque inminente contra las industrias establecidas en Argentina.

Las agresiones a la industria nacional solo existen en la mente de los proteccionistas. Los proteccionistas presentan la idea de “defender la industria nacional” como una cruzada épica lanzada en nombre de los valores más nobles. En verdad, son simples exponentes de una de las vetas del nacionalismo (una de las ideologías más mezquinas, superficiales y dañinas que han existido), el nacionalismo económico.

Para los nacionalistas un criterio tan circunstancial y fortuito como es el país de origen es suficiente para valorar de forma positiva y virtuosa, o negativa y dañina, a una persona o a un objeto. Defienden países que se encuentran delimitados por líneas imaginarias trazadas y modificadas de forma arbitraria o, en el mejor de los casos, límites establecidos por accidentes de la naturaleza. La influencia extranjera es vista como un elemento contaminante, algo que debe ser evitado a cualquier costo, no como aportes a la cultura universal o al bienestar de los argentinos, sino como intentos de destruir una supuesta “identidad nacional”.

Pero la industria nacional no existe. Es una construcción propia del nacionalismo, que reutiliza el mismo recurso que se emplea para hablar de una “cultura nacional”: la asignación de características colectivas a actividades que son esencialmente llevadas adelante por individuos. No es una nación la que está detrás de las industrias, son empresarios que deciden, según sus propios criterios, embarcarse en actividades que a priori creen que van a generarles ganancias.

Si la defensa de la industria nacional estuviese limitada a la persuasión para comprar productos fabricados en Argentina, no sería una preocupación en absoluto. Cada uno estaría en la posición de decidir si quiere comprar un producto fabricado por su familia, en su barrio, en su provincia, en su país, o aprovechar la riqueza mundial y desconocer cualquier tipo de fronteras a la hora de realizar una compra, o una venta. Lamentablemente, la defensa de la industria nacional siempre está acompañada por medidas que pretenden imponer esta visión.

Para defender la industria nacional se implementa legislación destinada a obstaculizar el intercambio entre dos personas que se encuentran en diferentes países. Desde la perspectiva proteccionista es preferible que dos personas comercien dentro de los límites nacionales a que, digamos, un argentino comercie con alguien en China, Bolivia, India, Ecuador o Alemania. No es ningún ataque el que se pretende evitar. Se busca, proactivamente, restringir la posibilidad de elegir con quien comerciar. Siguiendo el razonamiento nacionalista podríamos decir que con estas políticas lo que se logra es ignorar las “preferencias nacionales” de los argentinos sobre con quién relacionarse comercialmente.

Veamos los efectos que tienen las medidas proteccionistas en el consumidor, el gran factor olvidado. Las devaluaciones son vistas como una herramienta para promover la competitividad de las industrias nacionales, sin embargo se deja de lado que al mismo tiempo constituyen una pérdida inmediata del poder de compra de los asalariados.. La llamada protección de las “industrias incipientes” es concebida como paquetes de medidas temporales para permitir el desarrollo de una industria determinada, pero cuando observamos la historia, estas medidas siempre se convierten en permanentes, y las industrias  quedan sin ningún tipo de incentivo a competir en el mercado global. Entonces tienen  vía libre para aprovecharse del público cautivo que no tiene otra opción más que comprar industria nacional.

La mitología era un recurso utilizado para explicar los hechos que estaban más allá del entendimiento. La mitología nacionalista pretende explicar procesos que ya somos capaces de comprender, y nos confina a sus propias limitaciones intelectuales y a su miedo a lo desconocido. Nos empobrece como sociedad, empobrece nuestro acceso a la cultura universal, y rebaja nuestra calidad de vida. Despojarse de los prejuicios nacionalistas e ignorar las fronteras nacionales es un paso fundamental para poder consolidar los beneficios que acarrea vivir en una sociedad libre.