guerra contra las drogas

Proliferan las tiendas para el cultivo de marihuana en Buenos Aires

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 15 de enero de 2016.

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Los cambios culturales muchas veces son imperceptibles, hasta que el mercado se adapta a las nuevas circunstancias. En Buenos Aires y sus alrededores, la aparición de decenas de grow shops en los últimos dos años dan cuenta de esa situación. Estas son tiendas especializadas que venden tierra, fertilizantes, sustratos y pesticidas que son utilizados en una sola especie vegetal: la marihuana.

Ignacio Goyret, fundador de Basta de Lobby, una tienda de cultivo ubicada en Palermo —uno de los barrios donde más se concentran estos comercios— destaca el potencial económico del sector y señala a Chile, donde la ley no pena la venta de semillas. “En la Argentina no podemos avanzar por las leyes que nos privan de poder trabajar al 100%, porque dentro de mi negocio 99% es legal y 1%, que es la semilla, es ilegal”, reclama Goyret.

“La percepción de la gente, en relación con los grow shops, cada vez tiene menos prejuicios”, explica Nelson Díaz, encargado de uno de los locales de Cultivo Urbano Grow, que cuenta con seis sucursales. Como señala Goyret, aunque la sociedad ha comenzado a normalizar el cultivo de marihuana, no hay indicios de una reforma legislativa que anticipe un cambio en la regulación del cannabis.

En los últimos años, la difusión de la llamada “cultura cannábica” ha comenzado a derrumbar los prejuicios en torno a la marihuana, lo que amplió el perfil de los clientes de los grow shops. El público es “realmente muy variado”, señala Díaz. “Tenemos [clientes] de todas las edades y profesiones, así como un surgimiento cada vez mayor de cultivadores nuevos que nunca habían cultivado y se animan a empezar a producir lo que consumen”, agregó. Por su parte, Goyret indica, “hasta los que ni te imaginas entran algrow. Tus abuelos también. Y para las nuevas generaciones somos parte de la sociedad y su cultura”.

Sin embargo, los cambios en la sociedad no fueron acompañados por reformas a la ley. La Ley de Estupefacientes argentina, sancionada en 1989, impone una pena de prisión de cuatro a 15 años a quien “siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes”.  La ley anterior, aprobada en 1974, estuvo vigente durante 15 años, antes de ser modificada.  La actual ya lleva más de 26 años de vigencia y no ha sufrido grandes cambios.

En 2009, un fallo de la Corte Suprema declaró inconstitucional los artículos que penan la tenencia de drogas en baja cantidad para consumo personal y en ámbitos privados. “No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea”, afirma la sentencia.

Pese a las adversidades que plantea la ley, cada vez hay mayor interés en cultivar la planta, según se aprecia en los grow shops. El kit completo para cultivar en interiores cuesta entre AR$8.000 y AR$13.000 (entre US$600 y US$970). El precio incluye la carpa, turbina, ventiladores y lámparas, entre otros implementos necesarios para el cultivo. Conseguir las semillas, sin embargo, es tarea del cultivador.

Aunque el cultivo de marihuana es ilegal en Argentina —y por eso los grow shops no venden semillas— este rubro está en franco crecimiento, gracias a la mayor aceptación social que tiene la planta y por el aumento del consumo.

De acuerdo con el Observatorio Argentino de Drogas, 3,2% de los argentinos entre 16 y 65 años afirmó que había consumido marihuana durante el último año. Ese número, sin embargo, se dispara cuando sólo se analiza a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde alcanza casi 10%, según un informe correspondiente a 2014.

La aceptación está impulsada, en parte, por el reconocimiento de la propiedades medicinales que esta planta tiene. Goyret señala que la gente ahora empieza a “darse cuenta que es una planta que se usa hace miles de años” y que su uso “permite ayudar al enfermo a llevar mejor su tratamiento o a reducir los ataques de epilepsia en los chicos”.

En cuanto a participar en un eventual mercado legal de marihuana, las opiniones están divididas. Grow shops como Basta de Lobby se concentran en el cultivo, tal como lo refleja su eslogan “Todo para mi Reina”. En cambio, Cultivo Urbano Grow ve la oportunidad de expandir su oferta, especialmente en el sector de la marihuana medicinal.  “Si la ley lo permitiera, estaríamos muy interesados en contribuir con el mercado medicinal en la producción de semillas, aceites, cremas y cursos informativos”, señala.

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La política de drogas de Argentina enfrentará una encrucijada en 2016

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 13 de octubre de 2015.

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Mientras en el continente americano se comienzan a discutir e implementar políticas alternativas a la prohibición de las drogas, Argentina, como en muchos otros aspectos, se ha mantenido estancada en este tema.

“Argentina llega retrasada al debate”, diagnostica Juan Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en Buenos Aires, y autor de varios libros sobre el narcotráfico. “La discusión más política y efectista ha estado centrada en dirimir si somos un país de tránsito, un país de tránsito con consumo o con consumo y algo de procesamiento”, señala.

“El retraso en la calidad del debate público” está definido por dos tres elementos, dice el académico. Por un lado “falta un diagnostico actualizado” respecto a la evolución del narcotráfico en Argentina. Las estadísticas sobre consumo y comercio de drogas no escapan a los problemas generales que afectan al país en materia de indicadores. “Desde el Indec, los datos no coincidentes en el levantamiento de información de las distintas policías provinciales, hasta una ausencia de estadísticas actualizadas, públicas, de algunos ministerios, como el de Seguridad,” afectan la calidad de la información sobre la cual debatir.

A diferencia de otros países como México o Colombia, Argentina “no ha estado en el corazón de los problemas vinculados a la violencia ligada al narcotráfico”, dice Tokatlian. “El país no ha vivido marcadamente influido por esa cuestión. En general, se la ha visto como algo distante (…) lejos de Argentina”.

Para Tokatlian el tercer elemento obedece a la postura del país en los foros interamericanos y globales sobre el asunto de las drogas. En especial, en vistas a la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas en abril de 2016, que revisará la política global sobre el abordaje a ciertas sustancias psicoactivas. “Argentina no ha buscado una coalición de países en la región que compartiera un diagnostico y que llevara a una posición compartida”, afirma.

El sociólogo con un PhD. en Relaciones Internacionales de la Universidad John Hopkins fue uno los autores del documento “Drogas: Una Iniciativa para el Debate“, presentado en septiembre pasado, junto con una centena de académicos, donde hacen un llamado a una política sensata sobre el tema.

“En otros países, donde el problema es más severo y está relacionado con una historia de conflictividad, y está a un nivel más alto del radar de la comunidad internacional, los debates han sido más intensos y más fecundos”, dice, en entrevista con PanAm Post.

Narcotráfico de campaña

Las propuestas de campaña de los principales candidatos a la presidencia de Argentina indican que continuarán con la actual estrategia frente a las drogas. De hecho, los tres principales aspirantes han escogido la lucha contra el narcotráfico como una de las prioridades en un eventual Gobierno.

“Han aparecido niveles de violencia relativamente inusitados para los parámetros generales de Argentina”, explica Tokatlian. Aunque lejos de las tasas de homicidios de países como Colombia, México, u Honduras, “la violencia vinculada estrechamente al fenómeno del narcotráfico no se había expresado”.

La ciudad de Rosario, a unos 250 kilómetros de Buenos Aires, es uno de los puntos más calientes en la penetración del narcotráfico, allí la tasa de homicidios en 2014 resultó entre tres y cuatro veces más grande que la media nacional. Rosario no es el único foco de violencia. Los grandes conglomerados urbanos, como Buenos Aires o Córdoba son testigos de “manifestaciones cada vez más elocuentes de violencia,” sostiene Tokatlian. “Aunque no son dramáticas en como en otros casos, si uno lo desagrega en el plano urbano y específico de estas grandes urbes va a encontrar tasas por arriba del promedio general del país”.

“La inseguridad ha cambiado en Argentina”, afirma, siempre con algún informe o estadística en mente que respalda los datos. Según la Encuesta de Victimización del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la UTDT, en 2004, 26% de los encuestados afirmaron haber sido víctima de un delito; nueve años después, la cifra es de 35%, señala Tokatlian.

Académicos argentinos instan a un debate “serio” sobre el narcotráfico

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 23 de septiembre de 2015.

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El narcotráfico se ha convertido en uno de los temas más recurrentes en la campaña presidencial argentina, y los candidatos a presidente ya han expresado sus ideas para la luchar contra ese flagelo. Sin embargo, intelectuales argentinos de diversas disciplinas y signos políticos consideran que las actuales propuestas solo empeorarán el problema; y convocaron a “una discusión seria” sobre la política de drogas.

En un documento publicado en el blog La Cuestión Drogas en Argentina, que suscribieron más de un centenar de académicos argentinos, advierten que en el debate sobre el narcotráfico “ha prevalecido la presunción, la intuición y la improvisación”.

“Nos motiva únicamente la convicción de que es hora de discutir seriamente sobre el tema, pues la negación o tergiversación del mismo solo alienta a los que, con una agenda preconcebida basada en el temor, la ignorancia y la ampulosidad, pretenden instaurar una estrategia de guerra, en la que tendrían un lugar protagónico las Fuerzas Armadas, en contraposición con la legislación vigente”, sostiene el documento, publicado el pasado 16 de septiembre.

El texto afirma que “los efectos socialmente más dañosos del problema de las drogas”—entre los que enumera a la “extrema violencia asociada a la apropiación y el control del negocio ilegal” y a la “corrupción y descomposición de instituciones públicas”— son resultado de “los fallidos intentos represivos dirigidos a eliminar esos mercados ilícitos”.

Los autores sugieren que el enfoque de militarizar la lucha contra las drogas “solo puede deparar los desgraciados resultados en términos de violencia y abusos que se observan en otros países de América Latina”, como es el caso de México.

Allí, la ofensiva federal contra el narcotráfico que lanzó a finales de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón resultó en la muerte de más de 60.000 personas y la desaparición de otras 26.000 durante los siguientes seis años.

“La experiencia de los países de la región que han apelado a las fuerzas militares para enfrentar este problema, muestra una dudosa eficacia respecto al control de la oferta de narcóticos, pero invariablemente ha provocado un aumento en los niveles de corrupción, violencia e irrespeto por los derechos humanos”, afirma el texto.

Finalmente destacan “los logros alcanzados en materia de control, prevención y tratamiento en los mercados y en el consumo de alcohol y nicotina”, que sugieren que podrían alcanzarse también respecto a “otras sustancias”.

Militarización, agencias federales y derribos de aviones

A lo largo de la campaña presidencial antes de las elecciones del 25 de octubre, el candidato opositor Sergio Massa, un peronista disidente que integra el frente Unidos por una Nueva Argentina, ha sido el más agresivo en su discurso en cuanto al narcotráfico.

Sus propuestas incluyen una ley de derribo de aviones, la militarización de barrios humildes donde los grupos narcos penetran con mayor facilidad, y la utilización de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico.

“El narcotráfico para la Argentina es un riesgo de seguridad nacional”, sostuvo el candidato en una visita a un barrio humilde en las afueras de Buenos Aires el mes pasado.

Para Massa es necesario un “programa de seguridad ampliada” que incluye a “la Gendarmería, acompañada por el Ejército” para realizar un desembarco logístico en los barrios”. Prometió “dar combate y tomar control de los territorios que hoy están tomados por los narcos”.

En la coalición opositora Cambiemos, que lleva a Mauricio Macri como candidato presidencial, el narcotráfico también está entre sus prioridades. En un acto el pasado 12 de septiembre, el intendente de Buenos Aires aseguró que “vencer el narcotráfico” será uno de sus “tres desafíos de Gobierno”.

“Hay que derrotar al narcotráfico porque está poniendo en crisis nuestra cultura, nuestras familias. También está corrompiendo nuestras instituciones, comprando política, Justicia, policías, funcionarios y hay que pararlo hoy. Por eso, vamos a ser el primer Gobierno que mire de frente este tema y le dé batalla desde el primer día”, manifestó el candidato.

El asesor de Cambiemos en materia de narcotráfico y coautor de Poder Narco, Eugenio Burzaco, sostiene que es necesaria una “profunda reingeniería” del “sistema de seguridad interior” para restablecer “la prevención y el control primario de la seguridad en las provincias y sus policías”.

Macri, al igual que Massa, también es partidario de una ley para derribar avionetas sospechosas de trasladar drogas ilícitas.

Por su parte, el candidato del gobernante Frente para la Victoria, Daniel Scioli, quien también gobierna la provincia de Buenos Aires desde 2007, apuesta a la creación de policías locales para combatir la venta minorista de drogas.

Ademas aspira a triplicar, en cuatro años, la cantidad de efectivos de la Gendarmería y la Prefectura Naval, y establecer una fuerza militarizada urbana para contribuir a la lucha contra el narcotráfico.

El año pasado Sciolí sugirió reevaluar “el rol de las fuerzas armadas” en relación al narcotráfico “porque evidentemente es un problema de seguridad interior”.

La ley que regula la actividad de los militares veda las actividades para combatir la delincuencia dentro del territorio nacional, excepto “en aquellos casos excepciones en el que el sistema de seguridad interior le resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación”.

Los tres candidatos coinciden en la creación de una agencia federal destinada a la investigación de delitos relacionados con las drogas que unificaría los departamentos de investigación de las fuerzas federales bajo un comando central.

Narcotráfico en Argentina

Macri y Massa también coinciden con que Argentina se convirtió en un país de consumo, tránsito y producción de drogas.

Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no considera al país como productor de drogas, pero sí de tránsito.

“Brasil (especialmente desde 2010) y Argentina son los países de tránsito más mencionados en las confiscaciones más importantes de droga”, afirma el Informe Mundial sobre las Drogas 2015, que elabora anualmente el organismo.

De acuerdo con el informe, entre 2005 y 2014, Argentina fue mencionada 2.101 veces como un punto en tránsito de cargamentos de drogas, un 18% que Brasil, el segundo más mencionado.

Aunque las condiciones ambientales en Argentina no son propicias para el cultivo de coca y no se han registrado plantaciones, la cercanía de las provincias norteñas de Salta y Jujuy con Bolivia —uno de los mayores productores de cocaína del mundo— y Paraguay —el principal productor de marihuana en América del Sur— las convierten en un campo fértil para que los narcotraficantes desarrollen sus actividades.

Mientras tanto, la percepción del tráfico y consumo de drogas va en aumento. Un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa sobre en el país indica que ocho de cada 10 argentinos consideran al narcotráfico —y al abuso de drogas— como un problema”muy grave” para el país. La mitad de los encuestados, además, creen que son necesarias “leyes más duras” para luchar contra el narcotráfico.

En otro estudio sobre el tema, la Universidad Católica Argentina señaló que entre 2010 y 2014 se produjo un incremento de 50% en la percepción sobre la existencia de venta de drogas en los barrios.

Con poco optimismo, Argentina reclama legalización de la marihuana

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 3 de mayo de 2015.

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El humo de marihuana envolvió al corazón político de la capital argentina el sábado 2 de mayo cuando más de 100.000 personas al grito de “autocultivo” y “legalización” marcharon por las calles de Buenos Aires.

La manifestación que, según los organizadores, convocó a alrededor de 150.000 personas —al igual que el año anterior—, es parte de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM) que se ha celebrado en simultáneo en más de 849 ciudades y 76 países desde 1999.

“Pedimos la legalización y regulación de todo el cannabis, para todos sus usos: médicos, industriales y lúdicos”, explicó al PanAm Post Nicolás Breg, representante de la Asociación de Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA), una de las agrupaciones que organizó la convocatoria.

La Plaza de Mayo —sede de los acontecimientos más relevantes de la historia argentina— se convirtió en el mediodía del sábado en una suerte de feria cannábica donde vendedores, ambulantes o con puesto fijo, vendían desde remeras y libros sobre la marihuana, hasta accesorios para fumarla, artesanías, y comida. Especialmente comida, con y sin cannabis. La venta de brownies “mágicos” que supuestamente contenían cannabis competían con alimentos orgánicos, pan relleno, hamburguesas, y el infaltable sandwich choripán.

El clima festivo estuvo equilibrado con una dosis de activismo por parte de los manifestantes más involucrados en la causa; desde las carpas instaladas en uno de los extremos de la plaza repartían información. Los mensajes variaban de acuerdo a la agrupación.

“No más presos por cultivar cannabis. ¡Autocultivo ya!”, se leía en el panfleto de la AACA, que hace hincapié en las propiedades analgésicas y broncodilatadoras.

“No hay verdadera lucha contra el narcotráfico, ni combate a la inseguridad, si no se parte de reconocer la complicidad entre las fuerzas de seguridad”, dice uno de los panfletos que repartían integrantes del partido Izquierda Socialista, una de las agrupaciones políticas presentes.

A pesar del pesado humo de marihuana que se elevaba en el aire porteño, la Policía Federal solo se limitó a desviar el tránsito de las calles. La multitud comenzó a movilizarse a través de la pintoresca Avenida de Mayo con destino al Congreso de la Nación, donde se montó un escenario y hablaron algunos de los organizadores locales de la marcha, además de Gonzalo, un activista que contó su experiencia de aprovechar los usos médicos de la marihuana para mitigar su enfermedad.

La policía hizo la vista gorda sobre lo que ocurría frente a sus ojos, como si el consumo de marihuana ya hubiese sido legalizado en el país. La ley de drogas argentina, vigente desde 1989, prohíbe la tenencia de marihuana —conocida como “tenencia simple”— y lo pena con uno a seis años de prisión, o de uno a dos años si un juez determina que la hierba era para consumo personal.

Un asistente que sostenía un cartel reclamando “Libertad a María” contó al PanAm Post que viene “desde siempre” a la marcha y lo hace porque considera que la actual ley es “injusta” y “se tiene que legalizar de alguna forma”. “Lamentablemente la sociedad no la va a admitir si no es regularizada por el Gobierno”, pronostica, en referencia al proceso legalización de la marihuana en Uruguay, donde el Estado asume un rol central en la producción y distribución de la droga.

La experiencia uruguaya parece haber cambiado el punto de vista de un sector de los activistas cannábicos que en ocasiones anteriores demostraban rechazo por la idea de permitir la comercialización de la marihuana. “Permitiendo la venta ingresas al sistema capitalista”, decía en un tono despectivo una activista en 2011.

“[El] cambio impulsado por Uruguay ha fijado un piso en este tema en América Latina, al igual que Chile que lo está haciendo desde lo medicinal”, dice Breg, consultado por este cambio de perspectiva. “Aquel que accede porque necesita por razones médicas que acceda desde ese lugar, y el que quiera para experimentar en su propia vida como un adulto responsable que acceda también”, agrega.

La manifestación fue de claro tinte político, y aunque las banderas partidarias escasearon, los organizadores no ven alentadoras las posibilidades para una posible reforma en el corto plazo. “Nuestra expectativa es seguir con esta lucha, por ahora ningún partido político en este año electoral ha sentado una posición clara sobre la legalización del cannabis”, afirma Breg.

Los tres principales precandidatos presidenciales para las elecciones de octubre no han sugerido cambios en este sentido y todos proponen escalar la lucha contra el narcotráfico.”Se acepta mucho, se habla poco, y se hace poco”, dice Breg, con algo de pesimismo, mientras los últimos oradores frente al Congreso de la Nación terminaban de dar sus discursos.

Alrededor del mundo

La movilización de Buenos Aires se replicó en varias ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Uruguay, y en muchas ciudades canadienses y estadounidenses así como también europeas. En Asia, Indonesia, Japón e Israel celebraron la MMM, mientras que Sudáfrica fue el único país del continente africano que se manifestó por la legalización del cannabis.

En Guayaquil, Ecuador, más de 200 personas se congregaron en el Parque Kennedy para sumarse por primera vez a la iniciativa mundial. “La guerra contra las drogas es una guerra perdida y es injusto que se encarcelen personas solo por consumir, plantar o estar en posesión de marihuana”, dijo a PanAm Post Milica Pandžić, integrante del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad.

En Asunción, Paraguay, una marcha de 250 personas que recorrió calles del centro capitalino enfocó sus consignas en torno al narcotráfico, evocando casos de políticos presuntamente vinculados al negocio. Plantearon la legalización y el autocultivo como solución, y exigieron “no más presos por fumar”.

Editado por Daniel Duarte. 

Derribar narcoaviones no garantizará el éxito en la lucha antidrogas

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 12 de marzo de 2015.

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El 20 de abril de 2001, Veronica y Jim Bowers surcaban junto con sus hijos los cielos del Amazonas peruano a bordo de un avión privado. El matrimonio se dirigía a la ciudad norteña de Iquitos, donde vivía, cuando un avión de vigilancia de la CIA —que brindaba soporte al programa de derribo de aviones civiles— identificó al monomotor como un presunto narcoavión utilizado para transportar cocaína. “No se si es bandito o amigo”, dice uno de los agentes que observaba las imágenes producidas por un avión de vigilancia.

Tras una situación confusa, agravada por complicaciones idiomáticas, los aviones militares peruanos abrieron fuego contra la nave que transportaba a los Bowers, que se precipitó al rio Amazonas. “Creo que estamos cometiendo un error”, se escucha decir a uno de los agentes estadounidenses. Ya era demasiado tarde: una bala atravesó el pecho de Veronica y se alojó en el cráneo de Charity, la hija de apenas siete meses de la pareja.

Por supuesto, el matrimonio misionero, oriundo de Michigan, Estados Unidos, no trasladaba drogas en el avión. Estados Unidos reconoció que el programa de derribos —vigente desde 1995— estuvo “plagado de errores” y quedó desarticulado. Un programa similar en Colombia también fue desmantelado. “El desempeño de la comunidad [de inteligencia] en cuanto a la rendición de cuentas ha sido inaceptable. Estos eran estadounidenses que fueron asesinados con la colaboración de su Gobierno; la comunidad lo encubrió y demoraron la investigación”, concluyó el por entonces (1993-2011) congresista Republicano por el Estado de Michigan Pete Hoekstra.

Los derribos regresan a Perú

Catorce años más tarde los legisladores peruanos han retomado la idea de reinstaurar el derribo de aviones civiles. Por cierto, una pésima idea. Un proyecto de ley acaba de sortear con éxito el primer paso en la Comisión de Defensa del Congreso y todo parece indicar que los jets militares peruanos podrán, una vez más, abatir naves que se consideren sospechosas de transportar drogas.

El caso peruano no es una singularidad: en Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, Uruguay y Colombia existe legislación que autoriza el derribo de naves civiles. En los hechos, estos países han legalizado las ejecuciones extrajudiciales y han reimplantado la pena de muerte, incluso contradiciendo su propia legislación y los tratados internacionales que suscribieron.

Un estado de guerra es la única explicación para delegar en las fuerzas armadas la autoridad para expedir sentencias de muerte sin el debido proceso, sin la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, ignorando cualquier otra salvaguardia contra la autoridad estatal. Y ese es justamente el argumento con el cual los legisladores peruanos pretenden sancionar la ley: Perú está en guerra.

El campo de batalla peruano no está plagado de artefactos explosivos improvisados, trincheras o puntos de control, sino de cultivos de planta de coca, precursora de la cocaína. Desde 2012, Perú ostenta el dudoso honor de ser el mayor productor de hojas de coca. Pese al descenso del 17,5% de la superficie sembrada experimentado en 2013 respecto al año anterior, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción total bajó solamente 5,8%.

Esta discordancia obedece a la alta capacidad que poseen los narcotraficantes para adaptarse a nuevos contextos. Así, la implementación del derribo de aviones logró estimular la creatividad de los distribuidores, tal como la acción del gobierno peruano para reducir la superficie de los cultivos de coca empujó a los productores a hacer uso más intensivo de tecnología, recurrir a agroquímicos y perfeccionar las técnicas de cultivo.

Colombia: Otra experiencia fallida

Colombia, que reanudó su programa de derribo de narcoaviones en 2003 —dos años después de la tragedia de los Bowers, en Perú— ofrece un ejemplo de la ineficacia de los esfuerzos antidroga. En un testimonio ante el Congreso estadounidense en 2010, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental destacó que en 2008 la agencia “reportó que narcotraficantes utilizaban habitualmente lanchas rápidas y buques pesqueros para contrabandear cocaína desde Colombia a América Central y México en ruta hacia Estados Unidos”. Incluso, se ha informado de submarinos como alternativa para evitar el vigilado espacio aéreo.

Los resultados tampoco son alentadores. Entre diciembre de 2003 y julio de 2005, la Fuerza Aérea Colombiana identificó 48 aeronaves sospechosas. Solo 14 fueron interceptadas, y en un único caso se confiscaron drogas. Mientras, el supuesto éxito peruano durante la década de 1990 —cuando se redujo la producción de coca—, solo implicó una transferencia de cultivos hacia Colombia, donde paralelamente aumentó. Más tarde el proceso se revirtió, la producción disminuyó en Colombia mientras aumentaba en Perú.

Al igual que en el proyecto de ley peruano, Estados Unidos y Colombia desarrollaron nuevos procedimientos para evitar el derribo de aviones que llevaran inocentes a bordo. Sin embargo, esos procedimientos ya existían en 2001, y la Fuerza Aérea Peruana los ignoró, según acusación de Estados Unidos. Es más, la nueva iniciativa de Perú podría aumentar la discrecionalidad de los militares peruanos que, esta vez y por lo que se conoce hasta el momento, no contarán con colaboración estadounidense.

Ya no importa la Constitución

Aunque la Constitución peruana prohíbe la pena capital —excepto en casos de terrorismo y traición a la Patria— el derribo de aviones es virtualmente la imposición de una pena de muerte, o, en el mejor de los casos, el castigo corporal como pena. Además, ninguno de los ocupantes de la nave derribada tiene posibilidad de consultar con un abogado, ser juzgado por un juez imparcial. El debido proceso para los narcotraficantes se convierte en un privilegio.

El caso del derribo de aviones obliga a repensar si la “guerra contra las drogas” no debería ser renombrada. La “guerra” es lanzada contra el Estado de Derecho y los consumidores que escogen determinados estilos de vida. Incluso, es difícil concebirla como una guerra. No estamos ante dos bandos beligerantes: mientras los gobiernos emprenden una batalla contra los narcotraficantes, estos se dedican a comerciar.

Las leyes antidrogas son las principales responsables de la violencia. La legalización de la marihuana en Estados Unidos ha demostrado que las mafias son desplazadas del negocio cuando se legaliza, en Colorado los empresarios, y no los mafiosos, abastecen ese mercado. Pero los gobiernos difícilmente tengan interés en comprenderlo: “La guerra es la salud del Estado”.

“Creemos que la gente tiene derecho a consumir marihuana”

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 6 de marzo de 2015.

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Uruguay es el primer país de América Latina en legalizar la producción y comercialización de la marihuana. El expresidente José Mujica (2010-2015) impulsó el proyecto de ley que no estuvo exento de polémicas. Tras un año y medio de debate parlamentario, en diciembre de 2013, la legalización se convirtió en ley, pero la aplicación de la norma avanza con letargo.

Más aún, el flamante presidente Tabaré Vázquez nunca ha estado del todo cómodo con la ley e incluso, esta semana, ordenó postergar la venta de marihuana en farmacias, un aspecto primordial de la legislación.

Diego Pieri, integrante de la ONG Proderechos, una de las organizaciones que desde 2006 impulsa una reforma en la política de drogas uruguaya, señaló en entrevista con PanAm Post los altos y bajos de la ley 19.172 y  su actual estado de ejecución. Cree que la prohibición es dañina, pero que debe ser el Estado el que controle un mercado lícito de drogas.

Una lenta implementación

“La principal virtud [de la Ley] es la integralidad, que cubre desde cáñamo para usos industriales, alimenticios o medicinales, y el acceso para usuarios por tres vías: farmacias, clubes y autocultivos”, indica Pieri.  Hasta el momento, la última de las alternativas esta totalmente implementada. Desde noviembre de 2014, aquellos que pretendan cultivar hasta seis plantas de cannabis pueden registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) para ser autorizado a ello. El interesado “se inscribe en una oficina de correo y a los 30 días recibe una habilitación del Ircca, y con eso la persona ya está habilitada para cultivar en su casa”, explica Pieri.

En los clubes sociales de cannabis, sus socios reciben hasta 40 gramos mensuales a través del pago de una cuota —tampoco pueden ser creados con ánimo de lucro. Crear una asociación cannabica, sostiene, es “un poco complicado y muy burocrático”. También Pieri apunta que la limitación a 45 plantas que les impone la ley representa uno de los “problemas”.

Pero considera que todavía falta “el más importante” de los medios de acceso, el de venta en farmacias. “El 80% de la marihuana legal podría venir por ahí”, calcula el integrante de Proderechos.

En Uruguay se plantarán “entre una y dos toneladas” de marihuana en terrenos del Estado. El gobierno de Mujica inició la adjudicación que ya se encuentra en su etapa final. Serán “entre tres y cinco empresas” que abastecerán a farmacias seleccionadas en todo Uruguay —habrá un cupo máximo. La licitación, que según explica Pieri avanza y ya está en su última etapa, aunque se retrasó en el mes de noviembre de 2014 por una discrepancia en el precio de expendio en farmacias, otro factor determinado por el gobierno.

Solo son uruguayos o residentes en Uruguay los que acceden a la marihuana legal. Esta limitación podría generar “una especie de mercado gris” en los sitios más turísticos del país, reconoce.”Gente que saca licencia […]  para comprar en la farmacia, y luego se la revende a los turistas”.

El ojo del Estado

Para poder acceder al mercado legal de marihuana, en todas sus variantes, será necesario registrarse ante el Ircca. Pieri defiende este aspecto y remarca que los datos son de “carácter confidencial” y solo podrá accederse a ellos mediante “una orden judicial bajo una sospecha que lo amerite”, debido a que los datos estarán amparados bajo una ley de datos sensibles, e incluirán información biométrica, como las huellas dactilares, para poder validar la identidad de los usuarios al momento de comprar la marihuana en farmacias, según explica el activista.

Frente a este registro que el gobierno uguayo aspira a utilizar para controlar la cantidad consumida individualmente, Pieri aclara que preferiría “que sea un tema dejado a la responsabilidad de los usuarios” y ejemplifica: “en general, los autocultivadores lo hacen para su propio consumo y se maneja con responsabilidad”.

Pieri no prevé cambios drásticos en la norma, aunque al momento de hacer la entrevista (antes de la asunción del poder de Vázquez) anticipaba que podría haber cambios en la reglamentación del Ejecutivo que podrían incidir en su funcionamiento, como de hecho se postergó la venta de marihuana en farmacias.

Mercado libre para las drogas, o control estatal

“El problema con el narcotráfico y los mercados de la drogas es la prohibición”, afirma Pieri. “Hay gente que le interesaría que nadie compre marihuana, nosotros creemos [que eso] está mal, que la gente tiene derecho” a consumir marihuana, dice.

Sin embargo, el integrante de Proderechos ve la legalización de la marihuana como el primer paso para un “mercado regulado de drogas”, porque considera que el resto de las sustancias que suelen ser ilegales “son de uso más marginal”, por lo que en Uruguay no representan un problema urgente.  Cree que es necesaria una regulación parecida a la del tabaco que “fue reglamentado y está siendo fuertemente controlado”.

La legalización de las drogas, comenzando por la marihuana, parece ser un hecho inevitable en América Latina y gran parte del planeta. Los daños que ha generado la prohibición están a la vista de todos, y Piere coincide: “A la larga, en América Latina la prohibición […] ha generado problemas graves como los que se vivieron en Colombia en la década de 1980 y 1990, que ahora se trasladó a México”. Ahora, solo resta discutir si se avanzará con un modelo burocrático como el uruguayo, o se promoverá uno con mayor libertad.

Editado por Elisa Vásquez.

Ross Ulbricht: El delito de ansiar la libertad

Publicado originalmente en PanAm Post el 9 de febrero de 2015. 

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El nombre Ross Ulbricht, presunto fundador de Silk Road, un mercado virtual alojado en la llamada deep web, podría haber aparecido junto al de Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Peter Thiel (PayPal) y otros tantos emprendedores que hoy son una referencia inevitable al momento de hablar de innovación.

Pese a haber satisfecho una demanda al igual que los emprendedores más venerados del planeta, es más factible que el nombre de Ulbricht se encuentre incluido en el listado de convictos de alguna prisión de Nueva York. A diferencia de quienes alcanzaron la gloria, el Gobierno de Estados Unidos no aprobó sus actividades.

El pasado 6 de febrero un jurado federal de Nueva York lo encontró culpable a de siete delitos. La acusación oficial dice que Ulbricht es responsable de traficar drogas y lavar dinero, entre otros cargos. El caso en su contra dice más de los acusadores que del acusado. Las autoridades estadounidenses aseguran que estaba al frente de un imperio criminal: lo señalan como el creador de una organización que facilitó a cientos de narcotraficantes en todo el mundo desarrollar sus actividades fuera del ojo de la ley.

Silk Road, la creación de Ulbricht, no solo permitió que miles de personas comercien productos que podemos encontrar en cualquier centro comercial, sino que también se convirtió en el lugar predilecto para comprar drogas ilegales en internet. La combinación de lared Tor y la moneda digital bitcoin cimentó un punto de encuentro entre vendedores y compradores que recíprocamente buscaban satisfacer necesidades mutuas.

Silk Road generó un mercado de drogas lejos del halo de la clandestinidad y el peligro impuesto por la legislación vigente. Allí, las leyes responsables de poblarinjustamente las cárceles estadounidenses con personas que no han incurrido en delitos violentos (que no agredieron la vida, propiedad, o libertad, de otros), podían ser ignoradas.

En Silk Road los vendedores tenían una reputación, los compradores podían evaluar su experiencia y compartirla con los demás, y los pagos no eran liberados hasta que el comprador se encontrara satisfecho con la entrega. Sus usuarios utilizaban foros para denunciar a los estafadores y respaldar a quienes ofrecían un buen servicio eliminando muchos de los riesgos presentes en las transacciones al margen la ley. Pero por sobre todas las cosas, eliminaba el mito de que es el producto —las drogas—, y no el contexto en el que desarrolla el mercado, la causa de la violencia que entorno al narcotráfico.

Por supuesto, para aceptar la legitimidad de Silk Road es necesario aceptar también la legitimidad de que adultos responsables tienen el derecho a optar por introducir en su cuerpo cualquier sustancia, incluso las prohibidas.

En las últimas cinco décadas el Gobierno de Estados Unidos impulsó una brutal criminalización de este derecho, generó artificialmente inusitados grados de violencia, dentro y fuera de sus fronteras, y terminó por arruinar muchas más vidas de las que cualquier sustancia psicoactiva podría hacerlo. El daño y la destrucción de esas leyes es abismal cuando se lo compara con el que generan las drogas.

Ulbricht, por el contrario, buscaba desenmascarar la hipocresía que impera en la “tierra de los valientes y el hogar de los libres”. En su perfil de LinkedIn, lo expresó de manera contundente:

 

Quiero utilizar la teoría económica como una forma de abolir el uso de la coerción y la agresión entre la humanidad. Tal como la esclavitud ha sido abolida en casi todas partes, yo creo que la violencia, la coerción, y todas las formas del uso de la fuerza de una persona sobre otra pueden terminar. El uso más generalizado y sistemático de la fuerza está entre las instituciones y los Gobiernos (…). La mejor forma de cambiar un Gobierno, sin embargo, es cambiar las mentes de los gobernados. Con ese objetivo, estoy creando una simulación económica para ofrecerle a la gente una experiencia de primera mano sobre cómo sería vivir en un mundo sin el uso sistemático de la fuerza.

Si la experiencia de Silk Road no fue lo suficientemente convincente para probar el objetivo de Ulbricht, las acciones del Gobierno estadounidense probablemente hayan contribuido a su objetivo. Frente a las actividades consentidas, pacíficas y voluntarias que se desarrollaban en el sitio web, el Gobierno reveló una vez más su verdadera naturaleza arrojando a una jaula a quien osó enfrentar su arbitrariedad, y reafirmó por enésima que cree estar gobernando en la “tierra de los siervos y el hogar de los cobardes”.

Lecciones desde Uruguay sobre cómo legalizar las drogas

Publicado originalmente en PanAm Post el 25 de septiembre de 2014.

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La prognosis de la regulación del mercado de la marihuana en Uruguay es incierta. Las elecciones presidenciales de octubre ponen en peligro una iniciativa que desde su concepción traía consigo un pecado original. El excesivo intervencionismo, los altos niveles de rechazo  entre la población, y los tiempos electorales preanunciaban las posibilidades de fracaso del nuevo enfoque del Gobierno uruguayo hacia la controversial planta.

Cuando en diciembre de 2013 el Senado uruguayo aprobó la propuesta del presidente José “Pepe” Mujica, lo hizo contra viento y marea. Tanto los partidos de la oposición, como algunos partidarios del oficialista Frente Amplio (FA), junto a una gran mayoría de uruguayos se mostraban descontentos con el proyecto.

Un sondeo de la encuestadora Equipos Consultores señalaba semanas antes de la aprobación de la ley que dos de cada tres uruguayos rechazaba la nueva regulación. Seis meses más tarde, según un estudio de la Universidad de Vanderbilt, el nivel de rechazo alcanzaba casi un 60%. El amperímetro apenas se movió.

A menos de un mes para las elecciones presidenciales en Uruguay, los candidatos opositores de los principales partidos —el Partido Nacional y el Partido Colorado— manifestaron su voluntad para derogar la ley. Como si esto fuera poco, incluso la continuidad del FA en el Ejecutivo pone en jaque los objetivos originales de la regulación de la marihuana.

En la última semana el expresidente y nuevamente candidato Tabaré Vázquez aseguró que utilizará la nueva legislación para “rehabilitar” a los consumidores de marihuana.

“Va a haber un registro de consumidores de drogas y ese registro…  va a permitir tener un mayor conocimiento de quienes están en el tema de las drogas y va a tener el Estado la posibilidad de intentar en una etapa más temprana lograr la rehabilitación de esta persona”, dijo Vázquez. El expresidente reemplazará la persecución y la cárcel por la persecución y la hospitalización coactiva, y continuará violando derechos individuales.

La ley 19.172 está luchando por su supervivencia. Pero su potencial fracaso no sería una sorpresa; una herramienta conocida como la Ventana de Overton nos sugiere que la implementación de la ley tiene altas probabilidades de fracasar.

La ventana de lo políticamente aceptable

La Ventana de Overton nos sirve para comprender por qué a diferencia de la legalización de la marihuana para fines recreativos en los Estados de Colorado y Washington, y para fines medicinales en otros 21 Estados de EE.UU. tienen posibilidades de tener éxito, el caso uruguayo tendrá otro rumbo.

Joseph Overton (1960-2003), quien fuera vicepresidente senior del Centro Mackinak para Políticas Públicas en Midland, Michigan, esbozó una teoría de cambio político. Consideró que de un conjunto de políticas acerca de un tema determinado, solo algunas se encuentran en la “ventana” de lo políticamente aceptable. Es decir, aquellas propuestas que los políticos podrían defender sin poner en riesgo sus posibilidades electorales. Esta ventana sin embargo no es estática y lo políticamente vendible se mueve de acuerdo al cambio cultural de una sociedad.

Por ejemplo, en el caso uruguayo y la legalización del cannabis, iniciativas como “Fin a la prohibición” de Estudiantes por la Libertad, los informes de la Comisión Global sobre Política de Drogas, y las tarea de diversas agrupaciones académicas y de activismo político contribuyen a mover la ventana.

Ya los altos márgenes de rechazo de la sociedad uruguaya a la nueva política de drogas dejaban en evidencia que la legalización de la marihuana, incluso con una fuerte regulación estatal, no estaba dentro del rango de alternativas políticamente aceptables en Uruguay.

El expresidente uruguayo Jorge Batlle (2000-2005) lo pudo percibir: A pesar de que luego de dejar la presidencia afirmó que “hay que legalizar todas las drogas”, durante el quinquenio al mando del Ejecutivo no hizo reformas en ese sentido.

Por su parte, el candidato a presidente por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou sostuvo que no va a derogar el artículo que autoriza el cultivo personal de cannabis. Quizás una medida insignificante en materia de impacto sobre el crimen organizado y los efectos negativos de la prohibición, pero probablemente un paso necesario que debe transitar el país para llegar a una política realista sobre drogas.

El éxito de la acción popular en EE.UU.

Una prueba del funcionamiento de la venta de Overton es cómo se reformó la criminalización del cannabis en Estados Unidos.

Allí 14 Estados han despenalizado la posesión de marihuana, y más de 20 otros han adoptado legislaciones que autorizan el uso de marihuana medicinal, y en dos estados la marihuana está totalmente legalizada. En Florida, Oregon, Alaska, Washington D.C. y California, el próximo 4 de noviembre los ciudadanos podrán votar en consultar populares para legalizar la marihuana o para reformar las leyes hacia el camino de la legalización.

A través de estos referendos, los ciudadanos ni siquiera han debido esperar a que se produzca un cambio político motivado por un cambio en las actitudes sociales. Los estadounidenses han promovido directamente la adopción de leyes menos nocivas —no fue una movida política de un partido gobernante como en Uruguay.

Nada nuevo por aquí

El enfoque prohibicionista sobre las drogas no ha funcionado. Lo que hoy afirman prominentes líderes mundiales como una novedad, ha sido manifestado una y otra vez por exponentes del liberalismo desde el siglo XIX.

Los vicios no son delitos”, ya en 1875 sostenía el abogado y emprendedor libertario estadounidense Lysander Spooner. Desde su creación 1972, el Partido Libertario de Estados Unidos propuso en su plataforma la derogación los “delitos sin víctimas”, entre los que incluía el uso de drogas. Liberales tan diversos como Murray RothbardMilton Friedman han coincidido en la agresión contra los derechos individuales que representa el prohibicionismo.

Cada día que continuamos viviendo bajo una legislación que genera muertes innecesarias, que promueve el crimen organizado y que destruye sociedades enteras, es un día que más que se sumará a la cuenta de esta etapa oscura de la historia: la prohibición que comenzó en los albores del siglo pasado.

Sin embargo, desarmar el andamiaje legislativo que persigue y castiga a usuarios y vendedores de drogas no es tarea fácil. En los sistemas democráticos, en los cuales la decisión mayoritaria es la que vale, y donde los políticos sedientos de poder buscan complacer a las mayorías sin consideración por los derechos individuales, la aceptación por parte del público en general es una condición indispensable para que una determinada ley tenga éxito.

Comprender las mecánicas de cambio político nos permitirá adoptar estratégicas y caminos para promover políticas que amplíen el rango de libertad de los individuos. No se trata de desistir de las situaciones ideales y renunciar a vivir en un mundo justo, solamente es necesario adecuarse a las circunstancias. Con algo de perseverancia, el cambio llegará.

Una reforma a la ley de drogas

Publicado originalmente en Infobae el 16 de agosto de 2014

Dentro de algunos años la política de prohibición de drogas pasará a ser estudiada con la misma lupa que hoy se ocupa de las peores violaciones a los derechos individuales. Afortunadamente, el experimento que se fue expandiendo a lo largo del globo a partir del primer cuarto del siglo pasado y que se vigorizó a partir de la década de 1970, está llegando a su fin. Los resultados adversos de la política mundial prohibicionista son el motor que comienza a impulsar la relegalización de drogas en todo el mundo.

Nuestro país no es ajeno a esta tendencia. En 2009 la Corte Suprema dio un primer paso en este sentido con el fallo Arriola, en el cuál el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de una parte del artículo 14 de la ley 23.7373 —la ley de drogas— que pena la tenencia de sustancias ilícitas para consumo personal. Aunque a diferencia de lo que muchos creen, este fallo no implicó que el artículo haya quedado derogado y la tenencia para consumo personal legalizada. En nuestro derecho los efectos de las sentencias solamente alcanzan a las partes involucradas en la decisión judicial  y solo el Congreso tiene la facultad de derogar las leyes.

Ante la colisión entre la ley de drogas y el texto constitucional, legisladores de diversos partidos han presentado proyectos de ley que buscan adecuar la legislación vigente a los criterios del fallo Arriola. Los intentos fueron en vano, la falta de voluntad política por parte del oficialismo condenó a una eventual reforma al olvido, por lo menos hasta ahora. Pero esto podría cambiar, ya que la Casa Rosada dio luz verde para avanzar con una reforma a la ley 23.737.

Los ochos proyectos de ley presentados en 2011 y 2012 ofrecen una muestra de la reforma que podría sancionarse antes de terminar el año. El denominador común de todos ellos es la derogación del delito de “tenencia de drogas para consumo personal”, el mismo que consideró inconstitucional la Corte Suprema. La propuesta más ambiciosa es la de la diputada Victoria Donda que no solo busca derogar la tenencia para consumo personal, sino que además modera la pena para la “tenencia simple”, la figura penal que alcanza a los vendedores minoristas. Para la diputada ellos también son “víctimas del narcotráfico”.

La reforma a la ley drogas, sino su completa derogación, es una tarea pendiente. La eliminación del delito de tenencia de sustancias para consumo personal es un avance en el respeto por los derechos individuales. La persecución contra personas inocentes que deciden ingerir una sustancia no autorizada por el gobierno –una actividad pacifica que no daña los derechos de terceros— es un crimen. Hoy, un 38% de las causas judiciales abiertas por delitos federales. Es decir, cuatro de cada diez causas que se abren corresponden a personas detenidas con tenencia de sustancias para consumo personal. Un paso en este sentido disminuiría la superpoblación carcelaria y la carga en los tribunales, desafectando los recursos que hoy están destinados a perseguir delitos sin víctima.

Sin embargo, los legisladores dejarán vigentes los aspectos más dañinos y de mayor impacto de la legislación. La violencia en torno al narcotráfico, de la cual los argentinos son testigos en su propio país, tiene su origen en la prohibición del comercio de drogas. Los altos márgenes de ganancia que deja la actividad ilegal funcionan como un imán para las mafias y bandas de criminales que buscan una porción de la torta de un negocio lucrativo. El resultado será una ley que libera la demanda de drogas –aunque esto no implique necesariamente un aumento en la demanda—pero que mantenga el negocio en manos del narcotráfico.

Otro de los aspectos ignorados es respecto de la calidad y las dosis de las drogas. El origen incierto de las sustancias, elaboradas en laboratorios caseros, con materias primas de baja calidad, y la incertidumbre acerca del contenido de las drogas seguirá existiendo. Los narcotraficantes pueden decir que están vendiendo marihuana, cocaína o metanfentaminas, sin embargo, es muy probable que el producto incluya otros ingredientes químicos cuyos efectos pueden ser aún más dañinos que lo que dicen estar vendiendo.

Las reformas implementadas en Uruguay, Colorado y Washington, si bien se limitan a la marihuana adoptan un modelo mucho más viable. Especialmente  en el caso de los estado de Colorado y Washington, donde la relegalización admite la producción y comercialización de marihuana. Los resultados de ese proceso ya se pueden comprobar en la realidad: la legalización de la marihuana debilitó a los carteles mexicanos, los principales proveedores del mercado de drogas estadounidense.

Lamentablemente, las perspectivas de una relegalización total están lejos de nuestro contexto. Es comprensible, para entender los efectos de la prohibición de drogas es necesario conocer la teoría económica algo que, por desconocimiento o ignorancia, los legisladores no conciben. La Asociación Civil Intercambios le preguntó a 15 candidatos su postura sobre las drogas, y casi todos ellos coincidieron en un mismo punto: el rechazo al lucro. Son las mismas barreras mentales presentes en la clase política que han logrado que una de las economías más importantes del mundo a comienzo del siglo pasado se convirtiera en una economía más cercana a las africanas que a las del primer mundo.

Mientras sea este el paradigma vigente en la clase política argentina, las mafias se seguirán enquistando en la sociedad, la violencia se incrementará, y la sociedad seguirá desprotegida ante la avanzada narco avalada por los políticos.

Corrupción: Otra consecuencia indeseada de la guerra contra las drogas

Publicado originalmente en PanAm Post el miércoles 6 de agosto de 2014

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Gobiernos como el de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han creado nexos con el narcotráfico casi como política de Estado, en vez de tomar pasos para resolver el problema han avalado al crimen organizado y vieron en él una oportunidad muy rentable.  Otros gobiernos que se presentan como paladines de la guerra contra las drogas tampoco han podido evitar este pacto ente funcionarios públicos y narcotraficantes.

La historia de cómo se conformó hace 15 años uno de los cárteles más sanguinarios de México y el resto de la región, Los Zetas, refleja una realidad que se da en todos los niveles de gobierno y a lo largo de la pirámide de jerarquía de los funcionarios. La complicidad entre aquellos que dicen luchar contra el narcotráfico y las propias redes de comercio de drogas ilegales es algo inherente a la guerra contra las drogas.

El cártel mexicano encuentra sus raíces en el año 1997 cuando un grupo de 31 integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), una fuerza de elite del ejército mexicano, desertaron y le juraron lealtad al Cártel del Golfo, uno de los más prominentes a finales del último siglo. Los desertores conformaron el brazo armado del cártel, y trabajaban como sicarios, guardaespaldas, o transportistas.

La caída de Osiel Cárdenas Guillén en 2003, el líder de Cártel del Golfo, debilitó a su agrupación y significó el ascenso al poder de Los Zetas. El grupo de exmilitares se convirtió en uno de los clanes criminales más brutales, crueles y feroces. Sus operaciones incluyen tráfico de personas, secuestros, extorsión, contrabando de inmigrantes, además del narcotráfico.

Los inicios de Los Zetas son una clara señal de cómo los bandos en esta guerra están difuminados. Las autoridades estatales y los narcotraficantes, dos de los antagonistas de este conflicto, actúan en connivencia de forma constante. Un mercado global de miles de millones de dólares —se estima que es una economía de entre US$50 y 320.000 millones—  ofrece lucrativas oportunidades para corromperse y aceptar sobornos, o participar directamente de una agrupación criminal ilegal. En combinación con la inmunidad que suele estar asociada a un cargo político o  a la placa policial, no sorprende la explosión de corrupción relacionada con el narcotráfico.

Los casos abundan. El de Arnaldo Urbina Soto, alcalde de la localidad hondureña de Yoro, de unos 65.000 habitantes, es uno de ellos. La semana pasada, el alcalde, fue acusado por la Dirección Nacional de Narcotráfico de ese país de ser el cabecilla de una banda a la que le atribuyen 137 asesinatos y 45 desapariciones. Según las acusaciones, el alcalde mantenía una operación de narcotráfico con “narcoavionetas” y un grupo de jóvenes armados reclutados por sus hermanos, encargados de brindar apoyo logístico.

En Argentina, el asesinato de tres empresarios farmacéuticos en 2008 involucrados en llamada “mafia de los medicamentos” encargada del desvío de efedrina —un precursor de drogas sintéticas—  a narcotraficantes, destapó aportes de las víctimas a la campaña presidencial de la entonces candidata Cristina Kirchner, e incluyó la acusación contra el ex ministro del Interior y actual senador Aníbal Fernández. El mes pasado el director de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y de la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) fue imputado como “partícipe necesario” en esa causa; solo una muestra.

Ningún país está exento de tener sus propios casos de autoridades involucradas con el narcotráfico. Esta es una característica propia la guerra contra las drogas: desde Guinea Bissau hasta Estados Unidos, pasando por Chile, México, y cualquier otro rincón del mundo en el que se esté librando esa fútil guerra.

La connivencia entre el narcotráfico y el Estado está a la vista en todos los países de la región. En algunas ocasiones los lazos son de conocimiento público, en otras se trata de actos de corrupción a menor nivel pero que también nos dan una clara señal: la guerra contra las drogas es imposible de ganar porque ambos bandos lucran con la existencia del otro. Mientras los jefes de los cuerpos de policía y las fuerzas armadas montan de tanto en tanto operativos espectaculares, varios integrantes a lo largo de la cadena de mandos –desde el primer nivel hasta el más bajo— también son beneficiados por sus supuestos adversarios.

Por un lado, oficiales corruptos se benefician a través de sobornos, de proveer encubrimiento, o de participar directamente en operaciones de tráfico de drogas. Por el otro, la guerra contra las drogas es la mejor excusa para que los jefes policiales pidan un mayor presupuesto para incrementar su poder de intervención contra los narcotraficantes, generando los denominadoscomplejo policial-industrial y complejo industrial penitenciario conformado por empresas del sector de seguridad que satisfacen las demandas de un mayor poder de fuego y equipamiento, y –dadas las características de su sistema, especialmente en Estados Unidos — las concesionarias de cárceles privadas impulsan mayores tasas de encarcelamiento.

¿Cómo evitar la corrupción? Una de las reacciones frente a esta situación es el impulso de reformas para evitar la corrupción. Los números indican que no hay reforma que sea posible de reparar el daño hecho. Los efectos de la guerra contra las drogas en las poblaciones víctimas de ella son devastadores, desde la libertad de expresión hasta la separación de familias.

La persecución de una actividad pacífica convierte todo lo que hay en torno a ella en una industria violenta en la que se gastan miles de millones de dólares por año. Y todo se hace en nombre de una causa en defensa de la salud que, por lejos, ha causado mucho más daño que cualquiera que se quisiese prevenir lo que se logró reducir.

Más temprano que tarde el período de la prohibición de drogas será ubicado junto a otros de los episodios nefastos de la historia política mundial. Generaciones futuras analizarán a la guerra contra las drogas con el mismo horror que hoy analizamos la esclavitud.