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“Me gusta el arte”: el video que nos recuerda sobre la libertad en internet

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 15 de octubre de 2015.

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Durante meses era imposible en Buenos Aires mantener una conversación sin que alguien haga una referencia a Juan Sánchez. “Me gusta el arte“. “No lo sé, todavía no soy grande, voy a esperar”. En 2014, Juan protagonizó una de esas notas de color que suelen publicar los noticieros en épocas de vacaciones. Un año más tarde, el peculiar timbre de su voz y la manera de expresarse —más parecida a la de un adulto que a la de un niño— lo catapultaron hacia una fama no correspondida. El video —y las docenas de parodias que surgieron— suman en conjunto millones de visitas. Y ahora puede sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión en Argentina.

El miércoles por la tarde, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires —por un pedido de la familia de Sánchez— solicitó  a YouTube remover todos los videos relacionados con aquella entrevista. Horas más tarde la compañía cumplió con el pedido y bloqueó el acceso a cualquiera de esos videos desde Argentina. “Este contenido no se encuentra disponible en el dominio de este país debido a un reclamo legal del Gobierno. Lo sentimos”, aparece en el lugar donde se debía reproducir el video.

Según el organismo, la publicación del video “afecta su intimidad, imagen, dignidad y honor, por los cuales padece un sistemático hostigamiento a través de las redes sociales”.

“El hecho por el cual el joven sufre —desde hace meses— hostigamiento a través del amplio abanico de redes sociales, se dio luego de una nota televisiva donde el adolescente aparece y habla ocasionalmente y que disparó a cientos de personas a ridiculizarlo en videos, imágenes, graffitis y hasta imprimir merchandising con su cara”, afirma el comunicado emitido por la Defensoría.

En el comunicado, además, aclaran que “aunque el daño ya fue causado y el sufrimiento del adolescente no se puede reparar”, la manera en que la web representa a este niño “ejerce un profundo impacto a nivel social y personal”.

Derecho a forzar a que los demás olviden

La remoción del video se apoya en el llamado “derecho al olvido“, la idea de que uno puede solicitarle a los buscadores que no incluyan enlaces a sitios web con información que preferirían que no esté al alcance de un click. En realidad no estamos ante el “derecho al olvido”, más bien es el derecho a forzarle a los demás que olviden algo. Borrar el pasado, como en la novela 1984.

El derecho al olvido es inoperante. Una persona no es dueña de su honor, imagen o reputación; estos son construcciones abstractas que hacen los demás sobre uno. Mi reputación e imagen no es mía, sino que la conforman la suma de opiniones que tienen los demás sobre mí. Entonces, ¿si la reputación no es mía, que derechos puedo tener sobre ella? Son cuestiones fuera del control de uno.

El control sobre la reputación e imagen propia está fuera de nuestro alcance, es inevitable. No es difícil darse cuenta de ello, todos vamos construyendo en forma constante en nuestras cabezas la imagen y reputación de los demás. El temor es a que la gente revele esas opiniones —siempre que sean negativas— y ni hablar si son publicadas en internet y pasan a a la posterioridad.

Por eso la Defensoría también se equivoca al afirmar que el daño lo causa “la manera en que la web representa a este niño”. No se trató de una cámara oculta, ni una campaña de desprestigio, era solo Juan siendo Juan. El video era inofensivo, el daño, en todo caso, lo causó la reacción en las redes sociales, las parodias, los memes, y todo el material que surgió en torno al video.

Estamos ante un supuesto derecho que, para implementarlo, es necesario limitar la libertad de expresión. Tu prestigio es mi opinión. Mientras tanto, la legislación priva a millones de conocer (o de acceder con facilidad) a una parte del pasado al privilegiar el deseo de un individuo que prefiere que la gente no tenga acceso a esa información.

En el caso de Juan Sánchez, son sus padres quienes deberían haber velado por la integridad de su hijo y asesorarlo sobre su aparición en televisión. Es verdad, nadie podía saber que se iba a convertir en semejante fenómeno, pero la vida a veces nos juega una mala pasada. Y al final, no todo salió tan mal para Juan, quien tuvo la oportunidad de encontrarse con el dibujante Liniers, que en la entrevista viralizada lo menciona como uno de sus favoritos, además de leer comentarios destacando su educación y amabilidad.

Google indica que remueve contenidos “inadecuados, irrelevantes o ya no relevantes, o excesivos”. Otra vez ante el mismo problema, lo que no es relevante para uno puede serlo para los demás. A la hora de escudriñar un potencial empleado, un socio comercial, un candidato político o a un médico de cabecera los buscadores proveen una herramienta fundamental para formarnos una primera imagen de esa persona.

Mientras los legisladores esperan la creación de Lacuna Inc., la compañía que brindaba el servicio de borrado de recuerdos en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, podrían ir pensando en una ley para que la gente piense dos veces antes de hacer algo, quizás así no sea tan necesario reclamar por un “derecho al olvido”.

 

Hacking Team hizo contactos en Argentina para vender software espía

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 13 de julio de 2015.

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Hacking Team cuenta decenas de clientes alrededor del mundo; en su mayoría son Gobiernos de países donde los líderes autoritarios pueden trabajar con tranquilidad. A diferencia de los casos de México, Panamá, Honduras, Ecuador y Chile, incluidos en la lista de clientes de Hacking Team, Argentina aún no figura entre ellos.

Sin embargo, dos empresarios argentinos dedicados a la venta de equipos de seguridad y vigilancia iniciaron contactos, a comienzos de año, entre la empresa con sede en Milán, Italia, con la aspiración de celebrar reuniones con diversos organismos de inteligencia y defensa argentinos, como Gendermería o la recién creada Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y poder venderle las soluciones informáticas de la compañía italiana.

La información se desprende de la filtración de más de 400 gigabytes de datos correspondientes a la compañía italiana Hacking Team, proveedora de soluciones de espionaje y vigilancia a varios de los Gobiernos más autoritarios del mundo. Llamada “enemigos de internet” por Reporteros sin Fronteras, la compañía italiana que vende un sistema que promete “evadir cualquier encriptación” recibió una dosis de su propia medicina cuando el pasado 5 de julio se divulgó la información.

Si bien hasta el momento no hay pruebas concretas de que alguna agencia del Gobierno argentino haya adquirido tecnología de la compañía, los correos electrónicos revelan que una delegación de la compañía italiana se reunirá en Buenos Aires con autoridades de la Gendarmería Nacional, y probablemente la AFI y el Ministerio Público Fiscal, entre otras.

Hacking Team se ha convertido en proveedor global precisamente gracias a una herramienta que facilita a los Gobiernos —solo hace negocios con ellos, afirma su política de clíentes— la posibilidad de interferir comunicaciones de todo tipo. La perla se llama Remote Control System Galileo, un software que permite infiltrar a distancia a cualquier tipo de dispositivo, fijo o móvil, y evadir cualquier mecanismos de protección como la criptografía o los antivirus, según el anuncio promocional.

Alejandro “Alex” Lawson es CEO de Global Interactive Group SRL, una compañía destinada proveer equipamiento de vigilancia, espionaje y contraespionaje, es uno de los vínculos que mantiene Hacking Team con agencias argentinas. Es una modalidad habitual para la empresa italiana trabajar con socios locales que los pongan en contacto con agencias gubernamentales de todo el mundo. Hasta el momento, Chile es el país que celebró el contrato más importante con Hacking Team, por US$2,85 millones.

Lawson, quien aparentemente conoció a representantes de Hacking Team durante la edición 2015 de la feria brasileña LAAD de seguridad, se comunicó por primera vez mediante correo electrónico el 21 de abril con la compañía italiana y le ofrece tentadoras ofertas de concertar reuniones con el Ejército, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de las diferentes provincias y la AFI.

Lo que Lawson todavía no sabía es que unas semanas antes Nicolás Ruggiero, dueño de Tamce S.A., competidora en el mismo sector que Global Interactive Group, ya había comenzado las negociaciones para acercar al director de la AFI, Oscar Parrili —uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta, Cristina Kirchner— con representantes de Hacking Team.

En marzo, Ruggiero se puso en contacto con los italianos para presentarle la oportunidad de hacer negocios con la AFI, que había sido creada dos meses antes tras las guerras intestinas en el organismo y la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Para esa fecha, la presidenta ya había sido cuestionada por nombrar a espías activistas progobierno tras una filtración publicada por la revista argentina Noticias.

Tras la visita de Ruggiero a la AFI, el empresario argentino reporta a la agencia la situación actual. El nombre de Pegasus, un sistema que compite con Galileo producido por la israelíNSO Group, ya recorre los pasillos de la AFI. Sin embargo, asegura que su presentación fue recibida con con interés, especialmente porque hizo énfasis en que la procedencia italiana de la compañía; “donde nuestros servicios de inteligencia tienen afinidad”, en contraposición a los de Alemania, Estados Unidos e Israel, agrega.

Ruggiero afirma que “lleva años” haciendo negocios con los Gobiernos, y promete: “voy a comenzar a averiguar para ver qué ventaja podemos sacar, que tan relacionado [el competidor] están a Presidencia de la Nación, que ahí es donde se definen ‘estos temas’ y nosotros tenemos buenos amigos ahí dentro”.

Finalmente Philippe Vinci, vicepresidente de Desarrollo de Negocios en Hacking Team, coordina un viaje a Argentina, en el cual también visitará Chile, para hacer presentaciones sobre sus productos de espionaje ante los organismos que les presenten Ruggiero y Lawson. Hasta el momento, Lawson confirmó que un presunto comandante de Gendarmería, Jorge Antonio Dominguez, ya dio el visto bueno para que los italianos ofrezcan una demostración de lo alcances de la tecnología.

Además, entre ambos argentinos esperan concretar reuniones para comercializar Galileo a otros organismos como el Ejército, la AFI, y el Ministerio Público Fiscal, el organismo responsable de las escuchas telefónicas ordenadas judicialmente, luego de la reforma de enero.

Las fuerzas de seguridad han sido cuestionadas en el pasado por la extralimitación de sus funciones y el desarrollo de inteligencia interna, algo que está prohibido por la ley. No es casualidad que sea Gendarmería el organismo más ansioso para reunirse con Hacking Team; la fuerza de naturaleza militar fue noticia en el 2012 cuando se reveló la existencia de un programa de vigilancia a unidades dirigentes sindicales no peronistas, piqueteros, y otros activistas opositores al Gobierno. Aunque no es el único caso.

No sería su primera visita. En 2012, representantes de Hacking Team se reunieron con autoridades de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Unidad de Investigaciones complejas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En ese momento el interlocutor era Carlos Zoratto, un expolicía que tras su salida de las fuerzas de seguridad abrió una empresa vinculada con su antiguo rubro.

Tanto Ruggiero como Lawson ya se reunieron en las oficinas de Hacking Team en Milán durante el mes de junio. Separados por unos días de distancia, ambos concurrieron a Europa por motivos diferentes. Hasta ahora la única certeza es que en septiembre tenían planificado aterrizar en Buenos Aires para llevar adelante demostraciones de las capacidades de sus programas de espionaje.

Individuo vs. Estado: La lucha de Edward Snowden

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 23 de febrero de 2015.

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Citizenfour cuenta la historia de un hombre muy peculiar, de esos que no abundan. Cuando Edward Snowden decidió revelarle al mundo las pruebas que confirmaban la existencia de un sistema de recolección de datos masivo llevado adelante por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, también decidió sacrificar la vida que llevaba hasta el momento.

Aunque Snowden minimiza su propia importancia para no opacar las filtraciones, su persona es fundamental para comprender el alcance de sus actos.

Cuando la documentalista Laura Poitras recibió la primer comunicación de Snowden, el entonces analista de la NSA de 29 años, contratado por la empresa Booz Allen —la relación entre el Gobierno y las empresas privadas será uno de los hilos conductores de la historia— estaba preparado para contribuir en la lucha “entre el poder estatal y la capacidad real de las personas de oponerse a ese peor”.

Poitras, al igual que el periodista Glenn Greenwald, fueron contactados por Snowden para ser los responsables de dar a conocer la información filtrada. “Te preguntaste por qué te elegí”, le escribió Snowden a Poitras en uno de sus primeros intercambios, “yo no lo hice. Tú lo hiciste”.

Poitras, quien el pasado domingo 22 de febrero recibió el premio Oscar al mejor documental por esta película, junto con Greenwald son conocidos por liderar las críticas contra el régimen de la seguridad nacional. Ambos se han caracterizado por rechazar el uso y abuso que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho del concepto “terrorismo”, el cual prácticamente se ha convertido en la única justificación necesaria para impulsar una limitación de los derechos individuales.

Si bien Citizenfour se enfoca en algunas de las consecuencias de las revelaciones de Snowden, como los programas PRISM y TEMPORA, las actividades de espionaje de GCHQ, la contraparte británica de la NSA, la interceptación de comunicaciones de la canciller alemana Angela Merkel o de empresas brasileña, los gestos y acciones de Snowden son la pieza fundamental por la cual se destaca este film.

De analista de la NSA a informante perseguido

El documental nos permite acercarnos al hombre detrás de la filtración más importante de al menos las últimas décadas y entender el alcance de las tareas de vigilancia masiva que llevan adelante los países involucrados.

La exigencia de utilizar una computadora que nunca haya estado conectada a internet, la “manta mágica de poder” (una manta que utilizó para taparse mientras escribía una contraseña) para evitar la “recolección [de datos] visual”, el teléfono VoIP desconectado, o la preocupación ante un alarma de incendio que se dispara mientras Snowden está siendo entrevistado por los periodistas, ofrecen una muestra acerca del poder de penetración del Gobierno de Estados Unidos en la más absoluta privacidad de las personas.

El exanalista de la NSA pudo tomar todas esas medidas porque conocía lo que sucedía, al contrario de miles de millones de personas en todo el mundo que estaban siendo espiadas por la agencia de espionaje.

“¿Cómo podemos decir que el Gobierno… se basa en el consentimiento de los gobernados, si este consentimiento no es informado?” preguntó Snowden en la Conferencia Internacional de Estudiantes por la Libertad el pasado viernes 13 de febrero. Este punto es fundamental para Snowden: los Gobiernos son quienes deben obedecer y no quienes ordenan.

La reacción de gran parte de los políticos estadounidenses demuestra que el mundo en el que aspira vivir Snowden está lejos realizarse. En vez de criticar los programas de espionaje ilegales, quien los reveló se convirtió en un perseguido. Snowden debió huir de Hong Kong, asistido por un grupo de abogados de derechos humanos, y terminó recluido en Rusia con su pasaporte anulado por el Gobierno de EE.UU.

El filme representa a Snowden en su máxima expresión. No solo porque nos permite ver el proceso a través del cual el exanalista difundió información crucial para iniciar un debate en torno al sistema de vigilancia masiva hasta ese momento parcialmente desconocido, sino que además plantea la causa de Snowden en la eterna lucha del Estado contra el individuo.

Solo una persona fue necesaria para poner en jaque al Gobierno más poderoso del mundo.

Editado por Daniel Duarte.

Ross Ulbricht: El delito de ansiar la libertad

Publicado originalmente en PanAm Post el 9 de febrero de 2015. 

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El nombre Ross Ulbricht, presunto fundador de Silk Road, un mercado virtual alojado en la llamada deep web, podría haber aparecido junto al de Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Peter Thiel (PayPal) y otros tantos emprendedores que hoy son una referencia inevitable al momento de hablar de innovación.

Pese a haber satisfecho una demanda al igual que los emprendedores más venerados del planeta, es más factible que el nombre de Ulbricht se encuentre incluido en el listado de convictos de alguna prisión de Nueva York. A diferencia de quienes alcanzaron la gloria, el Gobierno de Estados Unidos no aprobó sus actividades.

El pasado 6 de febrero un jurado federal de Nueva York lo encontró culpable a de siete delitos. La acusación oficial dice que Ulbricht es responsable de traficar drogas y lavar dinero, entre otros cargos. El caso en su contra dice más de los acusadores que del acusado. Las autoridades estadounidenses aseguran que estaba al frente de un imperio criminal: lo señalan como el creador de una organización que facilitó a cientos de narcotraficantes en todo el mundo desarrollar sus actividades fuera del ojo de la ley.

Silk Road, la creación de Ulbricht, no solo permitió que miles de personas comercien productos que podemos encontrar en cualquier centro comercial, sino que también se convirtió en el lugar predilecto para comprar drogas ilegales en internet. La combinación de lared Tor y la moneda digital bitcoin cimentó un punto de encuentro entre vendedores y compradores que recíprocamente buscaban satisfacer necesidades mutuas.

Silk Road generó un mercado de drogas lejos del halo de la clandestinidad y el peligro impuesto por la legislación vigente. Allí, las leyes responsables de poblarinjustamente las cárceles estadounidenses con personas que no han incurrido en delitos violentos (que no agredieron la vida, propiedad, o libertad, de otros), podían ser ignoradas.

En Silk Road los vendedores tenían una reputación, los compradores podían evaluar su experiencia y compartirla con los demás, y los pagos no eran liberados hasta que el comprador se encontrara satisfecho con la entrega. Sus usuarios utilizaban foros para denunciar a los estafadores y respaldar a quienes ofrecían un buen servicio eliminando muchos de los riesgos presentes en las transacciones al margen la ley. Pero por sobre todas las cosas, eliminaba el mito de que es el producto —las drogas—, y no el contexto en el que desarrolla el mercado, la causa de la violencia que entorno al narcotráfico.

Por supuesto, para aceptar la legitimidad de Silk Road es necesario aceptar también la legitimidad de que adultos responsables tienen el derecho a optar por introducir en su cuerpo cualquier sustancia, incluso las prohibidas.

En las últimas cinco décadas el Gobierno de Estados Unidos impulsó una brutal criminalización de este derecho, generó artificialmente inusitados grados de violencia, dentro y fuera de sus fronteras, y terminó por arruinar muchas más vidas de las que cualquier sustancia psicoactiva podría hacerlo. El daño y la destrucción de esas leyes es abismal cuando se lo compara con el que generan las drogas.

Ulbricht, por el contrario, buscaba desenmascarar la hipocresía que impera en la “tierra de los valientes y el hogar de los libres”. En su perfil de LinkedIn, lo expresó de manera contundente:

 

Quiero utilizar la teoría económica como una forma de abolir el uso de la coerción y la agresión entre la humanidad. Tal como la esclavitud ha sido abolida en casi todas partes, yo creo que la violencia, la coerción, y todas las formas del uso de la fuerza de una persona sobre otra pueden terminar. El uso más generalizado y sistemático de la fuerza está entre las instituciones y los Gobiernos (…). La mejor forma de cambiar un Gobierno, sin embargo, es cambiar las mentes de los gobernados. Con ese objetivo, estoy creando una simulación económica para ofrecerle a la gente una experiencia de primera mano sobre cómo sería vivir en un mundo sin el uso sistemático de la fuerza.

Si la experiencia de Silk Road no fue lo suficientemente convincente para probar el objetivo de Ulbricht, las acciones del Gobierno estadounidense probablemente hayan contribuido a su objetivo. Frente a las actividades consentidas, pacíficas y voluntarias que se desarrollaban en el sitio web, el Gobierno reveló una vez más su verdadera naturaleza arrojando a una jaula a quien osó enfrentar su arbitrariedad, y reafirmó por enésima que cree estar gobernando en la “tierra de los siervos y el hogar de los cobardes”.

Chile: Diputados aspiran a acabar con el anonimato en internet

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 9 de enero de 2015.

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Hay una persona que afirma en internet que me violaron. Esta persona escribe bajo un seudónimo, y se escuda en él para lanzar todo tipo de acusaciones sin respaldo. Dice que un hombre determinado me violó como parte del rito de iniciación de una secta.  No voy a enlazarlo y hacerle publicidad. Ese blog está poblado de historias delirantes que no tienen ningún sustento, pero que utilizan algunos datos extraídos de la realidad para difamar y darle un halo de verdad a la irreverente ficción.

Su autor tiene la oportunidad de difamar. La obtuvo gracias al anonimato. Los opositores a las publicaciones anónimas en internet —o bajo seudónimo— dirán que prohibir el anonimato es fundamental para evitar este tipo de acosos. Si siguiésemos su consejo nos privaríamos de mucho más que de la imaginativa y, por momentos, perversa narrativa en la que me involucran (el protagonista es un exjefe del servicio de inteligencia argentino). Denuncias, opiniones, memes, y otras publicaciones anónimas en internet serían enterradas junto con el anonimato. ¡Hasta artículos en el PanAm Post!

En un esfuerzo conjunto del oficialismo y la oposición, dos sigilosos proyectos de ley avanzan por el Congreso chileno. Chile pretende implementar una reforma a la oscura “ley de prensa” que podría matar a la libertad de expresión en internet. Las propuestas convertirían a usuarios de Facebook , de otras redes sociales, a blogueros, y a microblogueros, en  “medios escritos”. Todos ellos estarían obligar a inscribirse en un registro gubernamental y a exhibir en sus espacios el nombre de su propietario.

La iniciativa es impulsada por diputados de todo el espectro político. Tanto diputados del partido conservador Unión Demócrata Independiente, como integrantes de la coalición oficialista Nueva Mayoría aparecen como coautores de las propuestas. Si son aprobadas, todas las publicaciones digitales que sean actualizadas cuatro días por semana deberán cumplir los mismos requisitos que las publicaciones impresas.

La ley, entre otros requisitos, impone a los medios registrar el nombre de su propietario y su domicilio, exhibir el nombre del propietario en la publicación, y definir a un director responsable que no puede estar beneficiado por inmunidad judicial por otros cargos. En el caso de las publicaciones en español. es necesario tener un domicilio en Chile, mientras que para las sociedades comerciales “su presidente y sus administradores o representantes legales deberán ser chilenos”.

Con la reforma , el ámbito de aplicación de la ley alcanzará a cuentas en redes sociales como Facebook o Twitter, un blog, o un sitio web con memes, “con tal que se haga cuatro veces a la semana”, explica Rayén Campusano, encargada de políticas públicas en la ONG chilena Derechos Digitales, cuya misión es defender la libertad en internet.

La norma, en su esencia, significa para los chilenos el final del anonimato en internet. No, no es verdad. Gran parte de nuestra actividad en internet —por lo menos la que interactúa con servidores en Estados Unidos— , sin importar el país desde el que esté leyendo esto, está siendo vigilada en este momento. Según Francisco Vera, director de Proyectos de la ONG Derechos Digitales, en Chile, agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) “pueden solicitar ordenes judiciales sin reportarla, igual que los de la Agencia de Seguridad Nacional [en Estados Unidos]”.

Entonces la reforma pone al alcance de los políticos locales el poder para terminar con el anonimato digital. En los últimos días, la norma despertó la reacción de los chilenos en las redes sociales, también recibió críticas del Colegio de Perioidistas y de la Federación de Medios chilena. Y hasta NIC Chile, la autoridad regulatoria de la asignación de dominios “.cl”,  dependiente de la Universidad de Chile,  advirtió que “no tiene sentido exigir la inscripción de un nombre de dominio, ni que esta sea bajo un dominio” radicado en Chile, como lo exigiría uno de los proyectos que están siendo analizados.

El anonimato es esencial

El anonimato nunca garantiza la impunidad como podrían afirmar los opositores al anonimato en internet, por la sencilla razón de que solamente expresarse nunca debería ser un delito. El anonimato permite evadir las repercusiones que pueden traer consigo ciertas declaraciones a las que alguien no quisiese exponerse bajo su identidad real. De esta manera, opositores políticos podrían criticar sin temer represalias de cualquier Gobierno; personal del sector público y privado podrían filtrar documentos confidenciales de interés público sin ser identificados; o personas hacer consultas sin ser vistas como ridículas. El anonimato ofrece libertad.

Esa libertad tiene sus riesgos, por ejemplo que lo señalen a uno como víctima de una violación en internet. Pero al mismo tiempo ofrece en algunos casos la posibilidad de evitar consecuencias, especialmente cuando se busca eludir represalias de poderosos.

Otros lo aprovechan incluso con malas intenciones, para difamar, agredir, o acosar gente. Pero son casos individuales para los que no es necesario una ley, ya sea porque estas ya existen, o porque no haga falta regular esta materia.

Los legisladores chilenos deberían tomar nota de sus propias limitaciones antes de regular las expresiones de los demás.

Editado por Elisa Vásquez

Ley Argentina Digital crea arbitrario control de las telecomunicaciones

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 16 de diciembre de 2014.

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Bajo el afable nombre de “Argentina Digital”, el Congreso se prepara este martes 16 de diciembre para aprobar un proyecto de ley que prolongará las garras del Estado sobre las telecomunicaciones. Desde los servicios de correo postal y telefonía fija, hasta internet, e incluso sus contenidos, la legislación impulsada por el Gobierno de Cristina Kirchner aspira a controlar todos los medios de comunicación en el país.

El ministro de Planificación Federal, Arq. Julio de Vido, ya lo había advertido. El proyecto de ley garantiza “el derecho humano a las telecomunicaciones”, dijo al momento de presentarlo. Como sucede habitualmente, detrás del anuncio de la creación de un derecho humano se esconde una consecuencia ineludible: mayor intervención estatal. Al mismo tiempo, es una normativa que de aprobarse y ser implementado cabalmente, podría devolver a Argentina —en materia tecnológica— al siglo XIX.

Esta legislación refleja con fidelidad el modo de Gobierno que ha imperado en Argentina durante toda su historia. Siguiendo la forma de Gobierno favorita del país, el hiperpresidencialismo, en “Argentina Digital” el Ejecutivo delega un poder regulatorio casi ilimitado sobre las telecomunicaciones a una comisión donde escogerá a todos sus integrantes. Sus facultades, amplias, y ambiguas, son una invitación a la discrecionalidad y a los abusos. Mediante el proyecto de ley, el Gobierno asumirá el poder de fijar los precios de todas las tecnologías de la información y la comunicación, un concepto difuso que no establece claros límites sobre cuales son los servicios alcanzados. “Argentina Digital” impondrá nuevos gravámenes a las empresas prestadoras del servicio, incrementará los requisitos y las exigencias burocráticas para prestar esos servicios, y, por sobre todas las cosas, pone en peligro la privacidad y la libertad de expresión.

Paranoia y privacidad

Por ejemplo, según el artículo 65, la todopoderosa Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y Comunicación (AFTIC) podrá interrumpir un servicio en caso de que se afecte el maleable concepto de “seguridad nacional”. En otro caso, el artículo 5 proclama la “inviolabilidad” de las comunicaciones, y exige una orden judicial para su “interceptación” y análisis —sin embargo, “no cubre la observación pasiva, la observación y el análisis de datos de tráfico, ni la geolocalización”, otras técnicas de vigilancia, sostiene Enrique Chaparro de la Fundación Vía Libre. La ley propuesta no se limita únicamente al “mundo digital” sino que además deja expuesto a la intromisión estatal el ámbito más íntimo del ser humano: su hogar. Entre las obligaciones que la ley dispone para los usuarios de las TIC, obliga a “permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la autoridad de aplicación, quienes deberán estar debidamente identificados a los efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria”. Así el Gobierno desconoce la “inviolabilidad del domicilio” que dispone la Constitución nacional, y desliza uno de los elementos más cuestionados en un inciso que se pierde entre las montañas de texto. Al comentar este punto en una charla con amigos muchos señalaron mi paranoia. “Es entendible que esté ese artículo ahí, ¿acaso creés que lo utilizarán para hacer un allanamiento sin orden judicial?”, me decían. Pueden estar en lo correcto; creer que el Gobierno argentino, una vez aprobada la ley, invadirá las casas de millones argentinos bajo el amparo de ese artículo puede sonar descabellado. Sin embargo, la idea de que las facultades del Gobierno deben ser claras, estrictas y delimitadas es considerada una paranoia hasta que el Gobierno decide recurrir a ellas para violar los derechos de los ciudadanos. Las leyes deben ser redactadas previendo que serán los peores los que tendrán el poder de aplicarla, porque definitivamente los que nos gobiernan no son ángeles. De lo contrario nos libramos a la buena voluntad de que los gobernantes no aprovechen los recursos a su arbitraria disposición.

Licencias

Un aspecto medular del proyecto de ley es el sistema de licencias, el cual promete convertirse en una amenaza para la efectiva libertad de expresión. De la misma manera en que la ley de medios —sancionada en 2009— recurre a las licencias para autorizar o denegar el surgimiento de nuevas empresas de comunicación, e incluso mantener bajo control a los grupos de medios críticos con el Gobierno mediante la constante amenaza de quitarles su licencia, “Argentina Digital” hace lo propio en el sector de las telecomunicaciones. El lenguaje poco claro, especialmente para definir qué es una tecnología de la información y la comunicación, deja la puerta abierta para que redes privadas, por ejemplo redes empresariales internas, deban obtener una licencia y pagar un impuesto para funcionar. Tal como se pretende aprobar la ley, servicios de video y voz como Skype o Google Hangout quedarían alcanzados por la necesidad de obtener licencias. Es decir, la nueva regulación le otorga al Gobierno un interruptor para, en caso de ser conveniente a sus intereses políticos, pueda desactivar servicios que permitan la comunicación, coordinación y ejecución de protestas u otras iniciativas.

El arte de regular

Argentina ostenta uno de los peores registros del mundo en materia de internet. Según el informe El Estado de Internetel país sudamericano se ubica en la posición 41, de 56 respecto de la velocidad. Cuando el promedio mundial alcanza los 3,9 megabits por segundo (Mbps), en Argentina la transferencia promedio alcanza los 3,2 Mbps. Esta fotografía es el resultado de una década donde los incentivos y la seguridad disponibles para las inversiones fueron nulos. La arbitrariedad de los Estados es enemiga de la coordinación de los mercados. Mediante esta legislación el Gobierno no hará mas que repeler inversiones, perjudicar la competencia, y terminar por hundir un sector que, a pesar de que aún no alcanzó su auge, ya está al borde del colapso.

Nueva ofensiva de la política contra Internet

Publicado originalmente en Infobae.com el 21 de julio de 2014

Un nuevo proyecto de ley reactiva la ofensiva de la clase política sobre Internet. Desde que el diputado Federico Pinedo presentara un fallido proyecto para regular a los proveedores de Internet, los esfuerzos por mantener un control sobre la red se multiplican. La ley antigrooming, el grosero intento de un legislador provincial para bloquear las redes sociales y el reciente bloqueo al repositorio de torrents de The Pirate Bay son algunos de los antecedentes inmediatos que se suman a un nuevo proyecto.

El caso del proyecto de ley que presentó en el Congreso Sandra Giménez, senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Misiones, tiene sus particularidades. Ni la propia legisladora, según la información que se desprende tanto de sus declaraciones públicas como de los fundamentos del proyecto, tiene claro el motivo de esta ley. Por un lado, introduce el tema de la pornografía infantil como una de las grandes “alarmas sociales” de nuestro tiempo y brinda una serie de estadísticas. A continuación, declara su cruzada contra el acceso de los menores a contenidos pornográficos. La confusión es evidente. Giménez no puede diferenciar la utilización de menores para generar material pornográfico -llamado pornografía infantil- con la responsabilidad de los padres sobre sus hijos en cuanto al acceso a material pornográfico.

La senadora misionera busca que las empresas proveedoras de Internet instalen un filtro que excluya los sitios de contenido para adultos. Los sitios surgirán de un listado confeccionado por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Sin embargo, los usuarios que deseen recibir el “servicio completo” podrán solicitar por escrito a su proveedor de Internet ser excluidos de dicho filtro. Es decir, la norma le otorgaría a la CNC, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, un control total sobre el bloqueo de sitios. La norma ni siquiera reparó en definir qué se entiende por “contenidos pornográficos”.

 

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“La Comisión Nacional de Comunicaciones elaborará y mantendrá actualizado el contenido de la lista de sitios de acceso restringido en el que identificará las páginas con contenido pornográfico a través de una estrategia acordada en el marco de la Comisión Argentina de Políticas de Internet”. De esta manera, el texto de la senadora autoriza a un organismo dependiente del Poder Ejecutivo a coartar la libertad de expresión. Con una “lista de sitios de acceso restringido” es suficiente. El ingeniero Ceferino Namuncurá, interventor de la CNC desde el 2004, o quien lo reemplace, se convertirá en un censor oficial y no habrá control alguno sobre los contenidos agregados a la famosa lista.

El problema no se limita las personas. Si Namuncurá promete limitarse a incluir solamente los “sitios verdaderamente pornográficos” también estaríamos ante un problema, el primero de varios. El obstáculo para aplicar la ley es el conflicto semántico: para algunos, hasta un texto con contenido político puede llegar a ser pornográfico. Incluso, podrían terminar siendo bloqueadas redes sociales, en muchas de ellas el contenido pornográfico es accesible aunque esté prohibido, nadie es infalible. Bajo este esquema los más perjudicados serán los que no puedan o no crean que valga la pena defenderse ante los obstáculos del gobierno. Esta medida anula la libertad de expresión.

Otro problema con proyecto de la senadora Giménez es la intromisión en el espacio íntimo de las personas. Si se aprueba el proyecto, una gran cantidad de personas pensará dos veces antes de ver contenido para adultos en la web. No es lo mismo tener que llamar a una empresa para solicitar autorización que hacerlo en la soledad de la casa. Mirar pornografía es una decisión personal que se hace en un ámbito de privacidad, ante la falta de privacidad las conductas se modifican. Uno no actúa de la misma manera cuando está solo, en su casa, que cuando sabe que está siendo observado, ya sea por uno o varios empleados del proveedor de Internet, funcionarios del gobierno, y cualquiera que conozca a alguien con acceso a esa información.

La ley estatiza la intimidad del individuo. Para poder acceder a contenido pornográfico necesitará el consentimiento de otra persona, ya no será solo su decisión. Peor aún el hecho de que su nombre quedará registrado entre los que solicitaron mirar pornografía, en una lista que no sabemos quién puede llegar a acceder. Sin dudas, si es aprobada, esta ley impactará en las conductas habituales de una parte de la población.

Además, ¿qué tiene de malo la pornografía? Para Wendy McElroy, una filosofa que se autodefine como feminista, individualista y anarquista, la pornografía ofrece variados beneficios para las mujeres (y también para los hombre). La autora de “XXX: Un derecho de la mujer a la pornografía” sostiene que “la pornografía es buena porque provee a las mujeres con información sexual (…); despoja la confusión del mundo real al sexo (…); rompe con los estereotipos culturales y políticos para que cada mujer pueda interpretar el sexo a su manera —una sensación de “no estás solo en tus fantasías y deseos”, dice McElroy; además, es “buena terapia”, para los que tienen pareja y para los que no.

McElroy llega hasta el quid de la cuestión en el caso de este tipo de legislación: la promoción de la virtud no puede ser la finalidad de la ley, ni del derecho. “Es el viejo conflicto entre la libertad individual y el control social”, concluye.

Por último, la senadora Giménez se entromete en asuntos puramente familiares. Si la ley apuntara a la pornografía infantil, el filtro no sería efectivo. Solo sería necesario que el depredador sexual solicite que no filtren su conexión. Pero la ley no tiene ese objetivo, la pornografía infantil solo está presente en la confusión de la senadora y no en el texto legal que tiene otro objetivo. La ley apunta a imponer unos valores morales determinados sobre las conductas de vida individuales. Tanto la decisión individual de mirar o no pornografía, como la de controlar o no los contenidos que visitan los hijos menores, son asuntos que deberían quedar en el ámbito personal o familiar. Así, se repite un patrón que se puede identificar constantemente. Esta intromisión hace desaparecer la noción de responsabilidad personal, delegando decisiones tan intimas e importantes en la crianza de un hijo, como lo es la forma de abordar temas como este, en un tercero: el Estado.

Considerando el proyecto de ley, el acceso de menores a sitios web pornográficos no es tán preocupante como el hecho de que una persona con las aptitudes y el conocimiento de la Constitución de Sandra Giménez sea senadora. Por lo menos, la pornografía nunca le causó daño a nadie. Del Congreso, no se puede decir lo mismo.

Otro infame récord para Argentina: Primer país latinoamericano en bloquear a The Pirate Bay

Publicado originalmente en PanAm Post el miércoles 2 de julio de 2014

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Internet tal como la conocemos esté en peligro y no es una novedad. Los embates que acechan a la red son constantes. El ataque contra su estructura descentralizada y su sistema de autogobierno es principalmente una consecuencia de la pérdida del control que perciben los gobiernos frente a la atmósfera de libertad que se respira en la red. El anonimato, la facilidad para compartir información y la libertad de expresión siempre fueron vistas con recelo desde las esferas del poder gubernamental. Los recientes y sonadísimos casos de recolección masiva de datos de comunicaciones en línea por parte de poderosas agencias de inteligencia a nivel global dejaron expuesta esta tendencia.

Pero los gobiernos no son los únicos que están preocupados. Desde que la popularidad del intercambio de archivos explotó en 1999 gracias a proyectos como Napster, las asociaciones que agrupan a las principales compañías discográficas y de la industria del cine de todo el mundo lanzaron una verdadera yihad contra los sistemas de intercambio de archivos. Es que el nuevo paradigma digital puso en jaque a su modelo de negocio, basado en los privilegios que otorgan las leyes de propiedad intelectual. En la nueva era, copiar y compartir se convirtió en una actividad casi sin costos, y las empresas líderes del sector no tenían pensado adaptarse a las nuevas circunstancias. Los vendedores de velas quieren prohibir la electricidad.

Como consecuencia de la agresiva estrategia emprendida por estas asociaciones, Argentina se convirtió ayer en el primer país latinoamericano que bloquea el acceso a The Pirate Bay (TPB), el famoso sitio que agrega archivos torrent. Se trata de una medida solicitada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y varias compañías discográficas. La orden judicial fue emitida en marzo, pero recién ayer se dio a conocer cuando a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones, se ordenó a los proveedores de Internet a bloquear un rango de IPs asociados a TPB:

En la resolución de 37 páginas, el juez Gastón Polo Olivera consideró que la actividad de TPB es indefensible desde el punto de vista del derecho a la libertad de expresión:

Reconocer la protección de la garantía de la libertad de expresión al encumbrar al rango de información al régimen de intercambio de bytes del P2P, con su tráfico de chunks y metadatos entre usuarios y asistencia del tracker para la violación de derechos de autor, es denigrar uno de los más grandes logros del hombre libre enaltecido en condición de ciudadano desde el año 1789.

Algunos párrafos antes, Polo Olivera menciona un estudio realizado por David Price, analista británico, que clasifica el tipo de información que se distribuye a través de TPB:

Dentro de seis de los principales grupos de contenidos detallados más arriba, el experto analizó otro muestreo y cotejó si ellos se encontraban comercialmente disponibles en el mercado: de música halló un 75,1% disponible en el comercio, películas un 92,1%, televisión un 92,9% y libros un 79,6%.

Es decir, más allá del debate sobre si el concepto de “derechos de autor” es legítimo o no desde el punto de vista de los derechos individuales fundamentales, el magistrado reconoce que el tracker ofrece material que no viola leyes de derecho de autor y, sin embargo, se empeña en ordenar el bloqueo total del sitio ejerciendo un claro acto de censura.

Y justamente esta es una de las ramificaciones más peligrosas de la decisión judicial. Las características de la medida requerida por CAPIF y SADAIC no permiten la participación de la otra parte. Por lo tanto, sin que TPB haya tenido la posibilidad de defenderse, se tomó la decisión de bloquear el acceso al sitio web. Así, cualquiera que en el futuro se sienta perjudicado por la publicación de cierta información en Internet —incluso si el contenido fue generado por terceros, como en este caso— podría tener éxito al pedir a un juez que ordenase el bloqueo a la fuente de información que considera ofensiva.

El caso no fue una victoria total para los demandantes, ya que dos de sus solicitudes fueron rechazadas por el juez. Por un lado, pretendían que CAPIF “’de tanto en tanto’ determine cuáles son las direcciones IP o DNS que deben bloquearse del sitio de internet The Pirate Bay, e instruya tal procedimiento”. Ante este pedido, Polo Olivera dejó claro que se trataba de un pedido de censura y que él era el único con la capacidad para censurar. “La vaguedad de tal alternativa propuesta es superlativa, e implicaría arrogarse esa entidad funciones de virtual censor que no tiene ni puede conferírsele”, escribió. Además, en otra de las peticiones rechazadas, los representantes de las discográficas intentaron bloquear los resultados de las búsquedas que referencien a TPB.

Para TPB el fallo judicial está lejos de ser una derrota. El efecto Streisand generará volúmenes inimaginables de tráfico para el sitio web que, acostumbrado a los bloqueos, tiene una red de sitios que replican su contenido y permiten saltar la medida judicial. Gracias a ella, los argentinos podremos seguir disfrutando de las descargas de torrents en el sitio más popular del mundo para tal fin. Sin embargo, el panorama de la libertad en Internet no deja de ser desolador.

Internet bajo ataque, una vez más

Anonimato en Internet, en vías de extinción.

Anonimato en Internet, en vías de extinción.

 

Dos legisladores provinciales del Chaco, que responden al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, propusieron una ley que obligue a los usuarios que comentan en sitios web a identificarse con su nombre real, DNI y domicilio. De aprobarse la medida regirá para los portales cuyo dominio figure registrado en esa provincia. De esta manera, los legisladores peronistas pretenden otorgarle al gobierno una herramienta para controlar quién y qué comentan los chaqueños, o cualquiera que busque dejar su opinión en algún sitio registrado con domicilio en el Chaco.

En un país en el cual que es necesario mostrar el DNI hasta para hacer una pequeña transacción bancaria o pagar con tarjeta de crédito, la medida no es tan sorprendente.

Esta iniciativa, que deberá enfrentar mucha resistencia para prosperar, trae reminiscencias a una resolución aprobada por la Legislatura de Entre Ríos que buscaba otorgarle al gobierno el poder de intervenir y bloquear el acceso a las redes sociales. En ese entonces se estaban produciendo saqueos en todo el país y Entre Ríos no era la excepción. Fue el ministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Baez, quien creyó que la medida ayudaría aplacar la situación en la provincia. La relevancia nacional que tomó la noticia, junto a la presión efectuada desde las redes sociales, llevaron al ministro Baez a sugerirle al gobernador que vete esa resolución. La norma nunca llegó a estar vigente.

El anonimato es un factor fundamental de la cultura de Internet y la libertad de expresión. Si bien después de las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa mundial de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense la única certeza que tenemos sobre la privacidad es que ese concepto ya no existe, la necesidad de dificultar la facilidad con la que los gobiernos puedan entrometerse en aspectos privados de las personas es de vital importancia.

Durante gran parte de mi vida online participé en foros y blogs bajo distintos seudónimos y heterónimos. Esta situación me permitía mantener separada mi identidad online y mi identidad IRL (in real life). Como sabemos, toda nuestra actividad en Internet puede quedar documentada en buscadores que indexan la información y van generando un archivo perpetuo sobre los usos que le damos a la web. A los 14, 15, o 17 años no me parecía una buena idea que mi nombre quedara asociado a actividades o ideas que sostenía durante mi adolescencia y que hoy, son parte de mi pasado. La idea resultó, rasatrear mi vida online anterior al 2010 es casi una misión imposible, nadie sabrá si en mi juventud fui un militante neo-nazi o un escritor sobre loros y gaviotas (para los curiosos, no fui ninguna de las dos).

Los críticos del uso de seudónimos sostienen que poder esconderse detrás de un nickname le otorga a los comentaristas un halo de impunidad. Es el caso de los famosos trolls–una de las especies más detestables del mundo online– especializados en generar irritación en los demás comentaristas y provocar caos en los foro de discusión mediante la publicación de comentarios ofensivos, incendiarios o que promueven la discusión con malos argumentos.

Pero el pseudonimato también puede promover un debate de mayor calidad. Por ejemplo, desconocer cualquier tipo de dato de nuestros interlocutores, como su nombre, sexo, religión, o etnia, colabora con un debate más objetivo, libre de prejuicios. Además, la posibilidad ocultar nuestra identidad garantiza poder ofrecer una opinión con mayor libertad, realizar denuncias a entidades más poderosas que uno, evitar eventuales represalias del gobierno por una opinión disidente, etc.

Hoy la idea del anonimato en Internet es una ilusión. Los legisladores chaqueños con su iniciativa simplemente facilitarán la tarea para aquellos que busquen dar con las identidades reales de comentaristas online. La idea no es nueva. Sin necesidad de una ley, y por motivos similares a la legislación impulsada en el Chaco, el diario argentino La Nación requería enviar un fax con una copia del DNI al diario para ser habilitado a comentar. Pocos se registraron, y rápidamente dejaron de lado este requisito que la gente consideraba demasiado invasivo. Imaginemos la reacción si ya no es un diario sino el gobierno el que impone este requisito.

Los gobiernos avanzan

Los gobiernos siguen buscando la forma de avanzar sobre Internet. En Brasil, el recientemente aprobado Marco Civil da Internet, promovido por el gobierno de Dilma Rousseff es visto por los activistas de la web como un desarrollo positivo para proteger los derechos en Internet. Su artículo más polémico, el número 16, denunciado por el Movimiento Mega, un movimiento brasileño enfocado en las políticas culturales, obligaba a los proveedores de Internet a almacenar los registros de la actividad online de los usuarios por el plazo de 5 años. Finalmente, los datos deberán ser resguardados durante 6 meses.

Pese a las repercusiones positivas de la “Constitución brasileña de Internet” las implicancias y perspectivas de una legislación sobre la red no pueden ser auspiciosas. La regulación sobre Internet, y no de delitos que cometan las personas mientras la utilizan, por más benevolente que pretenda ser siempre despierta dudas. Abre la puertas a la intervención gubernamental en un sector que antes no se encontraba intervenido. La legislación, hoy vista con buenos ojos, podrá ser –y en algún momento será– modificada habilitando la restricción de libertades y derechos que antes se encontraban fuera de peligro.

La iniciativa brasileña pasa a ser el inicio de una tendencia regional. En nuestro país, la agencia oficial de noticias Telam anunció la creación de la Comisión Argentina de Políticas de Internet, “que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y elaborará un Reglamento de Funcionamiento Interno a fin de articular la participación de los distintos actores y diseñar una estrategia nacional sobre Internet y su gobernanza”. ¿Qué sucedió para que de repente sea necesario dictaminar un “Reglamento de Funcionamiento Interno” para Internet, que funciona muy bien sin él? Podemos sospechar que se trata de un nuevo avance del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre la libertad de expresión, esta vez online, uno de los pocos aspectos que había dejado sin regular la controvertida Ley de Medios sancionada en el 2009.

Solo Internet salvará a Internet

Más allá de la legislación vigente y de los programas de espionaje que acechan nuestra privacidad, la preocupación por buscar una Internet libre de intrusión gubernamental fue y es una de las principales prioridades de los ciberactivistas. Frente al avance del Estado, han surgido diversas herramientas que permiten preservar la privacidad que se ha visto tan afectada en estos últimos tiempos. Estas aplicaciones buscan dejar el menor rastro posible de las actividades online.

La red Tor es una de ellas. Tor es más conocida como el portal de acceso a la deep web, o Internet oculta, un grupo de sitios web difíciles de localizar y únicamente accesibles a través de la navegación anónima. Sin embargo, una de sus principales características es que las actividades desarrolladas con este navegador son casi secretas, haciendo muy difícil su rastreo.

Otro de los casos paradigmáticos es el de Bitcoin, la moneda virtual fue creada como respuesta al monopolio que mantienen los gobiernos sobre la emisión monetaria, pero esa no es su única ventaja. Su carácter totalmente anónimo permite llevar a cabo transacciones comerciales sin que puedan ser rastreados el origen ni el destino de los fondos. Para algunos, una herramienta que puede devolverle privacidad a la vida comercial, para otros la panacea para el lavado de dinero producto del narcotráfico, terrorismo y otras actividades ilegales.

En el campo de los buscadores la utilización de DuckDuckGo es una alternativa a Google o Bing. Se presenta como “el buscador que no te rastrea” y en sus políticas de privacidad aclara que, a diferencia de otros buscadores, no recolectan información personal. Una opción para los usuarios que no tienen nada que ocultar, pero tampoco desean que su vida virtual quede archivada en servidores lejos de su control.

Mientras los gobiernos siguen pensando como aumentar el control sobre Internet, los hackers ya están desarrollando aplicaciones y sistemas para eludir los controles y defender sus derechos online. No será el activismo político offline, ni los congresos o convenciones que realicen declamaciones sobre la libertad en Internet los que la resguarden del avance del Gran Hermano. El operativo para una Internet libre ya está en marcha, son líneas de código, programas, y protocolos pensados para saltar cada valla y cada muro. Es que los políticos parecen no haberse enterado de una cosa: en el mundo virtual no hay muro de Berlín que valga.