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¿Es Unasur una amenaza para la libertad?

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 8 de diciembre de 2014.

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Como ocurre todos los años, y en reiteradas oportunidades, los mandatarios de América de Sur se dan cita en las numerosas cumbres para —en teoría— discutir asuntos regionales y avanzar en los objetivos de cada organismo. Sin embargo, la realidad ofrece un panorama diferente. Onerosos viajes, fastuosos banquetes, y discursos con pompa y circunstancia son parte del ritual que acompaña a cada uno de estos encuentros.

La reunión del pasado viernes 5 de diciembre en Ecuador no fue la excepción. Los mandatarios de la mayoría de los 12 países miembros se encontraron en la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), celebrada en Quito, para inaugurar un nuevo edificio sede, replantear los procedimientos internos del organismo e impulsar la creación de una ciudadanía sudamericana.

Reconociendo el letargo del organismo, anunciaron el “relanzamiento” de la Unasur. Incluso el presidente ecuatoriano Rafael Correa admitió la ineficiencia e inutilidad al advertir sobre el cansancio de la gente cuando de estas cumbres “no vea hechos concretos”. Pero, ¿puede ser la inauguración de un nuevo edificio suficiente para relanzar a un organismo superficial y burocrático?

El último circo

La última reunión de la Unasur, además de estrenar un nuevo edificio valuado en US$43 millones —financiado en gran parte por el Gobierno de Ecuador—, introdujo la idea de crear una “ciudadanía suramericana”. Ernesto Samper, expresidente de Colombia y actual secretario general del cuerpo, anunció la creación de un “concepto de ciudadanía sudamericana” que le permitirá a los casi 400 millones de sudamericanos “circular, estudiar y trabajar en la región, además de homologar títulos profesionales”.

Como era de prever, el plazo aún no está definido y serán necesarias más cumbres, con más banquetes y vuelos de avión, y más discursos soporíferos, para alcanzar un acuerdo sobre cómo empezar a implementarla.

La región ya tiene un experimento fallido. Cada integrante del Mercosur creó en sus respectivos países el Documento Nacional de Identidad (DNI) del Mercosur, lo que permitiría el libre tránsito de personas entre los miembros del bloque. Pero esto no se alcanzó. Hoy, los controles fronterizos y las aduanas siguen vigentes, y en vez de mostrar el pasaporte, solo es necesario mostrar el DNI homologado por el Mercosur. Un avance ínfimo.

La “ciudadanía sudamericana [es la] confirmación de nuestra unidad”, afirmó Correa. La ciudadanía sudamericana pudo haber sido una gran idea; pero entre tanto nacionalismo, cualquier rasgo de cosmopolitismo queda descartado. La ciudadanía sudamericana parte del nacionalismo regional, también conocido como la Patria Grande, un concepto recurrente en los discursos de los líderes de la órbita bolivariana.

De esta manera, recurren a la homogeneidad, y no a la diversidad, como justificación para la ciudadanía sudamericana; detrás de la idea de Patria Grande y unión continental se esconden los mismo prejuicios y nociones nacionalistas que predominaron en los Gobiernos latinoamericanos, tanto de izquierda como de derecha.

¿Borrar las fronteras?

A comienzos del siglo XX, el pasaporte era una rareza y el libre movimiento de las personas era la norma. El diplomático español Salvador de Madariaga escribió en De la angustia a la libertad que los liberales deben “condenar sin reserva el sistema de pasaportes hoy en vigor. No se trata sólo del visado; sino del pasaporte mismo. El país que acepta el sistema del pasaporte queda reducido a una cárcel, cuya llave guarda el Gobierno y nadie puede entrar ni salir sin permiso de la policía”.

De Madariaga fue tajante. Su descripción desnuda la naturaleza de los puestos de control en las fronteras y el lugar que ocupa el individuo en la sociedad dominada por el Leviatán. Por otra parte, los beneficios de la libre movilidad son incontables, como explica el columnista del PanAm Post Nick Zaiac:

Hay un puñado de insumos que intervienen en la economía, principalmente la tierra, el trabajo y el capital. Para que una economía crezca, uno tiene que aumentar o hacer un uso más eficiente de esos factores. De los tres, la tierra es finita y raramente es transferida entre naciones. Aunque podemos utilizar la tierra de manera más eficiente, es probable que ya hayamos agotado la posibilidad de un mayor crecimiento territorial.

En el otro extremo del espectro se ubica el capital: en forma de dinero, circula constantemente alrededor del mundo. Aunque existen algunas barreras, el capital se mueve entre países mucho más fácilmente que la tierra o el trabajo.

También Paul D’Amato, un escritor y colaborador con la revista Trabajador Socialista, deja ver el razonamiento contradictorio que plantea apoyar el libre movimiento de capitales y oponerse al de personas: “El capital se mueve relativamente libre en el mundo, buscando las oportunidades de inversión más rentables. Pero al mismo tiempo, el trabajo no tiene la misma libertad como el capital de moverse a través de las fronteras”. Si ambos se comportan de la misma manera, ¿por qué no aprovechar al máximo su potencial? Incluso un marxista lo puede ver.

¿O dejar las fronteras?

Es verdad, ni Maduro, ni los Kirchner, ni Correa, ni Chávez buscan impulsar la Unasur porque desarman fronteras y permiten una mayor cooperación social a través del mercado. De los déspotas del siglo XXI que nunca aceptaron y comprendieron los intercambios libres no habría por qué esperar la libre movilidad de las personas.

Sin embargo, las fronteras son un obstáculo para los intervencionistas. Las fronteras funcionan como el límite de contención al poder. “Hasta aquí llegó”, le dicen las fronteras a los gobernantes. Pasando esa línea arbitraria y antojadiza comienza el dominio de otro Estado. La fronteras contienen los impulsos de los Gobiernos de mandar más allá de su territorio delimitado. A su vez, dentro de cada Estado existen fronteras que delimitan aún más el poder, facilitan su fiscalización y permiten la rendición de cuentas. Por lo menos en teoría.

¿Y que sucedería si no existiesen las fronteras? En primer lugar, sería necesario decretar una autoridad centralizada que administre ese nuevo territorio. Además, esa autoridad estaría sujeta a un escrutinio más difuso: la lejanía entre el Gobierno y el gobernado, los oscuros y cerrados procedimientos de control, y la falta de contrapesos amenazarían con aniquilar los derechos individuales. La idea de un Gobierno suramericano no es tan distinta a la de un Gobierno mundial, una entidad tan extensa cuyos límites son difíciles de delinear, y sus acciones difíciles de contener y castigar.

Correa ya adelantó que pretende “la creación de un centro de arbitraje sudamericano como alternativa a los actuales tribunales cooptados totalmente por el capital internacional”, y así evadir la responsabilidad internacional en arbitrajes con empresas extranjeras. El presidente venezolano Maduro, por su parte, hizo hincapié en la activación inmediata del Banco del Sur y del banco de proyectos —en otras palabras, más intervención y corporativismo mediante subsidios estatales.

Ojalá algún día las barreras al libre tránsito de bienes y personas desaparezcan de América Latina. Mientras tanto, es importante mantenerse alerta, porque detrás de las bonitas palabras de unión puede estar una trampa oculta, que, en al momento de querer salirse, terminará siendo demasiado tarde.

Editado por Daniel Duarte

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El plan suicida de Honduras de importar la guerra contra las drogas

Publicado originalmente en PanAm Post el 21 de julio de 2014

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La noche de San Pedro Sula, en Honduras, no es como la de cualquier otra ciudad. Incluso los viajeros más experimentados que llevaban recorriendo la región durante más de seis meses dudaban acerca de salir esa noche a comprar comida en alguna de las cadenas cercanas al hostal.

En la expedición por conseguir algo para comer, después de varias horas de viaje, se podía percibir que algo andaba mal en esa ciudad. Eran apenas las nueve de la noche, y en la ciudad más peligrosa del mundo las calles estaban desoladas, solo habitadas por policías con armas largas, intimidantes para cualquiera que no esté acostumbrado. Este panorama se repite en mayor o menor medida en todo el territorio hondureño.

Es que Honduras está herida de muerte. El país se encuentra al borde del abismo, y su presidente demasiado mareado para evitar empujar a la sociedad hondureña a una caída libre. La aceleración en el ritmo migratorio de mujeres y niños oriundos de El Salvador, Honduras y Guatemala hacia Estados Unidos disparó una crisis. La inminente deportación —que ya comenzó— de miles de niños que emigraron en búsqueda de más oportunidades esconde un problema aún mayor: La guerra contra las drogas.

La gran mayoría de los migrantes que buscan llegar al norte del Río Grande provienen de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Según estadísticas del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos en el último año se duplicó la cantidad de detenciones de niños menores de 18 años provenientes de esos países, mientras que entre las familias detenidas la cifra explotó.

En los últimos nueve meses se produjeron más de 110.000 detenciones frente a las 30.000 del año 2013, según el calendario fiscal estadounidense (de octubre de 2012 a octubre de 2013). Durante ese período, patrullas fronterizas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la agencia federal más grande del país, detuvieron a más de 55.000 familias, lo que representa un aumento del 500% respecto al año anterior.

Entre los menores, de los más de 57.000 detenidos sin acompañantes adultos, más de 16.000 provienen de Honduras, un incremento del 145% interanual. Puestos en perspectiva, los números son escalofriantes: La cantidad de niños y familias que escapan de Centro América sobrepasa la población de la gran mayoría de pueblos y ciudades centroamericanas.

Cantidad de detenciones de niños migrantes sin compañía

Las crisis requieren soluciones, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo sabe. Lo que no sabe es que su diagnóstico está equivocado.

En la última semana Hernández se reunió en Tegucigalpa con siete congresistas estadounidenses a los cuales les solicitó que el gobierno estadounidense diseñe “un plan de apoyo para combatir el narcotráfico”. Para el mandatario hondureño, la clave de la violencia que acecha a su país está en el narcotráfico. Él considera que la expansión de los cárteles mexicanos hacia el sur de Centro América fue consecuencia del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, las operaciones antidrogas llevadas adelante en Colombia y México en cooperación con Estados Unidos. De esta manera grupos narcotraficantes que antes se ubicaban en territorio mexicano y colombiano, hoy se asientan en Honduras, trayendo violencia y muerte a un país en el que ya abundaban ambas.

Hernández responsabiliza a Estados Unidos —como enseña el manual político latinoamericano— por las altas tasas de violencia que se viven en el país. Honduras es el país más violento del mundo, según las últimas cifras oficiales correspondientes a 2012. Ostenta una tasa de 90,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra 30 veces más alta que la de Chile, el país latinoamericano que muestra el mejor indicador. “Honduras vive una ola criminal que a diario deja un promedio de 15 muertos” afirman las propias autoridades hondureñas.

En este contexto, el sentido común indica que la postura de Hernández de solicitarle un plan antidrogas a Estados Unidos parece adecuada. Si el incremento de la violencia se debe al narcotráfico, implementar un plan similar al que se aplicó en México y Colombia parece ser una estrategia que resuelva el problema de la violencia. Sin embargo, el hondureño olvida un hecho innegable: El despliegue de planes antidrogas diseñados y financiados en parte por Estados Unidos solo incrementa los niveles de violencia y no resuelve ningún problema.

El Plan Colombia fracasó, y la Iniciativa Mérida, en acción desde finales de 2006, ya dejó más de 80.000 muertos. “80.000 personas fueron asesinadas en México durante la guerra contra las drogas en los últimos ocho años. Durante la intervención de Estados Unidos en Vietnam, 58.000 estadounidenses fueron asesinados en 10 años”, compara Daniel Gómez, exagente de la DEA, la agencia federal antinarcóticos de Estados Unidos. En Honduras, con menos de una décima parte de la población mexicana, fueron asesinadas 46.450 personas entre 2000 y el 2011. Una versión hondureña de la Iniciativa Mérida podría ser el componente que detone un conflicto de magnitudes calamitosas.

La corrupción —la connivencia omnipresente entre los grupos narcotraficantes y las autoridades— convierte a Honduras en un terreno fértil para convertirla en una nueva tragedia mexicana. Las consecuencias de un eventual operativo podrían ser de magnitudes catastróficas. Si ya la violencia es incontenible, una escalada dejaría una profunda cicatriz en la sociedad hondureña.

Las actuales condiciones carcelarias en Honduras pueden dar un indicio del impacto que podrían tener los deseos de Hernández. La sobrepoblación en las prisiones hondureñas alcanza el 65%: entre 13.000 y 14.000 reclusos viven hacinados en un sistema penal con 8.300 vacantes disponibles. Y si por algo se caracteriza la guerra contra las drogas es por un aumento exponencial en la población carcelaria, que en México entre 2007 y 2012 se multiplicó casi cinco veces, y en Estados Unidos el salto fue de un 430% en los últimos 30 años.

Además, el problema de la violencia se extiende a las cárceles. La sobrepoblación no es el único problema. Las trifulcas entre pandilleros dentro de las cárceles son algo de todos los días, y las noticias de masacres en los distintos centros de detención no sorprenden. Ya en 2012 la ONG defensora de derechos humanos Human Rights Watch alertaba sobre la situación. La descripción que hace José Luis Sanz, periodista del periódico salvadoreño El Faro, retrata con frialdad varias de las masacres:

Un rondín cerró con candado la celda 6, en la que se habían refugiado 25 personas, incluida una mujer y una niña que habían entrado de visita poco antes de la balacera, colocó cartones y colchones sobre la puerta de reja, los roció con combustible y les prendió fuego. Los policías que le vieron hacerlo no movieron un dedo.

El presidente Hernández está decidido a obtener la asistencia estadounidense. En mayo de este año el país extraditó por primera vez a un narcotraficante a Estados Unidos, luego de la aprobación de un paquete de medidas en 2012, mientras que el pasado junio el Departamento de Estado de EE.UU. destacó los esfuerzos de Honduras en materia de tráfico de personas.

Hernández debería escuchar más a su par guatemalteco Otto Pérez Molina, uno de los críticos más vociferantes de la guerra contra las drogas. Precisamente, es esta política la responsable de la violencia que se vive en la región. La prohibición, lejos de tornar inaccesible el acceso a las sustancias ilícitas, permite el surgimiento de un mercado negro controlado por el crimen organizado. Los altos índices de violencia y encarcelamiento, son consecuencia de este conflicto artificial de rápida resolución.

La profundización de una política cuyo fracaso es evidente significaría agravar, no disminuir, el problema. La solución no está en combatir con aún más fuerza a un enemigo dinámico que muta y se adapta con rapidez a las nuevas reglas de juego. Para extinguir la violencia del crimen organizado es necesario adoptar una política compatible con la evidencia y los derechos individuales que termine de una vez por todas con la prohibición.

El fantasma de la vigilancia estatal recorre América Latina: La identificación biométrica

Publicado originalmente en el PanAm Post el 23 de junio de 2014

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La influencia de Cuba en América Latina nunca pasó desapercibida. Ya sea a través de los movimientos insurgentes de las décadas de los 70 y 80 que enarbolaban los estandartes del socialismo y pretendían alcanzarlo mediante la lucha armada, o en la retórica de los políticos que se consagraron en algunos países —especialmente desde el ascenso de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela en 1998—, la influencia de la isla en la región siempre estuvo vigente.

El material de exportación cubano no se limita a argumentos ideológicos y estrategias militares. En los últimos años, una gran cantidad de médicos cubanos en misión gubernamental desembarcaron en Venezuela y Brasil para desarrollar programas estatales en esos países a cambio de petróleo y dólares, dos necesidades esenciales para la supervivencia del régimen castrista. Pero en pleno siglo XXI, el gobierno cubano no quiso quedarse atrás en la nueva economía, y a través de una red de empresas estatales comenzó a exportar know-how y software relacionados con la especialidad de la isla: Vigilancia masiva y control social.

Datys, dependiente del Ministerio del Interior, es la de mayor proyección internacional. Argentina, Bolivia y, por supuesto, Venezuela, la contrataron durante los últimos años para la provisión de servicios de identificación biométrica. Desde la confección de documentos de identidad y pasaportes hasta la instalación de equipamiento para identificar a los ciudadanos, la empresa cubana provee a los gobiernos de herramientas fundamentales para el control de la población.

La tendencia de adoptar sistemas de identificación biométrica es generalizada en toda la región. Y el rol del Estado cubano en el desarrollo de estos sistemas genera dudas acerca de la fiabilidad en el manejo de la información. “Estas compañías forman parte de una estrategia cubana para extender sus redes de inteligencia en la región. Son en realidad una fachada del G2 que les permite tener control de los sistemas de emisión de documentos de identidad, con lo cual pueden otorgárselos a cualquiera”, afirma Anthony Daquin, un exasesor del Ministerio del Interior de Venezuela —ahora exiliado en Estados Unidos— involucrado en los procesos de incorporación de la tecnología biométrica. Datys depende del Ministerio del Interior, al igual que la Dirección General de Inteligencia cubana, también conocido como G2.

El auge de Datys no es casual. A partir de la creación del “Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y ‘Derecho a la Identidad’” en 2008, la Organización de Estados Americanos ha promovido la consolidación de los sistemas biométricos en los documentos de identidad. Las huellas dactilares, el rostro o el iris del ojo son algunos de los parámetros que permiten verificar con este sistema la identidad de las personas.

La presencia cubana plantea más interrogantes acerca del uso de datos biométricos. Aunque la realidad es que con o sin intervención cubana, la creación de bases de datos con estos identificadores presenta varios riesgos para la protección de la privacidad y los derechos individuales.

La amenaza a la privacidad es clara. Los sistemas biométricos convierten los atributos físicos de cada persona en su tarjeta de identificación y amplía las oportunidades de espionaje doméstico. De esta manera, y en combinación con las cámaras de vigilancia en lugares públicos, las autoridades pueden identificar a los individuos que asisten a una manifestación, hacer un seguimiento de sus rutinas, o establecer sus relaciones y afiliaciones. En síntesis, una radiografía de las actividades diarias de cada ciudadano.

La vigilancia constante implica dejar de lado una de las garantías fundamentales que explícita o implícitamente se encuentra consagrada en la mayoría de las constituciones: La presunción de inocencia. El experto en seguridad Bruce Schneier ilustra este punto citando al Cardenal Richelieu: “Si alguien me entrega seis renglones escritos a mano por el hombre más honesto, podría encontrar alguna [razón] para colgarlo”. En el mismo sentido, el novelista y disidente soviético Aleksandr Solzhenitsyn señaló que “todo el mundo es culpable de algo o tiene algo para esconder. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar con atención para encontrar qué es”.

Las bases de datos centralizadas con información biométrica plantean desafíos adicionales en materia de la protección de la confidencialidad de los datos. El almacenamiento seguro que prevenga el robo de datos y que sea impermeable a ataques externos es una condición básica que debe tener todo sistema. Pero además se deben contemplar mecanismos que anulen la posibilidad del abuso de poder por parte de funcionarios públicos en un sistema que incrementa su poder de abusar.

En el caso latinoamericano los riesgos se multiplican. Con una tradición política cuya historia no es ajena a los golpes de estado y los gobiernos fuertemente autoritarios, el peligro de que los sistemas de identificación biométrica sean utilizados para la persecución de disidentes políticos está siempre latente.

Aunque el camino hacia una sociedad más vigilada donde la privacidad se convierte en un privilegio más que un derecho parece inevitable, los británicos consiguieron detener este proceso. En 2010 lograron derogar el Identity Cards Act —sancionado cuatro años antes— que creaba una tarjeta de identificación y una base de datos biométrica. Entre las principales críticas se encontraba el alto costo del sistema, los conflictos con la privacidad, y el sesgo negativo hacia los integrantes de las minorías étnicas que percibían que el sistema los dejaba expuestos a abusos y discriminación.

De este lado del Atlántico el futuro no es demasiado alentador. Mientras que en Bolivia se acaba de implementar el empadronamiento biométrico en miras de las próximas elecciones presidenciales, en Brasil prevén que para el año 2018 sus 132 millones de habitantes habilitados para votar contarán con su registro biométrico. Chile y Argentina transitan el mismo camino.

La identificación biométrica es sólo un paso en la pendiente resbaladiza en la que a medida que se producen avances tecnológicos, disminuye cada vez más nuestra privacidad. Ya sea que se implemente en nombre de la seguridad, del derecho a la identidad o de la protección contra el fraude electoral, todos los senderos conducen a un mismo destino: La vigilancia y el control de las sociedades por parte del aparato estatal.