libertad de expresión

Cinco palabras que podrían llevarte a la cárcel

Escribir las siguientes cinco palabras podrían, en el futuro, ser motivo suficiente para terminar en la cárcel: “En Argentina hubo 9.000 desaparecidos”.

Si la propuesta de un exfuncionario de la Cámara de Diputados y adlátere del papa Francisco llega a convertirse en una realidad, cuestionar la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar será considerado un delito castigado con la prisión. Además, para los funcionarios públicos además será causal de destitución o juicio político.

La iniciativa llega luego de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien en una una entrevista para BuzzFeed el pasado 10 de agosto afirmó desconocer el número exacto de desaparecidos. “No tengo idea [si fueron 30.000]. Es un debate que no voy a entrar si son 9.o0o, 30.000, si son los que están anotados en un muro o si son mucho más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido”, dijo Macri.

La iniciativa es de Juan Manuel Valdés, hijo del exembajador en el Vaticano y ferviente militante kirchnerista. “Es necesario crear herramientas jurídicas que pongan en blanco sobre negro la dimensión de la tragedia sufrida por nuestro país entre 1976 y 1983”, escribió Váldes en una nota publicada. en Página/12Allí cita como antecedente las declaraciones del ahora ex ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, quien a principios de año sostuvo que la la cifra de 30.000 “se arregló en una mesa cerrada” para “conseguir subsidios”.

Mientras que el presidente no quiere entrar en el debate, Valdés prefiere directamente criminalizarlo.

Países que prohiben la negación del Holocausto (Fuente: Wikimedia)

Países que prohiben la negación del Holocausto (Fuente: Wikimedia)

Los fundamentos de los que se vale el dirigente del Espacio Reconquista para proponer restringir la libertad de expresión no son muy elaborados. Solamente se limita a asimilar la discusión en torno al número de desaparecidos con la negación del Holocausto y cita a un puñado de países europeos en los que se ha prohibido sugerir que no existió la Solución Final o que no murieron 6 millones de judíos. Los ejemplos no son los mejores. Francia, República Checa, Polonia, Rumania (¡dos veces!), Hungría o Alemania son algunos de los países que prohibieron el negacionismo, y sin embargo partidos populistas tanto de izquierda y derecha, con un fuerte tinte antisemita, son las estrellas ascendentes de la política. Prohibir no sirve para nada.

Anular la libertad de expresión para aquellos con lo que disentimos trae varios problemas. El más obvio es que el derecho a expresarse libremente pierde sentido si solo es permitido ejercerlo cuando se está de acuerdo con lo que se dice. El escritor Christopher Hitchens incluso sugirió que los discursos más repudiables  son los que deben tener una mayor protección:

Esa persona no tiene solo el derecho a hablar, el derecho a hablar de esa persona debe recibir protección extra. Porque le debe haber tomado cierto tiempo pensar en lo que tiene para decir, puede que contenga una pizca de verdad histórica, puede en última instancia hacer que la gente se cuestione por qué saben lo que creen que saben. ¿Cómo sé que se esto, apare de que siempre me lo enseñaron y nunca escuché otra cosa?

Este tipo de legislación además alimenta teorías conspirativas sobre el tema que es retirado del debate. ¿Por qué no permiten mencionar el tema? ¿Tan endebles son sus razones que no se permite la discusión? Y así terminamos en la falacia de Galileo: si una idea provocadora para el establishment es demonizada o prohibida, seguro que tenemos razón. Galileo fue objeto de escarnio cuando tenía razón, pero no todas las ideas minoritarias perseguidas gozan de la misma verdad. Al final del día, con la prohibición, esas ideas quedan sin ser contestadas y terminan adquiriendo mayor trascendencia de que la que merecen.

Cuando se prohíben ciertos temas el debate se muda de ámbito. Los 30.000 (o 9.000, o el número que sea) desaparecidos dejan de ser un hecho histórico y pasan a integrar un dogma que se impone mediante la inquisición estatal. No es casual la estrecha relación entre Valdés y Francisco. La prohibición reemplaza la ciencia por la religión.

Sin debate muchos datos nunca hubieran salido a la luz. El número de 30.000 desaparecidos, reconoció el exmontonero Luis Labraña en una entrevista con el diario Perfil, se trató de una cifra arbitraria para asegurarse de recibir subsidios del estado. Según esta versión, Lopérfido estaba diciendo la verdad. Las posturas alternativas van desde los 8.000 hasta los 45.000 y los cuestionamientos sobre la santa cifra abarcan a todo el espectro ideológico. Prohibir el disenso nos obliga a dejar de lado los argumentos y dejar la verdad en manos de la fe.

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¿Para qué necesita Argentina una nueva Ley de Medios?

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 14 de diciembre de 2015.

Cambiar una ley por otra no es la solución a los problemas que hereda el Gobierno de Mauricio Macri de la familia Kirchner. Sancionar más leyes tampoco. En Argentina, sin embargo, el manual de corrección política indica que la intervención estatal —camuflada bajo la idea más agradable de “presencia del Estado”— es un factor necesario, si no fundamental, para el desarrollo de cualquier actividad.

Un ejemplo grotesco fue la excusa invocada por Daniel Scioli, excandidato presidencial del Frente para la Victoria, partido de la expresidenta Cristina Kirchner. Antes de la primera vuelta electoral, cuando las encuestas vaticinaban que Scioli estaba cerca de asegurar un triunfo que le evitara el balotaje, el candidato oficialista fue el único que no asistió a un debate presidencial. La razón era que no existía una ley que lo regulara. “Creemos que tiene que haber una ley que regule [los debates]”, dijo en ese momento Alberto Pérez, vocero de la campaña de Scioli y su jefe de Gabinete en la provincia de Buenos Aires.

La obsesión de que todo esté regulado por leyes es una característica que compartida a lo largo del arco político. Por ejemplo, en agosto de este año, una nota en el diario Clarín lamentaba la “pobreza de la tarea parlamentaria” por la poca actividad del Congreso en época de elecciones. También están quienes afirman que la ley no será la mejor, pero  hay que respetarla por el solo hecho de ser la ley. Dos fundamentalismos obsesionados de las imposiciones del Estado escondidas en leyes, decretos y resoluciones entre las páginas de los anuncios que publica todos los días el Boletín Oficial.

La fijación por las leyes, en su sentido más burocrático, es una de las herencias del peronismo que ha quedado incorporada en el ideario popular. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, sostenía entonces Juan Domingo Perón, en una versión sudamericana de la frase inmortalizada por Benito Mussolini: “todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.

El kirchnerismo no solo no estuvo exento de este defecto, sino que lo exacerbó hasta su máxima expresión. La campaña entre 2008 y 2009 para sancionar una Ley de Medios y las subsecuentes disputas judiciales por ella fueron un caso paradigmático.

Policía malo, policía bueno

En 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner planteó la necesidad de una nueva ley que regulara el espectro radioeléctrico y los contenidos de los medios de comunicación. Con el característico tono épico que apuntaba más a las emociones que a la lógica, el Gobierno sostenía que había sido sancionada durante la última dictadura (1976-1983) y debía ser reemplazada. Utilizando la lógica del policía bueno y policía malo, el proyecto de ley era contrapuesto como una regulación “buena” frente a la regulación “mala” vigente en ese entonces.

Una vez aprobada, la flamante ley se utilizó para intentar desmantelar al multimedio más grande del país, Grupo Clarín, además recurrir a diferentes herramientas para beneficiar los contenidos de los canales paraoficiales sostenidos con publicidad oficial. Con el nuevo Gobierno estás prácticas deberían interrumpirse, sin embargo, eran la idea detrás de la sanción de una nueva Ley de Medios.

Ese fue uno de los primeros anuncios políticos del Gobierno de Macri. Las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, sobre lo que el kirchnerismo alguna vez bautizó —inspirándose en Saddam Hussein— como “la madre de todas las batallas” revelaron parte de los planes oficiales en cuanto a los medios. En declaraciones por radio, Aguad señaló que la actual Ley de Medios “no subsistirá” y agregó que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

Policía malo, policía bueno

En 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner planteó la necesidad de una nueva ley que regulara el espectro radioeléctrico y los contenidos de los medios de comunicación. Con el característico tono épico que apuntaba más a las emociones que a la lógica, el Gobierno sostenía que había sido sancionada durante la última dictadura (1976-1983) y debía ser reemplazada. Utilizando la lógica del policía bueno y policía malo, el proyecto de ley era contrapuesto como una regulación “buena” frente a la regulación “mala” vigente en ese entonces.

Una vez aprobada, la flamante ley se utilizó para intentar desmantelar al multimedio más grande del país, Grupo Clarín, además recurrir a diferentes herramientas para beneficiar los contenidos de los canales paraoficiales sostenidos con publicidad oficial. Con el nuevo Gobierno estás prácticas deberían interrumpirse, sin embargo, eran la idea detrás de la sanción de una nueva Ley de Medios.

Ese fue uno de los primeros anuncios políticos del Gobierno de Macri. Las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, sobre lo que el kirchnerismo alguna vez bautizó —inspirándose en Saddam Hussein— como “la madre de todas las batallas” revelaron parte de los planes oficiales en cuanto a los medios. En declaraciones por radio, Aguad señaló que la actual Ley de Medios “no subsistirá” y agregó que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

“Me gusta el arte”: el video que nos recuerda sobre la libertad en internet

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 15 de octubre de 2015.

An English version of this article is available.

Durante meses era imposible en Buenos Aires mantener una conversación sin que alguien haga una referencia a Juan Sánchez. “Me gusta el arte“. “No lo sé, todavía no soy grande, voy a esperar”. En 2014, Juan protagonizó una de esas notas de color que suelen publicar los noticieros en épocas de vacaciones. Un año más tarde, el peculiar timbre de su voz y la manera de expresarse —más parecida a la de un adulto que a la de un niño— lo catapultaron hacia una fama no correspondida. El video —y las docenas de parodias que surgieron— suman en conjunto millones de visitas. Y ahora puede sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión en Argentina.

El miércoles por la tarde, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires —por un pedido de la familia de Sánchez— solicitó  a YouTube remover todos los videos relacionados con aquella entrevista. Horas más tarde la compañía cumplió con el pedido y bloqueó el acceso a cualquiera de esos videos desde Argentina. “Este contenido no se encuentra disponible en el dominio de este país debido a un reclamo legal del Gobierno. Lo sentimos”, aparece en el lugar donde se debía reproducir el video.

Según el organismo, la publicación del video “afecta su intimidad, imagen, dignidad y honor, por los cuales padece un sistemático hostigamiento a través de las redes sociales”.

“El hecho por el cual el joven sufre —desde hace meses— hostigamiento a través del amplio abanico de redes sociales, se dio luego de una nota televisiva donde el adolescente aparece y habla ocasionalmente y que disparó a cientos de personas a ridiculizarlo en videos, imágenes, graffitis y hasta imprimir merchandising con su cara”, afirma el comunicado emitido por la Defensoría.

En el comunicado, además, aclaran que “aunque el daño ya fue causado y el sufrimiento del adolescente no se puede reparar”, la manera en que la web representa a este niño “ejerce un profundo impacto a nivel social y personal”.

Derecho a forzar a que los demás olviden

La remoción del video se apoya en el llamado “derecho al olvido“, la idea de que uno puede solicitarle a los buscadores que no incluyan enlaces a sitios web con información que preferirían que no esté al alcance de un click. En realidad no estamos ante el “derecho al olvido”, más bien es el derecho a forzarle a los demás que olviden algo. Borrar el pasado, como en la novela 1984.

El derecho al olvido es inoperante. Una persona no es dueña de su honor, imagen o reputación; estos son construcciones abstractas que hacen los demás sobre uno. Mi reputación e imagen no es mía, sino que la conforman la suma de opiniones que tienen los demás sobre mí. Entonces, ¿si la reputación no es mía, que derechos puedo tener sobre ella? Son cuestiones fuera del control de uno.

El control sobre la reputación e imagen propia está fuera de nuestro alcance, es inevitable. No es difícil darse cuenta de ello, todos vamos construyendo en forma constante en nuestras cabezas la imagen y reputación de los demás. El temor es a que la gente revele esas opiniones —siempre que sean negativas— y ni hablar si son publicadas en internet y pasan a a la posterioridad.

Por eso la Defensoría también se equivoca al afirmar que el daño lo causa “la manera en que la web representa a este niño”. No se trató de una cámara oculta, ni una campaña de desprestigio, era solo Juan siendo Juan. El video era inofensivo, el daño, en todo caso, lo causó la reacción en las redes sociales, las parodias, los memes, y todo el material que surgió en torno al video.

Estamos ante un supuesto derecho que, para implementarlo, es necesario limitar la libertad de expresión. Tu prestigio es mi opinión. Mientras tanto, la legislación priva a millones de conocer (o de acceder con facilidad) a una parte del pasado al privilegiar el deseo de un individuo que prefiere que la gente no tenga acceso a esa información.

En el caso de Juan Sánchez, son sus padres quienes deberían haber velado por la integridad de su hijo y asesorarlo sobre su aparición en televisión. Es verdad, nadie podía saber que se iba a convertir en semejante fenómeno, pero la vida a veces nos juega una mala pasada. Y al final, no todo salió tan mal para Juan, quien tuvo la oportunidad de encontrarse con el dibujante Liniers, que en la entrevista viralizada lo menciona como uno de sus favoritos, además de leer comentarios destacando su educación y amabilidad.

Google indica que remueve contenidos “inadecuados, irrelevantes o ya no relevantes, o excesivos”. Otra vez ante el mismo problema, lo que no es relevante para uno puede serlo para los demás. A la hora de escudriñar un potencial empleado, un socio comercial, un candidato político o a un médico de cabecera los buscadores proveen una herramienta fundamental para formarnos una primera imagen de esa persona.

Mientras los legisladores esperan la creación de Lacuna Inc., la compañía que brindaba el servicio de borrado de recuerdos en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, podrían ir pensando en una ley para que la gente piense dos veces antes de hacer algo, quizás así no sea tan necesario reclamar por un “derecho al olvido”.

 

¿Corrección política o libertad de expresión?

Publicado originalmente en Infobae el 30 de agosto de 2014

La función principal de la libertad de expresión es restringir cualquier tipo de acción estatal sobre manifestaciones realizadas en los medios o en una protesta pública, especialmente de aquellas que pueden resultar molestas u ofensivas;una protección para algo que es agradable escuchar no tiene sentido.

En Argentina, sin embargo, existen organismos estatales destinados a “observar” los contenidos de los medios de comunicación en busca de una opinión no permitida. La manifestación de algunas opiniones puede traducirse en una sanción para el que las expresa.

El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión es el organismo dedicado exclusivamente a esa tarea. Conformado a partir de un decreto presidencial del año 2005, es “un espacio de cooperación institucional conformado por la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual(AFSCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)”, explican en el sitio web.

Su actividad no es secreta ni ilegal. El mandato del Observatorio está dispuesto en el el “Plan Nacional contra la Discriminación”: “Arbitrar los medios para ejercer un seguimiento y control estatal efectivos sobre formas y contenidos de los medios de comuniación estatales, privados, comunitarios, e internet que incluyan cualquier tipo de discriminación, perjuicio, burla, agresión y/o estigmatización a distintos grupos o sectores de la población que por sus características puedan ser víctimas de discriminación”. En otras palabras, monitorear los medios y sancionar aquellas expresiones que no alcancen la pauta  que establece el Observatorio.

La última semana Jorge Lanata, el periodista detrás de algunas de las investigaciones que más molestan al gobierno nacional, fue sancionado por su postura semántica frente a los travestis. Lanata dijo: “Cuando a Flor de la V le dan el documento y dice ‘soy mujer, soy madre’, disculpame: no sos, en todo caso sos padre. Hablando de los documentos, ¿por qué hay que poner sexo? Vos sos una persona, después, con quién te acostás, es un problema tuyo. Esto que te den el documento de mujer y sos trava, no sos una mina, sos un trava con documento de mina. Yo no te voy a discriminar, te voy a dar trabajo, pero no sos una mina”.

Los dichos de Lanata trajeron repercusiones. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans lo denuncióante el INADI, mientras que el Observatorio le ofreció dos alternativas. “Lanata podrá pedir disculpas, dar espacios para la difusión de las políticas de género o realizar una capacitación en género junto a su equipo de producción”, dicela Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Lanata, por expresar su opinión, “fue invitado” a rectificar sus dichos y admitir su error por referirse de esa manera a la comediante o de lo contrario hubiese tenido que asistir a un encuentro para ser “educado”. Es decir, Lanata debe sacrificar sus convicciones —más allá de que sean ofensivas o no—o de lo contrario asistir a una “una capacitación, a cargo de la Defensoría [del Público], abierto a todos los equipos de producción y realización de la radio”.

La sanción a Lanata me recuerda al ejercicio de autocrítica, una práctica habitual en los partidos comunistas a la hora de ejecutar prugas. El periodista tiene que reconocer su error y admitir un crimen en pos de la causa la de “igualdad y la anti-discriminación”. Pero esto no fue la única consecuencia, la AFSCA también intervino.

El organismo liderado por Martin Sabatella, “envió a la radio una cédula de notificación por los dichos del periodista(ver adjunto). La cédula surge luego de un proceso de evaluación que realiza la dirección de Fiscalización de la AFSCA. Allí le informan que debe hacer un descargo por las “expresiones discriminatorias”, aportando pruebas.” Como si hubiera cometido un delito, Lanata deberá justificar ante el Estado el porqué de sus dichos.

Todo el andamiaje legal en torno a la sanción al conductor de Periodismo para Todos tiene su origen en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, promovida por el gobierno como el instrumento “para que se escuchen todas las veces”. Lejos del eslogan utilizado para su promoción, ocurrió lo exactamente lo contrario. La ley de medios erosiona la libertad de expresión y es utilizada para condenar y regular aquellas opiniones y manifestaciones realizadas por fuera de la opinión políticamente correcta.

Por supuesto, el caso de Lanata no es el único. Piezas publicitarias y segmentos humorísticos de programas radialesfueron levantados a pedido del Observatorio, que actúa en base a denuncias pero también lo hace de oficio.

La acción del AFSCA y el Observatorio no solo afecta el derecho a expresarse libremente cuando actúan activamente contra las manifestaciones que no satisfacen sus criterios de corrección política. El solo hecho de saber que hay un organismo vigilando de manera constante todo lo que se dice y se deja de decir en los medios funciona como un condicionamiento sobre lo que se va a decir. Es frecuente escuchar en radio y televisión alusiones al INADI o al AFSCA cuando se hacen comentarios, e incluso chistes, políticamente incorrectos. Estos organismos siempre están presentes cuando un periodista está hablando.

Lohana Berkins, directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual en Observatorio de Género en la Justicia de la CABA, le dijo a Infojus noticias que “Lanata puede pensar lo que quiera pero lo que reviste de gravedad sus dichos es que haga un llamamiento de incitación a la violencia, porque esto es un acto de violencia hacia las travestis”, además de calificar sus declaraciones como “terrorismo ideológico”.

Si dar una opinión puede ser considerado incitar a la violencia o “terrorismo ideológico” no hay lugar a dudas: la libertad de expresión en Argentina es un derecho que se puede gozar siempre y cuando se obedezcan los criterios del poder, para todo el resto es tan solo una ilusión.