política internacional

Derribar narcoaviones no garantizará el éxito en la lucha antidrogas

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 12 de marzo de 2015.

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El 20 de abril de 2001, Veronica y Jim Bowers surcaban junto con sus hijos los cielos del Amazonas peruano a bordo de un avión privado. El matrimonio se dirigía a la ciudad norteña de Iquitos, donde vivía, cuando un avión de vigilancia de la CIA —que brindaba soporte al programa de derribo de aviones civiles— identificó al monomotor como un presunto narcoavión utilizado para transportar cocaína. “No se si es bandito o amigo”, dice uno de los agentes que observaba las imágenes producidas por un avión de vigilancia.

Tras una situación confusa, agravada por complicaciones idiomáticas, los aviones militares peruanos abrieron fuego contra la nave que transportaba a los Bowers, que se precipitó al rio Amazonas. “Creo que estamos cometiendo un error”, se escucha decir a uno de los agentes estadounidenses. Ya era demasiado tarde: una bala atravesó el pecho de Veronica y se alojó en el cráneo de Charity, la hija de apenas siete meses de la pareja.

Por supuesto, el matrimonio misionero, oriundo de Michigan, Estados Unidos, no trasladaba drogas en el avión. Estados Unidos reconoció que el programa de derribos —vigente desde 1995— estuvo “plagado de errores” y quedó desarticulado. Un programa similar en Colombia también fue desmantelado. “El desempeño de la comunidad [de inteligencia] en cuanto a la rendición de cuentas ha sido inaceptable. Estos eran estadounidenses que fueron asesinados con la colaboración de su Gobierno; la comunidad lo encubrió y demoraron la investigación”, concluyó el por entonces (1993-2011) congresista Republicano por el Estado de Michigan Pete Hoekstra.

Los derribos regresan a Perú

Catorce años más tarde los legisladores peruanos han retomado la idea de reinstaurar el derribo de aviones civiles. Por cierto, una pésima idea. Un proyecto de ley acaba de sortear con éxito el primer paso en la Comisión de Defensa del Congreso y todo parece indicar que los jets militares peruanos podrán, una vez más, abatir naves que se consideren sospechosas de transportar drogas.

El caso peruano no es una singularidad: en Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, Uruguay y Colombia existe legislación que autoriza el derribo de naves civiles. En los hechos, estos países han legalizado las ejecuciones extrajudiciales y han reimplantado la pena de muerte, incluso contradiciendo su propia legislación y los tratados internacionales que suscribieron.

Un estado de guerra es la única explicación para delegar en las fuerzas armadas la autoridad para expedir sentencias de muerte sin el debido proceso, sin la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, ignorando cualquier otra salvaguardia contra la autoridad estatal. Y ese es justamente el argumento con el cual los legisladores peruanos pretenden sancionar la ley: Perú está en guerra.

El campo de batalla peruano no está plagado de artefactos explosivos improvisados, trincheras o puntos de control, sino de cultivos de planta de coca, precursora de la cocaína. Desde 2012, Perú ostenta el dudoso honor de ser el mayor productor de hojas de coca. Pese al descenso del 17,5% de la superficie sembrada experimentado en 2013 respecto al año anterior, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción total bajó solamente 5,8%.

Esta discordancia obedece a la alta capacidad que poseen los narcotraficantes para adaptarse a nuevos contextos. Así, la implementación del derribo de aviones logró estimular la creatividad de los distribuidores, tal como la acción del gobierno peruano para reducir la superficie de los cultivos de coca empujó a los productores a hacer uso más intensivo de tecnología, recurrir a agroquímicos y perfeccionar las técnicas de cultivo.

Colombia: Otra experiencia fallida

Colombia, que reanudó su programa de derribo de narcoaviones en 2003 —dos años después de la tragedia de los Bowers, en Perú— ofrece un ejemplo de la ineficacia de los esfuerzos antidroga. En un testimonio ante el Congreso estadounidense en 2010, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental destacó que en 2008 la agencia “reportó que narcotraficantes utilizaban habitualmente lanchas rápidas y buques pesqueros para contrabandear cocaína desde Colombia a América Central y México en ruta hacia Estados Unidos”. Incluso, se ha informado de submarinos como alternativa para evitar el vigilado espacio aéreo.

Los resultados tampoco son alentadores. Entre diciembre de 2003 y julio de 2005, la Fuerza Aérea Colombiana identificó 48 aeronaves sospechosas. Solo 14 fueron interceptadas, y en un único caso se confiscaron drogas. Mientras, el supuesto éxito peruano durante la década de 1990 —cuando se redujo la producción de coca—, solo implicó una transferencia de cultivos hacia Colombia, donde paralelamente aumentó. Más tarde el proceso se revirtió, la producción disminuyó en Colombia mientras aumentaba en Perú.

Al igual que en el proyecto de ley peruano, Estados Unidos y Colombia desarrollaron nuevos procedimientos para evitar el derribo de aviones que llevaran inocentes a bordo. Sin embargo, esos procedimientos ya existían en 2001, y la Fuerza Aérea Peruana los ignoró, según acusación de Estados Unidos. Es más, la nueva iniciativa de Perú podría aumentar la discrecionalidad de los militares peruanos que, esta vez y por lo que se conoce hasta el momento, no contarán con colaboración estadounidense.

Ya no importa la Constitución

Aunque la Constitución peruana prohíbe la pena capital —excepto en casos de terrorismo y traición a la Patria— el derribo de aviones es virtualmente la imposición de una pena de muerte, o, en el mejor de los casos, el castigo corporal como pena. Además, ninguno de los ocupantes de la nave derribada tiene posibilidad de consultar con un abogado, ser juzgado por un juez imparcial. El debido proceso para los narcotraficantes se convierte en un privilegio.

El caso del derribo de aviones obliga a repensar si la “guerra contra las drogas” no debería ser renombrada. La “guerra” es lanzada contra el Estado de Derecho y los consumidores que escogen determinados estilos de vida. Incluso, es difícil concebirla como una guerra. No estamos ante dos bandos beligerantes: mientras los gobiernos emprenden una batalla contra los narcotraficantes, estos se dedican a comerciar.

Las leyes antidrogas son las principales responsables de la violencia. La legalización de la marihuana en Estados Unidos ha demostrado que las mafias son desplazadas del negocio cuando se legaliza, en Colorado los empresarios, y no los mafiosos, abastecen ese mercado. Pero los gobiernos difícilmente tengan interés en comprenderlo: “La guerra es la salud del Estado”.

¿Es Unasur una amenaza para la libertad?

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 8 de diciembre de 2014.

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Como ocurre todos los años, y en reiteradas oportunidades, los mandatarios de América de Sur se dan cita en las numerosas cumbres para —en teoría— discutir asuntos regionales y avanzar en los objetivos de cada organismo. Sin embargo, la realidad ofrece un panorama diferente. Onerosos viajes, fastuosos banquetes, y discursos con pompa y circunstancia son parte del ritual que acompaña a cada uno de estos encuentros.

La reunión del pasado viernes 5 de diciembre en Ecuador no fue la excepción. Los mandatarios de la mayoría de los 12 países miembros se encontraron en la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), celebrada en Quito, para inaugurar un nuevo edificio sede, replantear los procedimientos internos del organismo e impulsar la creación de una ciudadanía sudamericana.

Reconociendo el letargo del organismo, anunciaron el “relanzamiento” de la Unasur. Incluso el presidente ecuatoriano Rafael Correa admitió la ineficiencia e inutilidad al advertir sobre el cansancio de la gente cuando de estas cumbres “no vea hechos concretos”. Pero, ¿puede ser la inauguración de un nuevo edificio suficiente para relanzar a un organismo superficial y burocrático?

El último circo

La última reunión de la Unasur, además de estrenar un nuevo edificio valuado en US$43 millones —financiado en gran parte por el Gobierno de Ecuador—, introdujo la idea de crear una “ciudadanía suramericana”. Ernesto Samper, expresidente de Colombia y actual secretario general del cuerpo, anunció la creación de un “concepto de ciudadanía sudamericana” que le permitirá a los casi 400 millones de sudamericanos “circular, estudiar y trabajar en la región, además de homologar títulos profesionales”.

Como era de prever, el plazo aún no está definido y serán necesarias más cumbres, con más banquetes y vuelos de avión, y más discursos soporíferos, para alcanzar un acuerdo sobre cómo empezar a implementarla.

La región ya tiene un experimento fallido. Cada integrante del Mercosur creó en sus respectivos países el Documento Nacional de Identidad (DNI) del Mercosur, lo que permitiría el libre tránsito de personas entre los miembros del bloque. Pero esto no se alcanzó. Hoy, los controles fronterizos y las aduanas siguen vigentes, y en vez de mostrar el pasaporte, solo es necesario mostrar el DNI homologado por el Mercosur. Un avance ínfimo.

La “ciudadanía sudamericana [es la] confirmación de nuestra unidad”, afirmó Correa. La ciudadanía sudamericana pudo haber sido una gran idea; pero entre tanto nacionalismo, cualquier rasgo de cosmopolitismo queda descartado. La ciudadanía sudamericana parte del nacionalismo regional, también conocido como la Patria Grande, un concepto recurrente en los discursos de los líderes de la órbita bolivariana.

De esta manera, recurren a la homogeneidad, y no a la diversidad, como justificación para la ciudadanía sudamericana; detrás de la idea de Patria Grande y unión continental se esconden los mismo prejuicios y nociones nacionalistas que predominaron en los Gobiernos latinoamericanos, tanto de izquierda como de derecha.

¿Borrar las fronteras?

A comienzos del siglo XX, el pasaporte era una rareza y el libre movimiento de las personas era la norma. El diplomático español Salvador de Madariaga escribió en De la angustia a la libertad que los liberales deben “condenar sin reserva el sistema de pasaportes hoy en vigor. No se trata sólo del visado; sino del pasaporte mismo. El país que acepta el sistema del pasaporte queda reducido a una cárcel, cuya llave guarda el Gobierno y nadie puede entrar ni salir sin permiso de la policía”.

De Madariaga fue tajante. Su descripción desnuda la naturaleza de los puestos de control en las fronteras y el lugar que ocupa el individuo en la sociedad dominada por el Leviatán. Por otra parte, los beneficios de la libre movilidad son incontables, como explica el columnista del PanAm Post Nick Zaiac:

Hay un puñado de insumos que intervienen en la economía, principalmente la tierra, el trabajo y el capital. Para que una economía crezca, uno tiene que aumentar o hacer un uso más eficiente de esos factores. De los tres, la tierra es finita y raramente es transferida entre naciones. Aunque podemos utilizar la tierra de manera más eficiente, es probable que ya hayamos agotado la posibilidad de un mayor crecimiento territorial.

En el otro extremo del espectro se ubica el capital: en forma de dinero, circula constantemente alrededor del mundo. Aunque existen algunas barreras, el capital se mueve entre países mucho más fácilmente que la tierra o el trabajo.

También Paul D’Amato, un escritor y colaborador con la revista Trabajador Socialista, deja ver el razonamiento contradictorio que plantea apoyar el libre movimiento de capitales y oponerse al de personas: “El capital se mueve relativamente libre en el mundo, buscando las oportunidades de inversión más rentables. Pero al mismo tiempo, el trabajo no tiene la misma libertad como el capital de moverse a través de las fronteras”. Si ambos se comportan de la misma manera, ¿por qué no aprovechar al máximo su potencial? Incluso un marxista lo puede ver.

¿O dejar las fronteras?

Es verdad, ni Maduro, ni los Kirchner, ni Correa, ni Chávez buscan impulsar la Unasur porque desarman fronteras y permiten una mayor cooperación social a través del mercado. De los déspotas del siglo XXI que nunca aceptaron y comprendieron los intercambios libres no habría por qué esperar la libre movilidad de las personas.

Sin embargo, las fronteras son un obstáculo para los intervencionistas. Las fronteras funcionan como el límite de contención al poder. “Hasta aquí llegó”, le dicen las fronteras a los gobernantes. Pasando esa línea arbitraria y antojadiza comienza el dominio de otro Estado. La fronteras contienen los impulsos de los Gobiernos de mandar más allá de su territorio delimitado. A su vez, dentro de cada Estado existen fronteras que delimitan aún más el poder, facilitan su fiscalización y permiten la rendición de cuentas. Por lo menos en teoría.

¿Y que sucedería si no existiesen las fronteras? En primer lugar, sería necesario decretar una autoridad centralizada que administre ese nuevo territorio. Además, esa autoridad estaría sujeta a un escrutinio más difuso: la lejanía entre el Gobierno y el gobernado, los oscuros y cerrados procedimientos de control, y la falta de contrapesos amenazarían con aniquilar los derechos individuales. La idea de un Gobierno suramericano no es tan distinta a la de un Gobierno mundial, una entidad tan extensa cuyos límites son difíciles de delinear, y sus acciones difíciles de contener y castigar.

Correa ya adelantó que pretende “la creación de un centro de arbitraje sudamericano como alternativa a los actuales tribunales cooptados totalmente por el capital internacional”, y así evadir la responsabilidad internacional en arbitrajes con empresas extranjeras. El presidente venezolano Maduro, por su parte, hizo hincapié en la activación inmediata del Banco del Sur y del banco de proyectos —en otras palabras, más intervención y corporativismo mediante subsidios estatales.

Ojalá algún día las barreras al libre tránsito de bienes y personas desaparezcan de América Latina. Mientras tanto, es importante mantenerse alerta, porque detrás de las bonitas palabras de unión puede estar una trampa oculta, que, en al momento de querer salirse, terminará siendo demasiado tarde.

Editado por Daniel Duarte

Brasil y el temor a repetir el descalabro financiero de Sudáfrica 2010

Publicado originalmente en FortunaWeb el 12 de junio de 2014

El sonido de las vuvuzelas y la imagen del equipo español levantando el trofeo más anhelado en el mundo de fútbol parece ser parte de la historia antigua. Durante los 31 días en los que el centro neurálgico del mundo futbolístico se ubicó en Sudafrica, los estadios Peter Mokoba en Polokwane o el Soccer City en Johanesburgo, eran lugares con los que uno estaba tan familiarizado como si se encontrara en su propio barrio. Sin embargo, los campos de juego donde se disputaron los 64 partidos más importantes de ese año estaban destinados a quedar en el olvido. España se había quedado con el lugar más alto del podio y Argentina, una vez más, volvía con las manos vacías. Eso era lo único que importaba, excepto para los sudafricanos.

La organización del mundial en Sudáfrica requirió un desembolso total de casi 4 mil millones de dólares, de los cuales un tercio estuvo destinado a la construcción y renovación de 10 estadios de primera categoría. Cuatro años después, la mayoría de los escenarios en los que se jugaron los 64 partidos del mundial están envueltos en un silencio sepulcral y con los números en rojo.

El más emblemático de estos elefantes blancos es el Estadio de Ciudad del Cabo: con un costo de construcción de 600 millones de dólares —la obra más cara de todas— el escenario de la final nadie quiere usarlo. Hoy el estadio que se levanta en el coqueto barrio de Green Point es utilizado por el Ajax Cape Town, un equipo de futbol de la primera división que a duras penas puede convocar a 4.000 hinchas para que ocupen las 64.000 gradas disponibles. Mientras tanto, los equipos locales de cricket y rugby —dos deportes más populares que el futbol en ese país, especialmente entre la clase media blanca que vive en Ciudad del Cabo— se niegan a mudarse al nuevo complejo alegando los altos costos de alquiler e instalaciones incompatibles con las necesidades de esos deportes.

El estadio conocido popularmente como Green Point fue el resultado de las exigencias de la FIFA. Para el organismo, ninguno de las dos arenas ya construidas en la zona, el Newlands y el Athalone, estaban a la altura del evento, incluso con las renovaciones proyectadas. Un capricho de alto costo si se consideran los más de 7 millones de dólares por año que requiere la manutención del estadio, de los cuales son cubiertos apenas un 10% cada año. El desconcierto que genera la mole ubicada en el corazón de la ciudad -lejos de donde vive la mayoría de los fanáticos del futbol- llevó a que se evalúe convertirlo en un proyecto de viviendas y hasta se propuso su demolición.

En Durban, los partidos que AmaZulu disputa en su campo de juego parecen celebrarse a puertas cerradas, a los 3.000 hinchas que asisten todas las semanas al estadio Moses Mahbida, la capacidad de 54.000 personas les queda grande. Las pérdidas por cuatro millones de dólares que genera el estadio cada año son soportadas por los contribuyentes en un país en el que la pobreza y la deficiencia en infraestructura básica son las principales preocupaciones de la población.

En la misma situación está el Nelson Mandela Bay ubicado en Port Elizabeth, una ciudad que no tiene equipos de fútbol ni rugby disputando las ligas más importantes.

El rol de la FIFA. Las prácticas de la Federación Internacional de Futbol Asociado en la organización de los mundiales son señaladas como las responsables de los descalabros económicos que dejan como legado la organización de una copa del mundo. Lejos de ser un evento privado, los Estados se involucran de lleno con la organización trasladando gran parte de los costos a los contribuyentes, que miran con desconfianza y recelo los gastos en que incurren los funcionarios. Las promesas de beneficios y mejoras que suelen acompañar los argumentos a favor de organizar el torneo sólo se convierten en realidad para la FIFA, los políticos, y las empresas que obtienen las licitaciones.

Brasil quiere evitar seguir el camino de Sudáfrica. A pesar de ser el mundial más costoso de la historia —Brasil 2014 costará más que los últimos tres mundiales juntos— el ministro de Deportes Aldo Rebelo se ocupa de afirmar en cada conferencia de prensa que las “instalaciones construidas para esta Copa del Mundo no se convertirán en elefantes blancos”.

Los brasileños desconfían, y ya hicieron oír su disconformidad en las calles de Río, San Pablo, y otras ciudades. Algo de razón les asiste: los estadios de Cuiabá, Manaus y Brasilia, ubicados en ciudades sin tradición futbolera, son favoritos a emular el caso sudafricano.

Ahora es el turno del jogo bonito, Neymar y compañía intentarán lograr el hexacampeonato y darles a Brasil una razón para festejar. Pero en 31 días, una vez que deje de rodar la pelota, la incógnita acerca del legado económico se comenzará a develar, y lo más seguro es que no se traten de buenas noticias.

 

La jerarquía católica no deja de atacar al liberalismo: El Cardenal Maradiaga apuesta por los progresistas

Publicado originalmente en PanAm Post el 16 de junio de 2014

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El Cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga no es un cardenal más. Rodríguez Maradiaga es la mano derecha del Papa Francisco. Fue elegido por el pontífice para presidir el Consejo de Cardenales, el organismo creado por el propio Bergoglio para impulsar una reforma dentro de la Curia Romana.+

El cardenal favorito de Francisco se alinea con la posición papal a la hora de hacer su crítica. Su visión del libre mercado también está sesgada por las tragicómicas experiencias de las políticas latinoamericanas. Sus conclusiones acerca de la desigualdad comparten los mismos clichés a los que recurren los auto-denominados progresistas que deberían ser rebautizados comopobristas.+No es raro leer que los medios se refieran a él como un “vice-papa”. La semana pasada, Rodríguez Maradiaga participó en una conferencia titulada “Autonomía Errónea: El argumento católico contra elliberalismo libertario”, organizada por el Instituto para la Investigación de Políticas y Estudios Católicos de la Universidad Católica de América en Washington D.C. Allí, el cardenal ofreció su visión de la economía mundial, en gran parte basada en la encíclica papal Evangelii Gaudium. Dadas las últimas posturas de la Iglesia Católica hacia los mercados libres, los lugares comunes, los hombres de paja y los ataques infundados, como era de esperarse, estuvieron a la orden del día.+

Y por supuesto, ignora el hecho de que la violencia dirigida desde el Estado también es violencia. “La opinión de Francisco sería moldeada por la dura historia económica en Argentina”, señala el cardenal, y con razón. Pero Rodríguez Maradiaga y Francisco olvidan que la dura historia económica argentina fue moldeada por el constante crecimiento del tamaño del Estado, por una cultura filo-fascista cuya semilla fue plantada durante la década infame y consolidada por Juan Domingo Perón, no por el libertarismo.+

El cardenal Maradiaga destaca que el análisis económico del Papa es realizado “desde el punto de vista de los pobres”, pero al mismo tiempo mantiene un silencio cómplice con las élites políticas sobre en quienes debería recaer la máxima responsabilidad de las masacres, hambrunas y saqueos que empañaron y retrasaron los grandes avances del siglo XX.+

No fueron los libertarios los que estuvieron detrás de estos atropellos políticos, económicos y sociales, sino los propios políticos de los que Francisco tiene una “opinión favorable, mientras estén orientados a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común”. Casi es redundante aclarar que ninguno de los que instauraron e instauran las políticas de empobrecimiento lo hicieron en nombre del “beneficio personal” o del “individualismo ético”.

El “profundo conocimiento de la vida de los pobres” que el cardenal le atribuye a Francisco no le otorga conocimientos de economía, de geología o de astrofísica. No obstante, el diagnóstico que hace a continuación es preciso: “La eliminación de las causas estructurales de la pobreza es un asunto urgente que no puede ser pospuesto” y sus experiencias entre los que menos tienen pueden servirle de indicio.

¿Cuáles son los diseños institucionales que lograron sacar a más gente de la pobreza? A no ser que Rodríguez Maradiaga considere el continente africano y a América Latina como los mayores exponentes de la economía laissez faire, sus propias palabras se convierten en el mejor argumento para hacer tambalear su confundida visión del mundo.

Las confusiones del cardenal asoman a lo largo de toda la conferencia. Por ejemplo, al hacer una analogía que pretende explicar el estado de la economía actual, Rodríguez Maradiaga sostiene que “la adoración del becerro de oro hoy se demuestra por la idolatría del dinero y de la dictadura de una economía sin rostro humano, que carece de un propósito humano real”. Sin caer en la trampa de creer que el cardenal representa con honestidad la posición libertaria, un paralelismo más adecuado para la fábula bíblica es el de la idolatría del Estado.

Afortunadamente, gracias a los avances científicos pudimos dejar de lado las creencias mitológicas para explicar los fenómenos de la naturaleza, y en gran parte del planeta la religión ha perdido fuerza. Hoy, el poder de las instituciones religiosas es infinitesimal comparado con el que ostentaba algunos siglos atrás. Y a pesar de todo, en nuestros tiempos, presenciamos el ascenso de este nuevo dogma religioso, aunque de apariencia secular, que reemplaza a los dioses por el Estado, un ente considerado omnipotente y omnipresente. Son los bancos centrales —los templos del dinero— y las dictaduras con rostros humanos los que nos llevan por el camino de la pobreza y la exclusión.

Por el contrario, los libertarios promovemos el respeto por todos los planes de vida individuales y los intercambios voluntarios. La idea de que exista un rostro humano, la mano de un planificador, o un “propósito humano real” es inconcebible. Todos los propósitos son humanos y son reales mientras sean pacíficos, y no únicamente los que una autoridad central que se pretenda poseedora de la verdad revelada decrete aceptables.

No cabe duda de que no vivimos en un mundo donde predominen los principios libertarios, pero con certeza aquellos países que decidieron adoptar en mayor medida algunos de los principios básicos de una economía libre demostraron ofrecer niveles de vida nunca antes presenciados, una explosión de riqueza distribuida de forma desigual, pero que benefició a toda la sociedad y en especial a quienes se encontraban en una posición menos ventajosa.

Los resultados son evidentes: Aquellos bienes y servicios alguna vez considerados lujos reservados para pocos, están cada vez más al alcance de un mayor número de personas.

La disertación de Rodríguez Maradiaga pretende ser un golpe al libertarismo. Pese a ello, y más allá de la catarata de conceptos erróneos del cardenal, la celebración de una conferencia dedicada a atacar a los libertarios no deja de ser una buena noticia. Finalmente las ideas de los que promovemos una sociedad libre comienzan a incorporarse al debate público. Nos ladran Sancho, señal de que cabalgamos.+

Estados Unidos: La “reforma” de la NSA como ejemplo perfecto de gatopardismo

Publicado originalmente en el Panam Post el 26 de mayo de 2014

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De momento, parece que las promesas de reforma de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos son parte de una gran puesta en escena. El texto del proyecto de ley que acaba de aprobar la Cámara de Representantes es un ejemplo perfecto de gatopardismo: Cambiar para que nada cambie.

En 2007 la NSA, una de las agencias de inteligencia más oscuras de Estados Unidos, lanzó el programa Prism, con el cual, mediante el acceso directo a los servidores de Google, Microsoft, Facebook y Yahoo —entre otros gigantes de Internet— recopiló —y lo sigue haciendo— miles de millones de correos electrónicos, chats, fotos, metadatos de llamadas telefónicas (tiempo, duración, número marcado) e información de redes sociales.

Hace casi un año, gracias a los documentos filtrados por Edward Snowden, salieron a la luz pruebas contundentes de Prism, comprobándose que se trataba de un programa de vigilancia masiva y recolección de datos encabezado por la NSA. Desde hace años, la agencia extiende sus tentáculos en las comunicaciones telefónicas e Internet, recolectando todo tipo de datos. Con la cooperación de agencias de inteligencia del Reino Unido, Australia, Alemania y Holanda, la NSA se convirtió en un riesgo para la privacidad global.

La extensión del monitoreo es todavía difícil de medir. Apenas una fracción de los miles de documentos filtrados por Snowden fueron publicados. Escuchas a líderes políticos de más de 40 paísesrecolección de metadatos de llamadas telefónicasregistros de localización obtenidos a través de los teléfonos celulares, la intercepción de servidores y routers y la instalación de dispositivos espía, revelan el alcance que tiene el sistema de vigilancia global.

La difusión de los documentos clasificados disparó un debate internacional. Las presiones ejercidas por legisladores y empresas tecnológicas lograron lanzar la discusión sobre la reforma de la NSA. Pero por supuesto, no todos los congresistas tenían en mente lo mismo.

El jueves pasado, quienes buscaban mantener el status quo obtuvieron su primera victoria al lograr aprobar el USA Freedom Act en la Cámara de Representantes. Si bien las organizaciones críticas de la NSA vieron en la redacción original del proyecto un primer paso, los cambios de último momento modificaron el lenguaje y las esperanzas de una reforma profunda.

La mayor parte de la polémica se desarrolló en torno a los “términos específicos de selección”, el concepto a través del cual sería controlado y restringido el poder de vigilancia de la NSA. Si en el Senado se aprueba el texto sin modificaciones, la NSA sólo podría recurrir a la recolección de datos a través de “términos específicos de selección”, cuya definición en la versión original incluía a “personas, entidades y cuentas”. Pero el texto final expandió confusamente la definición a “direcciones y dispositivos”, diluyendo aun más el texto.

La actual reforma prevé la posibilidad de interceptar las comunicaciones provenientes de, o pertenecientes al “término de selección” (una persona, una dirección, una entidad, etc.), y además de todo aquéllo que contenga información relacionada con el término seleccionado. Así, se amplían las fronteras para invadir la privacidad de personas inocentes sin una orden judicial. Finalmente, la política de “tres saltos” es limitada a dos, sin embargo, esta pequeña restricción no compensa el que los límites que se establecen sean difusos al punto de que no cumplen con la promesa de neutralizar la capacidad de la NSA para invadir la privacidad de las personas.

Otras de las críticas que despertó la legislación fue la eliminación de la cláusula que hubiese permitido la presencia de un defensor ante los tribunales creados por la Ley de Vigilancia a la Inteligencia Extranjera (FISA), una instancia que en los hechos funciona como un simple trámite burocrático para obtener una orden de espionaje. Se trata de un tribunal creado en 1978 al que acceden las agencias federales para obtener las órdenes que les permiten requerir información. Este proceso se lleva a cabo sólo con un representante del gobierno y sus sentencias no son públicas. De convertirse en ley el texto actual, tampoco habrá cambios en este sentido.

La reforma tampoco aborda ningún aspecto de la privacidad en el resto del mundo. El voto en la Cámara tuvo lugar la misma semana en la que quedó aun más expuesta la actividad de la NSA en el extranjero. Nuevas revelaciones de los documentos facilitados por Snowden indican que la NSA registraba el contenido de todas las comunicaciones telefónicas de Bahamas. Otro aspecto que deja sin abordar esta falsa reforma.

De hecho, el apoyo de la Casa Blanca al proyecto de ley confirma que estamos ante una de esas reformas que se hacen para que todo siga igual.

“No quiero vivir en un mundo donde todo lo que digo, todo lo que hago, todos con quienes hablo, cada expresión de la creatividad o el amor o la amistad queden registrados”, dijo Snowden, ahora asilado en Rusia, cuando fue entrevistado por The Guardian el año pasado. El texto del USA Freedom Act no nos acerca ni por asomo al mundo en el que quiere vivir Snowden.

El Senado tiene ahora la oportunidad de enmendar el texto y otorgarle dignidad a la reforma de la NSA, o como manifestó el congresista Justin Amash, uno de los patrocinadores del texto original, se mantendrá y legalizará un programa inconstitucional de espionaje doméstico a gran escala.

Sanciones económicas al gobierno de Venezuela: ¿Un “remedio” peor que la enfermedad?

Publicado originalmente en el PanAm Post el 12 de mayo de 2014

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La semana pasada fue clave para el rumbo de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes recomendó la aprobación del proyecto de ley titulado “Protección de los Derechos Humanos y de la Democracia Venezolana”, en el que habilita al gobierno de Barack Obama a imponer sanciones económicas y migratorias a funcionarios “responsables de llevar a cabo u ordenar abusos de derechos humanos contra ciudadanos de Venezuela”. La iniciativa, promovida por la legisladora cubano-americana Ileana Ros-Lehtinen (R-Fl) y que ahora deberá ser tratada por la Cámara en pleno, no está exenta de polémica.

Las sanciones económicas han sido en los últimos tiempos una de las principales herramientas de la política exterior estadounidense. Y el gobierno de Barack Obama no es la excepción a esta regla: Optó por las sanciones económicas como herramienta favorita para satisfacer las demandas de los sectores que promueven una política exterior activa y buscan mantener el posicionamiento de Estados Unidos como gendarme del mundo.

No se trata de un instrumento novedoso. Los embargos sobre Cuba y Corea del Norte que ya llevan activos más de seis décadas, o las sanciones contra el gobierno de Saddam Hussein en Iraq que estuvieron vigentes durante más de diez años luego de la invasión iraquí a Kuwait en 1990, son algunos de los ejemplos más conocidos de sanciones impuestas por Estados Unidos. Y también de los fracasos más resonantes de la diplomacia estadounidense.

En un intento de cambiar la manera de abordar a los países cuyas políticas entran en conflicto con el gobierno de Estados Unidos, las sanciones dejaron de aplicarse recientemente a los países y empezaron a dirigirse contra individuos y empresas particulares. Las llamadas “sanciones inteligentes” ya fueron aplicadas contra el gobierno de Vladimir Putin en Rusia por su reciente avanzada militar sobre Ucrania. Ahora todo parece indicar que los próximos objetivos de las sanciones serán los funcionarios de la brutal dictadura de Nicolás Maduro (recordemos que el carácter de dictadura nada tiene que ver con la forma de elección del gobernante), y hasta el propio Maduro.

De hecho, Venezuela ya estuvo sujeta a sanciones económicas por parte de Estados Unidos en mayo de 2011. La petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) había concretado el envío de dos cargamentos a Irán valorados en US$50 millones con una sustancia fundamental para convertir el crudo en gasolina, violando las sanciones impuestas por Estados Unidos al país persa. A pesar de tener un carácter cuasi-simbólico  —excluían a las subsidiarias de PDVSA en Estados Unidos y la exportación de petróleo a ese país— el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez no dudó en recurrir a sus dotes de orador para despotricar contra la “agresión imperialista”. El fallecido presidente encontró en las sanciones una excusa para exacerbar su retórica anti-Washington y reforzar sus conductas autoritarias. Y sus niveles de popularidad no disminuyeron con el episodio.Antes de aplaudir o criticar la aplicación de sanciones, tenemos que preguntarnos si son efectivas para lograr los objetivos que se proponen. Y ante esta pregunta, uno debería reflexionar sobre cuáles son esos objetivos. Si se trata de reafirmar la hegemonía estadounidense en la arena internacional, entonces la respuesta sería afirmativa. En cambio, si con las sanciones se busca un impacto real y una transformación del modo de actuar del gobierno venezolano, surgen dudas importantes, y la única certeza que tenemos es que pueden llegar a ser contraproducentes.

Tampoco hubo mayores cambios cuando el pasado abril Estados Unidos le impuso sanciones a 45 individuos y 18 empresas vinculados al gobierno del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych y a funcionarios y empresas vinculadas con el Kremlin ruso. Por el contrario, los receptores de las sanciones las tomaron con humor. Uno de ellos fue Dimitry Rogozin, Primer Ministro adjunto de Rusia, que en un tweet sugirió que el borrador del proyecto de ley que imponía las sanciones había sido “preparado por un bromista”.

Pero no todo son bromas: Las sanciones económicas son consideradas como una acto pre-bélico, es decir, después de su aprobación no sería descabellado pensar que Estados Unidos pudiese lanzar una intervención militar en Venezuela. Aunque improbable en el corto plazo, abre una puerta para ello. Los casos de Libia o Irak son ejemplos de lo que pueden desencadenar las sanciones.

En el caso de Irak, las sanciones económicas impuestas después de la Guerra del Golfo de 1990 reforzaron internamente la posición del gobierno iraquí, y las únicas dificultades económicas las sufrieron las víctimas iaquíes de Saddam Hussein. La propia Madeleine Albright, en ese momento embajadora de Estados Unidos ante la ONU, sugirió en el programa televisivo 60 minutes que la muerte de 500.000 niños iraquíes producto de las sanciones fue “un precio que valió la pena pagar”.

Cuba y Corea del Norte son otros dos casos paradigmáticos. En el país gobernado con mano de hierro desde hace 55 años por la familia Castro, el embargo impuesto por Estados Unidos no ha hecho más que agravar la ya de por sí precaria situación en la que viven los cubanos, mientras alimenta con pretextos a la dirigencia comunista para justificar el nefasto experimento político que se vive en la isla. Una situación similar se vivió en Corea del Norte, en donde las sanciones empeoraron las consecuencias de la hambruna que se vivió durante la década de los 90 y que se cobró entre 250.000 y tres millones de vidas —debido al secretismo reinante en el régimen, los números varían abruptamente según la fuente—.

Los defensores de las sanciones contra Venezuela podrían argumentar que no estamos ante sanciones que se imponen sobre todo el país, sino que están dirigidas a personas específicas, como las aplicadas a los funcionarios rusos. Y es verdad, Estados Unidos y el mundo están enfocándose cada vez más en el uso de “sanciones inteligentes”, aunque los expertos se mantienen escépticos al respecto. Daniel Drezner, profesor de Ciencias Políticas y Derecho Internacional, y autor de The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations, sostiene que “el equilibro entre el respeto al estado de derecho y la aplicación efectiva, sugiere que las sanciones inteligentes no se pueden imponer lo suficientemente rápido y en la medida necesaria como para que tengan un efecto real”, y que aunque sean específicas, “el régimen objetivo puede trasladar los costos de las sanciones a sus opositores domésticos”. En el mismo sentido, Robert Pape, director de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, publicó un trabajo sobre el éxito de las sanciones internacionales en el que encontró que en tan solo 5 de 115 casos donde fueron aplicadas tuvieron éxito. Es decir, en apenas algo más del 5% de los casos.

Sin duda, los venezolanos están viviendo tiempos duros. Observar a un gobierno que ejecuta a ciudadanos en plena luz del día, encarcela a decenas de manifestantes sin un proceso judicial transparente, y que aprieta el nudo sobre la libertad de expresión, despierta la reacción natural de “hacer algo” al respecto. Pero debemos ser cuidadosos: La intervención extranjera puede llegar ser contraproducente y frenar el impulso que tiene la oposición venezolana justo en el momento en que la popularidad de Maduro se encuentra en su más bajo nivel histórico. Las sanciones económicas le brindarían al régimen la excusa perfecta para justificar el fracaso del “socialismo del siglo XXI” y reforzarían a un régimen que está debilitándose.

Colorado y Uruguay: Dos caras de la legalización de la marihuana

Publicado originalmente en el PanAm Post el 8 de mayo de 2014

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Con la entrada en vigencia de la ley 19.172 en Uruguay, el pequeño país sudamericano de 3 millones de habitantes se suma al club de los lugares donde la producción y comercialización de marihuana para fines recreativos es legal. El otro miembro del club es el estado de Colorado en Estados Unidos. A esta lista se sumará en los próximos meses el estado de Washington —donde todavía no entró en vigencia la nueva regulación— y con el transcurso del tiempo otros estados y países pasarán a engrosar una lista que no hace más que confirmar el fracaso de la prohibición como política global.

Sin embargo, el comienzo del fin de la guerra contra las drogas muestra dos caras diferentes en Colorado y en Uruguay. En ambos lugares la venta de marihuana es legal, sin embargo la forma de regularla es un fiel reflejo de la idiosincrasia de cada cultura. Las declaraciones del presidente uruguayo José Mujica sobre la regulación de Colorado ya despertaron las primeras polémicas.

Veamos las principales diferencias entre los dos enfoques.

País vs. Estado

El sistema uruguayo es más restrictivo en algunos aspectos pero corre con la ventaja de tener una legislación a nivel nacional que no da lugar a confusiones, mientras que en Colorado el conflicto de la legislación estatal con la legislación federal —que mantiene la prohibición— pone a la legalización en una situación precaria, más aún ante la incertidumbre de cuál será la postura de las próximas administraciones.

¿Quiénes pueden comprar marihuana?

La primera diferencia importante es acerca de quién puede comprar cannabis de forma legal. Mujica aseguró que Uruguay no se convertirá en un destino para hacer “turismo de drogas”, por lo que la venta será restringida a ciudadanos uruguayos o a residentes permanentes. Los extranjeros que no vivan en Uruguay no tendrán acceso al cannabis legal. Por su parte, la legislatura de Colorado no ha impuesto ninguna restricción sobre quienes pueden adquirirla: Cualquier persona que pueda acreditar que es mayor de 21 años podrá comprar marihuana para fines recreativos en los lugares autorizados.

¿Cuánta marihuana se puede comprar?

Los uruguayos podrán adquirir hasta 10 gramos semanales en las farmacias que decidan vender marihuana. El tope mensual está establecido en 40 gramos. En Colorado, a pesar de que los que posean más de una onza (algo más de 28 gramos) se exponen a una multa y ese sea el límite máximo de las compras con fines recreativos, existe la posibilidad de ir de dispensario en dispensario acumulando stock de a una onza por vez. Para el caso de la marihuana medicinal el límite está establecido en dos onzas, pero con una recomendación médica puede ser extendido.

¿Dónde se puede comprar marihuana?

En Colorado la venta de marihuana medicinal es legal desde el año 2000. Ahora que también se permite la venta para fines recreativos, los comercios que ya la vendían para fines medicinales podrán sumar una nueva división a su negocio. Recién a partir del 1º de octubre de este año, aquellos interesados en involucrarse exclusivamente en la venta recreativa podrán aplicar para obtener las licencias que la autorizan. En cambio, la ley uruguaya prevé dos vías de comercialización: Farmacias y clubes cannábicos. Las farmacias serán de acceso libre para todos aquellos que cumplan los requisitos que exige la ley, mientras que los clubes cannábicos —que producirán su propia marihuana— solo serán accesibles para sus miembros, que pueden oscilar entre 15 y 45.

¿Dónde se puede fumar?

El consumo de marihuana en Uruguay es legal desde hace más de 40 años. Ver a una persona fumando en un parque de Montevideo no era considerado como algo raro incluso antes de la sanción de la ley, por lo que no habrá mayores cambios. En Colorado la ley es mucho más restrictiva: Está prohibido fumar en lugares públicos. Sin embargo, cada ciudad ha decidido abordar de forma diferente el tratamiento de los que violen esta disposición. Por ejemplo, la policía de Denver ha manifestado que no perseguirá activamente a aquellos que fumen en público, pero al mismo tiempo, en la ciudad de Boulder cada vez hay más citaciones por infringir esta disposición. En ambos lugares, las prohibiciones que aplican al fumar tabaco ahora se extenderán a la marihuana.

¿Cuánto va a costar?

Fiel a la tradición estatista latinoamericana, el gobierno uruguayo es el que fijará el precio del gramo del cannabis (en este momento un gramo de cannabis uruguayo se puede obtener por un dólar). La razón que esgrimen es que de esta manera el mercado legal se mantendrá competitivo con el mercado negro. Por el momento, el gramo uruguayo cotiza a casi un dólar. Al contrario de Uruguay, la regulación en Colorado no dice nada acerca de los precios de la onza, por lo que éste variará de acuerdo a la oferta y demanda.

Pero sorprendentemente, serán los coloradinos los que deberán pagar más impuestos. La marihuana recreativa en el Centennial State será gravada, además del impuesto a las ventas que se le aplica a todos los productos, con otros dos impuestos, más los que cada ciudad decida implementar. En el caso uruguayo, las transacciones relativas al cannabis gozarán de exenciones fiscales.

Privacidad

Entramos al área donde la legislación uruguaya presenta sus mayores debilidades. Al igual que en Colorado, se diseñó un sistema de identificación por radiofrecuencia para hacer un seguimiento de los cultivos y evitar que estos terminen en el mercado negro. Pero además de los cultivos, el gobierno de Mujica pretende hacer un seguimiento también de los consumidores. Para ello el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), organismo que regulará la sustancia, creó un registro en el cual los consumidores deberán inscribirse antes de poder efectuar sus compras y deberán dejar registro de sus huellas dactilares.

Al momento de efectuar la compra en una farmacia, se les tomará la huella dactilar a los consumidores y el sistema validará la compra. Si bien este sistema fue pensado para proteger la identidad de los compradores, organizaciones de derechos civiles en Uruguay han manifestado preocupación al respecto.

Por su parte, la enmienda que abrió el camino para la legalización en Colorado prohíbe expresamente la implementación de sistemas de identificación como el de Uruguay, pero esto no quiere decir que la compra sea totalmente anónima. Los comercios que vendan marihuana para fines recreativos deberán colocar una cámara que filme la caja registradora en la que se pueda divisar con claridad los rostros de los empleados y clientes. También habrá cámaras en las entradas y salidas de los comercios.

Cliven Bundy tiene razón y está equivocado al mismo tiempo

Publicado originalmente en el PanAm Post el 29 de abril de 2014

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Durante las primeras semanas de abril, Cliven Bundy, un granjero de 68 años de Clark County, Nevada, fue protagonista de una disputa con la Oficina de Administración de Tierras (BLM, según sus siglas en inglés) cuando se resistió a agentes federales fuertemente armados que intentaban despojarlo de su ganado. Los funcionarios de la BLM, organismo encargado de administrar más de 10 millones de hectáreas bajo dominio del gobierno federal, pretendían ingresar al rancho de Bundy con apoyo de vehículos blindados, 200 agentes de equipos SWAT y “cowboys contratados”. Su objetivo era confiscar las 900 cabezas de ganado que posee Bundy argumentando que el pastoreo en esa zona está prohibido.

Las tierras en las que pastorean las vacas de Bundy, son las mismas en las que a finales de la década de 1870 se asentó su familia, pero también, al igual que más del 80% de la superficie de Nevada, son tierras federales. En 1993 la BLM, creada casi 70 años después de que la familia Bundy tomara posesión del territorio en disputa, decidió modificar los permisos de pastoreo en esa área estableciendo límites a la actividad ganadera, invocando que se debía proteger a la “tortuga del desierto”, una especie que habita en el suroeste americano. Bundy después decidió dejar de pagar la tasa de pastoreo y comenzaron los problemas.

Después de más de 20 años de procesos judiciales, el operativo para expropiar el ganado de Bundy, tan espectacular como una producción cinematográfica de Hollywood, se encontró con la resistencia de decenas de personas que se habían solidarizado con el ranchero oriundo de Nevada en la defensa de su propiedad.

Sin dudarlo, Harry Reid, líder de la mayoría Demócrata en el Senado, calificó a Bundy como un “terrorista doméstico”, mientras que la prensa se sumó al coro que lo señalaba como un hombre con una percepción alterada de la realidad, un libertario de extrema derecha que desconocía las normas básicas de la vida en sociedad. Bundy fue víctima de la estigmatización de aquellos que no deciden plegarse al pensamiento único de idolatrar el poder del gobierno federal, y culpado por defender sus derechos.

Distinto hubiese sido el caso si Cliven Bundy, en vez de ser un granjero blanco, mormón, de 68 años, fuese un integrante de una tribu nativa al que buscaban despojar de las tierras en las que vivió y trabajó, de forma pacífica, y en las que había introducido mejoras de todo tipo por casi 130 años. Desafortunadamente para él, los mismos que se opondrían al tratamiento injusto que reciben los indios americanos, confinados a reservas, y cuyas condiciones fueron arbitrariamente modificadas por el gobierno en varias oportunidades, decidieron mirar para otro lado.

“El gobierno federal le ha incautado la soberanía a Nevada… le incautaron las leyes a Nevada y sus tierras públicas. No tenemos acceso a nuestras tierras públicas y eso es solo una pequeña parte de ello”,dijo Bundy en una entrevista a CNN. Bundy reconoce que él no es el propietario de esas tierras, y que debe pagarle una tasa al gobierno por su uso. Su principal problema es que esas tierras están bajo dominio federal, y no se encuentra conforme con su administración ni el destino de los fondos que debe pagar. Sin embargo, no tiene ningún problema con que las tierras sean públicas mientras sean propiedad del estado de Nevada y no del gobierno federal, y sea al gobierno estatal al que deba pagarle las tasas de pastoreo.

Cliven Bundy tiene razón, y al mismo tiempo, está equivocado. Las acciones intimidatorias del gobierno –que incluyeron la matanza de parte de su ganado y el uso de una pistola paralizante contra su hijo– constituyen una innecesaria demostración de fuerza del gobierno federal. Sin embargo, Bundy no llega al fondo de la cuestión en cuanto a la posesión estatal de las tierras.

El oeste americano se caracteriza por tener grandes extensiones de tierras fiscales. En efecto, el 47% de esa región se encuentra bajo control federal, un 93% del total de las tierras que administra el gobierno. La propiedad estatal siempre acarrea controversias acerca de quién y cómo debe ser usada. La ausencia de un valor de mercado nos impide conocer cuál sería la mejor asignación de esos recursos, reemplazando los intercambios voluntarios y las valoraciones subjetivas por la amenaza o las demostraciones de fuerza que el gobierno decida hacer como método para determinar su uso más eficiente. Mientras tanto, la falta de incentivos generado por el carácter estatal de la propiedad –que es de todos y simultáneamente no es de nadie– afecta la calidad de las tierras y pone en peligro la fauna que las habita, la conocida tragedia de los comunes.

La privatización, además, llevaría a su fin a polémicas como la de Cliven Bundy, o la Rebelión de Sagebrush. La existente tensión entre los “dueños” de la tierra, es decir el gobierno federal basado en Washington D.C. a unos 3.300 km de Nevada, y los granjeros que la han trabajado por generaciones ya no tendría razón de ser. Su uso ya no sería determinado por actos de extorsión y bullying estatal, sino por quién más valora la tierra. La privatización y la asignación de derechos de propiedad legítimos no solo aliviarían la tensión, sino que además podría ser un paso importante en el saneamiento de las finanzas del gobierno de Estados Unidos, cuya deuda alcanza los US$17 trillones.

A pesar de tener varios fallos judiciales de una corte federal en su contra, Bundy seguirá resistiendo frente a lo que él considera un exceso de la jurisdicción federal. Sin importar si su caso legal tiene sustento o no, de lo que podemos estar seguro es que el gobierno no tiene derecho a ingresar a su propiedad con 200 agentes armados hasta los dientes para secuestrarle su propiedad. Las embestidas federales en Ruby Ridge y Waco nos dejaron importantes lecciones acerca de las imprudencias y los abusos incentivados por la sensación de omnipotencia estatal. Esta vez el rancho en el rancho de Clark County se evitó una tragedia, aunque nada nos asegura que el conflicto no se reactive. Mientras tanto, esperemos que el caso de Cliven Bundy inicie un debate acerca de la administración centralizada de tierras, y sus negativas consecuencias sobre el desarrollo económico y la protección ambiental.

 

¿Es Cliven Bundy un racista?

Cliven Bundy, una figura polémica

Cliven Bundy, una figura polémica

Publicado también en PanAm Post el 28 de abril de 2014

Cuando Cliven Bundy decidió enfrentarse al gobierno federal, los biempensantes de siempre comenzaron a saborear el festín que se iban a dar con sus críticas. El caso Bundy es el típico que exalta a la mayoría de los progresistas, que siempre buscan chivos expiatorios y estereotipos para hacer gala de su supuesto vanguardismo intelectual y su supuesta superioridad moral. Por supuesto, al final del día, este tipo de actitudes es una demostración más de la arrogancia que los caracteriza, la arrogancia que los lleva a creerse capaces de poder controlar las decisiones económicas de las personas, o imponer ciertas conductas en nombre del bien común.

Sin embargo, el clímax llegó cuando el New York Times publicó un artículo sbre Bundy en el que se le cita diciendo:

‘Quiero decirte una cosa más que sé sobre sobre los negros’, dijo. El Sr. Bundy recordó haber pasado por un edificio de vivienda pública mientras conducía por el norte de Las Vegas, ‘y delante del edificio, la puerta por lo general estaba abierta y las personas mayores y los niños ‒y siempre hay por lo menos una media docena de personas sentadas en el porche‒ estaban ahí sin nada que hacer. Sus hijos no tenían nada que hacer. Sus niñas pequeñas no tenían nada que hacer.

‘Y básicamente vivían del subsidio del gobierno, por lo que ahora, ¿qué hacen?’, se preguntó. ‘Abortan a sus hijos, sus jóvenes terminan en la cárcel, porque nunca aprendieron a recoger algodón. Y yo me pregunto, ¿estrían mejor como esclavos, recogiendo algodón y con una vida familiar y haciendo cosas, o están mejor con el subsidio del gobierno? No consiguieron más libertad. Ahora tienen menos libertad’.

Ahora Bundy no solo era un granjero desquiciado asociado a la extrema derecha o un “terrorista doméstico”, sino que también se había convertido en un racista, ¡bingo!

Inmediatamente, personalidades que habían expresado su apoyo hacia Bundy, como el senador por Kentucky Rand Paul, o el conductor televisivo y comentarista político Sean Hannity, optaron por unirse al coro de la corrección política:

Bundy puede ser culpable de haber escogido mal sus palabras y de hacer comparaciones exageradas entre la esclavitud y el estado de bienestar; definitivamente es mejor granjero que comunicador. Sin embargo, frente a sus declaraciones, los políticamente correctos se limitaron a lanzarle epítetos como “racista”, a esgrimir argumentos contra su persona y no contra sus opiniones. Porque en el fondo, sus conceptos son acertados.

Walter Williams, economista y profesor de la universidad George Mason, que casualmente es afro-americano, y autor del libro La raza y la economía: ¿Hasta qué punto podemos echarle la culpa a la discriminación?, dedicó varios años de su vida a estudiar el impacto del estado de bienestar sobre la población afro-americana de los Estados Unidos.

Williams sostiene que el estado de bienestar ha perjudicado a la población afro-americana en áreas donde la esclavitud no lo hizo. Por ejemplo, en cuanto a la estructura de las familias, dice lo siguiente:

Hoy, apenas el 30% de los niños negros viven en familias con dos padres. Históricamente, desde 1870 y hasta la década del 40, y dependiendo de la ciudad, entre el 75% y 90% de los niños negros vivían en familias con dos padres. La tasa de ilegitimidad es hoy de alrededor de un 70% entre la población negra, un número sin precedentes.

Y el fenómeno no tiene nada que ver con la raza:

Pero esto no tiene nada que ver con el aspecto racial. Suecia es la madre del estado de bienestar y la tasa de ilegitimidad en ese país alcanza un 54%.

Por otra parte, un informe del Pew Research Center concluye que desde los años 50, la tasa de desempleo de la población negra ha duplicado sistemáticamente a la de los blancos:

En 1954, el primer año para el que la Oficina de Estadística Laboral tiene datos de desempleo según la raza, la tasa de desempleo de los blancos promedió un 5% y la de los negros un 9,9%. [En septiembre de 2013] la tasa de desempleo entre los blancos era de un 6,6%; entre los negros un 12,6%. Durante ese período, la tasa de desempleo para los negros fue en promedio 2,2 veces más alta que la de los blancos.

En este caso lo que observamos son los resultados de la legislación del salario mínimo. Las regulaciones sobre el precio del trabajo impactan fuertemente a los afro-americanos. Art Carden, profesor de economía de la universidad de Samford, en Alabama, y becario de investigación en el Independent Instituteexplica como estas leyes no solo afectan a los menos capacitados, sino que además facilitan las conductas discriminatorias:

Cuando no se permite a las personas competir en base a precio, cantidad y calidad, las empresas pueden discriminar en base a algo más que la productividad.

Un empleador racista sufriría una pérdida (beneficios más bajos que sus competidores) si insistiese en “darse el gusto de discriminar” en un mercado competitivo. Cuando los precios están controlados y las condiciones de trabajo se establecen legalmente, ese mismo empleador puede satisfacer sus preferencias racistas sin recibir la merecida penalidad que le impondría el sistema capitalista.

El sistema de esclavitud institucionalizada ha sido uno los peores episodios de la historia americana, y de la historia del mundo. No creo que sea posible realizar comentarios positivos o establecer comparaciones favorables respecto al salvajismo que significó el esclavismo. A pesar de ello, y salvando las distancias, no se puede ignorar que aun hoy, en pleno siglo XXI, siguen vigentes leyes y actitudes que son más consistentes con el sentimiento de superioridad de un grupo de personas respecto a otras, y con la manera de pensar de los que creen tener derecho a controlar y disponer de la vida de los demás, que con las instituciones de una sociedad libre.

La bestia, el tren que fagocita las esperanzas de miles de migrantes

Publicado originalmente en PanAm Post el 24 de abril de 2014

Aunque el “sueño americano” parece estar devaluado, para miles de migrantes centroamericanos Estados Unidos todavía representa una tierra de oportunidades. Cada año, alrededor de 400.000 personas indocumentadas –la mayoría proveniente de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicargua–  se embarcan en una travesía para escapar de la miseria de sus países de origen, en busca de un futuro mejor en las tierras al norte del Río Grande. Sin embargo, para lograr su objetivo final, estos hombres, mujeres y niños dispuestos a arriesgarlo todo por una mejor calidad de vida, tienen que enfrentarse a La Bestia.

La Bestia es el apodo con el que es conocido el tren de carga que une los 3.200 kilómetros que separan a la localidad de Tapachula –en el estado de Chiapas, al sur de México– con la frontera norte del país. A pesar de tratarse de una mole de acero y hierro que pesa varios miles de toneladas, el apodo no se debe a su imponente tamaño. La Bestia, es una máquina que literalmente fagocita las esperanzas de los migrantes que la montan de forma ilegal, viajando en sus estribos o en el techo en tramos de 6 a 14 horas de viaje durante más de 20 días.

Quedarse dormido tras varios días de desvelo, o resbalar al momento de intentar subirse a La Bestia, puede significar perder un brazo o las piernas. Tal como le sicedió a Mario Josué, un inmigrante hondureño. Durante un día lluvioso en el que intentaba domar a la bestia, resbaló, y la máquina que nunca perdona le rebanó una pierna. Las cifras oficiales de muertos y mutilados suman un total de 1.300 víctimas, según el Instituto Nacional de Migración mexicano, pero cuando se trata de La Bestia nunca hay certezas.

El registro de las muertes no puede ser preciso, porque muchos de los cuerpos de sus víctimas mortales se descomponen al costado de las vías, mientras otros son enterrados en fosas comunes en el cementerio de Tapachula sin ser identificados, sin que sus familiares sepan siquiera acerca de su destino final. Son los “sin nombre”, los “invisibles”. Nadie puede conocer su identidad porque suelen viajar sin documentos, una estrategia para retrasar su deportación en el caso de ser atrapados.

la bestia

La torpeza, el cansancio y los riesgos no son los únicos obstáculos que se presentan en un viaje que se sabe donde comienza, pero no donde termina. El crimen organizado es un grave problema en México, y aunque estos migrantes solo están en tránsito por ese país, las bandas criminales no les son ajenas. Cada año son secuestrados entre 10.000 y 20.000 inmigrantes, por Los Zetas y las Maras, dos de los clanes criminales más temidos del mundo. Los más afortunados deberán conseguir 2.500 USD para lograr su liberación, y para pagar esa suma, muchas veces terminan enlistándose como sicarios al servicio de las mafias. Los demás pasarán a engrosar las estadísticas del tráfico de personas, de órganos, o de asesinatos. Esto ocurre en connivencia con los maquinistas, que a cambio de dinero o resultado de amenazas y extorsiones, suelen disminuir la velocidad en zonas clave para permitir el abordaje de las pandillas. Una pesadilla dentro de otra.

Pero si de pesadillas hablamos, sin dudas las que más sufren en estos viajes son las mujeres. Seis de cada diez de ellas son abusadas sexualmente. La ingesta de anticonceptivos antes de subirse al tren es habitual entre las migrantes femeninas, algunas para evitar embarazos en caso de ser violadas, otras porque saben que tendrán que ofrecer favores sexuales a cambio de protección o de superar los controles migratorios.

Sobrevivir los más de 20 días que dura el trayecto, cuyo costo monetario es cero, aunque muchas veces se paga muy caro, no es certeza de nada. Antes de llegar a la “tierra prometida”, la posibilidad de que los coyotes –como son conocidos aquellos que facilitan la migración ilegal desde México hacia Estados Unidos– los terminen estafando y dejando sin fondos para cruzar hacia el otro lado siempre estará latente.

La pobreza extrema, la inseguridad y la falta de oportunidades son algunas de las adversidades con las que tienen que batallar aquellos que deciden arriesgarse a buscar un futuro mejor. Pero ningún obstáculo es mayor que la legislación que restringe el libre tránsito de personas. Bryan Caplan, economista de la Universidad George Mason y promotor de las fronteras abiertasseñala que “los que apoyan las restricciones migratorias en el primer mundo son moralmente responsables de la pobreza del tercer mundo”. Para Caplan, las trabas migratorias impiden que los ciudadanos de los países más pobres puedan escapar de la pobreza, y violan el derecho básico de ofrecer su trabajo a quienes están dispuestos a emplearlos.

En efecto, la libre migración podría resolver una parte importante de los problemas relativos a la pobreza y aliviar la situación de cientos de millones de personas. La única consecuencia positiva de esas líneas imaginarias –y sobre todo arbitrarias–  llamadas fronteras, ha sido concentrar el poder político en un territorio determinado. Por el otro lado, han creado las barreras migratorias, una de las trabas más perjudiciales para el progreso de la humanidad.

En este sentido, el escritor argentino Jorge Luis Borges señaló que “desdichadamente para los hombres, el planeta ha sido parcelado en países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de una mitología particular, de derechos, de agravios, de fronteras, de banderas, de escudos y de mapas. Mientras dure este arbitrario estado de cosas, serán inevitables las guerras.” Sin dudas, Borges tenía razón. Las personas etiquetadas como ilegales lo saben desde hace mucho tiempo.