política

¿Para qué necesita Argentina una nueva Ley de Medios?

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 14 de diciembre de 2015.

Cambiar una ley por otra no es la solución a los problemas que hereda el Gobierno de Mauricio Macri de la familia Kirchner. Sancionar más leyes tampoco. En Argentina, sin embargo, el manual de corrección política indica que la intervención estatal —camuflada bajo la idea más agradable de “presencia del Estado”— es un factor necesario, si no fundamental, para el desarrollo de cualquier actividad.

Un ejemplo grotesco fue la excusa invocada por Daniel Scioli, excandidato presidencial del Frente para la Victoria, partido de la expresidenta Cristina Kirchner. Antes de la primera vuelta electoral, cuando las encuestas vaticinaban que Scioli estaba cerca de asegurar un triunfo que le evitara el balotaje, el candidato oficialista fue el único que no asistió a un debate presidencial. La razón era que no existía una ley que lo regulara. “Creemos que tiene que haber una ley que regule [los debates]”, dijo en ese momento Alberto Pérez, vocero de la campaña de Scioli y su jefe de Gabinete en la provincia de Buenos Aires.

La obsesión de que todo esté regulado por leyes es una característica que compartida a lo largo del arco político. Por ejemplo, en agosto de este año, una nota en el diario Clarín lamentaba la “pobreza de la tarea parlamentaria” por la poca actividad del Congreso en época de elecciones. También están quienes afirman que la ley no será la mejor, pero  hay que respetarla por el solo hecho de ser la ley. Dos fundamentalismos obsesionados de las imposiciones del Estado escondidas en leyes, decretos y resoluciones entre las páginas de los anuncios que publica todos los días el Boletín Oficial.

La fijación por las leyes, en su sentido más burocrático, es una de las herencias del peronismo que ha quedado incorporada en el ideario popular. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, sostenía entonces Juan Domingo Perón, en una versión sudamericana de la frase inmortalizada por Benito Mussolini: “todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.

El kirchnerismo no solo no estuvo exento de este defecto, sino que lo exacerbó hasta su máxima expresión. La campaña entre 2008 y 2009 para sancionar una Ley de Medios y las subsecuentes disputas judiciales por ella fueron un caso paradigmático.

Policía malo, policía bueno

En 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner planteó la necesidad de una nueva ley que regulara el espectro radioeléctrico y los contenidos de los medios de comunicación. Con el característico tono épico que apuntaba más a las emociones que a la lógica, el Gobierno sostenía que había sido sancionada durante la última dictadura (1976-1983) y debía ser reemplazada. Utilizando la lógica del policía bueno y policía malo, el proyecto de ley era contrapuesto como una regulación “buena” frente a la regulación “mala” vigente en ese entonces.

Una vez aprobada, la flamante ley se utilizó para intentar desmantelar al multimedio más grande del país, Grupo Clarín, además recurrir a diferentes herramientas para beneficiar los contenidos de los canales paraoficiales sostenidos con publicidad oficial. Con el nuevo Gobierno estás prácticas deberían interrumpirse, sin embargo, eran la idea detrás de la sanción de una nueva Ley de Medios.

Ese fue uno de los primeros anuncios políticos del Gobierno de Macri. Las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, sobre lo que el kirchnerismo alguna vez bautizó —inspirándose en Saddam Hussein— como “la madre de todas las batallas” revelaron parte de los planes oficiales en cuanto a los medios. En declaraciones por radio, Aguad señaló que la actual Ley de Medios “no subsistirá” y agregó que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

Policía malo, policía bueno

En 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner planteó la necesidad de una nueva ley que regulara el espectro radioeléctrico y los contenidos de los medios de comunicación. Con el característico tono épico que apuntaba más a las emociones que a la lógica, el Gobierno sostenía que había sido sancionada durante la última dictadura (1976-1983) y debía ser reemplazada. Utilizando la lógica del policía bueno y policía malo, el proyecto de ley era contrapuesto como una regulación “buena” frente a la regulación “mala” vigente en ese entonces.

Una vez aprobada, la flamante ley se utilizó para intentar desmantelar al multimedio más grande del país, Grupo Clarín, además recurrir a diferentes herramientas para beneficiar los contenidos de los canales paraoficiales sostenidos con publicidad oficial. Con el nuevo Gobierno estás prácticas deberían interrumpirse, sin embargo, eran la idea detrás de la sanción de una nueva Ley de Medios.

Ese fue uno de los primeros anuncios políticos del Gobierno de Macri. Las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, sobre lo que el kirchnerismo alguna vez bautizó —inspirándose en Saddam Hussein— como “la madre de todas las batallas” revelaron parte de los planes oficiales en cuanto a los medios. En declaraciones por radio, Aguad señaló que la actual Ley de Medios “no subsistirá” y agregó que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

La política de drogas de Argentina enfrentará una encrucijada en 2016

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 13 de octubre de 2015.

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Mientras en el continente americano se comienzan a discutir e implementar políticas alternativas a la prohibición de las drogas, Argentina, como en muchos otros aspectos, se ha mantenido estancada en este tema.

“Argentina llega retrasada al debate”, diagnostica Juan Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en Buenos Aires, y autor de varios libros sobre el narcotráfico. “La discusión más política y efectista ha estado centrada en dirimir si somos un país de tránsito, un país de tránsito con consumo o con consumo y algo de procesamiento”, señala.

“El retraso en la calidad del debate público” está definido por dos tres elementos, dice el académico. Por un lado “falta un diagnostico actualizado” respecto a la evolución del narcotráfico en Argentina. Las estadísticas sobre consumo y comercio de drogas no escapan a los problemas generales que afectan al país en materia de indicadores. “Desde el Indec, los datos no coincidentes en el levantamiento de información de las distintas policías provinciales, hasta una ausencia de estadísticas actualizadas, públicas, de algunos ministerios, como el de Seguridad,” afectan la calidad de la información sobre la cual debatir.

A diferencia de otros países como México o Colombia, Argentina “no ha estado en el corazón de los problemas vinculados a la violencia ligada al narcotráfico”, dice Tokatlian. “El país no ha vivido marcadamente influido por esa cuestión. En general, se la ha visto como algo distante (…) lejos de Argentina”.

Para Tokatlian el tercer elemento obedece a la postura del país en los foros interamericanos y globales sobre el asunto de las drogas. En especial, en vistas a la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas en abril de 2016, que revisará la política global sobre el abordaje a ciertas sustancias psicoactivas. “Argentina no ha buscado una coalición de países en la región que compartiera un diagnostico y que llevara a una posición compartida”, afirma.

El sociólogo con un PhD. en Relaciones Internacionales de la Universidad John Hopkins fue uno los autores del documento “Drogas: Una Iniciativa para el Debate“, presentado en septiembre pasado, junto con una centena de académicos, donde hacen un llamado a una política sensata sobre el tema.

“En otros países, donde el problema es más severo y está relacionado con una historia de conflictividad, y está a un nivel más alto del radar de la comunidad internacional, los debates han sido más intensos y más fecundos”, dice, en entrevista con PanAm Post.

Narcotráfico de campaña

Las propuestas de campaña de los principales candidatos a la presidencia de Argentina indican que continuarán con la actual estrategia frente a las drogas. De hecho, los tres principales aspirantes han escogido la lucha contra el narcotráfico como una de las prioridades en un eventual Gobierno.

“Han aparecido niveles de violencia relativamente inusitados para los parámetros generales de Argentina”, explica Tokatlian. Aunque lejos de las tasas de homicidios de países como Colombia, México, u Honduras, “la violencia vinculada estrechamente al fenómeno del narcotráfico no se había expresado”.

La ciudad de Rosario, a unos 250 kilómetros de Buenos Aires, es uno de los puntos más calientes en la penetración del narcotráfico, allí la tasa de homicidios en 2014 resultó entre tres y cuatro veces más grande que la media nacional. Rosario no es el único foco de violencia. Los grandes conglomerados urbanos, como Buenos Aires o Córdoba son testigos de “manifestaciones cada vez más elocuentes de violencia,” sostiene Tokatlian. “Aunque no son dramáticas en como en otros casos, si uno lo desagrega en el plano urbano y específico de estas grandes urbes va a encontrar tasas por arriba del promedio general del país”.

“La inseguridad ha cambiado en Argentina”, afirma, siempre con algún informe o estadística en mente que respalda los datos. Según la Encuesta de Victimización del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la UTDT, en 2004, 26% de los encuestados afirmaron haber sido víctima de un delito; nueve años después, la cifra es de 35%, señala Tokatlian.

Femicidios: el feminismo consolida su agenda en Argentina

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 5 de junio de 2015.

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“¿No vamos a levantar la voz? Nos están matando”, tuiteó a comienzos de mayo la periodista argentina Marcela Ojeda. El mensaje era dirigido a las mujeres. Una ola de espeluznantes asesinatos en Argentina, ocurridos en los últimos meses, cuyas víctimas eran mujeres y los victimarios hombres, reavivaron lo que aparenta ser una “tensión de género”. Una guerra de los sexos que nadie ha declarado.

“Uno más, pero fue la gota que rebosó el vaso”, explicó Fabiana Túñez, fundadora de La Casa del Encuentro, un asociación civil que promueve un “feminismo popular entre todas las mujeres y con la sociedad” al diario español El Pais. Se refería al brutal asesinato de Chiara Páez, una adolescente de 14 años, recientemente embarazada, y asesinada a golpes por su novio de 16 años. Un femicidio, término que ha ganado notoria popularidad en las últimas semanas.

Aquella iniciativa derivó en una manifestación de la que nadie quiso quedarse por fuera. Un grupo de periodistas lanzaron desde la red social Twitter una convocatoria que reunió a 150.000 personas, según la policía (según ellas, el doble). Agrupados bajo el hashtag #NiUnaMenos, la convocatoria atrajo la atención de actores, escritores, y figuras de la televisión que brindaron un impulso definitivo para que la tuviera un éxito rotundo. ¿Quién se opondría al pedido de detener la violencia contra las mujeres, y repudiar terribles asesinatos?

La agenda feminista

La manifestación contó con la asistencia de políticos del oficialismo y la oposición. A dos meses de las elecciones primarias, los candidatos se mostraron en la plaza para elevar al máximo su perfil. Una excelente oportunidad para que se mostraran comprometidos con una causa justa, inocua, en una teatralizada genuflexión. Aunque desde la organización desaconsejaban portar banderas políticas, eso no impidió la posibilidad de observar algunas insignias partidarias.

Ninguna marcha, sin embargo, puede mantenerse al margen de motivaciones políticas e ideológicas. Y esta, desde un comienzo, buscaba ir más allá del objetivo declarado de combatir la violencia contra las mujeres. Ya ante la sola presencia del término “femicidio” estamos frente una agenda completamente distinta a la que pretende mostrarse.

“Femicidio” es un término “político”, según explica el sitio web de La Casa del Encuentro, “es la denuncia de la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista (…) es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera su propiedad”. Es decir: el hombre en abstracto, como si estuviese representando a todos los individuos de sexo masculino, somete a la mujer, en representación de todos los individuos de sexo femenino, en un régimen similar al que mantenían los esclavistas con los esclavos.

En 2014, Argentina registró 277 femicidios, según La Casa del Encuentro, que calcula estadísticas de asesinatos de mujeres basándose en diarios y agencias de noticias. Para contabilizar los casos de femicidio, sin embargo, no parece un requisito averiguar si detrás del homicidio existe la intención de reafirmar la noción de propiedad sobre la mujer. En Argentina no hay estadísticas oficiales de este tipo de delitos.

El número de asesinatos de mujeres —de femicidios— es preocupante, tanto como el incremento en un 16% en la tasa de homicidios entre 2012 y 2013. Según la Asociación para Políticas Pública, Argentina duplicó los niveles de violencia respecto a Chile, al alcanzar los 8,8 homicidios por cada 100.000 habitante. Mientras que la inmensa provincia de Buenos Aires lidera el ranking con 1.556 homicidios en 2013, la provincia de Santa Fe, tercera en cantidad de habitantes, lleva la corona de distrito más violento del país, con 13,2 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El problema con los homicidios en Argentina no solo se limita a la violencia de género. Esto no implica que no deba ser combatida, ni que los derechos individuales —que gozan de ceguera de género— de las mujeres puedan ser vulnerados. El problema es que la agenda detrás de la manifestación termina por socavar estos mismos principios que contemplan la defensa de todos los seres humanos. Y los actos consentidos entre adultos son los próximos objetivos en la agenda feminista: la prostitución y la pornografía.

Femicidio: un concepto colectivista

“Hoy las mujeres tienen más posibilidades de morir en manos de parejas o exparejas, que en la calle”, dice Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, al diario argentino La Nación. Probablemente otra de las frases que alimentó la histeria colectiva de las últimas semanas. En 2012 murieron 1.797 mujeres en accidentes de tránsito, según estadísticas de la asociación civil Luchemos por la Vida. Afortunadamente para ellas, hay ambientes más peligrosos que la propia casa.

De igual manera, la situación es grave. Pero también es grave que el intento de solucionar un problema devenga en excesos, y en un nuevo desequilibrio de la balanza. Esta vez para el otro lado. La presión por asuntos de violencia de género, por ejemplo, ha llevado a situaciones disparejas, donde el afán de la Justicia por proteger a la mujer termina incurriendo en excesos y vulnerando derechos de los hombres, de los seres humanos.

Esta situación quedó retratada en el documental Borrando a Papáaunque de escasa difusión, ya que un juez decidió censurarlo al tratar la violencia de género incorrecta. El filme refleja como los hombres quedan muchas veces marginados por jueces sesgados. Ante las denuncias de violencia de género, los jueces dictan de forma expedita, incluso si la denuncia es falsa. Una estrategia muchas veces utilizada por madres para obstruir el vínculo con sus hijos.

La idea de femicidio, como dicen las feministas, es un término político, pero por sobre todas las cosas es retrograda. Nos devuelve al derecho primitivo, donde la responsabilidad era colectiva, y el castigo también. Todos los integrantes del clan eran responsabilizados por una acción individual. Así, los femicidas son los hombres que subyugan a las mujeres bajo un sistema patriarcal. Y las mujeres solo un objeto de propiedad para el sexo masculino.

Mientras algunos aprovechan tragedias para manipular a un sector de la sociedad y avanzar su propia agenda, los nombres de Lola, Chiara, Melina, y otras tantas mujeres asesinadas, seguirán resonando en búsqueda de justicia.

El ejercicio de autocelebración de Cristina Kirchner

Artículo publicado en PanAm Post el 27 de enero de 2015.

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Tras las dos cartas publicadas en Facebook, luego de la aparición sin vida del fiscal Alberto Nisman, la presidente argentina, Cristina Kirchner, reapareció este lunes 26 de enero en televisión con un discurso transmitido por cadena nacional.

La primera imagen anticipaba el tono que iba a tener su alocución. Vestida de un blanco prístino —el color de la inocencia— y sentada en una silla de ruedas, a la vista de todos, Kirchner comenzó con un discurso autorreferencial, ensalzando supuestos logros de su gestión. El metamensaje era contundente: ella es la víctima en busca de compasión.

A diferencia de todos los discursos por cadena nacional anteriores, en esta ocasión la presidente prescindió del escritorio. Un accidente doméstico que le provocó una fractura de tobillo un mes atrás le dio la excusa para utilizar una silla de ruedas. El cuadro no deja lugar a muchas interpretaciones: ella no es la acusada por encubrir a los funcionarios iraníes en la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, ella no es quien debe ofrecer sus condolencias a las familias de las víctimas. Su versión de la historia la presenta como la principal damnificada.

El deslinde

Deslindarse de responsabilidades. Eso es lo que intentó Kirchner hacer durante su discurso, comenzando por su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien designó al fiscal Nisman para que investigue el atentado terrorista. Señaló que es de una “ignorancia supina o una manifiesta mala intención” sugerir que el expresidente designó a un fiscal, pues lo prohíbe la Constitución. La designación de Nisman, como sostiene la presidente, fue firmada por el entonces procurador general, Esteban Righi, pero detrás de la firma se escondía la figura de Néstor Kirchner, quien desde un primer momento impulsó la politización de la Justicia.

Fue también Néstor Kirchner quien en 2004 le asignó a Nisman la tarea de trabajar con el oscuro agente de inteligencia Jaime Stiusso, ahora señalado por la historia oficial como el hombre detrás de la muerte del fiscal. Pero Cristina también se deslinda de ello. Desconoce que durante 11 años, bajo la dirección de Sergio Acevedo y Héctor Icazuriaga, la Secretaría de Inteligencia (SI) estuvo al mando de dos personas de la máxima confianza de su esposo. El primero recibió la unción de Kirchner para que lidere su provincia natal, la sureña Santa Cruz, en 2003; el segundo sucedió al expresidente en su cargo de gobernador luego de que este asumiera la primera magistratura del país.

Cambio de siglas

“He tomado la resolución que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”, djio Cristina en su discurso. La disolución de la SI obedece a la teoría de la propia presidente, según la cual la muerte del fiscal era parte de una “operación contra el Gobierno”. Como si recién hubiese asumido, la presidente se sorprende de la presencia de elementos antidemocráticos en aquel organismo. Sin embargo, pese a la impactante denuncia, no ofreció prueba alguna para sostenerla.

Un cambio de siglas no representa una verdadera reforma. No obstante, los cambios en la estructura de Inteligencia solamente contribuirán a acrecentar la arbitrariedad de aquellos que detentan el poder político. Entre las facultades de la flamante agencia —que aún debe ser refrendada por el Congreso, aunque se descuenta su aprobación— estará la investigación de “delitos contra el orden económico y financiero”. Es decir, la nueva agencia podrá investigar a empresarios, cambistas y agentes de bolsa, habitualmente señalados por Kirchner —al mejor estilo de Nicolás Maduro— de entablar una conspiración económica desestabilizadora contra su Gobierno.

Aún más preocupante es la transferencia a la Procuración General de la Nación del sistema de escuchas telefónicas utilizado cuando los jueces ordenan intervenir comunicaciones. La titular de esa dependencia es Alejandra Gils Carbó, quien ha encabezado el embate contra los fiscales y jueces díscolos, en el marco del conflicto que mantiene el Ejecutivo con el Judicial.

¿Cuál será la actitud de Gils Carbó a la hora de ordenar escuchas a funcionarios y aliados del Gobierno? ¿Será la misma que adoptó cuando dispuso apartar a un fiscal de su cargo por investigar hechos de corrupción relacionados con la presidente? ¿Estarán también las escuchas clandestinas a cargo de la Procuración?

Fiscales, jueces, ministros, o cualquier otro funcionario tendrán prohibido comunicarse con los agentes de la AFI. Según la reforma, que será enviada al Congreso la próxima semana, los interesados en acceder a agentes de inteligencia deberán superar el filtro que representarán el director y subdirector del organismo, en otra maniobra para blindar aún más su posición frente a amenazas políticas y preservar su poder. Mientras tanto, el oficialismo seguirá respaldándose en la inteligencia paralela que, desde 2013, comenzó a armar y dirigir el jefe del Ejército, César Milani.

Los sospechosos de siempre

En el último tramo del discurso, Cristina Kirchner insinuó que detrás de Diego Lagomarsino, el empleado de Nisman que le habría entregado el arma un día antes de que apareciera muerto, está el grupo multimedio Clarín, el enemigo escogido por el Gobierno para atribuirle la responsabilidad de todos los problemas del país. Lagomarsino, en la teoría oficial, está sindicado como el autor material de la muerte de Nisman. “Es el hermano de un importante ejecutivo del estudio Saenz Valiente, socio del Grupo Clarín”, aseguró la presidente.

Sin embargo, en el sitio web del estudio, Lagomarsino hermano aparece como el gerente de Sistemas, lejos de ser un importante ejecutivo. Desde la firma informaron que “presta servicios para el estudio a tiempo parcial en el área de sistemas, sin rango jerárquico alguno”. El multimedio también desmintió a la mandataria.

Sin una palabra de condolencias para el fiscal, la presidente Kirchner llevó adelante un ejercicio de autocelebración. Kirchner no tiene nada que ver con las actividades de inteligencia de los últimos 11 años a pesar de que ella y su esposo fueron los que dirigieron el país en ese período, sino que es la gran reformadora. Es la que sabe quién esta detrás de la muerte del fiscal, y además, es la verdadera víctima en todo este asunto.

Las teorías abundan, las maniobras políticas también. Hasta el momento la única certeza es que un fiscal a cargo de investigar el atentado terrorista de mayor magnitud que sufrió Argentina apareció muerto un día antes de declarar en el Congreso para exponer sobre una denuncia que acusaba a la presidente de encubrimiento. Es probable que esta sea la única certeza, y que la muerte del fiscal Alberto Nisman sea una causa más de la historia de la impunidad en Argentina.

El feminismo triunfa en la nueva ley electoral chilena

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 20 de enero de 2015.

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En nombre de la igualdad, la democracia en Chile terminará por ser más desigual. Con la próxima aprobación de la reforma electoral, el país que gobierna Michelle Bachelet se sumará a otros 85 que imponen cuotas de género para privilegiar el acceso de las mujeres a los órganos legislativos.

Los reclamos contra la supuesta discriminación que sufren las mujeres para acceder a cargos políticos están por lados.

Los defensores de imponer cupos de género para promover el acceso de las mujeres a la política sostienen que ellas están subrepresentadas: la presencia de las mujeres en el Congreso no es proporcional a la población total de mujeres, afirman. “La participación en materia de representación política y acceso a los cargos de decisión pública exhibe una evidente desigualdad de género”, sostiene un informe de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile.

El proyecto de ley, aprobado esta semana por el Senado chileno, incorpora, entre otras modificaciones, una limitación a la hora de confeccionar la lista de los candidatos. La nueva norma —que será transitoria y se aplicará en las elecciones de los años 2017, 2021, 2025 y 2029— dispone que “ningún género podrá superar el 60% del total de candidaturas presentadas”, es decir, como mínimo un 40% del total de los candidatos en una lista deberán ser mujeres.

Chile ostenta una de las cifras más bajas de integrantes femeninas en el Senado. En la actualidad, 15,8% de las bancas de ambas cámaras está ocupado por mujeres. Ese número queda lejos del promedio continental, 24,8%, y del 21% mundial. Chile está relegada, pero ¿en qué?

La idea de que las mujeres están subrepresentadas en el Congreso obedece a una noción perversa de la política, según la cual, los distintos sectores de la sociedad deben tener una representación en el Congreso porque están allí para defender sus intereses.

Según este razonamiento, además de las mujeres, los indígenas, los sindicatos y los maestros, todos deben tener una representación proporcional. Y a pesar de que Chile se vanagloria de ser una democracia liberal, esta explicación solo puede enmarcarse dentro del corporativismo.

Es el resultado del pensamiento colectivista, en el cual desaparecen las individualidades y los rasgos singulares de cada personas quedan diluidos en favor de una masa abstracta que comparte alguna características común (en este caso el órgano genital). De esta manera, los rasgos únicos de cada mujer quedan subsumidos a simplemente una categoría de género. Al final, las mujeres terminan siendo despreciadas por su potencial individual y enaltecidas por un hecho de naturaleza.

Si hay mujeres que son incluidas en una lista de candidatos porque son mujeres, quiere decir que hay hombres que son excluidos en una lista de candidatos por el hecho de ser hombres. Es discriminación, y los partidarios de las cuotas lo reconocen y, sin embargo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) los ampara.El tratado incentiva este tipo de  “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer” y aclara que ellas “no se considerará discriminación” según está definida allí.

Pero aunque la letra de la Convención pretenda ignorarla, la realidad está allí. Las mujeres no acceden a las candidaturas por mérito sino mediante una ley que insinúa que necesitan de la imposición del Estado para lograr sus objetivos. Esta idea resulta degradante para el género femenino, incluso considerando los argumentos de los defensores de las cuotas. Si existe una discriminación estructural contra las mujeres, entonces, con la inclusión de cupos serán doblemente discriminadas. Porque a pesar de ser llamada discriminación positiva, no dejar de ser discriminación.

¿Por qué es necesario un cupo mínimo de mujeres en el Congreso? Desde el centro de la discusión emerge la “desigualdad de género”, la sobrerepresentación de los hombres sobre las mujeres. Dejando de lado esta quimera feminista, las razones para justificar la imposición de cupos son más difíciles.

Las cuotas de género son presentadas como una herramienta para reparar los males del pasado, cuando las mujeres tenían vedada la participación política. Allí existía una verdadera desigualdad de género, una ley que autorizaba a los hombres a votar, pero no a las mujeres, por considerarlas poco preparadas o incapaces para hacerlo. Las circunstancias cambiaron, en los últimos 50 años las mujeres han emergido como lideres mundiales y ello no ha sido garantía de mejores gestiones. Las restricciones en cuanto a su participación política desaparecieron y su compromiso político aumentó en forma constante durante las últimas décadas. No se puede reparar una injusticia con otra injusticia.

Tras las próximas elecciones, con la reforma electoral ya vigente, es probable que en el próximo Congreso aumenten las polleras y disminuyan las corbatas. Aunque el cambio será solo estético: los políticos seguirán siendo políticos. Su apetito por regular, legislar y gravar será el mismo, independientemente de su género, y mientras el debate sobre el género de los legisladores domina la agenda, cuestiones más impotantes como por ejemplo qué y cómo votan los legisladores quedan desatendidas.

Las cuotas de género no solo serán para el Legislativo chileno. La presidenta del Senado, Isabel Allende Bussi, publicó un artículo en el que anticipa un sistema de cuotas similar para los directorios de empresas estatales. No obstante, frente a este intento, la solución es mucho más simple: privatizar.

La trama detrás de la muerte del fiscal que acusó a Kirchner

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 19 de enero de 2015.

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“Yo puedo salir muerto de esto”, afirmó hace algunos días al diario Clarín el fiscal especial Alberto Nisman a cargo de la investigación del atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un centro comunitario judío ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Y este domingo por la noche el fiscal fue encontrado muerto.

La niebla de guerra aún no se ha disipado. Las circunstancias de su muerte son confusas. En un primer momento, cuando la información aún era incierta, las hipótesis apuntaban a un suicidio. Por lo menos, eso indicaba la escena en el baño del departamento del fiscal en un lujoso edificio en el barrio porteño de Puerto Madero.

“Todos los crímenes mafiosos se dibujan de suicidio”, insinuó la diputada Patricia Bullrich, una de las organizadoras de la audiencia en el Congreso a la que debía asistir Nisman para exhibir las pruebas y los alcances de una denuncia que alcanza a los niveles más altos del poder político.

Para Nisman, la presidente argentina, Cristina Kirchner, junto con otros funcionarios, son responsables de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán” —país que de acuerdo con la investigación de Nisman, orquestó el ataque contra la AMIA.

El filósofo y escritor Gustavo D. Perednik, autor del libro Matar sin que se note, una crónica novelada sobre la investigación del atentado, declaró a PanAm Post que detrás del presunto encubrimiento por parte del Gobierno argentino hay “una combinación de chavismo e intereses económicos”.

“Chavismo, porque miran la geopolítica mundial con el ojo anacrónico de ‘enfrentamiento al imperialismo’. E intereses, porque Irán es un cliente invalorable y quieren reforzarlo”, señaló Perednik.

En 2013, ante la falta de colaboración de los funcionarios iraníes acusados por Nisman como responsables del atentado terrorista de 1994 y la creciente relación comerciales entre Irán y Argentina (entre 2005 y 2011 el intercambio comercial aumentó más de un 1000%) la presidente impulsó un memorando de entendimiento para crear una “Comisión de la Verdad” y relanzar las relaciones diplomáticas.

En mayo de 2014, una corte de apelaciones declaró inconstitucional esa iniciativa.

La acusación y la Secretaría de Inteligencia

La grave acusación que lanzó Nisman la pasada semana despertó reacciones entre el oficialismo y la oposición. En sintonía, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, y el juez a cargo de la causa por el atentado contra la AMIA, vincularon la poderosa denuncia con los servicios de Inteligencia.

Fernández consideró que Nisman “está respondiendo a otras estructuras que al propio poder jurisdiccional.

“Pareciera que la designación de Oscar Parrilli al frente de la Secretaría de Inteligencia (SI) conlleva a personajes que formaron parte estas estructuras tangencialmente, por lo menos como el fiscal Nisman, a tirar manotazos de ahogados”, afirmó.

La tesis fue refrendada por Sergio Burstein, integrante cercano al kirchnerismo de uno de los grupos de víctimas y familiares del atentado. “Esto es una operación vergonzosa de quien llevó adelante la investigación que Nisman puso en sus escritos: Jaime Stiusso”, dijo.

Jaime Stiusso es el alias del exjefe de Contrainteligencia. Hasta diciembre pasado, cuando la presidenta Kirchner introdujo cambios en la cúpula de la SI, Stiusso era el agente más poderoso del organismo. Pero con el ingreso de Oscar Parrilli, se pidió la renuncia a Stiusso y, tras 43 años de servicio, su carrera de espía llegó al final.

Canicoba Corral, el juez a cargo del caso declaró también: “Me parece que sucedió algo, que es que terminó conduciendo Stiusso la investigación y no al revés”.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –como era conocida la SI hasta 2001— tuvo un papel fundamental en sabotear y desviar la investigación por el ataque terrorista.

Quizás el hecho más destacado fue el pago de USD$400.000 que ordenó el juez Juan José Galeano, a cargo de la causa AMIA, y Hugo Anzorreguy, entonces titular de la SIDE, para que Carlos Telleldín, uno de los imputados en el juicio, modificara su testimonio e involucrara en él a policías de la provincia de Buenos Aires.

El expresidente Carlos Menem (1989-1999), junto con Anzorreguy y otros funcionarios, fueron imputados por el juez Ariel Lijo por su responsabilidad en el presunto encubrimiento. Menem habría instado al juez a abandonar la investigación de la “pista siria”, una de las líneas de investigación que involucraba a un empresario de origen sirio vinculado con la familia Menem, quien también proviene de ese país.

Según afirma el diario Clarin, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) le habría impuesto a Nisman que trabajara junto con Stiusso cuando el fiscal fue designado en 2004 al frente de la investigación por el atentado. Nisman lo negó: “A mí no me manejó ni Stiusso ni nadie. Las decisiones las tomo yo y son exclusivamente mías. Se ha creado un mito alrededor de esta persona”.

Pese al secretismo que reina en torno a las actividades de la SI, la muerte de un espía en julio de 2014 sacó a la luz una lucha interna que se vive dentro en la organización. La muerte de Pedro Viale, alias el Lauchon, quien fue acribillado por un grupo de élite de la policía de la provincia de Buenos Aires en un extraño operativo policial, destapó el feroz conflicto interno. El Lauchón era el hombre de máxima confianza de Stiuso.

Que parezca un suicidio

El cuerpo del fiscal Nisman aún está fresco, y con el correr de los días probablemente se conozcan los detalles que rodearon a su muerte. Sin embargo, e ingresando en el peligroso terreno de las conjeturas, los elementos que se dieron a conocer hasta el momento sugieren un presunto suicidio.

La puerta del departamento del fiscal estaba cerrada, con las llaves ubicadas del lado de adentro. Su cuerpo yacía en el baño y junto a él, el casquillo de una bala y una pequeña arma de calibre 22. Frente a estos indicios, la idea del suicidio es imposible descartarla. No obstante, ante este escenario, la pregunta obligada es: ¿Nisman se suicidó o fue suicidado?

El fiscal reconoció en reiteradas oportunidades que era objeto de amenazas. Su protección estaba a cargo de la Policía Federal, también presuntamente involucrada en el encubrimiento que se llevó adelante durante los años de Menem. El zorro estaba libre en el gallinero.

Argentina: Guerra abierta entre el Ejecutivo y el Judicial

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 4 de diciembre de 2014.

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Desde hace semanas, el Gobierno argentino lanzó una guerra abierta contra la Justicia de ese país. “Hay un golpismo activo del poder judicial”, reclamó el jefe de Gabinete Jorge Capitanich. A medida que se acerca el final del mandato de Cristina Kirchner, se multiplican los frentes de batalla para el Gobierno —y la desesperación oficial arrecia.

Tras 10 años de pasividad, los jueces y fiscales argentinos decidieron impulsar causas contra los funcionarios de un Gobierno plagado de sospechas de corrupción. El síndrome de pato rengo animó a los magistrados a introducirse en los esquemas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que dominaron la era kirchnerista.

Una denuncia acerca de una empresa de la presidente Kirchner disparó esta nueva etapa del conflicto de poderes que ya lleva más de un año y medio. La diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer, denunció en noviembre irregularidades en la documentación de Hotesur S.A., una sociedad que administra el hotel Alto Calafate.

Si bien la denuncia de Stolbizer apunta a una simple falta administrativa —la sociedad no presentó los balances de los últimos tres años ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la autoridad contralora de las sociedades comerciales— una investigación periodística sugiere que el hotel podría haber sido utilizado para lavar dinero proveniente de actos de corrupción. Así reportaba el PanAm Post en noviembre:

Según las investigaciones, [Lázaro] Báez le alquiló a Hotesur casi 1.000 habitaciones por mes a las empresas de la presidente durante 2010 y 2011. El empleado bancario devenido en poderoso empresario desde la asunción del matrimonio Kirchner al poder, pagó AR$10 millones (alrededor de US$2,5 millones de 2010) por el alquiler de 935 habitaciones por mes durante dos años, independientemente si estaban ocupadas o no, o si era temporada alta o baja; una maniobra que el juez sospecha que podría haber sido utilizada para lavar dinero proveniente de actos de corrupción.

Kirchneristas contraatacan

Luis D’elía, un activista y exfuncionario del Gobierno del fallecido Néstor Kirchner, sugirió clavar “simbólicamente” la cabeza de Claudio Bonadío, el juez a cargo de la investigación de las irregularidades en la empresa presidencial, frente a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

La operación para deslegitimar al juez y su investigación ascendió hasta las jerarquías más altas. Sergio Urribari, gobernador de la Provincia de Entre Ríos y precandiato a la presidencia, describió a la causa iniciada contra Hotesur como “un apriete liso y llano”, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Dominguez, acusó al magistrado de querer “dañar la investidura” presidencial. La jefa del bloque kirchnerista en esa cámara, Juliana Di Tullio, vinculó al juez federal con el candidato presidencial opositor Sergio Massa y el diputado Edgardo Depetri habló de una “una operación infame y mentirosa para ensuciar la figura de Cristina Kirchner”.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Ricardo Recondo describió la situación con exactitud: “El juez que investiga es perseguido; el juez que tapa es premiado”. Para Recondo, “el país y la democracia están en grave riesgo” porque “hay muchas actividades antidemocráticas por parte de este Gobierno” y advirtió que “usando la democracia quieren destruir la democracia”.

De los dichos a los hechos

La cadena de acontecimientos posteriores a las críticas contra el juez Bonadío ilustran el estado de la languideciente república. Este martes 2 de diciembre, el Consejo de la Magistratura —el organismo encargado de proponer jueces y controlarlos— decidió sancionar al juez Bonadío con un descuento del 30% de su sueldo. ¿Los motivos? Desde el Consejo argumentan que el juez federal incurrió en demoras en dos causas que residen en su juzgado (que no tienen vinculación con las investigaciones contra la presidente Kirchner). Un argumento inverosímil en un contexto donde la saturación del Poder Judicial pone en jaque hasta la estabilidad de los edificios donde trabajan los jueces.

No obstante, Julián Alvarez, viceministro de Justicia y representante del Ejecutivo ante el Consejo, había sugerido suspender al juez y juzgarlo por “mal desempeño”, iniciativa que no prosperó. Alvarez pretendía aplicarle al juez el mismo escarmiento que recibió el fiscal José María Campagnoli, quien también osó investigar al contratista y socio de la presidente, Lázaro Baéz. El Gobierno finalmente cedió y el fiscal fue restituido a su cargo.

Stolbizer, por su parte, fue objeto de una denuncia de enriquecimiento ílicito, el mismo delito por el que estaban siendo investigados Cristina Kirchner y su difunto esposo. A pesar de que el patrimonio de la pareja presidencial aumentó un 3.540% durante los 11 años de Gobierno, el juez federal Norberto Oyarbide los absolvió.

El cuestionado juez Oyarbide —quien acumula 47 denuncias en el Consejo de la Magistratura— es un emblema del poder judicial en tiempos del kirchnerismo. Los “sorteos” de las causas de más alto perfil que involucraban a funcionarios y acusaciones de corrupción recaían en su juzgado y el modus operandi era casi calcado en todas ellas: los funcionarios acusados fueron beneficiados, o en su defecto, las causas se archivaron.

Silvina Martínez, exfuncionaria de la IGJ y testigo en la causa Hotesur, también fue hostigada. Una diputada oficialista la denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público y falso testimonio:

Hacia el blindaje judicial

Kirchner sabía que el despertar del poder judicial podía perjudicarla. Para eso, en 2013 impulsó una reforma que hubiese ampliado las posibilidades de controlar a los jueces si no fuera porque la Corte Surpema dictó su inconstitucionalidad.

En 2012, el vicepresidente Amado Boudou, complicado judicialmente por adquirir de manera irregular la empresa responsable de la impresión de los pesos argentinos, denunció al entonces procurador general Esteban Righi por presunto tráfico de influencias. La maniobra tuvo éxito. Luego de la acusación, el procurador renunció y la causa que se inició en su contra terminó desestimada —aunque ello no evitó que el vicepresidente fuera procesado, no solo una sino dos veces por diferentes causas.

Que la presidente termine en prisión por las causas en las que se la investiga sería una rareza. El fin de un ciclo presidencial viene, generalmente, acompañado de un pacto de inmunidad con la siguiente gestión. Paralizar las causas judiciales a cambio de apoyos y garantías de sedar una feroz oposición contra el Gobierno venidero.

Pero en caso de que todo falle, ya hay un plan B en marcha: Cristina Kirchner se postularía para integrar el Parlasur y con ello conseguir fueros que le garanticen la inmunidad judicial.

Heridas internas del chavismo podrían forzar salida de Maduro

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 24 de noviembre de 2014.

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Mientras la economía venezolana está en caída libre, las grietas en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cada vez son más evidentes. Definitivamente, el presidente Nicolás Maduro no ha estado a la altura para alinear al partido detrás de su persona. A diferencia del fallecido Hugo Chávez, Maduro no es ningún líder carismático.

El fuerte personalismo que ejerció Chávez durante más de un década dejó la vara muy alta para sus sucesores. Maduro no pudo generar un “madurismo”; se presenta como un médium del fallecido expresidente, y decidió continuar con su legado a las sombras de un cadáver. Su fracaso despierta entre los subgrupos cuestionamientos sobre la capacidad de representar al chavismo. Y la legitimidad de Maduro para los chavistas depende más de su fidelidad para continuar con el legado de Chávez en la tierra, que de sus resultados en la elección democrática.

Cada vez con mayor frecuencia dentro del chavismo comienzan a señalar a Maduro como un falso mesías. Súbitamente, el presidente ya no es tan chavista, y variados grupos que convivían dentro del PSUV ahora comienzan a cuestionar a quien se ha manejado como la autoridad suprema del partido y del país desde la muerte de Chávez a comienzos de 2013.

En junio, el exministro de Planificación de Venezuela, Jorge Giordani publicó una tajante carta abierta contra Maduro y su modo de gestionar el país. Su dureza no residía en las palabras que escogió para criticar con tibieza un proceso político del que él mismo fue un protagonista de primera línea, sino en que la disidencia de uno de los ministros más longevos del gabinete chavista haya desafiado al representante de Chávez en la Tierra.

“Resulta doloroso y alarmante ver una Presidencia que no transmite liderazgo”, dice el exministro que estuvo 15 años en el gabinete chavista. Giordani además criticó “la repetición, sin la debida coherencia, de los planteamientos, como los formulaba el Comandante Chávez”, y “el otorgamiento de recursos masivos a todos quienes lo solicitan sin un programa fiscal encuadrado en una planificación socialista que le dé consistencia a las actividades solicitantes”.

La oposición dentro de su propio partido ha exacerbado a quien Chávez ungió en la presidencia venezolana. La economía, los altos niveles de criminalidad, y la represión de los derechos individuales presionan sobre el Gobierno de Maduro, cuya desaprobación se ubica en torno al 67%.

Los colectivos armados —agrupaciones paramilitares leales al chavismo—, también embaten contra el presidente. A comienzos de octubre, los asesinatos del joven diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, y de integrantes de un colectivo chavista asociados a Serra, pusieron a estas agrupaciones en pie de guerra. “Nuestra revolución es pacífica, mas no desarmada”, afirmaron 260 colectivos armados en rechazo a entregar las armas ante el pedido de Maduro en el marco del Plan Nacional de Desarme.

Marea Socialista, una agrupación compuesta por intelectuales chavistas críticos con la gestión de Maduro, se convirtió la semana pasada en protagonista de una purga partidaria. El jueves, tres dirigentes de la agrupación fueron excluidos del padrón del PSUV y de esta manera se vieron privados de participar en las elecciones internas que tuvieron lugar el pasado domingo 23 de noviembre.

“Que sepa la cúpula del PSUV que somos chavistas, y que sus acciones divisionistas y antidemocráticas demuestran quién atenta contra el legado de Chávez. Algunos piensan ingenuamente que Marea Socialista pasará a la oposición, ¡somos chavistas! ¡Estamos en contra de las cúpulas corruptas donde estén!”, dijo Nicmer Evans.

Lejos están estos grupos de exigir un retorno a la democracia, la reinstauración del Estado de derecho, o el respeto por los derechos de individuales. Por su propia definición, el chavismo excluye todo esto. Un sistema político basado en las imposiciones del poder por sobre las decisiones individuales nunca podría cumplir con esos requisitos.

El enojo de Maduro

La frustración que le genera a Maduro encontrarse en una posición de debilidad la manifiesta con brotes de violencia e ira que dejan al descubierto su impotencia para aliviar la crisis que vive el país. Sus enfrentamientos con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, parecen haber quedado atrás. Ahora, quien creyó que debía estar ocupando el lugar de la presidencia, se coloca del lado de Maduro y colabora en imponer la disciplina solidaria. Sin embargo, la nueva dupla expresa en sus gritos y enojos la frustración.

Con una escasez generalizada, una ola de violencia que ha dejado 68 muertos diarios solo en 2013—para un total de 24.763 asesinatos— y el precio del petróleo en sus niveles más bajos en los últimos años, las incipientes grietas en la estructura del PSUV es un problema más que debe enfrentar Maduro.

Mientras a nivel local la Mesa de Unidad de Democrática, la coalición opositora, se reorganiza detrás del flamante secretario general Jesús Torrealba, la presión internacional sobre el régimen venezolano aumenta— excepto entre los países latinoamericanos. Además, luego de la victoria Republicana en las elecciones legislativas de Estados Unidos el pasado noviembre, renacen las esperanzas de aplicar sanciones contra funcionarios chavistas por violaciones de derechos humanos.

La debilidad de Maduro genera incertidumbre ante el futuro próximo en Venezuela. En octubre, el presidente intentó asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas con un aumento salarial del 45%. La politización del Ejército y su lealtad al chavismo podrían colaborar en un eventual reemplazo del actual presidente –que tiene mandato hasta el 2019— por otro jerarca del PSUV con un mayor consenso.

A diferencia de lo que advierte una entrevista publicada por la agencia Reuters, el chavismo no enfrenta riesgos de implosión —puede sobrevivir sin Nicolás Maduro. La necesidad de llamar a elecciones o cualquier escena de institucionalidad no es una preocupación para el partido que llevó a Venezuela hacia el colapso total.

Una transición democrática es incierta; el endurecimiento del régimen ante la desesperación tendrá su próxima prueba el próximo año, cuando se celebren las elecciones legislativas. La lista de candidatos reflejará la ascendencia de los distintos grupos sobre la cúpula del PSUV, y allí podrá comenzarse a vislumbrar el futuro de Maduro y el chavismo, aunque ante el escenario de una incertidumbre casi absoluta e incipientes purgas partidaria, la transición —alguna transición— podría precipitarse.

Editado por Elisa Vásquez

El nacionalismo argentino traspasa los límites terráqueos

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 22 de octubre de 2014.

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Mientras el brote de ébola despierta la preocupación en el mundo, un germen mortífero reside en Argentina desde hace décadas. Como en otras partes del mundo, ya es una verdadera pandemia; se hace inevitable encontrarse con él en la sociedad argentina, y la vida en Buenos Aires no es fácil para quienes aún son inmunes. Pero el jueves pasado, la cepa argentina del nacionalismo traspasó las fronteras terráqueas.

El jueves 16 de octubre, desde Guayana Francesa, el Gobierno argentino lanzó al espacio un satélite geoestacionario de telecomunicaciones, y con él, el relato nacionalista volvió a tomar la ofensiva aquí en tierra firme.

En su discurso de celebración, la presidente Cristina Kirchner no se cansó de remarcar que se trataba un “satélite que está hecho íntegramente con tecnología argentina, por profesionales argentinos”. En una emisión obligatoria para los canales de aire y todas las radios, ella transmitió imágenes de la ignición y despegue del cohete Arianne 5 (de origen francés). Desde sus inicios, la transmisión oficial daba indicios del tinte nacionalista que iba a acompañar el discurso.

“Junto con la presidenta de los 40 millones de argentinos, todo el país participa del histórico lanzamiento del satélite ArSat-1 que profundiza el camino hacia la soberanía satelital”, anunció la locutora al comienzo de la transmisión. Tras la presentación, en videoconferencia con Guayana Francesa, Kirchner entabló una conversación con el eterno ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

“Yo quiero felicitarlos, estamos en cadena nacional”, le decía la presidente al único ministro que permanece en su puesto desde el inicio del kirchnerismo en el 2003. “Quiero también dirigirme en unos instantes más a todos los argentinos porque estamos muy emocionados”. Kirchner  recurrió al plural mayestático, un recurso propio de monarcas y papas, para presentarse a sí misma como la voz y representante del pueblo.

Incluso un personaje ignoto de este circo nacionalista, un legislador de la provincia de Jujuy, le solicitó a la presidente establecer el 16 de octubre como “Día de la Soberanía Satelital Nacional”. Como el peronismo no podía estar ausente, el diputado Eduardo López Salgado celebró: “Una vez más, de la mano del peronismo, se estampa otro hito trascendental en beneficio del todos los argentinos”.

La creatividad para exacerbar el espíritu nacionalista es envidiable. Sin embargo, las declaraciones de Kirchner fueron desarmadas como un castillo de naipes. “Ni todo el ArSat-1 es argentino, ni solo Argentina ha participado en su desarrollo”, afirma una nota publicada en el diario El País de España. El artículo menciona a empresas europeas como Thales Alenia Space y la compañía intergubernamental Astrium, como los principales proveedores de la tecnología utilizada por el satélite.

La exaltación del pueblo y la nación es una característica que se presenta principalmente en los países parte del llamado socialismo del siglo XXI. “El populismo es un ingrediente central del nacionalismo, pero, en una escala de problemas, en primer lugar está el nacionalismo, en distintas formas, porque el nacionalismo adopta distintas formas”, explica el nobel de literatura Mario Vargas Llosa en una entrevista con la revista Viva.

Más allá de las falsedades vertidas por Kirchner en su discurso, es inevitable preguntarse cuál hubiese sido el logro si el Gobierno hubiese puesto un satélite en órbita fabricado con tecnología desarrollada íntegramente en territorio argentino sin cooperación extranjera.

La misión hacia el espacio comenzó el 1 de octubre, cuando el satélite fue transportado a la dependencia francesa en un avión de origen ruso Antonov, y, dos semanas más tarde, puesto en órbita por un cohete europeo del programa Arianne: detalles que la presidente decidió omitir en su épica lucha hacia la autarquía. Lo que habitualmente es considerado una pesadilla, en Argentina es presentado como un sueño.

El tinte nacionalista tenía un objetivo claro: plantar la idea de que un satélite fabricado en el país era un éxito del cual todos los argentinos debían sentirse orgullosos. El discurso buscó satisfacer la necesidad de recrear distracciones que pongan en segundo plano —al menos por unas horas—  los síntomas de la recesión y la catarata de escándalos de corrupción en el Gobierno y sus socios.

En esencia, la declaración de la soberanía satelital no es más que la afirmación de que es preferible un producto fabricado íntegramente dentro de los limites arbitrarios de un país, que recurrir al comercio entre individuos y entidades de otras naciones. Aunque las etiquetas made in son una arbitrariedad, el proteccionismo —nacionalismo económico— es uno de los estandartes del kirchnerismo.

El desprecio de la división del trabajo es coherente con esta visión del mundo. El filósofo y politólogo de cabecera de Cristina y Néstor Kirchner, Ernesto Laclau (1935-2014), sostenía que el conflicto es la fuerza que moviliza a la sociedad. Por el contrario, aquel proceso que resulta de los mercados libres “lleva a los hombres a considerarse unos a otros como camaradas en una lucha conjunta por el bienestar en vez de competidores luchando por su existencia”, escribió el economista Ludwig von Mises.

Conquistar el espacio, consolidar la pobreza

Un satélite financiado con dinero de los contribuyentes no está exento de simbolismos. Los US$270 millones necesarios para fabricar el satélite, más que un signo de prosperidad, representa la arbitrariedad con la cual los Estados administran los fondos. Si ese dinero nunca hubiese salido de los bolsillos de sus legítimos dueños, los contribuyentes, la construcción del satélite hubiese sido imposible.

Este juego de apariencias es patrimonio común de los regímenes personalistas y autoritarios. Mientras la población de Corea del Norte sufre de desnutrición, la dinastía Kim hace pruebas con armas nucleares. Lo mismo sucedió en tiempos de la Guerra Fría en la Unión Soviética, donde la carrera espacial contra Estados Unidos fue un elemento de propaganda fundamental durante la segunda mitad del siglo XX

El Gobierno además ignora el rol del sector privado en cuestiones satelitales. En 1974, el Westar 1 fue el primer satélite comercial de origen estadounidense puesto en órbita por la empresa de logística Western Union en colaboración con la NSA. Hoy, Space X, una empresa del emprendedor en serie Elon Musk, le brinda servicios a la NASA para llevar a cabo misiones no tripuladas hacia la Estación Espacial Internacional.

En contraste, Kirchner continúa jugando con sus nuevos juguetes, y exalta los sentimientos nacionalistas en la realidad paralela del Gobierno, mientras la crisis económica continua profundizándose en Argentina.

La conspiración y la amenaza del enemigo externo en Argentina

Artículo publicado originalmente en el PanAm Post el 6 de octubre de 2014.

Hace aproximadamente 15 días que estoy intentando escribir sobre la repentina revelación de una conspiración internacional para derrocar a la mandataria argentina Cristina Kirchner. Si lo hubiese hecho en ese momento el sendero de la conspiración hubiese empezado y terminado en un par de empresas estadounidenses. El plan malvado, que habría comenzado por la supuesta quiebra fraudulenta de la filial argentina de la imprenta estadounidense RR Donnelley, luego se desarrolló, cruzó océanos y fue de sur a norte y de norte a sur. Políticos, empresas y grupos terroristas conforman una trama que bien podría ser un complot ideado por el escritor Frederick Forsyth.

El Gobierno argentino está decidido a explotar al máximo la confrontación pública que mantiene con los “fondos buitre“. La presidente argentina llegó a insinuar que los fondos de inversión involucrados en el litigio por los bonos están detrás de una conspiración que busca derrocarla.

El 27 de agosto pasado, el jefe de gabinete Jorge Capitanich aseguró que ”’los fondos buitre trabajan con el arco opositor político, parte del arco sindical y los grupos mediáticos concentrados”. Para Capitanich, su objetivo es “minar la credibilidad y confianza del Gobierno en forma sistemática” y de esta manera propiciar una salida anticipada de Kirchner de la Casa Rosada.

Esto ocurría luego de que RR Donnelley cerrara su planta ubicada en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente, el Gobierno argentino demandó a la gráfica acusándola de haber despedido a sus 400 trabajadores para desestabilizar el Gobierno:

Hemos denunciado porque estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población, acompañado también por ciertos medios que se plegaron decididamente a la maniobra y con grandes titulares anunciaban que quedaban 400 personas en la calle, que la industria gráfica se caía a pedazos cuando, en realidad, hemos consultado desde el ministerio de Trabajo, desde el ministerio de Industria, y la industria gráfica está bien, con 70.000 trabajadores, estaban editándose revistas de mucha tirada, Editorial Atlántida, edita todas sus publicaciones en esta modernísima planta. Con lo cual, se trata, lisa y llanamente, de una maniobra.

La idea original de Cristina Kirchner era denunciar a la empresa, fundada en 1882, bajo la Ley Antiterrorista, una norma que fue aprobada por exigencias del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) en diciembre de 2011. Señaló que la imprenta contaba como accionista a BlackRock, un fondo de inversión que se presentó como amicus curiae en defensa de Argentina en el proceso judicial de las cortes de Nueva York. BlackRock habría adquirido las acciones de Donnelley al fondo de inversión NML Capital Limited, una subsidiaria de Elliot Management Corporation de Paul Singer, el “fondo buitre”de mayor perfil mediático. Cristina Kirchner sostuvo que BlackRock y NML Capital cumplían los roles de “policía bueno” y “policía malo” en esta película financiera.

El segundo paso del plan desestabilizador habría sido efectuado desde la aerolínea estadounidense American Airlines. El 17 de agosto la empresa anunció que iba a reducir a 90 días el plazo para comprar pasajes de manera anticipada. Para el Gobierno, ni el aumento de la brecha entre el precio oficial del dólar estadounidense y el dólar blue —el del mercado informal—, ni las dificultades para girar divisas al exterior, fueron causas por las que la aerolínea tomó esta decisión.

“No cabe la menor duda que se trata de una acción coordinada, cuando uno de sus miembros pertenece a un fondo buitre y forma parte de una estrategia de desgaste permanente hacia la credibilidad y la confianza en la República Argentina”, aseguró el jefe de Gabinete.

Unos días más tarde, Cristina Kirchner dijo que había recibido un plan de cinco puntos que detallaba la acción de los fondos para “desgastar y esmerilar” al Gobierno. Carlos Gutiérrez, un exministro de Comercio del segundo mandato de George W. Bush, le habría advertido de la existencia de ese plan. Gutiérrez es actualmente socio en una firma de consultoría y asesoramiento político –en otras palabras, lobbyistas— junto a Madeleine Albright, secretaria de Estado durante la administración Bill Clinton (1997-2001).

A medida que el peso argentino continuaba perdiendo poder de compra, se extendían los tentáculos del monstruo internacional que había ideado la presidente para blindarse de cualquier tipo de crítica. Esta supuesta conspiración le permitió al Gobierno comenzar señalar a sus opositores como cómplices de un enemigo externo, una acusación que podría debilitar sus posibilidades electorales el año próximo.

El plan conspirativo continuó por Europa. Hacia finales de agosto, el ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble sostuvo, entre otras declaraciones, que “Argentina era un ejemplo de falta de solidez” y que el país ” ha vivido durante décadas por encima de sus posibilidades, no paga sus deudas y está por eso casi aislada del tráfico internacional de pagos”.

Estas manifestaciones llevaron a Capitanich a decir que “la posición del ministro y de su Gobierno ha sido hostil hacia la República Argentina” además de observar que los “fondos buitre” podrían estar detrás de estas declaraciones: “Los Gobiernos están cooptados por grupos financieros y fondos buitres que efectivamente condicionan su actitud, su voluntad y sus expresiones”.

Las declaraciones del encargado de comercio interino de la embajada de Estados Unidos en Argentina, Kevin Sullivan, también son parte de la conspiración. A mediados de septiembre, el funcionario de la embajada había señalado que “es importante para Argentina que salga del default”. Inmediatamente, Capitanich, uno de los portavoces encargados de develar la trama conspirativa, consideró que las afirmaciones fueron “desafortunadas e inapropiadas y constituyen, además, una injerencia indebida en la soberanía de un país”. Además, la Cancillería aprovechó la situación para citar al diplomático y presentarlo como otro enemigo más que busca derrocar al Gobierno.

Hace unas semanas el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que la “derecha fascista” está impulsando una “guerra bacteriológica”. “Estamos investigando y ya llegaron médicos, amigos de otras partes del mundo, incluyendo nuestra hermana Cuba que nos mandó los expertos en guerra bacteriológica para determinar qué intentaron hacer en Aragua esta derecha fascista”, dijo Maduro

La economía argentina es un espejo de la venezolana pero a menor escala. Los problemas que afectan al país de Maduro son los mismos, pero con respuestas menos radicalizadas —por ahora— de lo que sucede en Argentina. Sin embargo, las últimas declaraciones de Kirchner se asemejan cada vez más a los hilarantes planes de magnicidio que visualiza su par venezolano.

Tras revelarse supuestas amenazas del grupo terrorista Estado Islámico en Irak y el Levante contra la presidente argentina “por su amistad con el papa”, el Gobierno argentino rápidamente aprovechó las inverosímiles amenazas para reforzar su teoría conspirativa: “Si me pasa algo, no miren hacia el Oriente, miren hacia el Norte”, dijo Kirchner en alusión a Estados Unidos.

La presentación de teorías conspirativas que promueven derrocar presidentes no son ninguna novedad en América Latina. La creación de enemigos externos, muchas veces imaginarios, permite a los Gobiernos que se ven contra las cuerdas, unir a la población en una causa que excede los parámetros habituales. Un enemigo externo es un ataque contra el país que trasciende las divisiones locales y permiten justificadamente anular la oposición —razonan los impulsores de estas conspiraciones—  señalando a los adversarios políticos como cómplices de los que conspiran contra la nación.

La prédica nacionalista siempre es bienvenida en sociedades permeables a liderazgos caudillistas que no ofrecen programas de Gobierno, sino batallas épicas. La argentina es una de ellas, y el Gobierno lo aprovecha para señalar a los “fondos buitre” como la causa de todos los problemas que afectan a la economía. Lo que no se dan cuenta es que son sus propias políticas y decisiones de los últimos 12 años las que ensamblan la verdadera conspiración contra su propio país.