uruguay

“Creemos que la gente tiene derecho a consumir marihuana”

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 6 de marzo de 2015.

An English version of this article is available.

Uruguay es el primer país de América Latina en legalizar la producción y comercialización de la marihuana. El expresidente José Mujica (2010-2015) impulsó el proyecto de ley que no estuvo exento de polémicas. Tras un año y medio de debate parlamentario, en diciembre de 2013, la legalización se convirtió en ley, pero la aplicación de la norma avanza con letargo.

Más aún, el flamante presidente Tabaré Vázquez nunca ha estado del todo cómodo con la ley e incluso, esta semana, ordenó postergar la venta de marihuana en farmacias, un aspecto primordial de la legislación.

Diego Pieri, integrante de la ONG Proderechos, una de las organizaciones que desde 2006 impulsa una reforma en la política de drogas uruguaya, señaló en entrevista con PanAm Post los altos y bajos de la ley 19.172 y  su actual estado de ejecución. Cree que la prohibición es dañina, pero que debe ser el Estado el que controle un mercado lícito de drogas.

Una lenta implementación

“La principal virtud [de la Ley] es la integralidad, que cubre desde cáñamo para usos industriales, alimenticios o medicinales, y el acceso para usuarios por tres vías: farmacias, clubes y autocultivos”, indica Pieri.  Hasta el momento, la última de las alternativas esta totalmente implementada. Desde noviembre de 2014, aquellos que pretendan cultivar hasta seis plantas de cannabis pueden registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) para ser autorizado a ello. El interesado “se inscribe en una oficina de correo y a los 30 días recibe una habilitación del Ircca, y con eso la persona ya está habilitada para cultivar en su casa”, explica Pieri.

En los clubes sociales de cannabis, sus socios reciben hasta 40 gramos mensuales a través del pago de una cuota —tampoco pueden ser creados con ánimo de lucro. Crear una asociación cannabica, sostiene, es “un poco complicado y muy burocrático”. También Pieri apunta que la limitación a 45 plantas que les impone la ley representa uno de los “problemas”.

Pero considera que todavía falta “el más importante” de los medios de acceso, el de venta en farmacias. “El 80% de la marihuana legal podría venir por ahí”, calcula el integrante de Proderechos.

En Uruguay se plantarán “entre una y dos toneladas” de marihuana en terrenos del Estado. El gobierno de Mujica inició la adjudicación que ya se encuentra en su etapa final. Serán “entre tres y cinco empresas” que abastecerán a farmacias seleccionadas en todo Uruguay —habrá un cupo máximo. La licitación, que según explica Pieri avanza y ya está en su última etapa, aunque se retrasó en el mes de noviembre de 2014 por una discrepancia en el precio de expendio en farmacias, otro factor determinado por el gobierno.

Solo son uruguayos o residentes en Uruguay los que acceden a la marihuana legal. Esta limitación podría generar “una especie de mercado gris” en los sitios más turísticos del país, reconoce.”Gente que saca licencia […]  para comprar en la farmacia, y luego se la revende a los turistas”.

El ojo del Estado

Para poder acceder al mercado legal de marihuana, en todas sus variantes, será necesario registrarse ante el Ircca. Pieri defiende este aspecto y remarca que los datos son de “carácter confidencial” y solo podrá accederse a ellos mediante “una orden judicial bajo una sospecha que lo amerite”, debido a que los datos estarán amparados bajo una ley de datos sensibles, e incluirán información biométrica, como las huellas dactilares, para poder validar la identidad de los usuarios al momento de comprar la marihuana en farmacias, según explica el activista.

Frente a este registro que el gobierno uguayo aspira a utilizar para controlar la cantidad consumida individualmente, Pieri aclara que preferiría “que sea un tema dejado a la responsabilidad de los usuarios” y ejemplifica: “en general, los autocultivadores lo hacen para su propio consumo y se maneja con responsabilidad”.

Pieri no prevé cambios drásticos en la norma, aunque al momento de hacer la entrevista (antes de la asunción del poder de Vázquez) anticipaba que podría haber cambios en la reglamentación del Ejecutivo que podrían incidir en su funcionamiento, como de hecho se postergó la venta de marihuana en farmacias.

Mercado libre para las drogas, o control estatal

“El problema con el narcotráfico y los mercados de la drogas es la prohibición”, afirma Pieri. “Hay gente que le interesaría que nadie compre marihuana, nosotros creemos [que eso] está mal, que la gente tiene derecho” a consumir marihuana, dice.

Sin embargo, el integrante de Proderechos ve la legalización de la marihuana como el primer paso para un “mercado regulado de drogas”, porque considera que el resto de las sustancias que suelen ser ilegales “son de uso más marginal”, por lo que en Uruguay no representan un problema urgente.  Cree que es necesaria una regulación parecida a la del tabaco que “fue reglamentado y está siendo fuertemente controlado”.

La legalización de las drogas, comenzando por la marihuana, parece ser un hecho inevitable en América Latina y gran parte del planeta. Los daños que ha generado la prohibición están a la vista de todos, y Piere coincide: “A la larga, en América Latina la prohibición […] ha generado problemas graves como los que se vivieron en Colombia en la década de 1980 y 1990, que ahora se trasladó a México”. Ahora, solo resta discutir si se avanzará con un modelo burocrático como el uruguayo, o se promoverá uno con mayor libertad.

Editado por Elisa Vásquez.

Lecciones desde Uruguay sobre cómo legalizar las drogas

Publicado originalmente en PanAm Post el 25 de septiembre de 2014.

An English version of this article is available.

La prognosis de la regulación del mercado de la marihuana en Uruguay es incierta. Las elecciones presidenciales de octubre ponen en peligro una iniciativa que desde su concepción traía consigo un pecado original. El excesivo intervencionismo, los altos niveles de rechazo  entre la población, y los tiempos electorales preanunciaban las posibilidades de fracaso del nuevo enfoque del Gobierno uruguayo hacia la controversial planta.

Cuando en diciembre de 2013 el Senado uruguayo aprobó la propuesta del presidente José “Pepe” Mujica, lo hizo contra viento y marea. Tanto los partidos de la oposición, como algunos partidarios del oficialista Frente Amplio (FA), junto a una gran mayoría de uruguayos se mostraban descontentos con el proyecto.

Un sondeo de la encuestadora Equipos Consultores señalaba semanas antes de la aprobación de la ley que dos de cada tres uruguayos rechazaba la nueva regulación. Seis meses más tarde, según un estudio de la Universidad de Vanderbilt, el nivel de rechazo alcanzaba casi un 60%. El amperímetro apenas se movió.

A menos de un mes para las elecciones presidenciales en Uruguay, los candidatos opositores de los principales partidos —el Partido Nacional y el Partido Colorado— manifestaron su voluntad para derogar la ley. Como si esto fuera poco, incluso la continuidad del FA en el Ejecutivo pone en jaque los objetivos originales de la regulación de la marihuana.

En la última semana el expresidente y nuevamente candidato Tabaré Vázquez aseguró que utilizará la nueva legislación para “rehabilitar” a los consumidores de marihuana.

“Va a haber un registro de consumidores de drogas y ese registro…  va a permitir tener un mayor conocimiento de quienes están en el tema de las drogas y va a tener el Estado la posibilidad de intentar en una etapa más temprana lograr la rehabilitación de esta persona”, dijo Vázquez. El expresidente reemplazará la persecución y la cárcel por la persecución y la hospitalización coactiva, y continuará violando derechos individuales.

La ley 19.172 está luchando por su supervivencia. Pero su potencial fracaso no sería una sorpresa; una herramienta conocida como la Ventana de Overton nos sugiere que la implementación de la ley tiene altas probabilidades de fracasar.

La ventana de lo políticamente aceptable

La Ventana de Overton nos sirve para comprender por qué a diferencia de la legalización de la marihuana para fines recreativos en los Estados de Colorado y Washington, y para fines medicinales en otros 21 Estados de EE.UU. tienen posibilidades de tener éxito, el caso uruguayo tendrá otro rumbo.

Joseph Overton (1960-2003), quien fuera vicepresidente senior del Centro Mackinak para Políticas Públicas en Midland, Michigan, esbozó una teoría de cambio político. Consideró que de un conjunto de políticas acerca de un tema determinado, solo algunas se encuentran en la “ventana” de lo políticamente aceptable. Es decir, aquellas propuestas que los políticos podrían defender sin poner en riesgo sus posibilidades electorales. Esta ventana sin embargo no es estática y lo políticamente vendible se mueve de acuerdo al cambio cultural de una sociedad.

Por ejemplo, en el caso uruguayo y la legalización del cannabis, iniciativas como “Fin a la prohibición” de Estudiantes por la Libertad, los informes de la Comisión Global sobre Política de Drogas, y las tarea de diversas agrupaciones académicas y de activismo político contribuyen a mover la ventana.

Ya los altos márgenes de rechazo de la sociedad uruguaya a la nueva política de drogas dejaban en evidencia que la legalización de la marihuana, incluso con una fuerte regulación estatal, no estaba dentro del rango de alternativas políticamente aceptables en Uruguay.

El expresidente uruguayo Jorge Batlle (2000-2005) lo pudo percibir: A pesar de que luego de dejar la presidencia afirmó que “hay que legalizar todas las drogas”, durante el quinquenio al mando del Ejecutivo no hizo reformas en ese sentido.

Por su parte, el candidato a presidente por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou sostuvo que no va a derogar el artículo que autoriza el cultivo personal de cannabis. Quizás una medida insignificante en materia de impacto sobre el crimen organizado y los efectos negativos de la prohibición, pero probablemente un paso necesario que debe transitar el país para llegar a una política realista sobre drogas.

El éxito de la acción popular en EE.UU.

Una prueba del funcionamiento de la venta de Overton es cómo se reformó la criminalización del cannabis en Estados Unidos.

Allí 14 Estados han despenalizado la posesión de marihuana, y más de 20 otros han adoptado legislaciones que autorizan el uso de marihuana medicinal, y en dos estados la marihuana está totalmente legalizada. En Florida, Oregon, Alaska, Washington D.C. y California, el próximo 4 de noviembre los ciudadanos podrán votar en consultar populares para legalizar la marihuana o para reformar las leyes hacia el camino de la legalización.

A través de estos referendos, los ciudadanos ni siquiera han debido esperar a que se produzca un cambio político motivado por un cambio en las actitudes sociales. Los estadounidenses han promovido directamente la adopción de leyes menos nocivas —no fue una movida política de un partido gobernante como en Uruguay.

Nada nuevo por aquí

El enfoque prohibicionista sobre las drogas no ha funcionado. Lo que hoy afirman prominentes líderes mundiales como una novedad, ha sido manifestado una y otra vez por exponentes del liberalismo desde el siglo XIX.

Los vicios no son delitos”, ya en 1875 sostenía el abogado y emprendedor libertario estadounidense Lysander Spooner. Desde su creación 1972, el Partido Libertario de Estados Unidos propuso en su plataforma la derogación los “delitos sin víctimas”, entre los que incluía el uso de drogas. Liberales tan diversos como Murray RothbardMilton Friedman han coincidido en la agresión contra los derechos individuales que representa el prohibicionismo.

Cada día que continuamos viviendo bajo una legislación que genera muertes innecesarias, que promueve el crimen organizado y que destruye sociedades enteras, es un día que más que se sumará a la cuenta de esta etapa oscura de la historia: la prohibición que comenzó en los albores del siglo pasado.

Sin embargo, desarmar el andamiaje legislativo que persigue y castiga a usuarios y vendedores de drogas no es tarea fácil. En los sistemas democráticos, en los cuales la decisión mayoritaria es la que vale, y donde los políticos sedientos de poder buscan complacer a las mayorías sin consideración por los derechos individuales, la aceptación por parte del público en general es una condición indispensable para que una determinada ley tenga éxito.

Comprender las mecánicas de cambio político nos permitirá adoptar estratégicas y caminos para promover políticas que amplíen el rango de libertad de los individuos. No se trata de desistir de las situaciones ideales y renunciar a vivir en un mundo justo, solamente es necesario adecuarse a las circunstancias. Con algo de perseverancia, el cambio llegará.