Publicado originalmente en PanAm Post el 10 de septiembre de 2014.
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Cada vez que leo alguna noticia relacionada con el salario mínimo –o los salarios definidos mediante el poder político, en contraposición con aquellos definidos por el mercado– me pregunto por qué las autoridades, sindicalistas, y los habituales biempensantes son tan poco ambiciosos.
Las personas necesitan alimentarse, vestirse, tener un cobijo y, por supuesto, distenderse. ¿Acaso creen que con un salario de US$15 por hora podrán cubrir todas sus necesidades? ¿Por qué no reclaman un salario de $20, $50, o $1000 por hora?
El Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) acaba de lanzar una campaña que busca subir a esa cifra el salario de los trabajadores del sector de comidas rápidas, quienes en la actualidad obtienen alrededor de $9 por hora.
El jueves 4 de septiembre, mediante cientos de protestas que tuvieron lugar a lo largo de Estados Unidos, una extraña –y para algunos, histórica— alianza entre trabajadores de las cadenas de “comida chatarra” y cuidadores de personas mayores y discapacitados reclamaron salarios más altos.
Miles de empleados que dejaron sus puestos de trabajo en 150 ciudades de EE.UU. buscaban una mejor paga, además de promover la sindicalización del sector. El impacto fue moderado: mientras que pocos restaurantes cerraron sus puertas, más de 400 manifestantes fueron arrestados, y la gran mayoría de los medios nacionales cubrieron la iniciativa. Y por supuesto, el salario no aumentó.
El salario mínimo crea más problemas de los que resuelve
Aunque presentado muchas veces como un piso en el ingreso de los trabajadores, el salario mínimo es en realidad un techo que bloquea el acceso al mercado de trabajo a las minorías, los jóvenes, y los trabajadores menos capacitados.
“Tiene que haber desobediencia civil porque los trabajadores no ven ninguna otra manera de conseguir $15 por hora y un sindicato”, le dijo a USA Today Kendan Fells, director de Fast Food Forward, el grupo financiado por el SEIU detrás de las protestas del último jueves.
Muchos podrán señalar que Fells ignora principios básicos de economía y no comprende cómo se forman los salarios, pero la realidad dista mucho de eso.
El salario mínimo forma parte de una las banderas que habitualmente levantan los sindicatos. Sin embargo, lejos de contribuir a mejorar el bienestar de los estadounidenses, muchas veces alientan a los trabajadores a conspirar contra sí mismos. Es verdad, las uniones sindicales se verían beneficiadas ante un aumento de la remuneración mínima, incrementando sus cuentas bancarias, exponiendo esta “lucha” como un logro de su acción, e impulsando su capital político.
Pero al mismo tiempo, muchos trabajadores, alentados por los líderes sindicales, están cavando su propia tumba. Es que el salario mínimo genera desempleo, desincentiva la creación de nuevos puestos de trabajo, y afecta principalmente a los sectores más vulnerables de una sociedad. Aunque presentado muchas veces como un piso en el ingreso de los trabajadores, el salario mínimo es en realidad un techo que bloquea el acceso al mercado de trabajo a las minorías, los jóvenes, y los trabajadores menos capacitados.
Para comprender sus perniciosos efectos es necesario entender algunos conceptos básicos acerca de la formación de los salarios. Ningún empresario le pagará a un empleado más que su productividad: si lo que un trabajador produce en una hora valiera $10, cualquier salario por encima de ese número sería la ruina económica, y en consecuencia, los ingresos de esa persona pasarían a ser cero.
Los salarios, al igual que el resto de los precios en una economía, están determinados por las cambiantes relaciones entre la oferta y la demanda.
Existe un consenso acerca de que un aumento en los salarios de los trabajadores de locales de comida rápida impactará en los precios de los alimentos. Según un informe de la conservadora Fundación Heritage, de producirse el aumento exigido en las manifestaciones los precios en esas tiendas se elevarían en un 38% y las ganancias disminuirían en un 77%.
“La mayoría de los estadounidenses comen comida rápida porque quieren comer barato y rápido. Si los restaurantes de comida rápida elevaran sus precios, muchos clientes optarían por comer en sus casas o dirigirse a restaurantes más caros”.
Pero no todos ven esta situación como algo negativo. Olga Khazan en The Atlantic sostiene que un aumento en los precios de la comida rápida podría contribuir a resolver el “problema de obesidad” en EE.UU.
Khazan hace mención de varios estudios que arribaron a una conclusión similar: Un aumento del 10% en los precios disminuiría la cantidad demandada entre un 7,4 y un 10%. Menos gente consumiendo comidas con un alto contenido calórico implicaría un estilo de vida más saludable.
Los fundamentos de Khazan para promover un estilo de vida más saludable — sin ninguna consideración por las decisiones personales— son los mismos argumentos paternalistas que justifican la fijación artificial de los salarios por un órgano centralizado: los planificadores y tecnócratas están mejor capacitados para decidir por la gente que los propios individuos.
Además, la periodista olvida mencionar un pequeño detalle: la disminución en las ventas significaría el despido de miles de trabajadores que, con los salarios mínimos altos, tendrían mayores dificultades en ser contratados en otras empresas.
Así como las leyes salariales desplazan del mercado a los trabajadores que se encuentran en los márgenes de la productividad, también hacen lo propio con aquellos que buscan escapar la “esclavitud del salario” y abrir sus propios emprendimientos. Los estándares salariales son fijados para todas las empresas por igual, tanto para las corporaciones como para los microempresarios.
De esta manera, Wal-Mart o McDonald’s podrían afrontar un leve subida en los niveles salariales, pero para un microemprendimiento sin un amplio respaldo financiero esto podría frustrar las posibilidades de crecimiento y subsistencia, eliminando fuentes de trabajo y con eso oportunidades para los que más las necesitan.
La determinación de salarios por burócratas y legisladores destruyen oportunidades. Esto solo se suma a las decenas de restricciones que conspiran contra los que menos herramientas poseen, como escribió el vicepresidente de la Future of Freedom Foundation, Sheldon Richman:
Las licencias ocupacionales restringen el ingreso a muchos tipos de trabajo al elevar los costos de entrar a un mercado. Las restricciones de zonificación evitan que las personas utilicen sus hogares para fines comerciales. Las restricciones sobre la venta ambulante y los conductores de taxis reprimen los emprendimientos a pequeña escala. Las leyes de propiedad intelectual desalientan o acosan a aquellos cuyos productos puedan ser considerados como una violación a patentes o derechos de autor. La posesión de tierras por parte del Gobierno hacen más costosa la tierra. Los impuestos y las regulaciones imponen cargas más grandes sobre los potenciales emprendedores, más que sobre las empresas ya establecidas.
Mientras los progresistas, los sindicatos, los Demócratas, y algunos Republicanos continúen promoviendo un mayor interferencia estatal, los perjuicios que no se ven inmediatamente seguirán perjudicando a quienes ellos dicen querer proteger.
Diario de un drapetomano 