derechos individuales

Ross Ulbricht: El delito de ansiar la libertad

Publicado originalmente en PanAm Post el 9 de febrero de 2015. 

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El nombre Ross Ulbricht, presunto fundador de Silk Road, un mercado virtual alojado en la llamada deep web, podría haber aparecido junto al de Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Peter Thiel (PayPal) y otros tantos emprendedores que hoy son una referencia inevitable al momento de hablar de innovación.

Pese a haber satisfecho una demanda al igual que los emprendedores más venerados del planeta, es más factible que el nombre de Ulbricht se encuentre incluido en el listado de convictos de alguna prisión de Nueva York. A diferencia de quienes alcanzaron la gloria, el Gobierno de Estados Unidos no aprobó sus actividades.

El pasado 6 de febrero un jurado federal de Nueva York lo encontró culpable a de siete delitos. La acusación oficial dice que Ulbricht es responsable de traficar drogas y lavar dinero, entre otros cargos. El caso en su contra dice más de los acusadores que del acusado. Las autoridades estadounidenses aseguran que estaba al frente de un imperio criminal: lo señalan como el creador de una organización que facilitó a cientos de narcotraficantes en todo el mundo desarrollar sus actividades fuera del ojo de la ley.

Silk Road, la creación de Ulbricht, no solo permitió que miles de personas comercien productos que podemos encontrar en cualquier centro comercial, sino que también se convirtió en el lugar predilecto para comprar drogas ilegales en internet. La combinación de lared Tor y la moneda digital bitcoin cimentó un punto de encuentro entre vendedores y compradores que recíprocamente buscaban satisfacer necesidades mutuas.

Silk Road generó un mercado de drogas lejos del halo de la clandestinidad y el peligro impuesto por la legislación vigente. Allí, las leyes responsables de poblarinjustamente las cárceles estadounidenses con personas que no han incurrido en delitos violentos (que no agredieron la vida, propiedad, o libertad, de otros), podían ser ignoradas.

En Silk Road los vendedores tenían una reputación, los compradores podían evaluar su experiencia y compartirla con los demás, y los pagos no eran liberados hasta que el comprador se encontrara satisfecho con la entrega. Sus usuarios utilizaban foros para denunciar a los estafadores y respaldar a quienes ofrecían un buen servicio eliminando muchos de los riesgos presentes en las transacciones al margen la ley. Pero por sobre todas las cosas, eliminaba el mito de que es el producto —las drogas—, y no el contexto en el que desarrolla el mercado, la causa de la violencia que entorno al narcotráfico.

Por supuesto, para aceptar la legitimidad de Silk Road es necesario aceptar también la legitimidad de que adultos responsables tienen el derecho a optar por introducir en su cuerpo cualquier sustancia, incluso las prohibidas.

En las últimas cinco décadas el Gobierno de Estados Unidos impulsó una brutal criminalización de este derecho, generó artificialmente inusitados grados de violencia, dentro y fuera de sus fronteras, y terminó por arruinar muchas más vidas de las que cualquier sustancia psicoactiva podría hacerlo. El daño y la destrucción de esas leyes es abismal cuando se lo compara con el que generan las drogas.

Ulbricht, por el contrario, buscaba desenmascarar la hipocresía que impera en la “tierra de los valientes y el hogar de los libres”. En su perfil de LinkedIn, lo expresó de manera contundente:

 

Quiero utilizar la teoría económica como una forma de abolir el uso de la coerción y la agresión entre la humanidad. Tal como la esclavitud ha sido abolida en casi todas partes, yo creo que la violencia, la coerción, y todas las formas del uso de la fuerza de una persona sobre otra pueden terminar. El uso más generalizado y sistemático de la fuerza está entre las instituciones y los Gobiernos (…). La mejor forma de cambiar un Gobierno, sin embargo, es cambiar las mentes de los gobernados. Con ese objetivo, estoy creando una simulación económica para ofrecerle a la gente una experiencia de primera mano sobre cómo sería vivir en un mundo sin el uso sistemático de la fuerza.

Si la experiencia de Silk Road no fue lo suficientemente convincente para probar el objetivo de Ulbricht, las acciones del Gobierno estadounidense probablemente hayan contribuido a su objetivo. Frente a las actividades consentidas, pacíficas y voluntarias que se desarrollaban en el sitio web, el Gobierno reveló una vez más su verdadera naturaleza arrojando a una jaula a quien osó enfrentar su arbitrariedad, y reafirmó por enésima que cree estar gobernando en la “tierra de los siervos y el hogar de los cobardes”.

Las víctimas olvidadas del Estado policial argentino

Publicado originalmente en PanAm Post el 5 de febrero de 2015.

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Ismael Sosa, de 24 años, viajó junto con su novia 750 kilómetros desde una localidad de Buenos Aires para asistir al recital de La Renga, un grupo de rock local de culto que arrastra a grandes masas de seguidores. Sin embargo, Ismael nunca ingresó al aeródromo de la localidad de Villa Rumipal, Córdoba, donde entre 47 y 70 mil personas presenciaron el evento el pasado sábado 24 de enero. En cambio, el lunes 26 de enero su cuerpo sin vida apareció flotando a 500 metros de la costa de un lago artificial en la Provincia de Córdoba, Argentina.

Desde la noche de aquel sábado lo buscaba su novia Victoria, quien le había perdido el rastro durante el ingreso al recital. Una testigo llamada Brenda asegura que durante un control previo al ingreso, policías lo tomaron del cuello.  “Yo me tiré encima para que no le pegaran”, contó a Infojus Noticias. Diez minutos más tarde afirma haber observado una feroz golpiza: “Lo tiraron al piso entre dos. Uno le pateaba la cabeza. Le pegaba tan fuerte que se escuchaba el ruido de las patadas”. A pesar de no poder identificar a la víctima “porque tenía la cabeza contra el piso”, asegura que la vestimenta y complexión física coincidían con la de su novio.

“Él decía: ‘basta, no me peguen más’. ‘A vos te gusta tirar botellas’, le dijo uno y le dio una piña en la panza. Mientras se lo llevaban le siguieron pegando. A los cinco minutos volvieron y dijeron: ‘ya está, ya lo sacamos’”, relató.

Al igual que Victoria, la familia de Ismael cree que la policía lo mató. «Lo golpearon, se les fue la mano y lo tiraron al rio», denunció su hermano Facundo.

Facundo y su madre, Nancy Sosa, transitaron el jueves 29 los mismos 750 kilómetros del trayecto que había realizado el joven días atrás. El viaje lo motivó una llamada telefónica que les confirmó que el cadáver hallado ese día más temprano en el lago, se trataba de su hijo. Sin embargo, la fiscal del caso, Andrea Heredia Hidalgo, niega haber informado ese dato por una sencilla razón: la confirmación la recibió recién al día siguiente.

Cuando llegaban a Villa Rumipal, Facundo Sosa asegura haber recibido un llamado de una persona que se presentó como el fiscal Rodríguez. “Me dijo que fuera a hacer la denuncia y que me pasaba a buscar”. Cuando Facundo llegó a la comisaría le informaron que no se trataba de un fiscal sino de un policía de investigación. “Eso me llamó la atención”, señaló.

Si bien la autopsia que tendrá lugar el próximo viernes brindará más información acerca de las circunstancias que rodearon la muerte de Ismael, cada día emergen nuevos elementos en el caso. Este miércoles, 4 de febrero, se conoció que un matrimonio que se encontraba pescando en la costa del lago vio a Sosa el domingo posterior al recital.

Ismael, según consta el expediente policial, se acercó a la pareja, le pidió agua, y ayuda. Les dijo que estaba perdido pero la pareja no lo habría ayudado.

La conducta de algunos de los 1.500 policías dispuestos en el operativo no solo está bajo sospecha por la muerte de Sosa. Una investigación en curso, iniciada incluso antes de que se recuperara el cuerpo en el lago, apunta contra 14 detenciones durante los controles del recital, de las cuales no se habría notificado a la Justicia. La fiscal ordenó un allanamiento de la dependencia policial y secuestraron documentación.

“Debemos quebrar el silencio oficial por el terrible hecho de la muerte de Ismael, probablemente a causa de la brutalidad policial”, demandó este miércoles la legisladora local Laura Vilches, perteneciente al Partido de los Trabajadores Socialistas. “El gobernador a través de sus funcionarios y el jefe de Policía debe informar sobre el operativo realizado el día que desapareció y fue muerto este joven”, afirmó.

Las denuncias contra la policía de Villa Rumipal, con apenas 2.500 habitantes, no son las primeras. A mediados de enero, los padres de dos jóvenes —uno menor de edad— denunciaron que cuatro policías les golpearon, insultaron y apuntaron con el arma reglamentaria. Según sus testimonios, tras el llamado de un automovilista por movimientos sospechosos de un grupo junto al lago.

Rock, muerte e impunidad

El rock argentino y la brutalidad policial ya han tenido otros puntos de contacto. El 19 de abril de 1991, Walter Bulacio, de 17 años, murió tras haber sido detenido durante una “razzia”, como eran denominados las detenciones masivas que llevaba a cabo la Policía Federal para averiguar antecedentes de menores. Bulacio estaba en el recital de otro de los grandes grupos del rock local: Los Redonditos de Ricota.

Un día después de su detención fue trasladado a un hospital donde ingresó con “traumatismos de cráneo”. Seis días después falleció a causa de las lesiones y la autopsia estableció que sufrió golpes con objetos contundentes.

Su muerte aún sigue impune. En octubre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por este caso. Le ordenó a la Argentina reabrir la investigación de la muerte, adaptar la legislación para que respete los derechos humanos, e indemnizar a la familia de Bulacio con US$334.000.

Recién en 2013, la siempre lenta Justicia argentina condenó al excomisario Miguel Ángel Espósito a tres años de prisión en suspenso por el delito de privación ilegítima de la libertad, y no por la muerte de Bulacio.

La muerte en 2009 de Rubén Carballo, de 17 años, en un recital de otro grupo de rock masivo, Viejas Locas, confirmó que la brutalidad policial resultaba intocable. Carballo falleció a raíz de los golpes recibidos por la Policía Federal. En 2013, los agentes involucrados fueron pasados a retiro. Un consuelo para los familiares que todavía esperan que el paso de tortuga del Poder Judicial en Argentina les brinde justicia.

Mientras Argentina y el mundo continúan obnubilados por la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto el pasado 19 de enero, otras víctimas del mismo modelo con aspiraciones totalitarias quedan en un segundo plano. Estos muertos, para muchos, sin rostro ni nombre, no generarán la misma conmoción que la muerte de un fiscal, un día antes que presentara ante el Congreso una grave denuncia contra la presidente Cristina Kirchner. Sin embargo, ellos no lo saben: detrás de la muerte de Nisman se esconde la misma vocación autoritaria que flota sobre el cadáver de Carballo y Bulacio, y que posiblemente haya terminado con la vida de Ismael, que solo quería escuchar música.

Chile: Diputados aspiran a acabar con el anonimato en internet

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 9 de enero de 2015.

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Hay una persona que afirma en internet que me violaron. Esta persona escribe bajo un seudónimo, y se escuda en él para lanzar todo tipo de acusaciones sin respaldo. Dice que un hombre determinado me violó como parte del rito de iniciación de una secta.  No voy a enlazarlo y hacerle publicidad. Ese blog está poblado de historias delirantes que no tienen ningún sustento, pero que utilizan algunos datos extraídos de la realidad para difamar y darle un halo de verdad a la irreverente ficción.

Su autor tiene la oportunidad de difamar. La obtuvo gracias al anonimato. Los opositores a las publicaciones anónimas en internet —o bajo seudónimo— dirán que prohibir el anonimato es fundamental para evitar este tipo de acosos. Si siguiésemos su consejo nos privaríamos de mucho más que de la imaginativa y, por momentos, perversa narrativa en la que me involucran (el protagonista es un exjefe del servicio de inteligencia argentino). Denuncias, opiniones, memes, y otras publicaciones anónimas en internet serían enterradas junto con el anonimato. ¡Hasta artículos en el PanAm Post!

En un esfuerzo conjunto del oficialismo y la oposición, dos sigilosos proyectos de ley avanzan por el Congreso chileno. Chile pretende implementar una reforma a la oscura «ley de prensa» que podría matar a la libertad de expresión en internet. Las propuestas convertirían a usuarios de Facebook , de otras redes sociales, a blogueros, y a microblogueros, en  «medios escritos». Todos ellos estarían obligar a inscribirse en un registro gubernamental y a exhibir en sus espacios el nombre de su propietario.

La iniciativa es impulsada por diputados de todo el espectro político. Tanto diputados del partido conservador Unión Demócrata Independiente, como integrantes de la coalición oficialista Nueva Mayoría aparecen como coautores de las propuestas. Si son aprobadas, todas las publicaciones digitales que sean actualizadas cuatro días por semana deberán cumplir los mismos requisitos que las publicaciones impresas.

La ley, entre otros requisitos, impone a los medios registrar el nombre de su propietario y su domicilio, exhibir el nombre del propietario en la publicación, y definir a un director responsable que no puede estar beneficiado por inmunidad judicial por otros cargos. En el caso de las publicaciones en español. es necesario tener un domicilio en Chile, mientras que para las sociedades comerciales «su presidente y sus administradores o representantes legales deberán ser chilenos».

Con la reforma , el ámbito de aplicación de la ley alcanzará a cuentas en redes sociales como Facebook o Twitter, un blog, o un sitio web con memes, “con tal que se haga cuatro veces a la semana”, explica Rayén Campusano, encargada de políticas públicas en la ONG chilena Derechos Digitales, cuya misión es defender la libertad en internet.

La norma, en su esencia, significa para los chilenos el final del anonimato en internet. No, no es verdad. Gran parte de nuestra actividad en internet —por lo menos la que interactúa con servidores en Estados Unidos— , sin importar el país desde el que esté leyendo esto, está siendo vigilada en este momento. Según Francisco Vera, director de Proyectos de la ONG Derechos Digitales, en Chile, agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) “pueden solicitar ordenes judiciales sin reportarla, igual que los de la Agencia de Seguridad Nacional [en Estados Unidos]».

Entonces la reforma pone al alcance de los políticos locales el poder para terminar con el anonimato digital. En los últimos días, la norma despertó la reacción de los chilenos en las redes sociales, también recibió críticas del Colegio de Perioidistas y de la Federación de Medios chilena. Y hasta NIC Chile, la autoridad regulatoria de la asignación de dominios «.cl»,  dependiente de la Universidad de Chile,  advirtió que “no tiene sentido exigir la inscripción de un nombre de dominio, ni que esta sea bajo un dominio» radicado en Chile, como lo exigiría uno de los proyectos que están siendo analizados.

El anonimato es esencial

El anonimato nunca garantiza la impunidad como podrían afirmar los opositores al anonimato en internet, por la sencilla razón de que solamente expresarse nunca debería ser un delito. El anonimato permite evadir las repercusiones que pueden traer consigo ciertas declaraciones a las que alguien no quisiese exponerse bajo su identidad real. De esta manera, opositores políticos podrían criticar sin temer represalias de cualquier Gobierno; personal del sector público y privado podrían filtrar documentos confidenciales de interés público sin ser identificados; o personas hacer consultas sin ser vistas como ridículas. El anonimato ofrece libertad.

Esa libertad tiene sus riesgos, por ejemplo que lo señalen a uno como víctima de una violación en internet. Pero al mismo tiempo ofrece en algunos casos la posibilidad de evitar consecuencias, especialmente cuando se busca eludir represalias de poderosos.

Otros lo aprovechan incluso con malas intenciones, para difamar, agredir, o acosar gente. Pero son casos individuales para los que no es necesario una ley, ya sea porque estas ya existen, o porque no haga falta regular esta materia.

Los legisladores chilenos deberían tomar nota de sus propias limitaciones antes de regular las expresiones de los demás.

Editado por Elisa Vásquez

Ley Argentina Digital crea arbitrario control de las telecomunicaciones

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 16 de diciembre de 2014.

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Bajo el afable nombre de “Argentina Digital”, el Congreso se prepara este martes 16 de diciembre para aprobar un proyecto de ley que prolongará las garras del Estado sobre las telecomunicaciones. Desde los servicios de correo postal y telefonía fija, hasta internet, e incluso sus contenidos, la legislación impulsada por el Gobierno de Cristina Kirchner aspira a controlar todos los medios de comunicación en el país.

El ministro de Planificación Federal, Arq. Julio de Vido, ya lo había advertido. El proyecto de ley garantiza “el derecho humano a las telecomunicaciones», dijo al momento de presentarlo. Como sucede habitualmente, detrás del anuncio de la creación de un derecho humano se esconde una consecuencia ineludible: mayor intervención estatal. Al mismo tiempo, es una normativa que de aprobarse y ser implementado cabalmente, podría devolver a Argentina —en materia tecnológica— al siglo XIX.

Esta legislación refleja con fidelidad el modo de Gobierno que ha imperado en Argentina durante toda su historia. Siguiendo la forma de Gobierno favorita del país, el hiperpresidencialismo, en «Argentina Digital» el Ejecutivo delega un poder regulatorio casi ilimitado sobre las telecomunicaciones a una comisión donde escogerá a todos sus integrantes. Sus facultades, amplias, y ambiguas, son una invitación a la discrecionalidad y a los abusos. Mediante el proyecto de ley, el Gobierno asumirá el poder de fijar los precios de todas las tecnologías de la información y la comunicación, un concepto difuso que no establece claros límites sobre cuales son los servicios alcanzados. «Argentina Digital» impondrá nuevos gravámenes a las empresas prestadoras del servicio, incrementará los requisitos y las exigencias burocráticas para prestar esos servicios, y, por sobre todas las cosas, pone en peligro la privacidad y la libertad de expresión.

Paranoia y privacidad

Por ejemplo, según el artículo 65, la todopoderosa Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y Comunicación (AFTIC) podrá interrumpir un servicio en caso de que se afecte el maleable concepto de “seguridad nacional”. En otro caso, el artículo 5 proclama la “inviolabilidad” de las comunicaciones, y exige una orden judicial para su “interceptación” y análisis —sin embargo, “no cubre la observación pasiva, la observación y el análisis de datos de tráfico, ni la geolocalización”, otras técnicas de vigilancia, sostiene Enrique Chaparro de la Fundación Vía Libre. La ley propuesta no se limita únicamente al “mundo digital” sino que además deja expuesto a la intromisión estatal el ámbito más íntimo del ser humano: su hogar. Entre las obligaciones que la ley dispone para los usuarios de las TIC, obliga a “permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la autoridad de aplicación, quienes deberán estar debidamente identificados a los efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria”. Así el Gobierno desconoce la «inviolabilidad del domicilio» que dispone la Constitución nacional, y desliza uno de los elementos más cuestionados en un inciso que se pierde entre las montañas de texto. Al comentar este punto en una charla con amigos muchos señalaron mi paranoia. “Es entendible que esté ese artículo ahí, ¿acaso creés que lo utilizarán para hacer un allanamiento sin orden judicial?”, me decían. Pueden estar en lo correcto; creer que el Gobierno argentino, una vez aprobada la ley, invadirá las casas de millones argentinos bajo el amparo de ese artículo puede sonar descabellado. Sin embargo, la idea de que las facultades del Gobierno deben ser claras, estrictas y delimitadas es considerada una paranoia hasta que el Gobierno decide recurrir a ellas para violar los derechos de los ciudadanos. Las leyes deben ser redactadas previendo que serán los peores los que tendrán el poder de aplicarla, porque definitivamente los que nos gobiernan no son ángeles. De lo contrario nos libramos a la buena voluntad de que los gobernantes no aprovechen los recursos a su arbitraria disposición.

Licencias

Un aspecto medular del proyecto de ley es el sistema de licencias, el cual promete convertirse en una amenaza para la efectiva libertad de expresión. De la misma manera en que la ley de medios —sancionada en 2009— recurre a las licencias para autorizar o denegar el surgimiento de nuevas empresas de comunicación, e incluso mantener bajo control a los grupos de medios críticos con el Gobierno mediante la constante amenaza de quitarles su licencia, «Argentina Digital» hace lo propio en el sector de las telecomunicaciones. El lenguaje poco claro, especialmente para definir qué es una tecnología de la información y la comunicación, deja la puerta abierta para que redes privadas, por ejemplo redes empresariales internas, deban obtener una licencia y pagar un impuesto para funcionar. Tal como se pretende aprobar la ley, servicios de video y voz como Skype o Google Hangout quedarían alcanzados por la necesidad de obtener licencias. Es decir, la nueva regulación le otorga al Gobierno un interruptor para, en caso de ser conveniente a sus intereses políticos, pueda desactivar servicios que permitan la comunicación, coordinación y ejecución de protestas u otras iniciativas.

El arte de regular

Argentina ostenta uno de los peores registros del mundo en materia de internet. Según el informe El Estado de Internet, el país sudamericano se ubica en la posición 41, de 56 respecto de la velocidad. Cuando el promedio mundial alcanza los 3,9 megabits por segundo (Mbps), en Argentina la transferencia promedio alcanza los 3,2 Mbps. Esta fotografía es el resultado de una década donde los incentivos y la seguridad disponibles para las inversiones fueron nulos. La arbitrariedad de los Estados es enemiga de la coordinación de los mercados. Mediante esta legislación el Gobierno no hará mas que repeler inversiones, perjudicar la competencia, y terminar por hundir un sector que, a pesar de que aún no alcanzó su auge, ya está al borde del colapso.

El Estado policial llega a Bolivia por la Navidad

Artículo publicado originalmente en PanAm Post el 10 de diciembre de 2014

El regalo navideño del presidente boliviano Evo Morales para sus compatriotas consiste en un amplio despliegue policial que abarcará agentes de civil y rigurosos controles policiales de tránsito.

El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, anunció este domingo con total tranquilidad que espiará con 35.000 policías a una parte de los 10,5 millones de bolivianos, el equivalente a 1 policía por cada 285 personas.

«La institución verde olivo está al servicio de toda la sociedad, es un mandato constitucional”, comienza diciendo Pérez para explicar de que se trata el Plan Chachapuma Navidad Segura. “Están haciendo todos los esfuerzos porque los índices delictivos que se presentan a fin de año puedan ser frenados y reducidos”.

Para eso, el ministro Pérez ordenó a la Policía boliviana infiltrarse no solo en las principales ciudades “sino en poblaciones intermedias y fronterizas, carreteras” pero subraya que “principalmente” trabajará en centros de abastecimiento, hasta el 6 de enero.

De forma obediente, las policías locales de cada departamento del país informaban mediante la Agencia Boliviana de Noticias el despliegue de los oficiales. En Cochabamba, habrá un efectivo cada 344 personas, 1.500 policías fueron desplegados en tareas de detectar precrímenes. En Chiquisaca, la cantidad será menor: 250 policías tendrán la tarea de vigilar a 550.000 personas.

«La autoridad añadió que en ese operativo también participarán agentes encubiertos y grupos de élite, como el Grupo Delta, que se desplazarán a los centros comerciales y lugares de gran concentración de persona”, señala la agencia de noticias oficial de las tierras de Evo Morales.

El director del Organismo Operativo de Tránsito del Departamento de Oruro explicó que intensificarán «el trabajo preventivo en las carreteras para evitar los accidentes de tránsito», dijo a los periodistas.

Creciente vigilancia

En la búsqueda de lograr garantizar la seguridad, una de las funciones básicas que suele atribuirse al Estado, el Gobierno boliviano está cayendo en la formación de un Estado policial, donde la privacidad se ve afectada por el constante control.

En octubre, el Gobierno boliviano anunció la instalación de 1.500 cámaras de vigilancia, siguiendo una tendencia que se expande en varios lugares del mundo. La inversión de US$35 millones será financiada con un crédito de China, país experto en el control de la sociedad civil.

Sin embargo, el aspecto más escalofriante del despliegue policial en Bolivia son los controles de tránsito, especialmente para los motociclistas. Así explicó Pérez su procedimiento:

«Por lo que se pide a la población paciencia porque toda moto que vaya acompañada con varón será detenida para pedirles que se saquen el casco, que muestren su identificación, se les revisará sus mochilas, los asientos porque se encontró que debajo de los asientos esconden armas, y no es que todo el que maneja moto tenga que ver con la delincuencia por ello se les pide disculpas, lo mismo se harán con los vehículos».

Si el Gobierno se considera con el poder de requisar a todos los vehículos conducidos por o que transporten a una persona de sexo masculino, está prejuzgando que los hombres que conducen motos son todos presuntos criminales, impidiendo su libre tránsito sin ninguna prueba o causa que indiquen que estén cometiendo un delito. El ministro no debería pedirle disculpas a los motociclistas —en primer lugar no debería estar persiguiéndolos.

Los controles que propone el Gobierno violan la Constitución de su país. Incluso después de la reforma constitucional llevaba a cabo bajo la presidencia de Morales, el artículo 116 aún continúa garantizando la presunción de inocencia. La situación se agrava si consideramos que la Policía Boliviana encabeza la lisa de organismos estatales por violaciones a derechos humanos. En 2013, ese cuerpo recibió 978 denuncias por abusos. Un número alarmante, que podría ser mayor si se considera la «cifra negra» en las estadísticas criminales.

Los límites al poder que establece la Carta Magna no parecen ser un impedimento para Evo Morales. En nombre de la seguridad, se incrementa la presencia del Estado policial en tierras donde la persecución política ya es algo habitual.

Editado por Daniel Duarte

La Bestia: El tren que transporta las esperanzas de inmigrantes ilegales a EE.UU.

Publicado originalmente en PanAm Post el 3 de septiembre de 2014

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Nadie sabe exactamente cuándo va a partir el próximo tren de La Bestia, un ferrocarril de carga que atraviesa todo México y lleva combustibles, materiales y otros insumos por las vías férreas del país.

Pero no sólo transporta productos; lleva además unos 700 migrantes centroamericanos que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos montados en el techo y en los extremos de los vagones.

La desesperación motivo de la miseria y la violencia en la que viven en sus países natales los alienta a la búsqueda de un nuevo destino. Sin embargo, ellos saben que el “tren de la muerte”, o La Bestia, como es apodado por quienes lo utilizan, puede tanto depositarlos en las puertas del “sueño americano” como en una fosa común.

La Bestia (2010), el documental del periodista y cineasta mexicano Pedro Ultreras, director de 7 Soles, retrata el peligroso viaje que experimentan miles de personas cada año.

A través de conmovedores testimonios e impactantes imágenes, el documental logra transmitirle al público la sensación de desamparo y vulnerabilidad a la que se exponen los inmigrantes.

El recorrido generalmente comienza en Hidalgo, en un punto fronterizo entre Guatemala y México. Anteriormente, los migrantes solían iniciar allí la primera monta de “La Bestia”, pero en el 2005 un huracán destruyó las vías. Ahora, el trayecto de 275 kilómetros hasta la ciudad de Arriaga deben realizarlo a pie.

Unos deciden caminar durante 10 días por las vías del tren, otros se adentran en terrenos desconocidos, pero siempre debe el viaje transcurrir lejos de las carreteras, donde está “la migra” (las autoridades migratorias), uno de los tantos antagonistas de esta historia.

El deterioro mental y físico que implica un viaje de estas características se refleja en la cara y los cuerpos de los entrevistados por Ultreras. Es el caso de José Guardado, un migrante hondureño que busca llegar a Los Ángeles, California, y conseguir una prótesis para su brazo izquierdo, el cual cuatro años antes le fue amputado por el mismo tren.

La ansiedad por llegar a la frontera e ingresar a EE.UU. como sea también entra en juego con la nostalgia por los seres queridos que dejaron atrás. La posibilidad de tener un trabajo significa poder ayudarlos.

Las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos tienen un efecto directo en la vida de sus familias y en las economías locales. Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo muestra una relación inversa entre la cantidad de remesas y el crimen en localidades mexicanas.

“La migra es el menor de los problemas”, dice otro viajero. Aunque las leyes migratorias mexicanas conspiran contra esa búsqueda de nuevos horizontes, no son los únicos que ven en los migrantes presas de caza.

Los asaltantes, algunos independientes y otros miembros del crimen organizado, están a la expectativa para despojar a sus víctimas de las escasas pertenencias que llevan consigo. La frustración en su propio país es reemplazada por la frustración en un país ajeno que sólo ofrece un atisbo de esperanza.

A lo largo del documental, los testimonios expresan optimismo por un futuro más auspicioso. Sin embargo, en la mirada de cada uno de los entrevistados se identifica un rasgo compartido: al relata su historia de vida, con o sin lágrimas, todos ellos tienen un dejo de tristeza que le transmiten al espectador el padecimiento que deben enfrentar.

Algunas historias tienen final feliz, como la de Alicia Rivera, una migrante salvadoreña que tras más de dos meses en México dice con una sonrisa en su cara en la ciudad de Los Ángeles: “Pude realizar lo que yo más quería”.

Sin embargo, superar los obstáculos que plantea la travesía mexicana no es sinónimo de éxito. Muchos de los inmigrantes que evitan la muerte o las amputaciones a bordo de La Bestia terminan siendo deportados semanas o meses después de llegar a la tierra prometida. Otros, como le sucede a Alicia, no consiguen un trabajo estable.

El documental se propone hacer hincapié en las historias de los migrantes. Las entrevistas a las autoridades y a los directores de albergues para inmigrantes sirven para contextualizar su situación sin empañar a los verdaderos protagonistas. Sus relatos son la mejor evidencia para demostrar la injusticia de las regulaciones y restricciones que impiden el libre tránsito de las personas.

Una serie de medidas implementadas por el Gobierno mexicano en los últimos tiempos logró disminuir en un 65% el uso de La Bestia. Sin embargo, el resultado es puesto en duda.

Para Alejandro Solalinde, del albergue de migrantes Hermanos en el Camino en Ixtepec, México, “estas acciones no reducirán el flujo de migrantes por México; lo único que se logrará es diseminarlos, crear más rutas de traslado e incluso el aumento del número de traficantes de personas, llamados polleros”.

La película de Ultreras es una excelente herramienta para disparar el debate acerca de las leyes migratorias y sus efectos en los individuos. Sólo resta esperar que legisladores y políticos comprendan el daño que causan con sus leyes y adopten una postura humanitaria frente a un problema cuya solución traerá alivio para miles, sino millones, de personas sumidas en la pobreza más extrema.

¿Corrección política o libertad de expresión?

Publicado originalmente en Infobae el 30 de agosto de 2014

La función principal de la libertad de expresión es restringir cualquier tipo de acción estatal sobre manifestaciones realizadas en los medios o en una protesta pública, especialmente de aquellas que pueden resultar molestas u ofensivas;una protección para algo que es agradable escuchar no tiene sentido.

En Argentina, sin embargo, existen organismos estatales destinados a “observar” los contenidos de los medios de comunicación en busca de una opinión no permitida. La manifestación de algunas opiniones puede traducirse en una sanción para el que las expresa.

El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión es el organismo dedicado exclusivamente a esa tarea. Conformado a partir de un decreto presidencial del año 2005, es “un espacio de cooperación institucional conformado por la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual(AFSCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)”, explican en el sitio web.

Su actividad no es secreta ni ilegal. El mandato del Observatorio está dispuesto en el el “Plan Nacional contra la Discriminación”: “Arbitrar los medios para ejercer un seguimiento y control estatal efectivos sobre formas y contenidos de los medios de comuniación estatales, privados, comunitarios, e internet que incluyan cualquier tipo de discriminación, perjuicio, burla, agresión y/o estigmatización a distintos grupos o sectores de la población que por sus características puedan ser víctimas de discriminación”. En otras palabras, monitorear los medios y sancionar aquellas expresiones que no alcancen la pauta  que establece el Observatorio.

La última semana Jorge Lanata, el periodista detrás de algunas de las investigaciones que más molestan al gobierno nacional, fue sancionado por su postura semántica frente a los travestis. Lanata dijo: “Cuando a Flor de la V le dan el documento y dice ‘soy mujer, soy madre’, disculpame: no sos, en todo caso sos padre. Hablando de los documentos, ¿por qué hay que poner sexo? Vos sos una persona, después, con quién te acostás, es un problema tuyo. Esto que te den el documento de mujer y sos trava, no sos una mina, sos un trava con documento de mina. Yo no te voy a discriminar, te voy a dar trabajo, pero no sos una mina”.

Los dichos de Lanata trajeron repercusiones. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans lo denuncióante el INADI, mientras que el Observatorio le ofreció dos alternativas. “Lanata podrá pedir disculpas, dar espacios para la difusión de las políticas de género o realizar una capacitación en género junto a su equipo de producción”, dicela Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Lanata, por expresar su opinión, “fue invitado” a rectificar sus dichos y admitir su error por referirse de esa manera a la comediante o de lo contrario hubiese tenido que asistir a un encuentro para ser “educado”. Es decir, Lanata debe sacrificar sus convicciones —más allá de que sean ofensivas o no—o de lo contrario asistir a una “una capacitación, a cargo de la Defensoría [del Público], abierto a todos los equipos de producción y realización de la radio”.

La sanción a Lanata me recuerda al ejercicio de autocrítica, una práctica habitual en los partidos comunistas a la hora de ejecutar prugas. El periodista tiene que reconocer su error y admitir un crimen en pos de la causa la de “igualdad y la anti-discriminación”. Pero esto no fue la única consecuencia, la AFSCA también intervino.

El organismo liderado por Martin Sabatella, “envió a la radio una cédula de notificación por los dichos del periodista(ver adjunto). La cédula surge luego de un proceso de evaluación que realiza la dirección de Fiscalización de la AFSCA. Allí le informan que debe hacer un descargo por las “expresiones discriminatorias”, aportando pruebas.” Como si hubiera cometido un delito, Lanata deberá justificar ante el Estado el porqué de sus dichos.

Todo el andamiaje legal en torno a la sanción al conductor de Periodismo para Todos tiene su origen en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, promovida por el gobierno como el instrumento “para que se escuchen todas las veces”. Lejos del eslogan utilizado para su promoción, ocurrió lo exactamente lo contrario. La ley de medios erosiona la libertad de expresión y es utilizada para condenar y regular aquellas opiniones y manifestaciones realizadas por fuera de la opinión políticamente correcta.

Por supuesto, el caso de Lanata no es el único. Piezas publicitarias y segmentos humorísticos de programas radialesfueron levantados a pedido del Observatorio, que actúa en base a denuncias pero también lo hace de oficio.

La acción del AFSCA y el Observatorio no solo afecta el derecho a expresarse libremente cuando actúan activamente contra las manifestaciones que no satisfacen sus criterios de corrección política. El solo hecho de saber que hay un organismo vigilando de manera constante todo lo que se dice y se deja de decir en los medios funciona como un condicionamiento sobre lo que se va a decir. Es frecuente escuchar en radio y televisión alusiones al INADI o al AFSCA cuando se hacen comentarios, e incluso chistes, políticamente incorrectos. Estos organismos siempre están presentes cuando un periodista está hablando.

Lohana Berkins, directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual en Observatorio de Género en la Justicia de la CABA, le dijo a Infojus noticias que “Lanata puede pensar lo que quiera pero lo que reviste de gravedad sus dichos es que haga un llamamiento de incitación a la violencia, porque esto es un acto de violencia hacia las travestis”, además de calificar sus declaraciones como “terrorismo ideológico”.

Si dar una opinión puede ser considerado incitar a la violencia o “terrorismo ideológico” no hay lugar a dudas: la libertad de expresión en Argentina es un derecho que se puede gozar siempre y cuando se obedezcan los criterios del poder, para todo el resto es tan solo una ilusión.

El fantasma de la vigilancia estatal recorre América Latina: La identificación biométrica

Publicado originalmente en el PanAm Post el 23 de junio de 2014

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La influencia de Cuba en América Latina nunca pasó desapercibida. Ya sea a través de los movimientos insurgentes de las décadas de los 70 y 80 que enarbolaban los estandartes del socialismo y pretendían alcanzarlo mediante la lucha armada, o en la retórica de los políticos que se consagraron en algunos países —especialmente desde el ascenso de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela en 1998—, la influencia de la isla en la región siempre estuvo vigente.

El material de exportación cubano no se limita a argumentos ideológicos y estrategias militares. En los últimos años, una gran cantidad de médicos cubanos en misión gubernamental desembarcaron en Venezuela y Brasil para desarrollar programas estatales en esos países a cambio de petróleo y dólares, dos necesidades esenciales para la supervivencia del régimen castrista. Pero en pleno siglo XXI, el gobierno cubano no quiso quedarse atrás en la nueva economía, y a través de una red de empresas estatales comenzó a exportar know-how y software relacionados con la especialidad de la isla: Vigilancia masiva y control social.

Datys, dependiente del Ministerio del Interior, es la de mayor proyección internacional. Argentina, Bolivia y, por supuesto, Venezuela, la contrataron durante los últimos años para la provisión de servicios de identificación biométrica. Desde la confección de documentos de identidad y pasaportes hasta la instalación de equipamiento para identificar a los ciudadanos, la empresa cubana provee a los gobiernos de herramientas fundamentales para el control de la población.

La tendencia de adoptar sistemas de identificación biométrica es generalizada en toda la región. Y el rol del Estado cubano en el desarrollo de estos sistemas genera dudas acerca de la fiabilidad en el manejo de la información. “Estas compañías forman parte de una estrategia cubana para extender sus redes de inteligencia en la región. Son en realidad una fachada del G2 que les permite tener control de los sistemas de emisión de documentos de identidad, con lo cual pueden otorgárselos a cualquiera”, afirma Anthony Daquin, un exasesor del Ministerio del Interior de Venezuela —ahora exiliado en Estados Unidos— involucrado en los procesos de incorporación de la tecnología biométrica. Datys depende del Ministerio del Interior, al igual que la Dirección General de Inteligencia cubana, también conocido como G2.

El auge de Datys no es casual. A partir de la creación del “Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y ‘Derecho a la Identidad’” en 2008, la Organización de Estados Americanos ha promovido la consolidación de los sistemas biométricos en los documentos de identidad. Las huellas dactilares, el rostro o el iris del ojo son algunos de los parámetros que permiten verificar con este sistema la identidad de las personas.

La presencia cubana plantea más interrogantes acerca del uso de datos biométricos. Aunque la realidad es que con o sin intervención cubana, la creación de bases de datos con estos identificadores presenta varios riesgos para la protección de la privacidad y los derechos individuales.

La amenaza a la privacidad es clara. Los sistemas biométricos convierten los atributos físicos de cada persona en su tarjeta de identificación y amplía las oportunidades de espionaje doméstico. De esta manera, y en combinación con las cámaras de vigilancia en lugares públicos, las autoridades pueden identificar a los individuos que asisten a una manifestación, hacer un seguimiento de sus rutinas, o establecer sus relaciones y afiliaciones. En síntesis, una radiografía de las actividades diarias de cada ciudadano.

La vigilancia constante implica dejar de lado una de las garantías fundamentales que explícita o implícitamente se encuentra consagrada en la mayoría de las constituciones: La presunción de inocencia. El experto en seguridad Bruce Schneier ilustra este punto citando al Cardenal Richelieu: “Si alguien me entrega seis renglones escritos a mano por el hombre más honesto, podría encontrar alguna [razón] para colgarlo”. En el mismo sentido, el novelista y disidente soviético Aleksandr Solzhenitsyn señaló que “todo el mundo es culpable de algo o tiene algo para esconder. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar con atención para encontrar qué es”.

Las bases de datos centralizadas con información biométrica plantean desafíos adicionales en materia de la protección de la confidencialidad de los datos. El almacenamiento seguro que prevenga el robo de datos y que sea impermeable a ataques externos es una condición básica que debe tener todo sistema. Pero además se deben contemplar mecanismos que anulen la posibilidad del abuso de poder por parte de funcionarios públicos en un sistema que incrementa su poder de abusar.

En el caso latinoamericano los riesgos se multiplican. Con una tradición política cuya historia no es ajena a los golpes de estado y los gobiernos fuertemente autoritarios, el peligro de que los sistemas de identificación biométrica sean utilizados para la persecución de disidentes políticos está siempre latente.

Aunque el camino hacia una sociedad más vigilada donde la privacidad se convierte en un privilegio más que un derecho parece inevitable, los británicos consiguieron detener este proceso. En 2010 lograron derogar el Identity Cards Act —sancionado cuatro años antes— que creaba una tarjeta de identificación y una base de datos biométrica. Entre las principales críticas se encontraba el alto costo del sistema, los conflictos con la privacidad, y el sesgo negativo hacia los integrantes de las minorías étnicas que percibían que el sistema los dejaba expuestos a abusos y discriminación.

De este lado del Atlántico el futuro no es demasiado alentador. Mientras que en Bolivia se acaba de implementar el empadronamiento biométrico en miras de las próximas elecciones presidenciales, en Brasil prevén que para el año 2018 sus 132 millones de habitantes habilitados para votar contarán con su registro biométrico. Chile y Argentina transitan el mismo camino.

La identificación biométrica es sólo un paso en la pendiente resbaladiza en la que a medida que se producen avances tecnológicos, disminuye cada vez más nuestra privacidad. Ya sea que se implemente en nombre de la seguridad, del derecho a la identidad o de la protección contra el fraude electoral, todos los senderos conducen a un mismo destino: La vigilancia y el control de las sociedades por parte del aparato estatal.

Recetas cuidadas: el Gobierno se sienta a nuestra mesa

Publicado originalmente en Infobae.com el 6 de junio de 2014

El Ministerio de Salud acaba de lanzar un nuevo programa llamado “Recetas Cuidadas” con el objetivo de “mejorar la nutrición de los argentinos y cuidar sus bolsillos”. El lanzamiento de un  nuevo programa bajo la marca “Precios Cuidados” habla de la necesidad del gobierno de continuar instrumentando herramientas que oculten las verdaderas causas de la inflación. Las diez recetas basadas en alimentos incluidos en “Precios Cuidados” que propone este nuevo programa serán tan eficientes para controlar la inflación como para saciar el hambre.

El flamante recetario estatal habla de la estrategia del gobierno frente a la inflación, pero también acerca de cómo el gobierno se sienta en nuestra mesa.

El aspecto económico de la medida no resiste a ningún análisis. Nunca el gobierno se planteó con seriedad “combatir la inflación”. Desde hace tiempo existe un consenso entre los economistas de todo el mundo acerca de que los controles de precios no son efectivos. Creer que el plan del gobierno es controlar la inflación a través de estos de programas es una postura naif.  “Precios Cuidados” y sus derivados son una estrategia de comunicación para señalar a los productores de alimentos y supermercados como responsables de la inflación y al mismo tiempo deslindar al gobierno de sus causas. Por eso dirigen sus cañones contra los aumentos de precios y eligen ignorar la causa de esos aumentos que se puede encontrar en el Banco Central: la emisión monetaria. Controlar los precios en las góndolas y no la política monetaria del gobierno es una maniobra de distracción, saca del foco la responsabilidad del Banco Central e invierte los roles pretendiendo posicionar al gobierno como un defensor del “bolsillo de los argentinos” cuando son ellos mismos los únicos responsables del deterioro de la moneda.

Las recetas estatales, por otra parte, nos recuerdan cómo el Estado interfiere en la vida familiar involucrándose de lleno en la mesa de los argentinos.  El recetario del Ministerio de Salud está basado en las llamadas Guías Alimentarias para la Población Argentina, un documento en el que se incluye cuáles son las conductas alimenticias saludables que deberían mantener los argentinos.

El interés del Estado en proponer pautas alimentarios está claro. Una población con hábitos poco saludables se traduce en problemas de salud que impactan en la productividad, y en consecuencia, en la recaudación fiscal. Esta concepción coloca al individuo al servicio del Estado, en un medio para cumplir una finalidad superior. Los derechos individuales y la libertad de consumir son dejadas de lado y el ciudadano es concebido como un engranaje más que alimenta y hace funcionar la maquinaria estatal.

Una vez más la solución a los “problemas” que perciben los políticos son abordados con mayores restricciones a las libertades o planes gubernamentales que prometen promover una alimentación y vida sana. Para esto, recurren a las pirámides nutricionales, a la demonización o glorificación de ciertos alimentos, a la creación de impuestos para desalentar “conductas nocivas” y al engrosamiento de la legislación dedicada a proteger a las personas de actividades que, de ser nocivas, únicamente afectan al que las realiza. Como es habitual los costos de salud o la recaudación fiscal son puestos por encima de los derechos individuales y la libertad de poder elegir que consumir.

 

 

Argentina: La indiferencia del público ante el crecimiento del Estado orwelliano

Publicado originalmente en el PanAm Post el 09 de junio de 2014.

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Un programa de vigilancia masiva a la vista de todo el mundo debería tener una baja expectativa de vida y ser rechazado enérgicamente por la opinión pública, al menos en un país que alardea de ser respetuoso de las libertades civiles. Sin embargo, la vida diaria de los argentinos se encuentra bajo el escrutinio de diferentes agencias gubernamentales que, sin ninguna reserva, admiten la necesidad de saber todo acerca de ellos. Las autoridades se vanaglorian a viva voz de sus capacidades de vigilancia, mientras gran parte de la sociedad observa con indiferencia como su privacidad es violada a diario.

La columna vertebral del sistema está localizada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo recaudador de impuestos. A través de un conjunto de regulaciones que crece cada día, la AFIP obtiene una radiografía de la vida de los argentinos. En un comunicado de prensa publicado en agosto de 2012, la agencia recaudadora admitió su estrategia: “[L]os tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP: La utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto ‘ex-ante’ como en línea de las operaciones”.

Como si el aumento de la recaudación fiscal y el combate contra la evasión impositiva le otorgara un cheque en blanco, sólo limitado por la “tecnología disponible”. La información que maneja la agencia recaudadora de impuestos podría ser la envidia de cualquier organismo de inteligencia. En un artículo que escribí a principios de año, señalé algunas de las intromisiones de la AFIP: “Las empresas de medicina prepaga deben informarle al organismo sobre sus asociados, los colegios privados sobre los padres de sus alumnos, las tarjetas de crédito sobre los consumos de sus clientes, locatarios y locadores sobre sus alquileres, los countries sobre sus residentes, los administradores de edificios sobre sus consorcios… la AFIP requiere que las líneas aéreas informen las listas de pasajeros, que los pasajeros informen su CUIT o CUIL como condición para adquirir pasajes, y que las agencias de turismo informen acerca de la venta de paquetes de viajes al exterior”.

La AFIP considera las garantías constitucionales como una mera sugerencia. Los argentinos nos encontramos bajo un escrutinio constante, como quedó en evidencia cuando el organismo recaudador decidió sancionar a los contribuyentes que viajaron a Las Vegas a presenciar la pelea entre Marcos Maidana y Floyd Mayweather, y como planea hacerlo con aquéllos que viajen a la Copa del Mundo en Brasil. El espíritu que guía a la agencia es la más burda versión del “todos son culpables hasta que demuestren lo contrario”.

No es casualidad que Julian Assange, fundador de Wikileaks, sentenciara que “Argentina tiene el sistema de vigilancia más agresivo de América Latina”. Assange se refería a otro de los aspectos medulares de esta pesadilla orwelliana: El Sistema Federal de Información Biométrica para la Seguridad, también conocido como SIBIOS.

Anunciado en 2011 por la presidenta Cristina Kirchner, el lanzamiento de la base de datos biométricos pasó casi inadvertido en los medios locales. El objetivo es que en el año 2015 todos los argentinos estén incluidos dentro del SIBIOS. Para ello, el gobierno decretó que todas las identificaciones federales caducarán el último día de este año y únicamente se mantendrá vigente el nuevo Documento Nacional de Identidad, cuya tramitación requiere la toma de datos biométricos.

Los argentinos no son el único objetivo: Los turistas no están exentos de la vigilancia. Por este motivo, Richard Stallman, uno de los más reconocidos promotores de software libre del mundo, decidió no venir más a la Argentina: “Hay injusticias que debemos resistir aunque cueste. No doy mis huellas dactilares; sólo pueden sacarlas a la fuerza. Si un país me las exige, no voy”. Fiel a la idiosincrasia local, hasta hace algunos meses los viajeros eran bienvenidos en el sector de migraciones del principal aeropuerto del país con un didáctico vídeo que —con orgullo— destacaba la recolección de datos biométricos:

El sistema de datos biométricos registra las huellas dactilares y los rasgos faciales en una base de datos centralizada a la que tienen libre acceso las distintas fuerzas de seguridad, y cuya regulación es, hasta el momento, inexistente. En este sentido, la Ley de Protección de Datos Personales sancionada hace casi 15 años es insuficiente.

La ambición por recolectar información no se detiene allí. Incluso para poder acceder a la tarjeta SUBE, un boleto electrónico que permite la utilización del transporte público a tarifas subsidiadas, es necesario brindar información personal, asociando cada tarjeta a una persona. De esta manera, el gobierno podría hacer un seguimiento de los movimientos cotidianos de las personas. Si bien utilizar el boleto electrónico no es obligatorio, la privacidad tiene su precio: Usar el transporte público sin la tarjeta SUBE implica pagar una tarifa más alta, sin los subsidios a los que acceden los que utilizan la tarjeta proveída por el Estado.

Mientras ninguna de estas herramientas que afectan la privacidad son secretas, la existencia de programas clandestinos es una certeza. Esto es así sobre todo a partir de las revelaciones del “Proyecto X”, un programa de la Gendarmería Nacional, la fuerza de seguridad militarizada, que recolectaba —y probablemente lo siga haciendo— información acerca de activistas y delegados sindicales.

Pero todos los indicios apuntan a que es desde las fuerzas armadas donde se despliegan la mayoría de las actividades de espionaje interno. En seis años, el presupuesto del departamento de Inteligencia Militar del Ejército argentino se incrementó en un 384%, y el año pasado, César Milani, que se encontraba al mando de ese departamento, fue ascendido —entre polémicas por su participación en la dictadura militar— a jefe del ejército. Además, aparecieron nuevas señales de alarma con la solicitud que realizó un grupo de 40 académicos y especialistas en seguridad argentinos ante el Consejo Sudamericano de Defensa en relación con el uso de drones —vehículos aéreos no tripulados— que estaría desarrollando el ejército argentino.

No sé si es más preocupante el sistema de vigilancia establecido o la indiferencia generalizada ante este tema. La única certeza es que durante la administración de Cristina Kirchner las tareas de vigilancia aumentaron de manera constante, que los argentinos estamos más vigilados, y que las preocupaciones ante la incertidumbre de cómo se utiliza la información recopilada están fundadas en la inexistencia de regulaciones que limiten estas prácticas.

Más preocupante todavía es que a medida que se acercan las elecciones presidenciales del año próximo, los sistemas de vigilancia y las intromisiones en la privacidad no son una prioridad para los candidatos. Ninguno de los presidenciables se ha manifestado sobre este tema y no hay señales de que lo harán. Sergio Massa, uno de los opositores ya lanzados en la carrera por la presidencia, presenta la utilización de drones y la instalación de cámaras de seguridad en la vía pública en el distrito en que fue alcalde como caballito de batalla en materia de seguridad. Y otro de los principales candidatos, Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires, también recurre a los sistemas de vigilancia en la vía pública como la principal herramienta en la lucha contra el crimen.

Los vientos de cambio no llegan, y a medida que los avances tecnológicos hagan más asequible al equipamiento de vigilancia, y la actitud de la la sociedad frente a su privacidad permanezca inmutable, estaremos condenados a mayor vigilancia.

Mientras tanto, sonríe: El gobierno te está observando.